A partir de 1930, roto el equilibrio político en el país,
las FFAA empiezan a intervenir para mantener la estabilidad.
A 38 años ¿qué se ha logrado?
El cadáver que yacía en
la esquina de Perú y Avenida de Mayo pertenecía al
estudiante Juvencio Aguilar. Había caído cuando la policía
montada cargó contra la densa columna de manifestantes,
encabezada por el decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Al día siguiente, un aluvión de
telegramas de salutación inundó el despacho del decano.
Quien los recibió se llamaba Alfredo L. Palacios. Pero la
inmolación del joven Aguilar selló ante la opinión pública
la suerte del gobierno presidido por el caudillo radical
Hipólito Yrigoyen. No sólo eso. Cuando aún no habían
trascurrido 48 horas desde la tumultuosa manifestación
callejera, el teniente general José F. Uriburu, al frente de
un grupo de cadetes del Colegio Militar, se adueñó del
poder, inaugurando en la Argentina un capítulo que todavía
sigue abierto: la sucesión de gobiernos militares por
ruptura del orden constitucional. Había amanecido el 6 de
setiembre de 1930. En la noche de ese mismo día, desde un
balcón de la Casa Rosada, el jefe del movimiento militar
arengó brevemente a los ciudadanos apiñados en la Plaza de
Mayo: "Pueblo de mi patria —pronunció el general Uriburu—,
el Ejército ha cumplido su deber. Y al decir que el Ejército
ha cumplido su deber, quiero decir que ya dio casi término a
su obra". En realidad, allí empezaba. Porque una obra
parecida es la que debieron acometer las Fuerzas Armadas en
una seguidilla de fechas cada vez menos distantes entre sí:
4 de junio de 1943, 16 de setiembre de 1955, 29 de marzo de
1962 y 28 de junio de 1966. A partir de 1930 se
desarticula el equilibrio político arduamente logrado tras
la promulgación de la Ley Sáenz Peña, y las FFAA entran a
intervenir con un motivo que permanece invariable en esas
cuatro oportunidades: mantener la estabilidad institucional.
Lo paradójico es que, durante esos 36 años, tan sólo dos
gobiernos logran completar el período previsto por la
Constitución: los que presidieron Agustín P. Justo (1932-38)
y Juan D. Perón (1946-52). Con el agregado de que, en ambos
casos, se trata de hombres surgidos de las filas del
Ejército y de convocaciones electorales gestadas como
epílogo de amotinamientos exitosos (1930 y 1943,
respectivamente). Las FFAA quedan vinculadas entonces, no
sólo con la política, sino también, y primordialmente, con
el ejercicio directo del poder. O con una faceta intermedia,
que se vuelve sistemática a partir de 1958, con la
presidencia de Arturo Frondizi: el contralor del poder
civil. ¿Logran las FFAA su declarado objetivo de
"estabilización"? Estadísticamente, no. Pero, ¿quiénes son
los responsables de esa fragilidad institucional? ¿El
Ejército o los partidos políticos? Aquí las respuestas se
bifurcan, aunque prácticamente nadie deja de aceptar como un
hecho irreversible de la realidad contemporánea, la
irrupción de los militares en las diferentes políticas del
Estado. Es que solamente en Latinoamérica los últimos 150
años alumbraron más de 300 revoluciones militares. Cuando en
agosto del año pasado el tema fue objeto de una sonada
polémica, recogida por un semanario de Buenos Aires, quedó
demostrado que las opiniones acerca de la bondad o el
deterioro provocado por el intervencionismo militar en la
Argentina, divergen en el propio seno de los hombres de
armas. Mientras el general (RE) Benjamín Rattenbach sostuvo
que "fuera de muy contados casos, ellas (las FFAA) han
retardado más bien el progreso de la Nación y han
demostrado, visiblemente, que no son el medio más apropiado
para subsanar nuestra deficiente política"; el coronel (RE)
Manuel Reimundes, respondió: "En Latinoamérica, las (FFAA
siempre han tenido intervención en los asuntos políticos y
han gravitado de una manera notable en las decisiones
políticas principales. Es que las FFAA latinoamericanas han
sido siempre deliberativas, a pesar de los recaudos
constitucionales para corregir esa anormalidad e
irregularidad. La tendencia de las FFAA para intervenir en
política ha sido permanente". Sin embargo, al .indagar
las causas de este fenómeno, que signa casi cuatro décadas
de historia argentina, SIETE DIAS comprobó que el
diagnóstico de la mayoría de los altos oficiales que
revistan en situación de retiro, es unánime: "La
intervención militar se produce por el vacío de poder que
genera la ineptitud de los políticos para gobernar el país.
