El partido contra el gobierno
El jueves pasado comenzaron las celebraciones del Sesquicentenario de la Independencia. A mediodía, después del tedéum en la Catedral, Arturo Illia se encaminó hacia la Casa de Gobierno, y en el breve trayecto fue aplaudido apenas por cuatro personas: la UCRP, desde el Comité Nacional que comanda Ricardo Balbín, había decidido sabotear las apariciones públicas del Presidente, y con ese fin omitió invitar a la claque de correligionarios, gustosamente frecuentada en otras oportunidades.
Una franca ofensiva del partido contra su más importante afiliado empezó a exteriorizarse así. Aunque el doctor Illia no es el único blanco de la campaña; otros miembros de su gabinete también se encuentran bajo el fuego del Comité Nacional. En todo caso, es la primera vez que llegan al Presidente, sin intermediarios, los dardos de sus acólitos.
El desaire preparado por Balbín estuvo conectado, la semana última, con una carga de planteos al Ministro del Interior, Juan S. Palmero, confidente y portavoz de las inspiraciones políticas de Illia. El martes, una docena de Diputados nacionales del oficialismo, encabezada por el balbinista Luis A León, lo entrevistó en el Salón de los Escudos durante dos horas cuarenta minutos; simultáneamente, finalizaba una concentración de la plana mayor del partido, que se sintió frustrada porque Palmero no compareció en una reunión secreta convocada ese día en un domicilio particular. (El elusivo Ministro tampoco quiso ir al bloque legislativo, excusándolo forzadamente el Diputado Arturo Mor Roig.)
Las inquietudes y desavenencias de hoy —porque no son las primeras, desde que la UCRP asumió el poder en 1963— arrancan del cónclave de Villa Elisa (Nº 167), donde el Canciller Miguel A. Zavala Ortiz denunció la inminencia de un complot para derrocar al gobierno, y donde Balbín aceptó resignadamente el "evento fatal", que no borraría —se pavoneó— el recuerdo de tres años ejemplares de conducción radical.
Tales expresiones, difundidas por el conducto de la Oficina de Prensa del Gobernador Anselmo Marini, obligaron a Illia a disculpar el exceso de sus adictos ante los jefes de las Fuerzas Armadas, durante el cuasi monólogo de siete horas y media que les dispensó en Campo de Mayo. Posteriormente, Balbín se curó en salud y abundó en desmentidas, lo cual equivalía a desmentir a la Oficina de Prensa de Marini y al mismísimo Jefe del Estado: "[los adversarios del gobierno] procuran intrigas que ya son viejas en el juego de la politiquería argentina o se anuncian catástrofes que no ocurrirán" (18 de marzo). "No creo en ninguna alteración institucional, la palabra golpe no me agrada" (23 de marzo).
Pero los presagios de Villa Elisa se complementaron con una decisión:
lanzar al partido contra la Casa Rosada y obligar a Illia a abandonar su "pasividad", que hará perder —sostienen los jerarcas radicales— las elecciones de Gobernadores en marzo de 1967.
La conversación de los legisladores con Palmero se anudó alrededor de esos temas (golpes y elecciones), y los prolegómenos no fueron amables: "Por favor, venimos a informarnos", transó el cordobés Horacio García para calmar a Luis O. Arias. El Ministro desgranó estas explicaciones:
1) La ola de rumores circulantes no debe desdibujar la realidad. Lo real es que no hay posibilidad de golpe. Tanto la Marina como la Aeronáutica respaldan en forma absoluta la legalidad. En Ejército hay un pequeño núcleo que no piensa lo mismo. 2) Con respecto a Tucumán se exagera. Llegaron a la Casa de Gobierno 60 muchachos exaltados y se dijo que era una multitud. Allí se actúa a través de la Justicia; si es lenta, nosotros no tenemos la culpa. Ordenamos la cooperación de Gendarmería. Está, a través de Defensa Nacional, se negó a actuar. Lo que falló en Tucumán fue la Policía, pero ahora, con la ayuda de la Policía Federal mejorará la situación. Por el momento no se intervendrá la provincia. 3) La reunión de gremialistas y militares en el Sindicato de Luz y Fuerza ha causado mala impresión en muchos sectores, inclusive en el ámbito militar donde el asunto se ha convertido en tema de polémica. Considerada en perspectiva, favorece al gobierno. 4) Al peronismo hay que enfrentarlo con la Ley. Tendrá que ajustarse a las especificaciones del Estatuto de los Partidos Políticos. Si de lo que se trata es de negociar con el peronismo, aseguro que no seré yo quien lo haga; antes, abandonaré el cargo.
