Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

 


LEOPOLDO SUAREZ
"EL PRINCIPAL"
Revista Extra
julio 1967

FUE LA FIGURA Nº 1 DE LA UCRP EN EL GOBIERNO. FUE MUCHO MAS QUE MINISTRO DE DEFENSA. LE SUGIRIO A ARTURO ILLIA: "TRATEMOS DE NO PROVOCAR A ONGANIA ...". HOY, ROMPE EL SILENCIO, A UN ANO DE LA CAIDA. DICE COSAS...

MENDOZA (Enviado Especial).— Su hijo se acaba de casar. Leopoldo Suárez tardó 3 días en decidir si aceptaba o no el reportaje de EXTRA. Dijo sí; aquí está:

-A un año de distancia, ¿cómo concretaría un juicio sobre la revolución del 28 de junio de 1967?
-Los pueblos tienen derecho a la revolución. Nuestra propia constitución lo reconoce. Pero se exigen determinadas condiciones. Lo que se consagra es el derecho de resistencia a la opresión. La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, coloca el derecho de resistir la opresión, junto a los derechos de libertad, propiedad y seguridad. El Código de Malinas hace girar la idea, como lo advierten destacados constitucionalistas, en el concepto de que únicamente una tiranía insoportable o la violación flagrante de los derechos sociales más evidentes de los ciudadanos, justificarían, después del fracaso de todos los medios legales, el derecho de rebelión. La declaración de Virginia y la de la Independencia de los Estados Unidos contemplaron la posibilidad de cambiar los gobiernos tiránicos o descompuestos. Por último el concepto se precisa en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en la que interviniera la Organización Educativa Científica y Cultural de las Naciones Unidas que sienta el principio de "que es esencial que los derechos del hombre sean protegidos por régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
Cuando estos supuestos no concurren, cuando el pueblo está ausente en la suprema rebeldía, no estaremos frente a una revolución, sino ante un simple golpe de Estado.
Razonando seriamente no puede sostenerse que las condiciones de legitimidad estuvieran dadas el 28 de junio de 1966 para explicar la intervención de las Fuerzas Armadas. No estamos frente a la opresión ni la tiranía. El país se encontró frente a un hecho de fuerza que no protagonizó el pueblo, sino un sector de a quienes el pueblo armó su brazo para custodia de la soberanía y para la defensa de las instituciones republicanas y democráticas.
No es difícil concluir que el 28 de junio de 1966 no hubo, en el país una revolución. Se produjo un golpe de Estado. No deseado, no querido por la mayoría de las Fuerzas Armadas de la Nación que eran sin duda legalistas. Podrían discrepar algunos o muchos, con orientaciones, medidas o "tempo" de acción del gobierno constitucional. Es la posibilidad de discrepancia que otorga la democracia, que abre también los caminos legales para obtener rectificaciones e inclusive hasta para el cambio de gobernantes y funcionarlos, sin aplanar la Constitución, sin romper el orden institucional.
-¿Estima en consecuencia que no puede este movimiento lograr una justificación histórica?
-No precisamente. Si hubiera que juzgarse este movimiento atendiendo a las causas determinantes, en su origen, hasta el más benévolo de los jueces no podría absolver a sus ejecutores con una justificación razonable. Como hecho de fuerza, como golpe de Estado se ve en la necesidad de buscar justificación histórica en sus realizaciones, en lo que pueda hacer de positivo y de trascendente para el país...
-¿No cree que pueda haber acreditado el gobierno en el curso de este año actos positivos para lograr ese propósito?
-No me coloco ni en obcecado ni en resentido. Pienso que éste gobierno, como todo gobierno, ha tenido sus aciertos, pero no los suficientes como para su justificación. Con la suma del poder en sus manos, con la libertad de movimiento que le da el actuar sin el republicano control del Parlamento, con la tregua que le ha otorgado la civilidad y con el temor colectivo que ha disciplinado a vastos sectores, pudo haber acreditado una eficiencia que no ha logrado evidenciar.
Se advierte una permanente improvisación. Se siente la inseguridad jurídica. Se viven momentos de inquietud y de desesperanza. Se prevé, se intuye un fracaso cuya sintomología no puede disimular la inteligente propaganda que se realiza. Nadie se solaza con esta perspectiva, porque nadie; quiere el fracaso del país, que debe estar por encima de las pasiones y de los intereses.
-¿Cuáles son a su juicio los motivos de desconfianza y de temor?