En tales circunstancias, dicho vacío es llenado siempre por
las FFAA por una razón muy sencilla: son los únicas que
tienen la fuerza". Dadas las circunstancias, las FFAA
hicieron las veces de único partido con gravitación de poder
real en la Argentina. Las reuniones de generales o los
discursos de los jefes militares pesan mucho más en la
opinión pública que las convenciones partidarias. Y algo
más: las decisiones políticas ya no se discuten en los
comités (mucho antes de su última clausura), sino en la
Escuela Superior de Guerra y en los altos organismos
militares.
Semejanzas y diferenciaciones El chiste
de que para los cadetes del Colegio Militar el grado
inmediatamente superior al de general es el de presidente de
la República —inventado a fines de 1930— corre parejo con un
sarcasmo: "Lo que hacen los militares es eliminar al grupo
de políticos que no les gusta, para poner en el gobierno a
otros políticos, pero de su preferencia". Ello implica, en
rigor, una inversión de la realidad. Porque casi siempre
fueron los políticos quienes reclamaron la intervención de
los militares. De ahí que tras el episodio del 6 de
setiembre de 1930 se alinearan los conservadores, el
radicalismo antipersonalista —capitaneado por el ex
presidente Marcelo T. de Alvear— y el socialismo
independiente, personificado por Antonio de Tomaso. Así como
en el 30 el conservador Matías Sánchez Sorondo fue nombrado
ministro del Interior, el episodio de 1943 eleva a la misma
cartera al radical Hortensio Quijano. Otro tanto ocurre en
1955 con destacadas figuras de casi todos los partidos
políticos. Que las alteraciones institucionales no
obedecen ni a una supuesta "vocación de poder" de las FFAA
ni a esquemáticos enfrentamientos entre civiles y militares,
es lo que se desprende claramente del más superficial
balance de los últimos 38 años. Hay un dato que parece
incontrovertible: la frustración nacional. Vale decir, el
desencuentro entre las instituciones formales y la realidad
político-social. Pero resulta igualmente cierto que, en
términos generales, ningún interregno militar resolvió los
problemas que le dieron origen. Al asumir el poder, todos
los gobiernos militares procedieron con una mecánica
parecida: disolución del Congreso y lanzamiento de una
proclama. El párrafo principal que dio a conocer Uriburu el
7 de setiembre de 1930, hoy parece un molde: "Por el
restablecimiento de las instituciones, por el imperio de la
Constitución y por la concordia y la unión de todos los
argentinos". El de 1943, encabezado por el comandante de
Campo de Mayo, general Arturo Rawson, y el ministro de
Guerra, general Pedro Pablo Ramírez, aporta la novedad de la
disolución de los partidos políticos, por "falta de
representatividad". Salvo los de 1955 y 1962, los
levantamientos militares cuestionaron explícitamente el
sistema tradicional de la democracia representativa. De
alguna manera, ello importaba un acercamiento a las causas
de fondo: el ya mencionado disloque entre las instituciones
previstas por la Constitución y la realidad del país. Pero a
riesgo de la democracia misma. Cuando en la tarde del
sábado 19 de febrero de 1932, Uriburu dirige su último
mensaje al país —al día siguiente asumiría el gobierno la
Fórmula de la Concordancia compuesta por Agustín P. Justo y
Julio A. Roca (h.)— quedan echados los pilares de una
disputa que sigue envolviendo a la República: " nadie sabe
si somos partidarios de un sistema democrático o propiciamos
otro que lo sustituya. Preferimos hablar de principios
republicanos y no de principios democráticas, por que la
Democracia, con mayúscula, ya no tiene entre nosotros ningún
significado a fuerza de haberla usado para lo que convenía a
ciertos políticos interesados. La agremiación corporativa no
