Conclusión: don Arturo siempre supo adónde iba

En apenas tres días de esta semana, el mundo se abrió en dos ante la mirada atenta de muchos sagaces observadores de la realidad argentina, quienes se enfrentaron entonces a un auténtico vacio. Mucho más allá de lo que jamás hubieran sospechado, el increíble don Arturo de los diálogos entre radicales había impuesto totalmente su estrategia. No sólo no se enviarán tropas a Santo Domingo; no sólo no se enviará un proyecto sobre el tema al Congreso, que, si bien sería rechazado, hubiera servido al menos para guardar las formas; no sólo el canciller no informaría al país sobre los acontecimientos que lo han tenido en vilo durante las últimas cuatro semanas; no sólo, finalmente, el gobierno no se siente necesitado de contar con una política exterior, sino que, simultáneamente, y apenas con un huraño encogimiento de hombros, dejó a un lado todo el problema —incluidas las tropas argentinas preparadas para salir, con instrucciones y comandantes designados—, y decidió iniciar una nueva etapa en la vida nacional, con una apertura al debate económico iniciado con el discurso de su ministro de Economía, anunciado sorpresivamente en momentos de entrar en máquina esta edición.
Los radicales suelen contestar a más de una pregunta de sus amigos con una frase característica; "Don Arturo sabe lo que hace". Y más de un observador neutral tenía la sensación, esta semana, de que efectivamente la teología radical respondía a la más estricta realidad.
Pero el asombro llegó a límites increíbles en el seno de las Fuerzas
Armadas. El memorándum del general Avalos al ministro de Defensa solicitando una reunión del gabinete de Seguridad con el Presidente de la República, quedó sin respuesta formal. Una simple afirmativa verbal sirvió, más que para concretar la iniciativa, para que el secretario de Guerra conociera solamente la opinión favorable del ministro de Defensa y del canciller, pero no la del comandante supremo de las tres armas. En definitiva, ya a mediados de esta semana las Fuerzas Armadas habían decidido prácticamente no mantener ninguna nueva conversación con el gobierno sobre el tema de Santo Domingo. Estimando que al menos se ponía un punto final a un tema que había servido más que nada como ejercicio de la estrategia presidencial, las Fuerzas Armadas esperaban que alguien más guardara las formas, y algunos de sus oficiales más optimistas anunciaban la inminente, y estridente, renuncia del canciller Zavala Ortiz.
No hubo mucho tiempo para descansar y enfocar las cosas desde una nueva perspectiva. Las Fuerzas Armadas afrontaban sorpresivamente una ofensiva más del gobierno: en el ministerio del Interior se estudiaba un proyecto para introducir ciertas reformas en la ley de ministerios, en el sector que corresponde a Fuerzas Armadas. Los asesores del ministro Suárez habrían aconsejado reemplazar las secretarías de Guerra, Marina y Aeronáutica por subsecretarías dependientes directamente del ministro de Defensa. Las subsecretarías serían ejercidas por civiles, y las actuales atribuciones de los secretarios militares pasarían a ser ejercidas por los comandantes en jefe de cada arma.
Cuando el gobierno actual consideró la ley de defensa nacional, los secretarios militares propusieron modificar algunos aspectos de la misma, especialmente su relación con el gobierno civil. El mismo ministerio de Defensa rechazó de plano toda innovación, que curiosamente encuentra ahora viabilidad, bajo diferente forma, por vía del ministerio del Interior.
Si ante la afirmación del ministro de Defensa y del canciller, formulada hace un par de semanas, de un inminente envío de tropas, los estados mayores de las tres armas, especialmente de Ejército, se abocaron a un detallado estudio del problema, con gran inversión de hombres, recursos y energías —todo en vano—, en esta semana comenzaron a actuar afiebradamente todos los asesores políticos de las tres secretarías militares para poder desentrañar los objetivos de la reforma a que aspira el ministro Palmero y, por lo tanto, el presidente Illia.
Totalmente deterioradas las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas parecía al menos que sus problemas Quedaban circunscriptos. Sin embargo, inesperadamente el bloque justicialista de diputados anunciaba la remisión al Congreso de un proyecto de ley de amnistía. Muy rápido, las informaciones que llegaban a las secretarías militares indicaban que el proyecto tenía serias posibilidades de convertirse en ley con el apoyo de diversos partidos.
Descubrían así las Fuerzas Armadas, en medio de una semana que había mantenido su nerviosismo sin decaer, que todos los problemas ya resueltos o bien ya superados desde la revolución de 1890 hasta el 12 de octubre de 1963, volvían a plantearse; que si no se revisaban, al menos el debate abriría viejas heridas; que si bien era poco probable que la ley pudiera determinar el regreso o la amnistía de Juan Perón, serviría, por lo pronto, para demostrar una vez más a los argentinos no sólo que los políticos no olvidan el pasado sino que tratan de volverlo a vivir, siempre en busca de otras glorias.
Los tres temas absorbían por igual los primeros días de la semana a las Fuerzas Armadas; por su parte, el partido oficial estaba embebido en sus luchas internas; la oposición estudiaba detenidamente los infinitos rumores de golpes y revoluciones que asolaban los hilos telefónicos y que llevaron a dos radios de la Patagonia —un poco más desconectadas de los informados factores de poder de Buenos Aires— a anunciar el movimiento de tropas; y el gobierno se preparaba para explicar al país las contradictorias versiones que llegaban desde París sobre la refinanciación de la deuda argentina.
El país volvía así paulatinamente a las mismas características políticas que tuvo antes de la crisis de Santo Domingo: pocos días más, y el Parlamento atraería también la atención de la opinión pública con sus debates. Sin embargo, todos presentían en los medios informados que algo nuevo había ocurrido. Que un elemento nuevo se había introducido en la vida nacional, y que estaría presente en el desarrollo futuro de los acontecimientos: las Fuerzas Armadas desconfiarían de toda iniciativa que surgiera del seno del Poder Ejecutivo. Ningún ministro, ningún emisario —ni siquiera del volumen de José Luis Cantilo— serviría para que renaciera la confianza entre las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, perdida en las últimas semanas. Ni la habilidad y el prestigio del general Avalos podrán lograrlo; ni el rígido legalismo del general Onganía; ni la prescindencia de la Marina; ni siquiera la posible solución de los problemas de equipamiento de la Aeronáutica. Algo había concluido en el país, y evidentemente habrá que acostumbrarse a esta nueva modalidad que poco a poco irá penetrando toda la vida nacional.
Algunos azorados radicales del Pueblo suponían a principios de semana que realmente todo se venía abajo; experimentaron de pronto la misma sensación que alentó en tantas noches y días de la presidencia Frondizi: los teléfonos de las redacciones sonaban del mismo modo; los pasillos del Congreso y de los ministerios reflejaban la misma nerviosidad; los medios empresarios se movían intranquilos. Esa neurosis que Illia, al comienzo de su gobierno, prometió erradicar de la gran Capital, volvía ahora con un ímpetu renovado. En medio de este clima comienza ahora el debate de la situación económica y el debate sobre las medidas que deberán adoptarse contra la inflación: medidas que en muy pocos casos han llevado al triunfo electoral de ningún partido político. Y las elecciones están muy cerca.