-Los argentinos en general y las Fuerzas Armadas en particular, en su inmensa mayoría, son profundamente democráticas. Creen y piensan que dentro de la democracia representativa, en el ámbito de la República es como puede convenientemente desarrollarse la personalidad humana, modelarse al estilo de vida con que queremos vivir. Por eso desconfía y teme ante los reiterados intentos, muchas veces vergonzantes, de cambiar nuestras instituciones para salimos de la democracia, para arrastrarnos hacia un sistema corporativista. Desconfía y teme cuando ve en puntos claves de la conducción a hombres que no han ocultado su pensamiento y su amor hacia sistemas ya perimidos en el mundo y que de contramano con la historia intentan revivir en nuestra tierra.
Todo el país sabe que nuestras instituciones son perfectibles, que nuestro sistema democrático acusa fallas que deben subsanarse, pero no se tiene conciencia del peligro que importa el que pretextando fallas que existen, se presione para un cambio de estructuras, que no se definen, no se explican, no se aclaran pero que no es difícil de advertir tienden a la supresión de la democracia representativa y del sistema republicano.
Quizá no sea este el pensamiento predominante en quienes tienen la responsabilidad de la conducción, quizá estén en condiciones de resistir presiones, pero sería saludable para el país, para el gobierno y para las Fuerzas Armadas una clara definición que no deje dudas.
-¿No computa factores vinculados a la política económica seguida por el gobierno constitucional como gravitantes en las causas de los hechos del 28 de junio?
-Desde luego que si. Una clara, definida y enérgica política seguida por el Gobierno Constitucional en salvaguarda del potencial energético del país, su propósito inquebrantable de mantener independencia en la conducción de la economía argentina. La necesaria lesión a algunos sectores de intereses a través de medidas tendientes a proteger el Interés nacional, debían producir y produjeron una suma de factores contrarios al gobierno que se manifestaron de distintas maneras y que presionaron hábilmente en las Fuerzas Armadas y en la opinión pública, deformando una realidad, que ahora, en el análisis concreto de la realidad queda evidente.
-La pregunta se dirigía a establecer si no estima que las Fuerzas Armadas no compartían la orientación económica del Gobierno Constitucional.
-Es válida la reflexión que se hiciera en la contestación a la pregunta anterior, pero vale la pena agregar que en la reunión que tuve como Ministro de Defensa con los Comandantes en Jefe de las tres armas y los Secretarios Militares el día 24 de junio de 1966, para elaborar el temario de la conversación con el Presidente de la República, las inquietudes se centraron fundamentalmente a aspectos políticos y a la preocupación por las elecciones de renovación de las Cámaras y de los gobiernos de algunas provincias ante la posibilidad de un eventual triunfo del peronismo. En lo referente a lo económico no se incluyó ningún tema pero en la conversación figuró, como un hecho que preocupaba, la inflación.
No creo que ésta haya sido una gran preocupación de las Fuerzas Armadas porque de haberlo sido habría habido alguna reacción cuando advirtieron que en el primer semestre de 1966 sólo se emitieron alrededor de 19 mil millones de pesos y en el segundo semestre de administración del gobierno revolucionario, vale decir, en igual tiempo, se emitieron 92 mil millones. La emisión ha continuado e incluso continúa hasta ahora.
Por otra parte los resultados del primer trimestre de 1963, 1964, 1965 y primer semestre de 1966 marcaban un indiscutible progreso en la economía del país que lo revelan las cifras. Los datos estadísticos micro-económicos elaborados por CEPAL indican que el producto bruto interno se incrementó en términos reales (es decir a precios constantes) en un 7,8 por ciento en 1965 y en un 8 por ciento en 1964. Si se toman los datos del primer semestre de 1966 también se producía aumento. No obstante se termina el año 1966 anulando el aumento del primer semestre y arrojando una disminución del 1,20 por ciento. Cabe señalar que durante el gobierno constitucional del Dr. Illia las tasas de crecimiento baten record.
En cuanto el nivel de vida, se observa que el "consumo personal" concepto fundamental que se utiliza para evaluar el grado de satisfacción de un país se incrementó en 1965 con respecto al año anterior en un 8,5 por ciento.
En 1962 la desocupación laboral llegó a más del 15 por ciento, ésta se redujo en 1965 a un 4,4 por ciento.
El poder de compra (salario real) también se incrementó. En 1964 aumentó un 10,5 por ciento y en 1965 un 6 por ciento.
En cuanto al costo de la vida en 1964 aumenta el 22,1 por ciento con relación al año anterior; en 1965 el 28,6 por ciento y en 1906 aumenta el 32,1 por ciento en relación al año anterior, advirtiéndose que en los primeros meses de 1966 tal como lo prometiera el gobierno constitucional la tendencia era declinante y la espiral inflatoria se acelera en los últimos meses de 1966. El salario real en cambio acusa una tendencia a bajar hacia fines de 1966.