En el foro del Comité Nacional se transitó por especulaciones similares, pero concentradas en un reclamo: intervención a Tucumán (allegados a Balbín afirman que éste se mostró irritado dos meses atrás cuando el Gobernador Lázaro Barbieri lanzó la idea de fundar un nuevo partido, producto de la coalición de la UCRP, la UCRI y otros sectores). Al día siguiente, Palmero reiteraba: "La solución deben encontrarla los propios tucumanos". Estaba el precedente de otras exteriorizaciones, al comenzar la semana; Senador Eduardo Gamond (Córdoba), vicepresidente del Comité Nacional: "No vamos a tolerar la subversión. Una cosa es el derecho de huelga y otra la subversión institucionalizada, que es lo que está ocurriendo en Tucumán"; Palmero: "Este es el gobierno de la Ley, en cuyo ámbito vivimos, en paz y libertad".
Coincidentemente, tres de sus pares en el gabinete (el unionista Leopoldo Suárez y los balbinistas Carlos Alconada Aramburú y Arturo Oñativia) imputaron á Palmero contradicciones "injustificadas" a propósito de sus afirmaciones sobre la partida de gendarmes hacia Tucumán, algo que fue desmentido por el Secretario de Guerra. "Lo que ahora nos hace falta es un Vítolo", apuntó Suárez a un correligionario, el jueves 24. (Alfredo Vítolo, Ministro del Interior del Presidente Arturo Frondizi, es mendocino como Suárez.)
Lo cierto es que el Comité Nacional compuso un planteo que, de acuerdo con sus impulsores, producirá "hechos de envergadura en abril", capaces de modificar la parsimonia de Illia. Están contemplados en él:
•Dos relevos de Ministros, Palmero y Zavala Ortiz.
•La exigencia de mantener una efectiva coordinación y consulta permanente entre la Casa Rosada y el comando de, la UCRP (Illia y Balbín).
•Contemplar la posibilidad de convocar a una reforma constitucional en Buenos Aires, para que los comicios de 1967 se realicen por el sistema indirecto. Es decir, que un Colegio Electoral designe al Gobernador; esta reforma, alentada por la UCRP, se practicó en Mendoza.
•Urgente reglamentación del Estatuto de los Partidos Políticos (Nº169), fijando fechas para los procesos internos: emoción de candidatos, convenciones, proclamaciones que obliguen al peronismo a organizarse en cada distrito. Estas disposiciones forzarían orgánicamente —según el Comité Nacional— la creación de dos partidos, lo cual ahondaría la división y contrarrestaría una orden de Juan D. Perón tendiente a unificar el movimiento detrás de un candidato sorpresa.
•Nombramiento de un Secretario de Prensa de la Presidencia, en reemplazo del provisorio Luis Caeiro, que con un equipo partidario manejaría la propaganda electoral por la cadena estatal de radios y televisión.
•Facilitar medios económicos para el despegue de la campaña proselitista. El mecenas Pedro Duhalde se muestra reticente a financiar operaciones millonarias sin aval.
•Poner al día los sueldos y jubilaciones (sólo a sus ex empleados, el Estado debe jubilaciones por un monto superior a los 4.238 millones).
