Militares
los caminos del poder
Volver al índice
del sitio

A partir de 1930, roto el equilibrio político en el país, las FFAA empiezan a intervenir para mantener la estabilidad. A 38 años ¿qué se ha logrado?

El cadáver que yacía en la esquina de Perú y Avenida de Mayo pertenecía al estudiante Juvencio Aguilar. Había caído cuando la policía montada cargó contra la densa columna de manifestantes, encabezada por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Al día siguiente, un aluvión de telegramas de salutación inundó el despacho del decano. Quien los recibió se llamaba Alfredo L. Palacios. Pero la inmolación del joven Aguilar selló ante la opinión pública la suerte del gobierno presidido por el caudillo radical Hipólito Yrigoyen. No sólo eso. Cuando aún no habían trascurrido 48 horas desde la tumultuosa manifestación callejera, el teniente general José F. Uriburu, al frente de un grupo de cadetes del Colegio Militar, se adueñó del poder, inaugurando en la Argentina un capítulo que todavía sigue abierto: la sucesión de gobiernos militares por ruptura del orden constitucional. Había amanecido el 6 de setiembre de 1930.
En la noche de ese mismo día, desde un balcón de la Casa Rosada, el jefe del movimiento militar arengó brevemente a los ciudadanos apiñados en la Plaza de Mayo: "Pueblo de mi patria —pronunció el general Uriburu—, el Ejército ha cumplido su deber. Y al decir que el Ejército ha cumplido su deber, quiero decir que ya dio casi término a su obra". En realidad, allí empezaba. Porque una obra parecida es la que debieron acometer las Fuerzas Armadas en una seguidilla de fechas cada vez menos distantes entre sí: 4 de junio de 1943, 16 de setiembre de 1955, 29 de marzo de 1962 y 28 de junio de 1966.
A partir de 1930 se desarticula el equilibrio político arduamente logrado tras la promulgación de la Ley Sáenz Peña, y las FFAA entran a intervenir con un motivo que permanece invariable en esas cuatro oportunidades: mantener la estabilidad institucional. Lo paradójico es que, durante esos 36 años, tan sólo dos gobiernos logran completar el período previsto por la Constitución: los que presidieron Agustín P. Justo (1932-38) y Juan D. Perón (1946-52). Con el agregado de que, en ambos casos, se trata de hombres surgidos de las filas del Ejército y de convocaciones electorales gestadas como epílogo de amotinamientos exitosos (1930 y 1943, respectivamente).
Las FFAA quedan vinculadas entonces, no sólo con la política, sino también, y primordialmente, con el ejercicio directo del poder. O con una faceta intermedia, que se vuelve sistemática a partir de 1958, con la presidencia de Arturo Frondizi: el contralor del poder civil.
¿Logran las FFAA su declarado objetivo de "estabilización"? Estadísticamente, no. Pero, ¿quiénes son los responsables de esa fragilidad institucional? ¿El Ejército o los partidos políticos? Aquí las respuestas se bifurcan, aunque prácticamente nadie deja de aceptar como un hecho irreversible de la realidad contemporánea, la irrupción de los militares en las diferentes políticas del Estado. Es que solamente en Latinoamérica los últimos 150 años alumbraron más de 300 revoluciones militares. Cuando en agosto del año pasado el tema fue objeto de una sonada polémica, recogida por un semanario de Buenos Aires, quedó demostrado que las opiniones acerca de la bondad o el deterioro provocado por el intervencionismo militar en la Argentina, divergen en el propio seno de los hombres de armas. Mientras el general (RE) Benjamín Rattenbach sostuvo que "fuera de muy contados casos, ellas (las FFAA) han retardado más bien el progreso de la Nación y han demostrado, visiblemente, que no son el medio más apropiado para subsanar nuestra deficiente política"; el coronel (RE) Manuel Reimundes, respondió: "En Latinoamérica, las (FFAA siempre han tenido intervención en los asuntos políticos y han gravitado de una manera notable en las decisiones políticas principales. Es que las FFAA latinoamericanas han sido siempre deliberativas, a pesar de los recaudos constitucionales para corregir esa anormalidad e irregularidad. La tendencia de las FFAA para intervenir en política ha sido permanente".
