EL PAIS
Gobierno y empresarios: ¿Nueva etapa?
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—¿Por qué dice usted Ley 16.881 en vez de 11.729?
Cuando faltaban menos de 24 horas para que el Poder Ejecutivo diera a conocer su posición frente a las reformas a la Ley de despidos sancionadas por el Congreso, un periodista que dirigía un debate por televisión lanzaba extrañado esa pregunta al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, doctor Horacio García Belsunce. El interrogado explicó que la 11.729 era la Ley preexistente que, justamente, la 16.881 trataba de reformar. Pero todo el mundo seguía hablando de la 11.729 como si fuera la Ley nueva; y no era la única confusión.
El propio García Belsunce observó ese mismo martes por la noche la desinteligencia de dos ramas del Gobierno —la política y la económica —frente al problema que se planteaba. Por otro lado, el jefe de uno de los bloques legislativos que apoyó las reformas —Héctor Gómez Machado, del MID— iba a dar luego un viraje, como resultado de las reprimendas recibidas en el plenario de su Comité Nacional: "Nosotros —dijo— votamos la Ley, pero advertimos que en algunos aspectos nos equivocamos".
Que tenían razón quienes acusaban al Gobierno de dualidad, lo demostró la guerra secreta de las vísperas. Entonces se advirtió la presencia de tres corrientes internas:
• El Comité Nacional de la UCRP aconsejó vetar un total de 7 artículos.
• El Ministerio de Trabajo (que antes apadrinó las reformas) presentó un proyecto aconsejando que fueran vetados seis artículos.
• El Ministro de Economía y los técnicos del CONADE que lo auxiliaron en la revisión del articulado, aconsejaron el veto de 16 artículos.
Curiosamente, la única objeción en que coincidían las tres ponencias (la retroactividad al 15 de setiembre último) no fue tenida en cuenta por el Presidente. En el mensaje iba a aludir a la necesidad de amparar a quienes hubieran sido objeto de sanciones injustificadas, como el despido, durante el lapso en que se discutió la Ley.
Aparte de la retroactividad y del artículo de forma, sólo otras dos disposiciones quedaron en pie: los artículos 39 (condiciones para la extinción del contrato de trabajo y forma de pago de las indemnizaciones) y 40 (tope de las indemnizaciones). Obviamente, el Gobierno intentó cargarle el sambenito a otros, y en los considerandos de su decreto 3.643, dado a conocer el miércoles 18 a las 21.30, reveló un intento que nadie conoció, en su oportunidad, formalmente:
"A pocos meses de nuestro Gobierno convocamos a las partes (empresarios y obreros) para constituir un mecanismo de acuerdo que se anticipara al Consejo Económico y Social, hasta que éste fuera creado por Ley. La terminante negativa de esos momentos constituye, esto se ve claro ahora, un error manifiesto determinado por una actitud de excesiva suficiencia o de desconfianza para la nueva modalidad de análisis de estas cuestiones." Otra revelación del Gobierno fue la de que un grupo de cuatro juristas estudiaba un anteproyecto de Código de Trabajo.

La nueva frontera
Las reacciones de los sectores interesados en el proceso de la ley 16.881 fueron las previsibles, teniendo en cuenta la amplitud del veto: los trabajadores, esta vez encabezados por la Confederación de Empleados de Comercio, se indignaron y decretaron la huelga. Los empresarios adoptaron una actitud crítica que, de todas maneras, no ocultó el desahogo por haberse sacudido de encima los capítulos más horripilantes de la pesadilla que los amenazara. El sector 'acielista', esta vez con el liderazgo de la Unión Industrial, se reunió dos veces el jueves 19 para, por la noche, entregar una declaración en la que califica de "plausible" el veto de la mayoría de los artículos, y opone reparos sobre el resto, incluso constitucionales. La CGE también mantuvo sus reservas, pero en su comunicado informa que "ha resuelto dejar sin efecto la promoción de nuevas medidas de fuerza por parte de los sectores empresariales".
Particularmente, algunos dirigentes consultados por Primera Plana expresaron sus puntos de vista. García Belsunce reiteró las objeciones de los acielistas, para agregar luego que "ponderaba el veto del PE por significar una correcta evaluación de la situación, por su capacidad para reaccionar, por la sensibilidad a las objeciones y por impedir que se legalizara la subversión". Finalmente, respondió que el veto fue "un golpe compensado que no agrega nada al panorama de las relaciones entre los empresarios y el gobierno".
El presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, José Lartirigoyen, dijo que el veto "puede mejorar las relaciones entre los empresarios y el gobierno, siempre que este último mantenga su actitud de consulta y evalúe las opiniones desde un punto de vista totalmente objetivo, sin caer en especulaciones políticas o
demagógicas". Finalmente, Juan Martín Oneto Gaona respondió, luego de la consabida crítica al artículo que consagró la movilidad automática de los topes indemnizatorios, que la determinación del PE es de aplaudir porque "es coherente con el propósito de afianzar la seguridad jurídica y sistematizar la legislación laboral".
También Juan Carlos Pugliese fue consultado por Primera Plana sobre el futuro de sus relaciones con la actividad privada: "Creo que las relaciones gobierno-empresarios —dijo— han mejorado, y apenas terminemos la discusión del Presupuesto, que absorbe nuestra atención, retomaremos los contactos para proseguir a través de las reuniones por sectores de actividades, la búsqueda de soluciones que tiendan a mejorar la productividad del sector privado".
Para Pugliese, el desenlace de la Ley laboral tiene que haber significado la apertura de un nuevo crédito del sector empresario. También una suerte de voto de confianza del Presidente Illia, que respetó toda su gestión y prefirió escuchar, esta vez, al equipo económico de su Gobierno.
La incidencia política del gesto, sin embargo, no es desdeñable: tal vez algunos votos del sindicalismo no peronista vayan a perderse; pero el río donde va a pescar el radicalismo en las próximas elecciones no es tanto el del no-peronismo como el del antiperonismo, propicio para una polarización. Y entre los núcleos antiperonistas no cabe duda que el empresario es uno de los más eficaces aglutinantes.
El jueves último, Juan Carlos Pugliese intentaba poner otra pica en Flandes al hablar en una comida de empresarios, los del Círculo Italiano. Allí invitó a un encuentro a mitad de camino de los hombres de Gobierno que "ven un panorama rosado" y un sector de la opinión pública que "cree que estamos al borde del caos".