•Relevo del Director Nacional de Abastecimiento, el palmerista Roberto Cabiche, por entender que "es inepto para abaratar el alto costo de los artículos de la canasta familiar".
Para fines de mayo, está convocada la convención de la UCRP, cuya mayoría de delegados responde a Balbín. Si Illia no se allana a los reclamos de los convencionales, plantearán abiertamente la exigencia, y ante el riesgo de quedar solo, tendrá que acatarlos. Tal es el broche del planteo lanzado desde el Comité.
Los bélicos aprestos de la UCRP preocupan al Presidente: mediante los oficios subrepticios de su hermano Ricardo Illia encomendó a una delegación senatorial (Ricardo Bassi, Ramón E. Acuña, Carlos A. Morrillo y Américo Aguiar Vázquez) que entrevistase a Balbín en su ajetreado reducto de Sarmiento al 1700. La misión se concretó el jueves 24, por la noche. El Viernes, de madrugada, en el restaurante El Pericón, de Callao al 300, uno de los adláteres balbinistas comentó que los Senadores "fueron a informar y vender al jefe un golpe colorado". En otro grupo cercano , se introducía el yerno del Presidente, el poeta Gustavo Soler, tal vez para recoger algunos ecos del imprevisto encuentro.
En estas tramitaciones hay una ausencia, la del Vicepresidente Carlos Perette. En la reciente fiesta de la Vendimia, en Mendoza, Perette se sintió enfermo: el médico le ha recomendado reposo. Está debilitado y con un surmenage que inquieta a sus allegados, quienes le notaron síntomas de amnesia, y lo que es más raro, un pronunciado descenso en sus interminables cuotas de oratoria proselitista.
Mientras se ejercitan los artilugios políticos que desembocarán en el proceso eleccionario, y mientras gobierno y partido no aciertan con una fórmula que les permita salvar sus diferencias, que tienden a profundizarse, dos escándalos estallan:
•La denuncia elevada el martes en La Plata por el Diputado de la UCRI, José Epelboim, quien acusa al yerno del Gobernador Marini, Marcelo Ernesto Gurruchaga, ex empleado de la Administración provincial, y al sobrino del mahatma de la UCRP, Roberto Balbín, de integrar una sociedad de venta de automotores que aprovecha el respaldo oficial para negocios de "gran envergadura".
•El redivivo affaire de la Aduana, ventilado en agosto de 1965 por el Administrador metropolitano, Francisco Barreiro: intento de despachar repuestos de automotores rebajando en un 137 por ciento el impuesto habitual, lo que implicaba una pérdida de 1.300 millones de pesos para el Fisco. Las revelaciones de Barreiro manchaban a dos altos funcionarios: Rodolfo Aracena, máxima autoridad de la Aduana, y Genaro Rolfo, su segundo; los dos son cordobeses y amigos del Presidente.
Illia resolvió el espinoso caso cuando pidió y obtuvo las renuncias del cuarteto directivo de la repartición: Aracena, Rolfo, Barreiro y Jorge Ruberti. Pero los antecedentes pasaron a ser investigados por una Comisión Bicameral, presidida por el Senador Lucio Martínez Garbino (UCRP-Entre Ríos) y merecieron un dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, que comprobó que "se estaba ante una vasta maniobra dolosa".
Con este fundamento, el Juez en lo Penal Económico, Enrique Leonardo Ungar, dispuso la detención de Rolfo, ex Interventor en la comuna de Alta Gracia en 1963 y fervoroso sabattinista. Rolfo se presentó ante el magistrado con su defensor, el jurista Sebastián Soler; mientras esperaban ser recibidos, el Juez se comunicó por teléfono con la Policía, que pronto arrestó a Rolfo y lo trasladó a Coordinación Federal y luego a Villa Devoto.