es un descubrimiento del fascismo, sino la adaptación
moderna de un sistema cuyos resultados, durante una larga
época de la historia, justifica su resurgimiento". Algo
parecido es lo que postulan, 11 años más tarde, los
oficiales del GOU (Grupo de Obra de Unificación), que
constituyen la verdadera plana directiva del golpe de estado
de 1943 y el cenáculo que promueve a su "destino histórico"
a un activo coronel: Juan D. Perón. Pero esta intervención
militar, que derroca al gobierno presidido por el Dr. Ramón
S. Castillo, pone término a una ficción: la absoluta
prescindencia política de las FFAA en el período 1932-43 no
había sido otra cosa que un compás de espera —de discutible
neutralidad— precisamente cuando la democracia funcionaba
con mecanismos que eran su más flagrante violación. Se había
concluido con el "fraude patriótico". A partir de allí,
un rosario de conspiraciones culminó con la frustrada
intentona del 28 de setiembre de 1951, encabezada por el
general Benjamín Menéndez. Del seno de ese movimiento surge
un grupo de coroneles y oficiales menores del arma de
caballería, entre los que sobresalen Alejandro Lanusse,
Gustavo Martínez Zuviría y Julio R. Alsogaray, que termina
en un confinamiento de tres años en la cárcel de Río
Gallegos. Aparentemente, dicha reclusión sirve para elaborar
una estrategia de largo alcance. Así, el primer triunfo de
ese grupo decisivo sobreviene en setiembre de 1955 con la
caída de Perón. El segundo se produce en otro setiembre, el
de 1962, cuando los "azules" derrotan a los "colorados", una
denominación circunstancial que hoy no tiene vigencia. En
esta última peripecia, que enfrenta a sectores del Ejército
que pocos meses antes —en marzo de 1962— habían coincidido
unánimemente en el derrocamiento de Arturo Frondizi, se
entrecruzan dos tendencias más perdurables: liberales y
nacionalistas. El primer enfrentamiento explícito entre
ambas había culminado en una transición pacífica. Fue el 13
de noviembre de 1955, cuando Pedro E. Aramburu sustituyó a
Eduardo Lonardi en la Casa Rosada.
Los tramos
actuales Con todo, el lonardismo permanece en el Ejército
a través de un frente interno que funda el coronel Manuel
Reimundes y que se denomina El Dragón Verde. El sector más
antiperonista, por su parte, que presionó sobre Aramburu
para que prolongara su gobierno por tiempo indefinido y no
entregara el poder en 1958, se aglutinó en la logia El
Martillo y el Pistón, encabezada por el general Pío
Martijena. En ella militaron también los generales Carlos
Severo Toranzo Montero y Raúl Poggi, artífices de la
defenestración de Frondizi el 29 de marzo de 1962. Pero
en el proceso posterior, se perfila una alternativa
modernista que logra aglutinar a gran parte de los
integrantes de las otras dos. Es la que encabeza el general
Juan Carlos Onganía. Seguramente por eso, la instancia
abierta el 28 de junio de 1966 tiene una cualidad
sustancialmente distinta a las anteriores. Las FFAA se
proponen consumar una revolución de largo alcance y no un
mero interregno que abra paso a una nueva convocación
electoral. De alguna manera parece cerrarse la constante
democracia condicionada-gobierno militar. Una especie de
círculo vicioso puesto a funcionar el 6 de setiembre de
1930. No obstante, en esto también hay discrepancias y
son las mismas de siempre. Sobre un fondo de coincidencias,
acerca de la falta de idoneidad de los partidos políticos,
las desinteligencias vuelven a polarizarse entre quienes
sostienen que "a esta altura, las únicas que pueden conducir
un proceso de trasformación para sacar al país de sus crisis
cíclicas, son las FFAA", y quienes postulan que éstas sólo
deben servir para organizar el retorno, a corto plazo, al
régimen constitucional y a las instituciones tradicionales.