Perón opina sobre el golpe
MADRID — Jorge Taiana, ex rector de la Universidad de Buenos Aires, fue presentado así a Primera Plana: "Desempeñará funciones importantes en el peronismo". Quien lo presentaba era el propio Juan Domingo Perón, que añadió: "Algunos hombres se están quemando en escaramuzas de vanguardia, pero el peronismo dispone de prestigiosas reservas para cuando entre en acción el grueso del Ejército".
Primera Plana sorprendió a Perón, el martes pasado, cuando él y Taiana terminaban de cenar en un restaurante céntrico de Madrid; la sobremesa duró dos horas: el ex Presidente, quebrando su costumbre para agasajar al visitante, se ausentó de su residencia por la noche. Perón recordó, alegre, las caricaturas de Flax y comentó los entretelones y consecuencias del comunicado emitido el 1º de abril pasado por el Secretario de Guerra de su país, general Castro Sánchez.
La posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina fue analizada por el ex Presidente en un largo monólogo. "La tregua —dijo— concluye a mediados de junio.
Entonces, habrá golpe. O en agosto. No en julio, porque los militares son respetuosos de las fiestas del Sesquicentenario y de la presencia de las misiones extranjeras." Luego, con una sonrisa: "¿Qué pasaría si Pablo VI quiere ir a Tucumán?"
El gobierno que se instale después del golpe no sería capaz —según Perón— de solucionar los problemas argentinos bajo la oposición de radicales, conservadores y gorilas. "Vendrán a pedir el apoyo del peronismo. Con elecciones o sin ellas, el peronismo siempre es el árbitro de las situaciones", definió. El ex Presidente dejó traslucir que existieron gestiones para obtener tal apoyo, de parte de los mandos del Ejército. "Me ofrecieron devolverme el grado de general. ¿Para qué lo quiero? El grado lo obtuve sin hacer nada, con sólo dejar correr el tiempo. En cambio, ser Perón me costó."

