Diez días atrás, el viernes 29 de abril, la Cámara de Diputados sancionó las reformas a la Ley 11.729 (Contrato de Trabajo) con una cifra de votos superior a los dos tercios requeridos. En las galerías estalló una salva de aplausos; era lógica: el Congreso acababa de ejecutar su mayor acto de demagogia desde que se constituyó en 1963.
Empezó a ejecutarlo hace siete meses, cuando el proyecto de reformas fue presentado en la sala por el Diputado Roberto Pena (UCRP, Buenos Aires), a quien ayudó en la redacción el gremialista filo-radical Bernardo Morera. Fue el Vicepresidente Carlos Perette quien alentó el plan y prometió la buena voluntad del Senado: el gobierno pretendía entregar a los gremios Independientes, salidos de la CGT, donde imperaba el peronismo, una victoria que los llevara al Olimpo sindical.
La Ley 11.729, elaborada a fines de la década del 30 para los empleados mercantiles y denominada "Ley de despidos", se utilizó desde entonces para regular las relaciones de empleadores y empleados en general. Perón la retocó, durante su mandato; los Diputados oficialistas fueron más lejos todavía que los de entonces. Sin embargo, las modificaciones sufrieron un ríspido proceso parlamentario; curiosamente, fue en el Senado donde hallaron un censor, porque ciertas cláusulas del proyecto afectaban a sectores empresarios y rurales: sus representantes, amigos del gobierno (entre otros, el hacendado Pedro Duhalde; el presidente del Banco Industrial, José Luis Cantilo), se preocuparon por presionar a los Senadores para que frenaran el ímpetu de los Diputados.
Aprobada el 27 de octubre de 1965, la iniciativa pasó a la sala alta, donde se estancó. Entonces, los despechados Independientes pusieron sitio al Poder Ejecutivo y reclamaron por lo que consideraban una traición; mientras denunciaban que los empresarios aprovechaban para producir despidos en masa (la nueva Ley aumenta considerablemente los montos indemnizatorios), pidieron al Presidente Illia que incluyera el proyecto en las sesiones extraordinarias del Parlamento. Al mismo tiempo se prestaron a un idilio con las autoridades de la CGT, y hasta amenazaron al Primer Magistrado y al Ministro de Trabajo con reingresar a la central obrera. Illia tuvo que ceder; embarcado como estaba su gobierno en lograr la división del peronismo, no podía crearse enemigos entre sus propios acólitos: la Ley se incluyó en las extraordinarias.
El Senado la enmendó el 27 de enero último, cuando las entidades empresarias habían hecho pública ya su disconformidad con un instrumento que consideraban arbitrario y dañino para la economía argentina y las relaciones entre patronos y obreros. El 17 de marzo, la sala baja tachó las enmiendas del Senado y tornó a remitirle la zarandeada iniciativa.
Era tal el entusiasmo de los legisladores que el titular del bloque de Diputados oficialistas, Raúl Fernández, calificó de "reaccionarios" a sus colegas del Senado porque pretendieron apartar del nuevo régimen a los trabajadores del agro.
Faltaban, todavía, dos actos: el 27 de abril, el Senado reiteró sus enmiendas y pasó el asunto a la Cámara de Diputados; dos días después, sorpresivamente, los Diputados la sancionaban aceptando una sola de las ideas de sus colegas: la exclusión de los marítimos. El miércoles pasado, 4 de mayo, el Congreso envió la Ley al Poder Ejecutivo, a las 6 de la tarde; a la medianoche del 18 vence el plazo que la Constitución le acuerda para vetar o promulgar las decisiones parlamentarias.
Dos entidades de empresarios, ACIEL y la CGE, pidieron audiencias al doctor Illia para solicitarle, precisamente, el veto. El jueves 5, el Presidente optaba por el clásico sistema radical de eludir definiciones y de irritar a los factores de poder: derivó al Ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, las entrevistas con los empresarios, previstas para esta semana. Pero la noche del jueves, Pugliese comía con Juan Martín Oneto Gaona, presidente de la Unión Industrial Argentina y crítico de la Ley mencionada. Al mismo tiempo se organizaba un debate televisivo entre cuatro miembros de ACIEL (quizá Oria, García Belsunce, Fernández Rivas y Rodeiro) y representantes de la CGT y los Empleados de Comercio, para discutir sólo los problemas técnicos derivados de la Ley. Entre tanto, una guerra de solicitadas entre las organizaciones empresarias y los nucleamientos obreros inundaba la prepsa nacional.
El viernes pasado, ningún funcionario del Poder Ejecutivo creía en la posibilidad de que Illia vetara, siquiera parcialmente, un proyecto de origen radical que hasta los Diputados y Senadores justicialistas debieron respaldar para no quedar retrasados en el camino. Sin embargo, este choque con el empresariado amenaza con romper los últimos —y frágiles— puentes que aún quedaban tendidos con el gobierno. Es el precio de la demagogia y quizá el gobierno se dispone a pagarlo.
Según los expertos, éstas son las tres novedades más perniciosas:
• La movilidad automática de las indemnizaciones. El tope anterior era de un mínimo de 5.000 pesos por año de trabajo; el nuevo, tres veces un salario mínimo-vital sin cargas de familia (47.250 pesos). Pero puesto que el salario mínimo-vital se reajusta ante aumentos del costo de vida, los topes de indemnización variarán según ese sistema. Las empresas deben modificar sus reservas; dicho de otro modo, inmovilizar más fondos, lo que entraña una creciente situación de ¡liquidez y la posibilidad de que se ahoguen financieramente, un hecho nada atrayente en el marco de recesión económica que vive la Argentina. El empresario trasladará estas obligaciones a los costos, lo que deriva en aumento de precios y en un lógico agravamiento de la inflación.
• Legitimación de huelgas. Aunque el Ministerio de Trabajo declare ilegal una huelga, el empleador no podrá utilizar ese argumento como causa de despido.
• Solidaridad en cadena. El empleador se responsabiliza no sólo por sí mismo sino también por los conflictos que tengan sus contratistas y sub-contratistas. Así, las empresas deben calcular sus riesgos y, además, los ajenos, algo que entra en colisión con los códigos del país. El mecanismo perjudica, sobre todo, a las industrias automovilísticas y de la construcción.
La Ley incluye otra docena de revulsivos que hasta atenían contra la Constitución (por ejemplo, su efecto retroactivo) y que, a la larga, terminarán por mellar la disciplina, la eficiencia, las relaciones laborales. Las empresas querrán recuperar en un año los perjuicios causados por la Ley: se estima que esto ocasionará un aumento de precios del 15 por ciento. La Dirección de Abastecimiento pretenderá, al parecer, que los fabricantes de artículos sujetos a precios máximos se recuperen en 5 años. "La economía argentina no morirá por esta Ley. A fin de cuentas, la pagará el consumidor. Si el gobierno buscaba votos con ella, ¿no terminará por perderlos?", reflexionaba un empresario.
10 de mayo de 1966
PRIMERA PLANA