En los círculos allegados al teniente general Aramburu, por
ejemplo, se sostiene que la representatividad de las FFAA
alcanza, a lo sumo, a 4 mil oficiales; por eso la democracia
se materializa únicamente a través de los partidos
políticos". Coincidentes con la tesitura de que "todavía no
están dadas las condiciones para una inmediata convocatoria
electoral", en dichos círculos se afirma que debe abrirse
paso a un gobierno provisional, "apoyado por un movimiento
cívico-militar para hacer algo grande: organizar la vuelta a
la plena vigencia de la democracia y al orden
constitucional. Las pequeñas conspiraciones y el ejercicio
del poder a largo plazo, terminan por desgastar gravemente a
las FFAA". Al mismo tiempo, la crítica fundamental que los
acólitos de Aramburu descargan sobre el actual gobierno es
que "carece de una idea política". Curiosamente, desde
una vertiente opuesta —aunque coincidente en la oposición al
actual gobierno— la encabezada por el general Carlos A. Caro
brota una crítica casi idéntica: "La revolución del 28 de
junio se encamina al fracaso a raíz de su heterogeneidad
ideológica", afirma. Su postulación también se asienta en
la necesidad de "un movimiento cívico-militar", cuya
encarnación —a diferencia del sector aramburista— empezó a
materializarse con el Movimiento de la Revolución Nacional
(MRN). El Mensaje y Programa que se lanzará públicamente en
los próximos días, cuando el general Caro pueda abandonar el
Hospital Militar donde se halla internado a raíz de una
intervención quirúrgica, resumirá una convocación a la que
ya empezó por responder de antemano la CGT "opositora". Lo
llamativo es que las "usinas" de Aramburu hayan hecho
trascender, en la última semana, que "no hay discrepancias
con la doctrina peronista; el problema consiste en erradicar
la influencia personal de Perón". A todo esto, mientras
se conocía el arresto impuesto al coronel Ramón E. Molina
—por recorrer guarniciones del interior para concitar apoyos
al binomio Caro-Sánchez Sorondo—, y se informaba que el
coronel Carlos A. Carabba era pasado definitivamente a
retiro —por sus vinculaciones "non sanctas" con el general
Videla Balaguer y el brigadier Cayo Alsina—, empezaba a
circular un trascendido mucho más importante. Era el que
daba cuenta de que el discurso pronunciado por el ministro
Guillermo Borda, el pasado miércoles 24 ante la prensa
extranjera, había causado "muy mala impresión en el
ejército, por no corresponder sus conceptos a la letra y,
especialmente, al espíritu del Acta de la Revolución
Argentina". Paralelamente, desde las esferas allegadas al
comando en jefe del ejército, se abría este interrogante:
"¿El presidente de la Nación conocía de antemano los
conceptos del controvertido discurso pronunciado por el
doctor Borda?" El sorpresivo arribo del embajador argentino
en Washington, Álvaro Alsogaray, producido en el mediodía
del jueves 2, mientras la cancillería comunicaba
oficialmente que "no había sido llamado", parecía confirmar
tal aserto. Pero independientemente de todo ello, y de
los renovados cabildeos de los políticos —ahora en plena
expectativa—, nadie duda que son las FFAA quienes controlan
el proceso. De ellas depende, en definitiva, que el antiguo
litigio entre liberales y nacionalistas se resuelva o se
sintetice. En el trance actual, ello puede significar la
homogeinización del gabinete con uno u otro signo, a través
del desplazamiento de algunas figuras claves, o la apertura
de un nuevo enfrentamiento. En ambos casos, como viene
ocurriendo desde hace 38 años, son las FFAA quienes siguen
decidiendo el curso del poder en la Argentina.
SOCIOLOGIA LOS GOBIERNOS MILITARES La interpretación
sociológica del tema Los militares y el poder resulta
imprescindible para brindar un enfoque global del fenómeno.