En cuanto el sector externo en 1965 se llega a superar por primera vez la barrera de los 1.500 millones de dólares en materia de exportaciones. El superávit del intercambio comercial arrojó un saldo de 1.100 millones de dólares, que aparece más relevante si se tiene en cuenta que en el bienio anterior el saldo fue negativo en un monto que superó los 800 millones de dólares. Se pagaron deudas acumuladas por gobiernos anteriores sin recurrir a ningún crédito contingente (Stand By).
Como puede advertirse por estas cifras y un sinnúmero más que excederían el espacio de un reportaje no podría buscarse justificación en la situación económica. Por otra parte dentro de nuestro régimen institucional es el Congreso a quien corresponde juzgar la actuación de un gobierno con todos los recaudos y garantía que la Constitución establece. No son las fuerzas Armadas el organismo competente para juzgar el éxito o fracaso de una gestión económica. Tal vez lo sean ahora por la circunstancias especiales y extra constitucionales como se ha organizado el poder.
-Bien, pero en función de futuro, ¿cuál es su pensamiento?
-Estamos ante un hecho cierto, al margen de cualquier tipo de consideraciones o especulaciones. Las Fuerzas Armadas han asumido el Poder en la Nación, poder que se ejerce sin los controles naturales de la República. Los Comandantes en Jefe, en nombre de la Institución, han concentrado en upa persona, el Poder Ejecutivo, el Legislativo e Inclusive el Constituyente. La tremenda responsabilidad de las Fuerzas Armadas como Institución resulta innegable. Los errores que puede cometer el gobierno, sus funcionarios civiles o militares, son absorbidos por la propia Institución, que sufre como es lógico el natural desgaste del ejercicio del poder.
Es este un hecho que debe preocuparnos a todos. Al país le interesa preservar el prestigio de las Fuerzas Armadas, las necesita técnicamente capacitadas, poseedoras de una gran fuerza moral, pues a ellas les entrega el pueblo cada año sus mejores hijos. No puede concebirse Fuerzas Armadas divorciadas del pueblo, ni el pueblo resentido aislado de sus Fuerzas Armadas.
De ahí que no es forzado concluir que a todos Importa reconciliar al país en y con la legalidad. Es esta a mi juicio la tarea más importante que deben realizar espontáneamente, sin la presión de los acontecimientos las propias Fuerzas Armadas.
No debe verse en esto un reclamo de inmediatas elecciones, pero si la inquietud por la necesidad de claras definiciones que lleve tranquilidad al país. La teoría del tácito consentimiento no sólo es difícil de explicar, sino que a medida que pasa el tiempo la afirmación es controvertida por una realidad que se vive y se palpa. No se puede ejercer sine die la tutoría del pueblo de la República. Constituiría un agravio para un pueblo, que ya en 1810 demostró estar maduro para la libertad que pudo en momentos de grandes luchas y pasiones elevarse sobre sí mismo y organizarse en 1853, mantenerlo interdicto con una curatoria permanente como a un insano.
El pasado debe ser lección para los que han asumido la responsabilidad del presente, es el único modo que el futuro se salve para todos. Los aciertos y los errores que mutuamente se atribuyen o enrostran los que a su turno pasaron por el poder deben dejar sedimento útil para la Argentina que todo soñamos. Perfeccionemos nuestra democracia, ajustemos los engranajes de nuestro sistema institucional, corrijamos las fallas, que las hay, modernicemos el sistema, pero en diálogo abierto con el país, con sensibilidad republicana que cuando no se advierte, surgen las prevenciones y el temor.
El orden y la disciplina no son incompatibles con el gobierno de las mayorías, y el control respetado de las minorías.
El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de dar la gran salida. No es tanto cuestión de tiempo, lo que se requiere es vocación para hacerlo, meridiana claridad en los propósitos, respeto por la opinión pública, cuidar de no caer en pecado de soberbia que pueda llevarlo a creerse el único depositario de la verdad. Las fuerzas civiles, los partidos políticos, que cuando representan algo en el país, no nacen ni mueren por decretos, tienen voluntad para facilitar las soluciones levantadas, no pretenden ni reclaman lugares en el gobierno, pero sí la posibilidad de expresar su pensamiento, sus ideas. De contribuir a la solución definitiva. No comprender esto a tiempo puede privarles a las Fuerzas Armadas y al gobierno la posibilidad de una salida consentida y llevarlos a extremos que no serán útiles para el país ni para ellos mismos.

 

Ir Arriba

 


Leopoldo Suárez