Sin embargo, al .indagar las causas de este fenómeno, que signa casi cuatro décadas de historia argentina, SIETE DIAS comprobó que el diagnóstico de la mayoría de los altos oficiales que revistan en situación de retiro, es unánime: "La intervención militar se produce por el vacío de poder que genera la ineptitud de los políticos para gobernar el país. En tales circunstancias, dicho vacío es llenado siempre por las FFAA por una razón muy sencilla: son los únicas que tienen la fuerza".
Dadas las circunstancias, las FFAA hicieron las veces de único partido con gravitación de poder real en la Argentina. Las reuniones de generales o los discursos de los jefes militares pesan mucho más en la opinión pública que las convenciones partidarias. Y algo más: las decisiones políticas ya no se discuten en los comités (mucho antes de su última clausura), sino en la Escuela Superior de Guerra y en los altos organismos militares.

Semejanzas y diferenciaciones
El chiste de que para los cadetes del Colegio Militar el grado inmediatamente superior al de general es el de presidente de la República —inventado a fines de 1930— corre parejo con un sarcasmo: "Lo que hacen los militares es eliminar al grupo de políticos que no les gusta, para poner en el gobierno a otros políticos, pero de su preferencia". Ello implica, en rigor, una inversión de la realidad. Porque casi siempre fueron los políticos quienes reclamaron la intervención de los militares. De ahí que tras el episodio del 6 de setiembre de 1930 se alinearan los conservadores, el radicalismo antipersonalista —capitaneado por el ex presidente Marcelo T. de Alvear— y el socialismo independiente, personificado por Antonio de Tomaso. Así como en el 30 el conservador Matías Sánchez Sorondo fue nombrado ministro del Interior, el episodio de 1943 eleva a la misma cartera al radical Hortensio Quijano. Otro tanto ocurre en 1955 con destacadas figuras de casi todos los partidos políticos.
Que las alteraciones institucionales no obedecen ni a una supuesta "vocación de poder" de las FFAA ni a esquemáticos enfrentamientos entre civiles y militares, es lo que se
desprende claramente del más superficial balance de los últimos 38 años. Hay un dato que parece incontrovertible: la frustración nacional. Vale decir, el desencuentro entre las instituciones formales y la realidad político-social. Pero resulta igualmente cierto que, en términos generales, ningún interregno militar resolvió los problemas que le dieron origen.
Al asumir el poder, todos los gobiernos militares procedieron con una mecánica parecida: disolución del Congreso y lanzamiento de una proclama. El párrafo principal que dio a conocer Uriburu el 7 de setiembre de 1930, hoy parece un molde: "Por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la Constitución y por la concordia y la unión de todos los argentinos". El de 1943, encabezado por el comandante de Campo de Mayo, general Arturo Rawson, y el ministro de Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, aporta la novedad de la disolución de los partidos políticos, por "falta de representatividad". Salvo los de 1955 y 1962, los levantamientos militares cuestionaron explícitamente el sistema tradicional de la democracia representativa. De alguna manera, ello importaba un acercamiento a las causas de fondo: el ya mencionado disloque entre las instituciones previstas por la Constitución y la realidad del país. Pero a riesgo de la democracia misma.
Cuando en la tarde del sábado 19 de febrero de 1932, Uriburu dirige su último mensaje al país —al día siguiente asumiría el gobierno la Fórmula de la Concordancia compuesta por Agustín P. Justo y Julio A. Roca (h.)— quedan echados los pilares de una disputa que sigue envolviendo a la República: " nadie sabe si somos partidarios de un sistema democrático o propiciamos otro que lo sustituya. Preferimos hablar de principios republicanos y no de principios democráticas, por que la Democracia, con mayúscula, ya no tiene entre nosotros ningún significado a fuerza de haberla usado para lo que convenía a ciertos políticos interesados. La agremiación corporativa no es un descubrimiento del fascismo, sino la adaptación moderna de un sistema cuyos resultados, durante una larga época de la historia, justifica su resurgimiento".
