"Me hundiré con el barco, no lo puedo abandonar ahora." Ricardo Balbín murmuró esa frase apocalíptica una noche de la semana pasada, mientras acampaba, como de costumbre, en el restaurante del Centro Lucense, Belgrano al 1900, flanqueado por dirigentes de la UCRP: ensayaba así una defensa del documento del Comité Nacional, por él presidido, que cantaba loas al Gobierno y ahorraba mencionar los desacuerdos y contrariedades de un partido que ha transformado la inescrutable elección de 1967, en Buenos Aires, en socorrido muro de los lamentos.
El Presidente de la República, en cambio, esgrime un esotérico optimismo: un Senador nacional que lo visitó días atrás y desplegó ante él la certeza del triunfo peronista en aquellos comicios recibió esta respuesta y una palmada en la espalda: "Quédese tranquilo, vamos a ganar". Pero entre el conformismo de Balbín y el vaticinio de Arturo Illia, florecen cada vez más las inquietudes radicales.
La convocatoria del Presidente, en su mensaje del 1º de mayo (en la redacción de ese párrafo intervino el Diputado Nacional Arturo Mor Roig,
promotor del proyecto de reforma constitucional que intentaban la prórroga de los mandatos hasta 1969, y hasta de un gabinete de coalición), fue recogida, sin demasiada pasión, por la Democracia Progresista y el Socialismo Democrático: la primera declaró, en Rosario, que para la sustentación del Gobierno se necesita "la confluencia momentánea o transitoria de corrientes diversas"; el partido de Américo Ghioldi, después de anotar que "el país está fuera de quicio", aconsejó un retorno de la "unión democrática". Pero esos dos ecos eran nada.
La evidente falta de repercusión consterna, todavía, al oficialismo; el propio Mor Roig confesó a algunos correligionarios, en el Congreso, que él era pesimista pero seguiría adelante, convencido de que "el acuerdo nacional es la mejor salida". También el Ministro del Interior se mostró dispuesto a imitar a Mor Roig, al declarar que el Ministerio mantendrá las puertas abiertas a "iniciativas y sugerencias de cualquier partido político". Sin embargo, un sondeo en los partidos señala que hay rechazos: Oscar Alende, jefe de la UCRI, pontificó, en El Tropezón: "Absoluta desvinculación con este Gobierno, condenado a no terminar su mandato, y acercamiento ideológico al peronismo, sin perder la individualidad partidaria". El MID y UDELPA consideran que el llamado es tardío y que lo que pudo surtir efecto, en 1963, a poco de asumir Illia, ahora es impracticable. En una entrevista no publicitada, el demócrata progresista Horacio Thedy se arrogó cierta personería oficial para convencer a Arturo Frondizi sobre la necesidad de apoyar la reforma constitucional y prorrogar los mandatos: fue desahuciado. La tentativa del médico Nicolás Romano (UCRP), de un nuevo encuentro Illia-Pedro E. Aramburu, también se frustró.
La certidumbre general es la misma y tendió a acrecentarse en los últimos días: el oficialismo carece de planes para afrontar los comicios de 1967 y arrancar a los peronistas la provincia de Buenos Aires. Un importante vocero del Gobierno ratificó, con cierta melancolía, esa premisa, aunque —radical al fin— otorgó otro voto de confianza al silencioso doctor Illia: "Salvo que el Presidente tenga una carta tan decisiva que por eso no la puede mostrar". Para algunos observadores políticos, inclusive de militancia radical, la carta del Presidente es la de permanecer de brazos cruzados y "caer con honor"; este eufemismo puede traducirse con tres palabras: golpe de Estado.
La UCRP prefiere pensar que el ruido de armas está lejano y que un acuerdo interpartidario será un aval ante los militares para que se celebren sin problemas las elecciones de 1967; sus corifeos, no obstante, calculan que en caso de no cristalizar, la polarización será inevitable. La aritmética pre-electoral, que perdió a Frondizi cuatro años atrás, es utilizada en el Comité Nacional de la UCRP para determinar que a sus 970.000 sufragios bonaerenses de, marzo de 1965, se unirá un caudal extra capaz de superar al 1.350.000 votos obtenidos entonces por Unión Popular.
Sucede que los radicales dan por segura esa transferencia con el siguiente apotegma: "Los ciudadanos deberán elegir entre la legalidad o el golpe y optarán por la legalidad". Además, añaden, siempre es viable la negociación de votos a cambio de cargos electivos con aquellos partidos sin posibilidades de conquistar la Gobernación. El jefe de uno de esos partidos, Julio Cueto Rúa, del PRAR, dijo a Primera Plana la semana pasada: "Yo estoy empeñado en que el país salga adelante por medio de elecciones, pero puedo asegurar que en mis frecuentes reuniones con sectores diversos compruebo cuántas dificultades existen para convencerlos de que hay que defender la salida constitucional. Temen el panorama incierto, pero este Gobierno no es garantía de nada."