La situación de Rolfo indignó a los cordobeses del oficialismo: el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Miguel A. Ferrando, visitó al encausado en varias oportunidades e hizo publicar el 29 y 23 una nota de descargo de Rolfo, que envió a los diarios por medio de la Oficina de Prensa de su Ministerio. Más aún: el viernes último se insistía en los cenáculos radicales que Ferrando, convencido de la inocencia de Rolfo y disgustado porque el Presidente no defendía a su amigo, había presentado su renuncia. En la noche del viernes, el Juez Ungar decretó prisión preventiva contra Rolfo y otros cuatro funcionarios menores y dispuso trabarles embargos por 15.000.000 de pesos a cada uno. Motivo: contrabando calificado.
El Diputado Héctor Llorens increpó a Palmero, quien se disculpó alegando que había hecho proporcionar comodidades a Rolfo, en Villa Devoto ("¿Por qué no vas vos a vivir allá?", lo increpó Llorens), v el jueves, el Diputado Mario Roberto presentó en la Cámara una cuestión de privilegio, que contenía acusaciones de morosidad a la Comisión Bicameral. Roberto prometió develar el fondo de los cargos contra Rolfo y manifestó el deseo de que en esa oportunidad concurrieran miembros de las Fuerzas Armadas, "porque estamos —sostuvo, zolianamente— ante la reiteración en la Argentina del caso Dreyfus".
En envión del grupo cordobés ayuda al de sus rivales, los balbinistas. Este grupo busca demostrar que los denunciantes Barreiro y Ruberti fueron personeros de una maniobra orquestada por el Secretario de Hacienda, y esperan ahora obtener dividendos políticos para una de sus reiteradas inquietudes: abrir una brecha que permita defenestrar al equipo económico, al que responsabilizan de una conducción antipopular y antirradical. Intentos similares se estrellaron el año pasado, faltos del apoyo de Illia y de Balbín (el jefe del equipo económico y varios de sus integrantes son balbinistas); pero hoy podrían encontrar algún eco en el Comité Nacional, predispuesto a salvar a "ciertos amigos, no a todos".
La creencia, en muchos estratos del oficialismo, es que se aproxima un cambio de gabinete que se efectivizará tal vez después del de mayo. Aunque sería un gabinete totalmente radical, no de coalición. En otros sectores políticos (y hasta militares) suele mencionarse una idéntica creencia, si bien se basa sobre otra premisa: la de que el gobierno se debilita y pierde autoridad y el control de graves emergencias.
Si los gestos desesperados sirven para marcar esta evidente situación de deterioro (adornada la semana pasada por paros en servicios esenciales, que llevaron a un diario pro-oficialista como La Razón a incluir en su tapa el siguiente título: "Esto no puede seguir así"), conviene computar que funcionarios del gabinete estudian un mecanismo de presiones subterráneas para vulnerar al periodismo independiente y silenciar de ese modo las únicas críticas que recibe el Ejecutivo. No será el primer ataque de un gobierno que promete "vivir con la Ley" a la libertad de prensa.

Rencilla
Tiro al pichón en Catamarca
Veinte días atrás, poco antes de retornar a Buenos Aires, Ricardo Balbín sorbió el quieto y ocre paisaje de Catamarca, desde la terraza del monumental hotel Ancasti. Tanta serenidad, no obstante, debió de ocurrírsele un infierno; porque otra vez su antiguo adversario, el Senador Ramón Acuña, volvía a colocar obstáculos en su gestión para avenir a los grupos rivales de la UCRP catamarqueña, que se disputan encarnizadamente el derecho a imponer un nuevo Senador nacional.
Uno de los sectores está dirigido por el Gobernador Armando Navarro y posee el apoyo de la mayoría legislativa. Su lista Blanca obtuvo en los comicios. internos de la UCRP, en enero pasado, alrededor de 2.000 votos y la facultad de reelegir a Ernesto Niceo Pichón Acuña, el Senador cesante, por nueve años más.