Algo parecido es lo que postulan, 11 años más tarde, los oficiales del GOU (Grupo de Obra de Unificación), que constituyen la verdadera plana directiva del golpe de estado de 1943 y el cenáculo que promueve a su "destino histórico" a un activo coronel: Juan D. Perón. Pero esta intervención militar, que derroca al gobierno presidido por el Dr. Ramón S. Castillo, pone término a una ficción: la absoluta prescindencia política de las FFAA en el período 1932-43 no había sido otra cosa que un compás de espera —de discutible neutralidad— precisamente cuando la democracia funcionaba con mecanismos que eran su más flagrante violación. Se había concluido con el "fraude patriótico".
A partir de allí, un rosario de conspiraciones culminó con la frustrada intentona del 28 de setiembre de 1951, encabezada por el general Benjamín Menéndez. Del seno de ese movimiento surge un grupo de coroneles y oficiales menores del arma de caballería, entre los que sobresalen Alejandro Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría y Julio R. Alsogaray, que termina en un confinamiento de tres años en la cárcel de Río Gallegos. Aparentemente, dicha reclusión sirve para elaborar una estrategia de largo alcance. Así, el primer triunfo de ese grupo decisivo sobreviene en setiembre de 1955 con la caída de Perón. El segundo se produce en otro setiembre, el de 1962, cuando los "azules" derrotan a los "colorados", una denominación circunstancial que hoy no tiene vigencia.
En esta última peripecia, que enfrenta a sectores del Ejército que pocos meses antes —en marzo de 1962— habían coincidido unánimemente en el derrocamiento de Arturo Frondizi, se entrecruzan dos tendencias más perdurables: liberales y nacionalistas. El primer enfrentamiento explícito entre ambas había culminado en una transición pacífica. Fue el 13 de noviembre de 1955, cuando Pedro E. Aramburu sustituyó a Eduardo Lonardi en la Casa Rosada.

Los tramos actuales
Con todo, el lonardismo permanece en el Ejército a través de un frente interno que funda el coronel Manuel Reimundes y que se denomina El Dragón Verde. El sector más antiperonista, por su parte, que presionó sobre Aramburu para que prolongara su gobierno por tiempo indefinido y no entregara el poder en 1958, se aglutinó en la logia El Martillo y el Pistón, encabezada por el general Pío Martijena. En ella militaron también los generales Carlos Severo Toranzo Montero y Raúl Poggi, artífices de la defenestración de Frondizi el 29 de marzo de 1962.
Pero en el proceso posterior, se perfila una alternativa modernista que logra aglutinar a gran parte de los integrantes de las otras dos. Es la que encabeza el general Juan Carlos Onganía. Seguramente por eso, la instancia abierta el 28 de junio de 1966 tiene una cualidad sustancialmente distinta a las anteriores. Las FFAA se proponen consumar una revolución de largo alcance y no un mero interregno que abra paso a una nueva convocación electoral. De alguna manera parece cerrarse la constante democracia condicionada-gobierno militar. Una especie de círculo vicioso puesto a funcionar el 6 de setiembre de 1930.
No obstante, en esto también hay discrepancias y son las mismas de siempre. Sobre un fondo de coincidencias, acerca de la falta de idoneidad de los partidos políticos, las desinteligencias vuelven a polarizarse entre quienes sostienen que "a esta altura, las únicas que pueden conducir un proceso de trasformación para sacar al país de sus crisis cíclicas, son las FFAA", y quienes postulan que éstas sólo deben servir para organizar el retorno, a corto plazo, al régimen constitucional y a las instituciones tradicionales.