Otras tres variantes se otean dentro del oficialismo:
• Lograr, por fin, la unidad radical, una propuesta lanzada en 1965 por el Senador Eduardo Gamond; el balbinismo la admite, pero sólo a nivel de dirigentes medios, aduciendo que no puede haber acuerdo de ningún tipo con Alende o Frondizi. En cambio, no menos de tres Senadores oficialistas alientan la idea de un reencuentro de campanillas. Uno de ellos confió a Primera Plana: "Illia no objeta la unidad y habló con mucho respeto de Frondizi, si bien no dio aval alguno para emprender conversaciones. A Balbín no le gustó nada el proyecto". Al MID y la UCRI, mucho menos aún.
• Negociar con Perón en Madrid, un gesto que, increíblemente, consentiría el antiperonista Balbín.
• La última variante es una utopía y fue expuesta a Primera Plana por un legislador oficialista que pidió reserva para su nombre; "Pienso que la única salida la puede dar el general Onganía, que es, aparentemente, el candidato más firme para la Presidencia en 1969. Lo ideal es que Onganía sugiera el nombre del candidato a Gobernador de Buenos Aires y haga así posible un pacto entre peronismo y UCRP".
La mayoría de los líderes opositores estima como inexorable la caída de Illia. Pese a todo, unos pocos piensan que el Gobierno podría encontrar una fórmula para el escollo de 1967, según como se comporte Unión Popular. Si este partido, con sigla reconocida, se ubica de lleno en el neoperonismo no será proscripto y podrá ingresar en el Frente o Movimiento Nacional que auspicia el MID; si se alinea junto a Perón, el Frente quedará destrozado y el peronismo, fuera de todos los canales, se convertirá en "impotable" haciendo peligrar la estabilidad institucional. Con la primera hipótesis (la UP en el Frente), el Gobierno proscribiría al sector duro, en ese caso el isabelismo, y la opción se transformaría en Antiperonismo-Frente, con la perspectiva del triunfo frentista tolerado por las Fuerzas Armadas.
Los próceres del partido oficialista, puestos a penetrar en la cerrazón presidencial, intuyen que Illia quiere desembocar en aquella opción, que le permitiría sobrevivir hasta 1969. Si prevalece el primer término, Illia podría echarse a descansar sobre un lecho de rosas; en cambio, con la victoria del frente opositor, que los militares admitirían ya que importa el acceso de un peronismo diluido, tendría que hacer concesiones que no rechazará tal vez. En tal caso, quedaría sellada la ruptura con el partido y el renacimiento de un Balbín inconformista e iracundo.
En esferas militares, estas especulaciones suelen mirarse con desgano, con apatía, sin interés. Quienes más atienden a ellas son los Secretarios, en especial el de Guerra, general Eduardo Castro Sánchez. Los mandos no ocultan su escepticismo; los informantes subrayan algunos episodios que parecen de rutina: un viaje del general Alejandro Lanusse a Mar del Plata, una misteriosa partida de caza del general Osiris Villegas, una visita —la primera desde que está a la cabeza de la Comandancia— del general Pascual A. Pistarini a la Agrupación de Comunicaciones 601, nervio de todo el sistema de comunicaciones del Ejército, instalada en los pisos 16, 17 y 18 de la Secretaría; un pedido del propio Pistarini al Secretario, para que se suspendan ciertos almuerzos del Subsecretario, general Manuel Laprida, con les mandos medios. "No volvamos a tiempos y esquemas deliberativos ya superados", habría dicho Pistarini.
El Secretario y el Subsecretario se dejan vencer por el desaliento. El 4 de febrero conversaron largamente con Illia y Leopoldo Suárez, para hacerles ver la necesidad de modificar la política del Gobierno y dinamizar su imagen; en marzo, mantuvieron otra conferencia más extensa; el 1º de abril, emitieron un comunicado tajante en defensa del orden constitucional. En el plano de las grandes decisiones, nada han conseguido a seis meses de haber asumido sus prominentes cargos.
Un general comentaba: "Castro Sánchez está preso en una trampa. Su advenimiento coincidió con el retiro de Onganía, lo que lo colocó en una posición desfavorable. Para ganar la voluntad del Ejército, quiso meter una cuña en el Gobierno. Pero en la medida en que el Gobierno se siente presionado, no toma medidas. Los radicales tienen horror a que se sepa que reciben planteos de las Fuerzas Armadas".
