Una insólita crisis estremeció la semana pasada al catolicismo correntino: la excomunión del párroco Marturet, decretada por el anciano arzobispo Vicentín, desencadenó escándalos judiciales, tomas de templos y un conflicto de imprevisibles secuelas

El rígido ceño del arzobispo correntino Francisco Vicentín apenas se desarrugó en la noche del pasado domingo 29 de marzo, cuando recibió secretamente, con fría cortesía, al sacerdote Raúl Oscar Marturet, párroco de la capilla suburbana San Juan Bautista, a quien había excomulgado en la mañana del martes 24. La reunión entre monseñor Vicentín y el cura Marturet se alargó durante una tensa hora y media, en uno de los espaciosos salones de la residencia señorial de un gestor oficioso, cerca del centro de la ciudad.
Aunque el encuentro evitó testigos, SIETE DIAS puede adelantar la dramática sustancia del diálogo que sostuvieron los contrincantes de una suerte de match nunca visto en los anales de la Iglesia católica argentina. "Padre —habría afirmado, en términos generales el arzobispo—, su actual situación ya no puede ser solucionada dentro de los límites de mis facultades". Al parecer, su eminencia habría sugerido que ahora correspondía esperar las decisiones que adoptaran los organismos de la Santa Sede en Roma. Pero tal vez el verdadero sentido de la reunión fue revelado por el propio Vicentín cuando afirmó: "No pienso tomar ninguna medida contra los (fieles que, actualmente ocupan varios templos". Y ésta era, sin duda, la urgente razón del insólito encuentro entre ambos contendientes: horas después de conocida la excomunión de Marturet no sólo los fieles de su capilla, sino también varias decenas de católicos, ocuparon otros templos en un movimiento de solidaridad con el cura sancionado. De ahí la alarmada urgencia del obispo por frenar un movimiento que, en rigor, nadie imaginó que se pudiera producir.
El cura Marturet respondió con educada cautela a su superior: "Recurriré ante quien corresponde para revisar mi proceso". El próximo paso, según los expertos, deberá ser dado en Roma, donde la causa adquirirá una resonancia obviamente mayor que la actual. Buena parte de la entrevista entre ambos religiosos pareció dedicada a un aspecto que explica palmariamente las profundas diferencias políticas que los alejan. Vicentín habría insistido en anatematizar la labor del movimiento llamado del Tercer Mundo, ya que —según el arzobispo— este es unilateral y "hace pasar a un segundo plano la tarea pastoral del sacerdote para exaltar meramente su función social". En estos términos monseñor habría calificado con intransigente dureza a los curas terceristas, de modo tal que los observadores locales confesaron a SIETE DIAS que la solución del entuerto parece no sólo difícil sino también lejana.

ESCANDALO SUPERSONICO
En realidad nada hacía suponer, la semana pasada que el insólito affaire correntino se inflaría a ritmo casi supersónico, desembocando en un callejón sin alternativas de salidas a la vista. Es cierto que las tendencias en que ahora se canalizan las corrientes de opinión en el catolicismo mundial tienen su exacta réplica en la realidad correntina: el arzobispo Vícentín representaría al .sector calificado como preconciliar por algunos, o más cautelosamente como conservador por otros; en cambio el obispo de Goya, en la misma provincia, monseñor Antonio Devoto, encarnaría a los grupos postconciliares. Pero de ninguna manera el propio padre Mauret —más identificado con la tendencia de Devoto— hubiera esperado, en la mañana del martes 24, la concreción de dos hechos: 1º) la tajante orden de excomunión dictada por el arzobispo Vicentín y 2º) la no menos furibunda reacción de sus fieles que lo proclamaron "cura del pueblo", tomando la capilla de San Juan Bautista en luna acción que pronto imitaron otros católicos al ocupar varias iglesias más. Nadie podía suponer tampoco, que el arzobispo sería objeto de un caso judicial.