En los círculos allegados al teniente general Aramburu, por ejemplo, se sostiene que la representatividad de las FFAA alcanza, a lo sumo, a 4 mil oficiales; por eso la democracia se materializa únicamente a través de los partidos políticos". Coincidentes con la tesitura de que "todavía no están dadas las condiciones para una inmediata convocatoria electoral", en dichos círculos se afirma que debe abrirse paso a un gobierno provisional, "apoyado por un movimiento cívico-militar para hacer algo grande: organizar la vuelta a la plena vigencia de la democracia y al orden constitucional. Las pequeñas conspiraciones y el ejercicio del poder a largo plazo, terminan por desgastar gravemente a las FFAA". Al mismo tiempo, la crítica fundamental que los acólitos de Aramburu descargan sobre el actual gobierno es que "carece de una idea política".
Curiosamente, desde una vertiente opuesta —aunque coincidente en la oposición al actual gobierno— la encabezada por el general Carlos A. Caro brota una crítica casi idéntica: "La revolución del 28 de junio se encamina al fracaso a raíz de su heterogeneidad ideológica", afirma.
Su postulación también se asienta en la necesidad de "un movimiento cívico-militar", cuya encarnación —a diferencia del sector aramburista— empezó a materializarse con el Movimiento de la Revolución Nacional (MRN). El Mensaje y Programa que se lanzará públicamente en los próximos días, cuando el general Caro pueda abandonar el Hospital Militar donde se halla internado a raíz de una intervención quirúrgica, resumirá una convocación a la que ya empezó por responder de antemano la CGT "opositora". Lo llamativo es que las "usinas" de Aramburu hayan hecho trascender, en la última semana, que "no hay discrepancias con la doctrina peronista; el problema consiste en erradicar la influencia personal de Perón".
A todo esto, mientras se conocía el arresto impuesto al coronel Ramón E. Molina —por recorrer guarniciones del interior para concitar apoyos al binomio Caro-Sánchez Sorondo—, y se informaba que el coronel Carlos A. Carabba era pasado definitivamente a retiro —por sus vinculaciones "non sanctas" con el general Videla Balaguer y el brigadier Cayo Alsina—, empezaba a circular un trascendido mucho más importante. Era el que daba cuenta de que el discurso pronunciado por el ministro Guillermo Borda, el pasado miércoles 24 ante la prensa extranjera, había causado "muy mala impresión en el ejército, por no corresponder sus conceptos a la letra y, especialmente, al espíritu del Acta de la Revolución Argentina". Paralelamente, desde las esferas allegadas al comando en jefe del ejército, se abría este interrogante: "¿El presidente de la Nación conocía de antemano los conceptos del controvertido discurso
pronunciado por el doctor Borda?" El sorpresivo arribo del embajador argentino en Washington, Álvaro Alsogaray, producido en el mediodía del jueves 2, mientras la cancillería comunicaba oficialmente que "no había sido llamado", parecía confirmar tal aserto.
Pero independientemente de todo ello, y de los renovados cabildeos de los políticos —ahora en plena expectativa—, nadie duda que son las FFAA quienes controlan el proceso. De ellas depende, en definitiva, que el antiguo litigio entre liberales y nacionalistas se resuelva o se sintetice. En el trance actual, ello puede significar la homogeinización del gabinete con uno u otro signo, a través del desplazamiento de algunas figuras claves, o la apertura de un nuevo enfrentamiento. En ambos casos, como viene ocurriendo desde hace 38 años, son las FFAA quienes siguen decidiendo el curso del poder en la Argentina.