CGT
Comenzaron los 90 días

El jueves pasado, a la tarde, quedaba conjurada —al menos transitoriamente— la crisis interna que a partir de febrero había convertido a la más poderosa central obrera de América latina en un sello de goma. Ese día, el proceso de reunificación iniciado en marzo sin éxito ("Comisión de los 9"), e intensificado a partir del 26 de abril, llegó a su fin al designarse las autoridades provisionales de la CGT.
Con la presencia de 79 delegados pertenecientes a 53 organizaciones (no participaron, desde luego, los gremios "alonsistas" y los Independientes, enemigos de la reunificación), se eligió un consejo directivo que deberá, en un plazo máximo de 90 días, normalizar la CGT y reunir el congreso nacional de la institución, único cuerpo capacitado por los estatutos para designar los mandos definitivos de la central.
El consejo directivo (20 miembros: 9 vandoristas, 4 pro-vandoristas, 3 no-alineados, 2 oficialistas, un comunista, un frondicista) constituyó el mismo jueves el secretariado de la CGT, después de aceptar la renuncia del que venía presidiendo Fernando Donaires (Papelero), luego de la defenestración de José Alonso en febrero último.
Francisco Prado, del poderoso sindicato Luz y Fuerza, es el nuevo Secretario General de la CGT; lo acompañan Riego Ribas (Gráfico), adjunto; Antonio Scipione (Unión Ferroviaria), de Hacienda, con Manuel Rodríguez (Químico) como prosecretario; Roque Azzolina (Metalúrgico), secretario gremial, con Liberato Fernández (Marítimo) como prosecretario; Alberto Damiani (Alimentación), de Previsión, y Rogelio Coria (Construcción), de Prensa. Estimación sobre las tendencias políticas de estos 8 miembros: 3 vandoristas, 2 oficialistas, un pro-vandorista, un comunista, un frondicista.
Antes de la trascendental asamblea del jueves 19, dos sindicatos se apartaron del esfuerzo reunificador, si bien no de la CGT: La Fraternidad, donde Ángel Bono no pudo contrarrestar la corriente antiperonista; y FOECYT (empleados de Correos), una federación no peronista que figuró entre los pioneros de la reunificación (ver número 174, página 10).
Por lo menos dos pujas prolongaron las decisiones del 19: estuvieron referidas a los cargos más altos del secretariado. El rival de Prado para la Secretaría General era Eustaquio Tolosa, que desempeña ese mismo puesto en la Confederación de Trabajadores del Transporte y el Sindicato de Portuarios Pero la CATT dispuso que sus dirigentes no podían integrar los organismos directivos, y el camino de Prado quedó expedito. El SUPA (portuarios), en cambio, ubicó a Paulino Pérez en el consejo directivo; por otra parte, Tolosa fue nombrado para representar ante la Federación Mundial de Obreros del Transporte, con sede en Caracas, a los trabajadores argentinos en ese renglón.
La otra lucha se libró por la Secretaría Adjunta, entre Scipione y Ribas, dos oficialistas. La UF contaba con más méritos, por su caudal numérico y su combatividad; pero a último momento se prefirió a Ribas, quizá para robustecer su prestigió, afectado en los últimos días por la clamorosa renuncia de Luis Danussi a la secretaría general de los Gráficos, en disidencia con la línea impuesta por Ribas.
Scipione, reacio a la cartera de Hacienda, aceptó dado el limitado mandato de las actuales autoridades. Los medios sindicales suponen que así podrá lograrse que el Gobierno (Scipione se jacta de su íntima amistad con Illia, a cuyo despacho tiene acceso en cualquier momento) permita un descuento en los .salarios de los obreros para apuntalar el derrumbe financiero de la CGT. El aporte extraordinario (10 millones de pesos) y el aumento de la cuota sindical (a 2 pesos), resueltos el jueves, son insuficientes para aliviar las angustias de la central.
A fines de semana, los observadores gremiales especulaban con un posible reingreso de los Independientes a la CGT. El veto presidencial a la nueva Ley 11.729, cuya redacción y sanción legislativa forzaron los Independientes para conseguir una "bandera" en su enfrentamiento con la mayoría peronista de la CGT, desató las furias de este importante sector. En la ya comenzada batalla contra el veto de Illia, los Independientes necesitan aliados. Esos aliados. sin duda, están en la CGT. Y la CGT declaraba el viernes el estado de huelga general en repudio del veto.