El motivo de la excomunión se vincula a un antiguo entredicho existente entre el arzobispo y Marturet que llevó al párroco a recurrir al Juez de Paz Raúl Ramón Otero, antiguo dirigente peronista y abogado estrechamente relacionado con los sectores sindicales. El diferendo entre Marturet y su arzobispo se relaciona con la actividad política del cura que, al parecer, desagradaba a su superior quien resolvió, a principios de marzo, separarlo de la parroquia San Juan Bautista. Fue entonces que, en la mañana del 20 de marzo, Marturet pidió amparo al juez Otero. La respuesta del arzobispo fue fulminante: "Considerando que este hecho se encuadra dentro del Canon 2341 del Código de Derecho Canónico —explicaba textualmente el comunicado que descerrajó monseñor Vicentín— este, trascripto en su parte pertinente dice: Si alguien, contra lo que establece el Canon 120, se atreviere a llevar ante un juez laical... a su (superior) Ordinario propio, cae, ipsofacto, en excomunión reservada de un modo especial a la sede apostólica".
Con severidad catoniana el comunicado arzobispal especificaba las condiciones de la excomunión; destilando aires de maldición casi bíblica, reveló los términos del artículo 2266 del Derecho Canónico, según el cual "los excomulgados, después de la sentencia condenatoria o declaratoria, quedan privados de los frutos de las dignidades, oficios, beneficios, pensiones y cargos, si tuvieran alguno en la Iglesia".
Pero el nombramiento de un Vicario Substituto del padre Marturet no fue, para el arzobispo, el último acto de un drama que prefería clausurar. Sin disimular su consternación, los sectores oficiales presenciaron el crecimiento de un conflicto que acaso escapa de la órbita puramente canónica, integrándose en los vaivenes del momento político nacional. Al requerir el amparo de la justicia civil, Marturet franqueó el paso al impetuoso juez Otero, quien arbitró un medida sin duda irritante para las altas jerarquías eclesiásticas correntinas: "el juicio del señor arzobispo acerca de la conducta moral del sacerdote Marturet", exigiendo también testimonios "acerca de la supuesta prédica de ideas extremistas".
El juez Otero urgió así una definición de extremismo al tiempo que obligaba a precisar "si dicha prédica estaba o no conforme con los Santos Evangelios y los últimos documentos Conciliares y del Magisterio de la Iglesia". La respuesta arzobispal, además de negar competencia a Otero, asegurado que no podía "consagrar la potestad civil en asuntos de índole confesional, rehusó acceder a una de las más explosivas acusaciones del cura Marturet: según éste, su prédica religiosa había provocado la proliferación de agentes policiales en su templo en presunta actitud intimidatoria. Pero al juez no le satisfizo la respuesta de monseñor y lo emplazó nuevamente para que respondiese detalladamente a su interrogatorio.
En un tenso vaivén de notificaciones, el arzobispo apeló ante la Cámara, pero el juez denegó tal pedido. Luego de una breve impasse, Otero declaró que monseñor estaba incurso en el artículo 240 del Código Penal, que reprime con penas de 2 meses a 2 años de prisión al que desobedeciere la orden impartida por un funcionario. En la calurosa tarde del martes 24, Otero se dirigió a buen paso hacia la jefatura de policía, donde exigió al comandante mayor de gendarmería Ambrosio Boidi, el apresamiento del arzobispo. Ese día, a muchos kilómetros de allí, Buenos Aires ingresaba en las terroríficas alternativas del secuestro del cónsul paraguayo.
Boidi, no menos azorado, diluyó el cumplimiento de la medida, por lo que Otero pidió por escrito "la inmediata detención de Su Santidad ilustrísima Arzobispo de Corrientes, Monseñor Vicentin... y en atención a su edad se hará en su propio domicilio donde será puesto a disposición del Juez del Crimen de Turno.