Es lo que intenta el sociólogo Jorge Alonso, especialista en
psicología social e historia social, quien se desempeñó,
además, al frente de la Secretaría Técnica del Instituto de
Sociología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, bajo
la dirección del profesor Gino Germani. Estas son sus
consideraciones: Las fuerzas armadas han sido, desde hace
siglos y en todas partes del mundo, factores de poder. En
los últimos tiempos, mediante el afianzamiento de las
ideologías liberales y democráticas, originadas en el
ascenso de la burguesía a las escenas sociales y económicas,
las fuerzas armadas fueron perdiendo participación como
factores de poder (así se llama a todo elemento social que
posibilita el acceso al poder político total o
parcialmente), y comenzaron a quedar relegadas a grupos de
presión (es decir, aquellos grupos que poseen cierta fuerza
para obtener decisiones favorables del poder político).
El proceso político argentino, desde 1930, responde a dos
vertientes: una nacional y otra internacional. Esta última
ha sido la rápida transición social sufrida con la evolución
de la técnica y del poder económico de unos pocos centros
internacionales. Tal el caso de las dos guerras mundiales,
los regímenes autoritarios que las suscitaron y los
Intereses económicos internacionales que las fomentaron.
Continúa, además, con las guerras regionales actuales. En
el orden nacional, la Argentina, que se alza como uno de los
países latinoamericanos más desarrollados y urbanizados por
el proceso de inmigración masiva, ocurrido a fines del siglo
pasado (que no tiene paralelo en el resto del continente),
es, por esa misma causa, un país que pasa por una transición
más rápida en el orden social y económico. Esa transición
se caracteriza por un alto crecimiento urbano, industrial, y
por la participación de sectores populares y medios en la
vida productiva del país. La rapidez del proceso ha traído
aparejada una acentuada inestabilidad institucional (sin que
sea ésta un efecto inevitable de aquélla). Dentro de esta
inestabilidad institucional. las fuerzas armadas han sido la
institución menos afectada. Pero sus miembros pertenecen
obligadamente a otros sectores sociales, cuyas demandas e
inestabilidad repercuten en ellos y en la racionalización
con que explican y definen a la institución armada como
cuerpo que posee los elementos terapéuticos para remediar la
situación. La ideología más vulgar con que se racionaliza
la intervención militar en el poder político, es una
ampliación del concepto de "defensa nacional": ya no es
simplemente la defensa contra elementos externos, que
atenten contra la integridad política y territorial del
país, sino contra cualquier otro elemento material o
inmaterial que aparezca debilitando institucionalmente al
país, es decir "atentando contra la integridad de su
estructura". Esta errónea hipertrofia de las funciones de
la institución armada la hace volver de su rol moderno de
grupo de presión, al viejo factor de poder. No sólo por los
argumentos que han impulsado su acción, sino —simplemente—
porque poseen los instrumentos de fuerza para obtener el
poder con buen éxito. Que se considere errónea la
hipertrofia mencionada, es conclusión lógica del hecho de
que, en 38 años, la institución armada no ha resultado más
eficaz que las otras para resolver los problemas
institucionales que la transición social del país viene
provocando. Esta ineficacia se debe a que los dirigentes
de las fuerzas armadas son también parte de la realidad
social, responden a los requerimientos de los otros sectores
sociales a los cuales pertenecen y, por ende, sufren las
mismas limitaciones mentales e ideológicas de dichos
sectores, pues fatalmente terminan respondiendo a los
intereses y expectativas de los mismos, lo que no implica
necesariamente una representatividad de los intereses
generales de la comunidad.
OPINIONES LA
RESPONSABILIDAD DEL EJERCITO En su expresión más
esquemática, dos grandes núcleos —el tradicionalista, el
modernista— cohabitan en la alta esfera de las Fuerzas
Armadas. Dos militares retirados, de relevante actuación en
la historia reciente de las instituciones argentinas (y
ahora representantes informales de una y otra tendencia)
responden a un cuestionario de SIETE DIAS, encaminado a
dilucidar un enigma básico: ¿qué deben hacer las FFAA con el
poder? Interrogante que admite esta equivalencia: ¿qué deben
hacer con el país? Responden el general (R. E.) Ignacio
Avalos, oficial del Estado Mayor, que se desempeñó como
titular de la secretaría de Guerra desde octubre de 1963
hasta octubre de 1965, durante la gestión del doctor Illia,
con quien sigue estrechamente vinculado; y el coronel (R.