Amnistía: El perdón como forma de la acción psicológica

Para Paulino Niembro, presidente del bloque parlamentario justicialista, el 31 de mayo se inició la acción psicológica más interesante del peronismo en muchos meses. Ese día, la secretaría del sector difundió un proyecto de ley de "reencuentro nacional" que solicita, entre otras cosas, una amplia amnistía (desde Juan Perón hasta los colorados); el cese de las expatriaciones; el cierre de las investigaciones por causas políticas y conexas, y la prescripción de sus efectos; la devolución del grado, en situación de retiro, a militares dados de baja, y el correspondiente ascenso en los casos pertinentes; la solución de problemas económicos a oficiales separados de las Fuerzas Armadas (o a sus familias).
El peronismo confía ahora en obtener un número suficiente de adhesiones ("no peronistas, se entiende; si no, no valen", dicen los diputados) para darle sentido de reclamo popular al proyecto. Niembro descuenta la adhesión del MID y de la democracia progresista (antes de presentar el proyecto fueron especialmente consultados Arturo Frondizi y Horacio Thedy), y considera que el proyecto será forzosamente apoyado también por la UCRI alendista, los democristianos y los socialistas argentinos. En total, 95 diputados sobre un total de 192: con 97 legisladores se forma quorum.
Para los justicialistas, no solamente es inconveniente políticamente centrar el debate en el regreso de Perón, sino, además, inexacto. En realidad —explica Paulino Niembro— el artículo 3º (regreso de los expatriados) no modifica la situación real: "¿O acaso usted se cree que Perón no puede volver por razones legales? Se podía dudar hasta que intentó regresar sometiéndose a la consideración de los jueces como reclamaba Illia, diciendo que todo era problema de Perón; pero cuando por vía diplomática se evitó que el ex presidente llegara, quedó claro que el destierro, no previsto en las leyes argentinas, era una situación de hecho, derivable del predominio ocasional de una fuerza sobre otras. Por lo demás, cerrada la última etapa del juicio Nelly Rivas. Perón no tendrá otros problemas con la justicia".
Los peronistas tratan de comprometer a los otros bloques, obligándolos a definirse en favor o en contra de una "amnistía generosa, que incluye a los más acérrimos antiperonistas". Piensan que, efectivamente, el proyecto rebotará casi con seguridad "pasando a comisión o estancándose en el senado". "Pero así quedará en descubierto que, frente a la opinión de una mayoría —los peronistas, los frondizistas, los democristianos, los alendistas, los socialistas argentinos—, existen pequeños grupos con fuerza para presionar antidemocráticamente."
Para el peronismo, el resultado sería satisfactorio si se consiguiera la anulación de los fallos del Tribunal de Honor militar contra Perón y la restitución de su grado militar al ex presidente. "Con ese gesto —dice Niembro— el Ejército se colocaría, realmente, por encima de las facciones."
En el fondo, reconoce el peronismo, por ahora se trata de seguir promoviendo básicamente una política de coincidencias "entre los que votaron contra Zavala Ortiz, por ejemplo: aquí hay un frente opositor de hecho". Tendiendo la mano a los colorados, además, el justicialismo piensa demostrar quiénes son los que quieren "seguir actuando en función de los enfrentamientos de 1945 o de 1955: nosotros no somos nostálgicos; hacemos borrón y cuenta nueva".

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