SOCIOLOGIA
LOS GOBIERNOS MILITARES
La interpretación sociológica del tema Los militares y el poder resulta imprescindible para brindar un enfoque global del fenómeno. Es lo que intenta el sociólogo Jorge Alonso, especialista en psicología social e historia social, quien se desempeñó, además, al frente de la Secretaría Técnica del Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, bajo la dirección del profesor Gino Germani. Estas son sus consideraciones:
Las fuerzas armadas han sido, desde hace siglos y en todas partes del mundo, factores de poder. En los últimos tiempos, mediante el afianzamiento de las ideologías liberales y democráticas, originadas en el ascenso de la burguesía a las escenas sociales y económicas, las fuerzas armadas fueron perdiendo participación como factores de poder (así se llama a todo elemento social que posibilita el acceso al poder político total o parcialmente), y comenzaron a quedar relegadas a grupos de presión (es decir, aquellos grupos que poseen cierta fuerza para obtener decisiones favorables del poder político).
El proceso político argentino, desde 1930, responde a dos vertientes: una nacional y otra internacional. Esta última ha sido la rápida transición social sufrida con la evolución de la técnica y del poder económico de unos pocos centros internacionales. Tal el caso de las dos guerras mundiales, los regímenes autoritarios que las suscitaron y los Intereses económicos internacionales que las fomentaron. Continúa, además, con las guerras regionales actuales.
En el orden nacional, la Argentina, que se alza como uno de los países latinoamericanos más desarrollados y urbanizados por el proceso de inmigración masiva, ocurrido a fines del siglo pasado (que no tiene paralelo en el resto del continente), es, por esa misma causa, un país que pasa por una transición más rápida en el orden social y económico.
Esa transición se caracteriza por un alto crecimiento urbano, industrial, y por la participación de sectores populares y medios en la vida productiva del país. La rapidez del proceso ha traído aparejada una acentuada inestabilidad institucional (sin que sea ésta un efecto inevitable de aquélla).
Dentro de esta inestabilidad institucional. las fuerzas armadas han sido la institución menos afectada. Pero sus miembros pertenecen obligadamente a otros sectores sociales, cuyas demandas e inestabilidad repercuten en ellos y en la racionalización con que explican y definen a la institución armada como cuerpo que posee los elementos terapéuticos para remediar la situación.
La ideología más vulgar con que se racionaliza la intervención militar en el poder político, es una ampliación del concepto de "defensa nacional": ya no es simplemente la defensa contra elementos externos, que atenten contra la integridad política y territorial del país, sino contra cualquier otro elemento material o inmaterial que aparezca debilitando institucionalmente al país, es decir "atentando contra la integridad de su estructura".
Esta errónea hipertrofia de las funciones de la institución armada la hace volver de su rol moderno de grupo de presión, al viejo factor de poder. No sólo por los argumentos que han impulsado su acción, sino —simplemente— porque poseen los instrumentos de fuerza para obtener el poder con buen éxito.
Que se considere errónea la hipertrofia mencionada, es conclusión lógica del hecho de que, en 38 años, la institución armada no ha resultado más eficaz que las otras para resolver los problemas institucionales que la transición social del país viene provocando.
Esta ineficacia se debe a que los dirigentes de las fuerzas armadas son también parte de la realidad social, responden a los requerimientos de los otros sectores sociales a los cuales pertenecen y, por ende, sufren las mismas limitaciones mentales e ideológicas de dichos sectores, pues fatalmente terminan respondiendo a los intereses y expectativas de los mismos, lo que no implica necesariamente una representatividad de los intereses generales de la comunidad.

OPINIONES
LA RESPONSABILIDAD DEL EJERCITO
En su expresión más esquemática, dos grandes núcleos —el tradicionalista, el modernista— cohabitan en la alta esfera de las Fuerzas Armadas. Dos militares retirados, de relevante actuación en la historia reciente de las instituciones argentinas (y ahora representantes informales de una y otra tendencia) responden a un cuestionario de SIETE DIAS, encaminado a dilucidar un enigma básico: ¿qué deben hacer las FFAA con el poder? Interrogante que admite esta equivalencia: ¿qué deben hacer con el país? Responden el general (R. E.) Ignacio Avalos, oficial del Estado Mayor, que se desempeñó como titular de la secretaría de Guerra desde octubre de 1963 hasta octubre de 1965, durante la gestión del doctor Illia, con quien sigue estrechamente vinculado; y el coronel (R. E.) Manuel Reimundes, también oficial de Estado Mayor, quien actuó como interventor de la CGT luego de la Revolución Libertadora y cubrió, con posterioridad (1958-59), la subsecretaría de Guerra.