Buenos Aires 1967
La UCRP se lanza al antiperonismo

El Senador nacional Rubén Blanco (UCRP, Buenos Aires) enfatizó ante Primera Plana el viernes por la noche, mientras transcurrían las deliberaciones de la convención bonaerense del partido, en el comité de Belgrano al 700, Avellaneda: "'Las versiones que andan corriendo por ahí no son ciertas. Marini delega el mando por 30 días a causa de una hepatitis; es una orden del médico".
La noticia cundió entre los 190 delegados, bordada con una explicación: el Gobernador Anselmo Marini se siente física y moralmente destrozado después de la denuncia del Diputado de la UCRI, José Epelboim, que lo vinculó con negociados (esa denuncia fue desmentida por la Cámara, y los antecedentes están a consideración de la Fiscalía del Estado; ver Nº 177). Ricardo Balbín, en un discurso de 32 minutos ante la convención, reivindicó a Marini: "Estamos conformes con su honradez, su inteligencia y su obra". Pero más allá de los encomios, se admitía que el decaído Gobernador resulta un escollo para los planes electoralistas de la UCRP, y que las sombras arrojadas por Epelboim son la amenaza pendiente de una Intervención.
En los corrillos, un convencional de Campana reveló que Marini aceptó delegar el mando y atender su hepatitis sólo después de apadrinar secretamente la candidatura a Gobernador de su Ministro de Hacienda, Ricardo Fuertes, un dirigente de Pringles cuya renuncia a la cartera ya se vaticinaba al promediar la semana pasada. La postulación de Fuertes busca hundir la candidatura de Raúl Alfonsín, Diputado nacional y presidente del comité bonaerense de la UCRP, auspiciada por el balbinismo. En la confabulación, Marini contó con el apoyo de la vieja guardia del Comité Nacional (Blanco y Juan Prats, titular del Banco de la Provincia); los fuertistas computaron a su favor, luego de una reunión celebrada en Pringles el miércoles 18, dos convencionales bonaerenses (Francisco J. Tejerina, Hugo Mosca) y catorce Intendentes.
Otro problema giró sobre un proyecto del que es autor Alfonsín: la apertura de los padrones por un término de 90 días para que se reincorporen a la UCRP los afiliados que ahora militan en la UCRI y en el MID, como consecuencia de la ruptura radical en la convención de Tucumán (1957). Al inaugurar el cónclave de Avellaneda, Alfonsín se explayó sobre el espíritu que cabalga en el nuevo pacto: "Debemos empujar este cambio, pagando nuestra cuota, para comprender que una parte del pueblo que hace años se alejó de nosotros no lo hizo porque abjurara de su democracia. Esa fue la trampa que encontró en su camino". Luego, una aclaración: "No se trata de apoyar a un partido, ni siquiera a un Gobierno. Lo que de todos exige el momento argentino es el esfuerzo indispensable para desarmar los espíritus, para poder emprender la marcha, porque todo un pueblo unido ha resuelto encontrarse con su destino".
Quedó así expuesta, develada ya sin vanos tapujos, la estrategia de la UCRP para las cruciales elecciones de 1967: enfrentar al peronismo con una "unión democrática" cuyo pilar serán los radicales (Nº 177). Balbín, como en un rezo, confesó a los convencionales que "mi memoria se tira para el tiempo"; al evocar la época peronista, dijo que la Argentina "anduvo regalando desgracias", que "el engaño le costó al país su moneda fuerte de 1946; vendiéndolo, se simulaba una falsa felicidad para el pueblo". A los toques gorilas siguieron las autodefensas: "¿No es verdad, acaso, que hemos puesto en vigencia la democracia?". Lo más revelador salió de este párrafo: "¿Quién quiere volver atrás? Si atrás es la noche, el poder desmesurado, la negación del hombre argentino. Pero lo más importante: ¿quién se niega a ayudar para salir adelante?"
En Avellaneda, a fines de la semana, se decretaba así la estrategia de la opción, que el partido de Gobierno plantea en estos ampulosos términos: Democracia (oficialismo y eventuales aliados) versus Golpe Militar (consecuencia de un triunfo peronista). En estos días, las calles céntricas de la Capital verán afiches con esta leyenda: "Póngale el hombro a la Gran Tarea". La Gran Tarea, un slogan casi johnsoniano, será la legalidad y la defensa de las instituciones y el régimen democrático. De esta manera, la UCRP piensa contrarrestar las presiones políticas que traducen inquietudes por el fracaso del Gobierno y el reclamo de soluciones que los militares comparten (o formulan, como es el caso del Secretario de Guerra, general Eduardo Castro Sánchez).
En la convención bonaerense, y por primera vez desde que asumió Illia, Balbín evitó el tradicional panegírico del Presidente. Ni siquiera lo nombró. Fue su callada respuesta por el veto a la Ley de despidos; se supone que la Convención Nacional del viernes 27 albergará respuestas menos silenciosas: el movimiento juvenil Agitación y Lucha —un canal por donde se expresa, sin mavor compromiso, el balbinismo— denunció la "sorprendente actitud del Ejecutivo", reiterando que el radicalismo siempre fue "baluarte de conquistas sociales". Sin embargo, el mayor contraste lo experimentó el comité de Buenos Aires: en el segundo número de la revista que edita sobre cuestiones económicas, con asesoramiento directo de Alfonsín, hizo, el elogio de las reformas a la 11.729 y dio por descontado que Illia vetaría apenas unos pocos artículos.
En cuanto a la unidad propuesta por Alfonsín, una de las imprevistas cuñas para penetrar en la UCRI se reveló la semana pasada en la persona de Gabriel del Mazo, Ministro de Defensa de Arturo Frondizi. Del Mazo, exegeta yrigoyenista y adalid de la Reforma Universitaria de 1918, criticó la conducción de Oscar Alende y alertó sobre las ilusiones acerca de coincidencias engañosas, una clara alusión al peronismo.
La actitud dura de Balbín y su renovado (y ahora explicitado) antiperonismo indican que, si los aliados que se buscan no llegan, la proscripción será un hecho, como única forma de sortear la encrucijada de 1967. Salvo que Illia o los militares piensen otra cosa.
24 de mayo de 1966
PRIMERA PLANA

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