Pero Ramón, cuya lista perdió por escasos 300 sufragios, no acepta el veredicto; opina, de acuerdo con un viejo precepto radical, que toda reelección debe ser avalada por los dos tercios de los votos internos emitidos. El Comité de la UCRP de Catamarca —que hasta ahora domina Ramón— homologó este criterio y el 14 de febrero proclamó definitivamente a Miguel Ángel Gómez Bello, un ahijado político de aquél, como candidato a la codiciada banca.
Así, Ramón Acuña se permitió desafiar las iras de Balbín, porque unos días antes los adictos a Navarro habían acudido con su cuita al Comité Nacional, que les dio la razón. No corresponde computar la exigencia de los dos tercios de votos, dictaminó el cónclave partidario; El Pichón es reelegible.
Con todo, no es el radicalismo del Pueblo el que podrá decidir en definitiva: tanto Navarro como Acuña necesitan de la Asamblea General (la suma de los Senadores y Diputados provinciales) que deberá reunirse para ungir al nuevo representante. En el primer bimestre de 1966 se pensó que Navarro, aliado con los legisladores radicales y de otros partidos, tenía todos los triunfos en su mano. "Convoque a la Asamblea General y promueva allí, sin más trámites, la reelección del Pichón Acuña", recomendó Balbín el 7 de enero, de paso por Catamarca. Sugería que el Gobernador no esperase la voluntad de los afiliados a la UCRP: si se adelantaba a la puja interna precipitando la consagración del Pichón, sorprendería a Ramón Acuña con la fuerza de un hecho consumado.
Pero Navarro vaciló, quizá por respeto a sus correligionarios, quizá porque estaba seguro de ganar el comido interno; no pensó que su victoria sería desconocida por los jefes del comité local, que originaría una larga disputa capaz de empujarlo hacia la segunda trampa que Ramón había armado en su camino. Porque la nueva Constitución de Catamarca establece un cambio total en el sistema parlamentario, y Ramón Acuña —que presidió las deliberaciones e intervino en su redacción, entre octubre y diciembre del año pasado— se las arregló para introducir en ella una sutil disposición transitoria: establece la caducidad de los mandatos legislativos radicales al 30 de abril próximo. Las futuras cámaras deberían elegirse veinte días antes.
Los legisladores catamarqueños en ejercicio impugnaron esa disposición ante la Justicia lugareña, y Navarro comprendió que su adversario pretendía conformar un poder parlamentario cuyos representantes no fuesen, como hasta ahora, adictos al Gobernador y donde el futuro Senador nacional surgiese del bando ramonista. Por eso, el 15 de enero, Navarro promulgó la nueva Constitución con reservas al artículo controvertido' pero el 8 de marzo la Corte Suprema de Catamarca se declaró incompetente para entender en el caso. "A conflictos políticos, remedios políticos", se excusaron los jueces.
Enemistado con las autoridades de la UCRP de Catamarca, abrumado por las cercanías de los comicios de abril que pueden cambiar la fisonomía parlamentaria del distrito, Navarro se decidió, a principios de febrero, a aplicar, por fin, los consejos del empírico Balbín: convocó a la Asamblea General para el 10 del mes.
Esa fecha le deparó una nueva sorpresa: el Vicegobernador Liborio Forte, el hombre que debía presidir la Asamblea, se negó a hacerlo, alegando falta de tiempo para diligenciar las citaciones, y la postergó hasta el 15 de febrero. Pero el 15, con todos los legisladores en el recinto, se comprobó que tanto Forte como el ex frondicista Julio Seleme habían desaparecido misteriosamente de la casa; el Vicepresidente 2º es Enrique Muñiz, titular del Comité adicto a Ramón, y salvo estas tres personas, el reglamento no prevé otras autoridades. Por segunda vez, Ramón Acuña conseguía bloquear la ruta de Navarro; en adelante, para los radicales no habría otra salida sino la suya: concurrir a los comicios de abril con una lista de legisladores predominantemente ramonista, vencer al peronismo (la UCRP ya se impuso en 1965 por 1.000 votos a su poderoso rival, el Frente Justicialista) y coronar un Senador ajeno a Navarro.