Una anécdota inusitada clausuraba la semana: en el restaurante Ligure, un Obispo se reunió el viernes a cenar con dos generales. Objetivo: instarlos a que el Ejército no tome medidas drásticas con el Gobierno.

Ley 11.729
La hora del arrepentimiento
"No pedimos nada del otro mundo: queremos que el Presidente nos dedique un tiempo parecido al que le concedió a Horacio Accavallo o a Charles Aznavour." La mordacidad de los dirigentes de ACIEL sorprendió a Juan Carlos Pugliese, quien carraspeó inquieto. Otra vez, tocaba al Ministro de Economía el papel más antipático cuando, durante la semana pasada y por decisión de Arturo Illia, recibió a las delegaciones empresarias descontentas por la sanción parlamentaria de las reformas a la Ley 11729. Ya antes, 2l lunes por la tarde, el fervor de Juan Martín Oneto Gaona, presidente de la Unión Industrial, lo había inquietado; a tal punto, que Pugliese se lamentó: "Comprendo su preocupación, pero no es posible discutir en este estado de ánimo".
El espíritu del Ministro tampoco era el ideal; no estaba exaltado, pero su cansancio era visible, como su preocupación por un asunto que, no se oculta, terminará por desgastarlo aún más. Dentro de la resignada fatalidad con que encaró las entrevistas, Pugliese no tuvo más remedio que parapetarse detrás de culpas ajenas: "Claro que la Ley tiene defectos pero, ustedes saben, en algunos asuntos el Poder Ejecutivo no puede llegar a controlar al Congreso". Además, demostró que su actitud crítica no era sólo una pose; por momentos pareció más papista que el Papa:
• A sus visitantes de la Unión Industrial les dijo que aceptaba que la Ley es una disposición anacrónica y antieconómica y que producirá fricciones en el orden laboral. "De existir un consejo económico social —se dolió por su fallido proyecto— estas no ocurrirían."
• Cuando los miembros de la UIA le señalaron que el impacto inmediato de la Ley produciría un aumento de costos del 8 por ciento, Pugliese acotó: "Los cálculos oficiales son todavía algunos puntos más altos".
• A los representantes de la CGE les dio opiniones francamente desfavorables sobre algunos aspectos de la nueva Ley: el artículo 10, que establece como causal de despido la modificación de las modalidades de prestación de servicios; el artículo 36, por el cual el empleador debe abonar los salarios en caso de que el trabajador tenga un proceso penal cualquiera.
Los dirigentes cegeistas salieron del despacho de (Pugliese con la impresión de que el Gobierno aplicaría su veto (parcial) a los artículos que les criticó Pugliese. Los acielistas, por su parte, al cabo de su audiencia del día siguiente, intuyeron que el Presidente vetaría algunos párrafos de la Ley como la retroactividad en su aplicación, la responsabilidad en cadena y la inclusión del sector agropecuario.
Hacia fines de semana, después quo el Diputado Roberto Pena entrevistó al doctor Illia (el viernes, el legislador que actuara en el Congreso como adalid de la reforma salía hacia Alemania) se interpretó que habría un veto parcial que el Gobierno llamaría promulgación restringida; seguidamente, el Ejecutivo enviaría al Senado un proyecto complementario, retocando algunos artículos.
El Presidente Illia parecía bien informado sobre los aspectos jurídicos del rompecabezas. Al menos, así detuvo las insinuaciones reformistas del Secretario de Guerra, Eduardo Rómulo Castro Sánchez: "No se olvide, general, que el cambio de una sola coma, es veto. Pero tiene razón: a los Diputados de mi partido se les fue la mano. Sin embargo, vetar es odioso".
En todo caso, el Presidente tenía plazo hasta el miércoles de la presente semana para reparar el error. Hasta esta fecha, una de las entidades empresarias dilataba su amenaza de represalias: el miércoles 11, la CGE discutió las medidas a adoptar si se mantenía el texto salido del Congreso: lock out (suspensión total de actividades en las empresas) por 24 a 48 horas y suspensión del pago de impuestos nacionales y provinciales. En los sectores vinculados con ACIEL, en cambio, no se proferían amenazas tan graves, pero se pensaba en emitir una declaración retirando al gobierno la colaboración y la confianza de esas entidades empresarias. El asunto es: ¿cuántos enemigos más puede agregarse el Gobierno sin zozobrar?
Porque ya no son sólo las grandes empresas las preocupadas: la semana pasada, un sector económico que, por lo general, es exaltado en los discursos presidenciales, sumaba su crítica: las cooperativas, reunidas en Rosario, solicitaron enérgicamente el veto a las reformas de la Ley 11729.
17 de mayo de 1966
Revista Primera Plana