SIETE DIAS: ¿Cómo calificaría usted al actual proceso argentino?
Ignacio Avalos: No me considero en condiciones de calificarlo porque carezco de la información necesaria para responder con la seriedad que el tema requiere. De todas maneras, de mis respuestas posteriores se desprende claramente qué es lo que pienso de la actualidad nacional.
Manuel Reimundes: En este caso, el término proceso ha de ser considerado en su concepción actual. Es decir, un concepto dinámico que abarca la idea de crecimiento, desarrollo o trasformación. En este orden de ideas, califico al actual proceso argentino como un período de transición hacia una trasformación esencial que posibilite el "poder innovar y armonizar individuo y sociedad en un nuevo orden dinámico".
SIETE DIAS: ¿La revolución del 28 de junio de 1966 satisface las expectativas que llevaron a las FFAA a quebrar la continuidad constitucional?
Avalos: No creo que determinadas expectativas, por sí solas, puedan llevar a los miembros de las FFAA a realizar un acto de la naturaleza del ocurrido el 28 de junio. Si así fuera, las formas de expresión de la voluntad y de afirmación de la personalidad del Estado democrático estarían a merced de los deseos de un solo sector de la sociedad, lo que es inadmisible y extraño al espíritu de las fuerzas militares.
Reimundes: No, hasta este momento. No obstante, considero plenamente justificada —desde el punto de vista histórico— la decisión de las FFAA del 28 de junio de 1966. La revolución es, por otra parte, un hecho irreversible y ha de consumarse porque así lo reclama imperiosamente nuestro destino como nación. Evidentemente, hasta ahora ha faltado en considerable medida previsión política; ésta exige un alto grado de autonomía intelectual. Tengo el firme convencimiento de que no se está haciendo, ni lejanamente, lo que la Nación es capaz de hacer y de obtener. Por ello creo que el disentimiento es una forma superior de patriotismo.
SIETE DIAS: ¿Puede considerarse actualmente, a las FFAA como ejecutoras directas de una política nacional.
Avalos: El gobierno ha expresado insistentemente que no es un gobierno militar sino civil. El comandante en jefe del Ejército ha declarado públicamente que el Ejército no gobierna ni cogobierna. Ateniéndome a lo que interpreto como expectativas de las FFAA, deduzco que ellas no son ejecutoras directas de la actual política nacional.
Reimundes: Las FFAA como mandantes han designado un mandatario. Ellas asumieron ante la Nación la más alta y grave responsabilidad histórica. Si bien no son ellas ejecutoras directas de la revolución, les corresponde una gran responsabilidad: vigilar la marcha del proceso revolucionario.
SIETE DIAS: ¿Constituye el Ejército la fuerza más idónea para conducir un proceso de trasformación en el país?
Avalos: Ninguna de las FFAA pretende ser idónea para conducir un proceso de tal naturaleza. Más aún, un proceso de trasformación nacional no es tarea de un solo sector de la sociedad. Las FFAA poseen una significativa capacidad para colaborar en tal proceso, pero sin descuidar su misión específica, ya que la mejor defensa nacional consiste en el desarrollo del país.
Reimundes: Dadas las particulares circunstancias y contingencias nacionales existe una real imposibilidad de que, por el camino del mecanismo electoral, se logre una solución política que permita generar condiciones adecuadas para la solución de diversos problemas coyunturales, sin lo cual no pueden establecerse las bases mínimas indispensables para la realización de profundas innovaciones. Por esta razón, las FFAA constituyen hoy —a mi entender— el medio idóneo e indispensable para dar principio de ejecución al prometido proceso tras-formador.