E.) Manuel Reimundes, también oficial de Estado Mayor, quien
actuó como interventor de la CGT luego de la Revolución
Libertadora y cubrió, con posterioridad (1958-59), la
subsecretaría de Guerra. SIETE DIAS: ¿Cómo calificaría
usted al actual proceso argentino? Ignacio Avalos: No me
considero en condiciones de calificarlo porque carezco de la
información necesaria para responder con la seriedad que el
tema requiere. De todas maneras, de mis respuestas
posteriores se desprende claramente qué es lo que pienso de
la actualidad nacional. Manuel Reimundes: En este caso,
el término proceso ha de ser considerado en su concepción
actual. Es decir, un concepto dinámico que abarca la idea de
crecimiento, desarrollo o trasformación. En este orden de
ideas, califico al actual proceso argentino como un período
de transición hacia una trasformación esencial que
posibilite el "poder innovar y armonizar individuo y
sociedad en un nuevo orden dinámico". SIETE DIAS: ¿La
revolución del 28 de junio de 1966 satisface las
expectativas que llevaron a las FFAA a quebrar la
continuidad constitucional? Avalos: No creo que
determinadas expectativas, por sí solas, puedan llevar a los
miembros de las FFAA a realizar un acto de la naturaleza del
ocurrido el 28 de junio. Si así fuera, las formas de
expresión de la voluntad y de afirmación de la personalidad
del Estado democrático estarían a merced de los deseos de un
solo sector de la sociedad, lo que es inadmisible y extraño
al espíritu de las fuerzas militares. Reimundes: No,
hasta este momento. No obstante, considero plenamente
justificada —desde el punto de vista histórico— la decisión
de las FFAA del 28 de junio de 1966. La revolución es, por
otra parte, un hecho irreversible y ha de consumarse porque
así lo reclama imperiosamente nuestro destino como nación.
Evidentemente, hasta ahora ha faltado en considerable medida
previsión política; ésta exige un alto grado de autonomía
intelectual. Tengo el firme convencimiento de que no se está
haciendo, ni lejanamente, lo que la Nación es capaz de hacer
y de obtener. Por ello creo que el disentimiento es una
forma superior de patriotismo. SIETE DIAS: ¿Puede
considerarse actualmente, a las FFAA como ejecutoras
directas de una política nacional. Avalos: El gobierno ha
expresado insistentemente que no es un gobierno militar sino
civil. El comandante en jefe del Ejército ha declarado
públicamente que el Ejército no gobierna ni cogobierna.
Ateniéndome a lo que interpreto como expectativas de las
FFAA, deduzco que ellas no son ejecutoras directas de la
actual política nacional. Reimundes: Las FFAA como
mandantes han designado un mandatario. Ellas asumieron ante
la Nación la más alta y grave responsabilidad histórica. Si
bien no son ellas ejecutoras directas de la revolución, les
corresponde una gran responsabilidad: vigilar la marcha del
proceso revolucionario. SIETE DIAS: ¿Constituye el
Ejército la fuerza más idónea para conducir un proceso de
trasformación en el país? Avalos: Ninguna de las FFAA
pretende ser idónea para conducir un proceso de tal
naturaleza. Más aún, un proceso de trasformación nacional no
es tarea de un solo sector de la sociedad. Las FFAA poseen
una significativa capacidad para colaborar en tal proceso,
pero sin descuidar su misión específica, ya que la mejor
defensa nacional consiste en el desarrollo del país.