La orden llenó de absorta sorpresa no sólo al comandante Boidi sino al propio gobernador, Adolfo Navajas Artaza, quien tomó de inmediato un avión hacia Buenos Aires para plantearle el entuerto al ministro del Interior, general Francisco Imaz.
Mientras tanto, el juez del Crimen Ernesto Genesio apestillaba a Otero intimándolo a enviar, en el término de una hora, todos los antecedentes del affaire "bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho".
De tal modo se planteó un nuevo conflicto, ya que el juez de paz re chazó los términos del pedido arguyendo que el mismo hacía caso omiso de "elementales reglas de procedimiento y no guardaba el estilo correspondiente". Después, manteniéndose en sus trece, elevó al Superior Tribunal de Justicia el diferencio suscitado con su colega Genesio. Claro que en la órbita estrictamente eclesiástica las cosas también se movían a increíble velocidad: los presbíteros Juan Kruk y Mario Soldán alzaron sus parroquias en apoyo del excomulgado Marturet y de tal modo, en el curso de pocas horas, cuatro iglesias eran ocupadas por feligreses, muchos de ellos estudiantes católicos. Genesio resolvía levantar la orden de detención y el miércoles 25 el arzobispo recibía dos gratificaciones: un telegrama del arzobispo coadjutor de la arquidiócesis de Bs. Aires, monseñor Aramburu que rezaba: "Ante insólitas e improcedente actitudes cometidas contra su dignísima persona reciba mi plena adhesión"; la otra era una resolución del ministro de gobierno Jorge García, que ordenaba al jefe de policía que se abstuviera de cumplir las disposiciones del juez Otero.
El viernes 27 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, sala 2ª, declaraba nula la orden de Otero; el cuestionado juez no se arredró denunciando "amenazas contra mi persona, mis familiares y mis bienes". En la madrugada del 26, personas desconocidas habían atentado contra su automóvil, destruyéndolo parcialmente. "Que se me juzgue si he procedido con corrección en. los autos mencionados. Que se me juzgue si ha existido prevaricato o cualquier delito que diera lugar a la formación de un juicio político" argumentaba el juez Otero en su comunicado a la Cámara de Apelaciones. El pasado fin de semana el clima de tensión fue en aumento; estalló un petardo en la iglesia de La Cruz de los Milagros cuyo párroco, Isidro Blanco Vega se había solidarizado con el arzobispo; los fieles de la capilla San Juan Bautista echaron al teniente cura Alcestes Mion, enviado por monseñor Vicentín para reemplazar a Marturet; toneladas de comunicados a favor y en contra del cuestionado cura inundaron las paredes de la ciudad. Los integrantes del derechista Movimiento de Cursillos de Cristiandad protestaron contra la actitud de quienes atentan contra la autoridad de la Iglesia", solidarizándose con monseñor Vicentín.
Los simpatizantes del izquierdeado Movimiento del Tercer Mundo anunciaron que las capillas Virgen Reina, Virgen de Itatí, San Cosme y Paso de la Patria habían adherido al excomulgado Marturet. El párroco Gabino Casco —separado por su solidaridad con los párrocos del Tercer Mundo— comunicó que el domingo 28 una patrulla policial había ocupado su templo en General Paz, a 100 kilómetros de Corrientes. A su vez, el juez Otero, cuestionado por la Cámara, recibía adhesiones de una docena de abogados locales quienes afirmaron que "no se trata de una defensa personal del doctor Otero, sino de salvaguardar a la justicia de un avasallamiento". Al promediar la semana pasada, resultaba cada vez más clara una conclusión obvia pero irrefutable: el conflicto desbordó sin remedio los cauces eclesiásticos, trasformándose en un encarnizado combate de signo inequívocamente político donde se revelan las entrañas de una crisis tan engorrosa como difícil de superar.
Revista Siete Días Ilustrados
06.04.1970

Monseñor Vicentín tiene apoyo de sectores preconciliares

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