SIETE DIAS: ¿Le parece adecuado el actual interregno dispuesto para los partidos políticos?
Avalos: Sin partidos políticos no existe el diálogo; falta el eslabón de unión entre la población; ningún grupo social se siente libremente representado; la clarificación y sistematización de las ideas es imposible; la voluntad popular nunca llega a cristalizarse; las políticas que se formulan no son democráticamente valederas. Los procesos sociales generan los partidos políticos y se manifiestan independientemente de los hombres que actúan en el quehacer político. De ahí que crear o suprimir partidos políticos por decreto, no es más que una vana pretensión. De todas las formas del estado constitucional, el partido político es la más estable. Tratar de prescindir de ellos o someterlos a un largo interregno, dará origen a tres hábitos: indiferencia política, inexperiencia política y conspiración.
Reimundes: Sí, por las razones apuntadas precedentemente.
SIETE DIAS: ¿Pueden hacer política los militares?
Avalos: Las FF.AA. constituyen un poder técnico necesario, que recibe del Estado su legitimidad y sus objetivos. La Constitución del 53 establece las misiones de las fuerzas militares en su artículo 21: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución" ... Ello impone una política en el sentido de la actividad que deben realizar las FFAA. Entiendo que los militares no pueden hacer otra clase de política, y esto es norma de la Institución.
Reimundes: Los militares en servicio activo, no. Los que están en situación de retiro, sí. Ahora bien, a mi juicio, las FFAA deben estar convenientemente instruidas sobre los presupuestos fundamentales de una política nacional. No existen, en general, FFAA asépticas en política. Cuando excepcionalmente ello ocurre, las FFAA en lugar de constituir una institución fundamental, sostén y última defensa de la Nación, se convierten en institución-instrumento, expuestas, por su inocencia política, a servir para destruir aquello que deben defender y custodiar.
SIETE DIAS: ¿Se ha producido o debe producirse un reencuentro entre los argentinos?
Avalos: Pienso que actualmente, después de tan amargas experiencias, la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo en que debemos dejar de preocuparnos por los males pasados y comenzar a ver cómo remediarlos. Sólo una minoría muy pequeña está interesada en que el desencuentro se produzca realmente. Si, como pienso, han sido desnaturalizados los símbolos que nos son comunes, hay que institucionalizarlos de una vez y para siempre. Valga para ello, leer "setenta veces siete" el Preámbulo de la Constitución.
Reimundes: Debe producirse un reencuentro entre los argentinos. Si esta condición no se cumple, no será posible la realización de las grandes soluciones nacionales. No hay empresa política posible sin la concurrencia de los sectores sociales auténticos.
SIETE DIAS: ¿Qué debe hacerse para que ello ocurra?
Avalos: Para poder responder, el país todo debiera estar informado de la naturaleza del gobierno. Las frecuentes declaraciones de expectables figuras del poder no han definido aún con claridad prístina la naturaleza del mismo. Aún así, y con las reservas que institucionalmente pueden formularse, opino que básicamente y sin perjuicio de otras soluciones, el gobierno debe volver a la normalidad institucional en un plazo perentorio.
Reimundes: Formular las bases de una gran política innovadora, fundada en el bien e interés de la Nación, en su propio espíritu y en su fin común, determinado por sus hombres, su suelo, su historia, su cultura, con exclusión de injerencias extrañas. Ello lleva implícita la afirmación de su independencia espiritual, política y económica frente a todo imperialismo, a la vez que la más franca y leal colaboración con las naciones extranjeras que estén dispuestas a respetar la mutua independencia nacional.
Revista Siete Días Ilustrados
07.05.1968

Ir Arriba

 

Militares
Imagen reiterada para los argentinos: tanques sobre la Casa Rosada
Reimundes - Ávalos
Reimundes - Ávalos
Onganía
Golpe de Onganía
General Caro
General Caro
Juan Domingo Perón
Juan Domingo Perón
Farrell
Farrell