Las aguas se encresparon, pero los vientos soplaban ahora desde Buenos Aires: Juan Palmero convocó a Navarro a la Capital Federal para discutir el conflicto junto con Carlos Perette y Balbín. "Prefiero manejar el asunto desde la cueva", rehusó el barbado Gobernador. No hubo más remedio que comisionar a Balbín y a Eduardo Gammond, que llegaron a Catamarca el 9 de marzo y propusieron al comité local una transacción: si los epígonos de Ramón prometían no obstaculizar la elección del Pichón por los legisladores aún vigentes, se conseguiría que los adictos a Navarro abdicaran de toda pretensión a ubicarse en las boletas comiciales de abril, cederían sus derechos. Pero los acólitos de Acuña se negaron a reelegir al "Senador subsidiario" (acusan al Pichón de haber presentado exclusivamente proyectos de subsidios). Y ni Balbín ni Gammond lograron que Ernesto Niceo resignase sus aspiraciones a la reelección; ambos líderes volvieron a la Capital con un palmo de narices.
Diez días atrás, sin embargo, un acontecimiento ajeno al oficialismo imprimió violento giro al problema: Tomás Arana, el estratego de la UCRI, viajó a Catamarca; según los observadores locales, para ofrendar los sufragios de su partido al Frente Justicialista (integrado hasta ahora por el peronismo y los frondicistas). Si así fuera, si la UCRI formara en la coalición opositora, los comicios de abril mostrarían a la UCRP en derrota pues el caudal alendista supera con largueza
los 1.000 votos de ventaja que la UCRP obtuvo en 1965.
Súbitamente, el sábado 19, la convención del partido oficialista exhibió a 15 representantes alineados junto al Gobernador; tan sólo 13 se hallaban al lado de Ramón Acuña en el recuento previo. Entonces se leyó un telegrama de los convencionales del populoso departamento de Santa María, que anunciaron su imposibilidad de estar presentes: un pretexto que las autoridades del cuerpo, adictas a Ramón, utilizaron para diferir esa asamblea donde debían elegirse los candidatos para la Legislatura venidera.
Con la UCRP engrosando lentamente el bando del Gobernador, ante un posible triunfo frentista que lanzaría al Senado al peronista Vicente Saadi, el panorama cambió de manera total o ara Acuña: desde el comité provincial, sus amigos anunciaron la voluntad de declinar la candidatura de Gómez Bello si los secuaces de Navarro, a su vez, renunciaban a postular al Pichón. La nómina de candidatos de transacción incluye al ubicuo Forte y al propio Navarro.
Pero a finas de la semana pasada recrudecieron en Catamarca las versiones de que el comicio programado para el 10 de abril sufriría una postergación forzosa "debido a la demora en la confección de padrones". Pretexto que los analistas provinciales atribuían a dos posibles causas:
•El convenio entre las partes se habría concretado. Acuña y Forte accedieron a facilitar la elección de un Senador nacional equidistante de ambos polos; prometieron postergar las elecciones de abril para permitir que los actuales legisladores —que deberán aprobar al nuevo candidato— terminen sus periodos legales.
•No hubo arreglo, y el Ministerio del Interior habría aconsejado la suspensión de los comicios para evitar la derrota segura de la UCRP dividida; hasta agosto, cuando 8.000 peones azucareros marchan a Tucumán para ocuparse de la zafra. Los peones azucareros suelen ser peronistas. No se descarta tampoco, en los círculos radicales, que para entonces la división del justicialismo haya llegado a Catamarca.
13-PRIMERA PLANA
29 de marzo de 1966