Reimundes: Dadas las particulares circunstancias y
contingencias nacionales existe una real imposibilidad de
que, por el camino del mecanismo electoral, se logre una
solución política que permita generar condiciones adecuadas
para la solución de diversos problemas coyunturales, sin lo
cual no pueden establecerse las bases mínimas indispensables
para la realización de profundas innovaciones. Por esta
razón, las FFAA constituyen hoy —a mi entender— el medio
idóneo e indispensable para dar principio de ejecución al
prometido proceso tras-formador. SIETE DIAS: ¿Le parece
adecuado el actual interregno dispuesto para los partidos
políticos? Avalos: Sin partidos políticos no existe el
diálogo; falta el eslabón de unión entre la población;
ningún grupo social se siente libremente representado; la
clarificación y sistematización de las ideas es imposible;
la voluntad popular nunca llega a cristalizarse; las
políticas que se formulan no son democráticamente valederas.
Los procesos sociales generan los partidos políticos y se
manifiestan independientemente de los hombres que actúan en
el quehacer político. De ahí que crear o suprimir partidos
políticos por decreto, no es más que una vana pretensión. De
todas las formas del estado constitucional, el partido
político es la más estable. Tratar de prescindir de ellos o
someterlos a un largo interregno, dará origen a tres
hábitos: indiferencia política, inexperiencia política y
conspiración. Reimundes: Sí, por las razones apuntadas
precedentemente. SIETE DIAS: ¿Pueden hacer política los
militares? Avalos: Las FF.AA. constituyen un poder
técnico necesario, que recibe del Estado su legitimidad y
sus objetivos. La Constitución del 53 establece las misiones
de las fuerzas militares en su artículo 21: "Todo ciudadano
argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y
de esta Constitución" ... Ello impone una política en el
sentido de la actividad que deben realizar las FFAA.
Entiendo que los militares no pueden hacer otra clase de
política, y esto es norma de la Institución. Reimundes:
Los militares en servicio activo, no. Los que están en
situación de retiro, sí. Ahora bien, a mi juicio, las FFAA
deben estar convenientemente instruidas sobre los
presupuestos fundamentales de una política nacional. No
existen, en general, FFAA asépticas en política. Cuando
excepcionalmente ello ocurre, las FFAA en lugar de
constituir una institución fundamental, sostén y última
defensa de la Nación, se convierten en
institución-instrumento, expuestas, por su inocencia
política, a servir para destruir aquello que deben defender
y custodiar. SIETE DIAS: ¿Se ha producido o debe
producirse un reencuentro entre los argentinos? Avalos:
Pienso que actualmente, después de tan amargas experiencias,
la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo en que
debemos dejar de preocuparnos por los males pasados y
comenzar a ver cómo remediarlos. Sólo una minoría muy
pequeña está interesada en que el desencuentro se produzca
realmente. Si, como pienso, han sido desnaturalizados los
símbolos que nos son comunes, hay que institucionalizarlos
de una vez y para siempre. Valga para ello, leer "setenta
veces siete" el Preámbulo de la Constitución. Reimundes:
Debe producirse un reencuentro entre los argentinos. Si esta
condición no se cumple, no será posible la realización de
las grandes soluciones nacionales. No hay empresa política
posible sin la concurrencia de los sectores sociales
auténticos. SIETE DIAS: ¿Qué debe hacerse para que ello
ocurra? Avalos: Para poder responder, el país todo
debiera estar informado de la naturaleza del gobierno. Las
frecuentes declaraciones de expectables figuras del poder no
han definido aún con claridad prístina la naturaleza del
mismo. Aún así, y con las reservas que institucionalmente
pueden formularse, opino que básicamente y sin perjuicio de
otras soluciones, el gobierno debe volver a la normalidad
institucional en un plazo perentorio. Reimundes: Formular
las bases de una gran política innovadora, fundada en el
bien e interés de la Nación, en su propio espíritu y en su
fin común, determinado por sus hombres, su suelo, su
historia, su cultura, con exclusión de injerencias extrañas.
Ello lleva implícita la afirmación de su independencia
espiritual, política y económica frente a todo imperialismo,
a la vez que la más franca y leal colaboración con las
naciones extranjeras que estén dispuestas a respetar la
mutua independencia nacional. Revista Siete Días
Ilustrados 07.05.1968
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