Papel Prensa
ADEPA va a los papeles
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El 21 de marzo comenzaron a reavivarse las llamas del "escándalo" de Papel Prensa S.A. (el adjetivo es del secretario de Hacienda, doctor Juan Alemann).
Ese miércoles, los señores Carlos Ovidio Lagos y José Di Fiori, en representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y de la Asociación de la Prensa Técnica Argentina respectivamente, dejaron sendas copias de un petitorio en el Ministerio de Economía y en la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación. Un día después, casi todo el periodismo dio cuenta del contenido del documento: el conjunto de las organizaciones periodísticas argentinas (excluyendo a la metropolitana que nuclea también a La Nación, Clarín y La Razón, que forman parte de la empresa Papel Prensa S.A.), solicitaban al doctor Alfredo Martínez de Hoz la anulación del contrato firmado entre el Estado Nacional y Papel Prensa S.A., atribuyéndole "violaciones a principios jurídicos y constitucionales que importan un ataque a la libertad de prensa". El documento mencionaba, además, una reunión de directivos de ADEPA con el renunciante secretario de Desarrollo Industrial, doctor Raimundo Podestá (la entrevista tuvo lugar el 12 de marzo último). En esa oportunidad, el funcionario hizo saber que elevaría dos proyectos de decreto sometiendo la entrada al país de papel para diarios a dos tratamientos arancelarios, según se aplicase o no un sistema de cuotificación por el que los diarios estarían obligados a comprar el papel producido por Papel Prensa S.A. En tal sentido, el documento entregado por los representantes periodísticos presentó serias objeciones.
"El negocio celebrado entre el Estado Nacional y Papel Prensa tiene la forma aparente de un contrato —decía el documento—, pero no es un contrato, en cuanto impone obligaciones a terceros, que no han sido parte de él". "En el caso que nos ocupa —proseguía— se ha pretendido realizar un acuerdo corporativo, sin ley previa que lo autorice y sin representatividad, dictando
normas que limitan no sólo la libertad contractual sino también la libertad de contratar. El carácter autocrático y arbitrario del acuerdo está a la vista. Ha ido más allá de las normas corporativas diseñadas por el sistema fascista. . ."
Tres días después de conocido este documento, el domingo 25 de marzo, una solicitada de Papel Prensa S.A. dio a conocer su punto de vista "respecto de la difusión de una presentación efectuada ante el Ministerio de Economía por varias entidades que agrupan a algunos órganos periodísticos". Sus conceptos, luego, fueron rechazados de plano ante SOMOS por el señor José De Fiori, durante una entrevista.
El martes 27 de marzo, por su parte, el secretario de Hacienda Dr. Juan Alemann, afirmó que "es necesario investigar más a fondo los costos de la empresa Papel Prensa, en los cuales hay varias cosas que no se entienden". Al otro día, miércoles 25, la empresa papelera, a través de otra solicitada pidió explicaciones al doctor Alemann afirmando que el tema en cuestión no era área de su competencia. El affaire comenzó a crecer. Y el directorio de Papel Prensa S.A. (que entre otros integran los señores Bartolomé Mitre (h), Patricio Peralta Ramos y Fernando Laiño), que había anunciado a SOMOS la aceptación de una entrevista, avisó posteriormente que "Papel Prensa S.A. ha dispuesto no otorgar entrevistas periodísticas".
En cuanto al más reciente nudo que presenta Papel Prensa S.A. —o sea el de la cuotificación—, la opinión de Di Fiori fue terminante: "Asfixiar al periodismo es un crimen de lesa patria" dijo; y prosiguió: "Si toda la política de este gobierno tiende a disminuir los aranceles, ¿por qué en el caso de Papel Prensa, que durante muchos años fue libre, se procede exactamente al revés?
Papel Prensa S.A., por otra parte, nada dice en su solicitada respecto de por qué una inversión autorizada de sólo 50.900.000 dólares, se elevó a 180 millones de la misma moneda. Ni por qué el papel que produce, que cuesta en Escandinavia y Canadá 298 dólares lo quieren vender aquí a 680 dólares, máxime cuando cuenta con franquicias impositivas y de otro orden por 10 años. Estas exenciones impositivas representan importantes sumas que deben adicionarse al precio del papel, porque en definitiva pesan sobre toda la comunidad, asfixiada por mil gabelas para mantener industrias deficitarias.
Los argumentos de las entidades periodísticas, al señalar el proteccionismo estatal para con Papel Prensa S.A..indican que el acuerdo con esa firma limita la libertad de contratar, estableciendo la obligatoriedad de hacerlo con una
empresa determinada, a precio injusto y con una calidad de producto inferior al fijado. Esa imposición viola —según expresan— los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional. Indican que, en nombre de un proteccionismo que el
gobierno no practica para ninguna industria y sólo mantiene para la más costosa e ineficiente, se practica una aventura cuya fase inicial le cuesta al país alrededor de 140 millones de dólares más de lo estimado —según el
editorial de La Prensa" del 21 de enero de 1979—, con el agravante de poner en marcha un sistema que puede ser utilizado para coartar la libertad de prensa. En realidad, una observación a vuelo de pájaro del conflicto indica
claramente que el Estado Nacional se sintió comprometido por cláusulas contractuales que la otra parte violó en su totalidad (Papel Prensa S.A. se puso en marcha con 34 meses de posterioridad a lo acordado, no produjo las
52.500 toneladas previstas sino apenas 29 mil, y al presente está lejos de producir las 105 mil toneladas prometidas). Y que lo llevó a sugerir un régimen de "cuotificación" no previsto en el pliego de condiciones, según el cual, "se estaría obligando a comprar a Papel Prensa S.A. toda o la mayor parte de su producción a un precio que, tomando sin la menor hipérbole los que rigen en los mercados internacionales, es dos veces más caro. Y este sistema se implantaría en favor de una industria monopólica, en un Estado democrático en el que las Fuerzas Armadas se levantaron para restaurar las instituciones republicanas, afianzando el respeto a la Constitución y la ley".
La opinión del secretario de Hacienda, Juan Alemann (al decir fundamentalmente que el caso debía ser "investigado más a fondo"), el grito en el cielo puesto por las entidades periodísticas, y la vulnerabilidad (a los que suplantó luego el silencio) de los planteos de Papel Prensa S.A.. volvieron a poner el tema en el tapete. El propio Alemann se encargó, el miércoles 28, de responder a la réplica de Papel Prensa: "Han contestado a una apreciación objetiva con una imputación personal, pero sin aclarar el panorama de costos". Agregó que "el problema para el Estado es bastante serio: si él convalida un costo alto tiene que estar absolutamente convencido de que eso es correcto... correcto en el sentido económico, entiéndase bien". La población en general, según sondeos periodísticos, proseguía ignorando el corazón del tema. Sólo se entendía una conclusión que el ciudadano argentino extrajo de su experiencia en otros rubros: fabricar algo en el país, al amparo de un mal proteccionismo estatal, no es una ventaja ni para el país (que pierde dinero en la operación), ni para sus habitantes (que ponen ese dinero y por ello no compran más barato los artículos periodísticos), y mucho menos para las empresas periodísticas (que también pagan) que ven coartada su libertad de prensa en aras de un proteccionismo estatal desmesurado.
Revista Somos
30.03.1979

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En las fotos Juan Alemann y José Di Fiori