Contra las cuerdas, el gobierno no se decide

Hasta el cierre de esta edición, en la noche del miércoles último, el presidente Illia aún no se había pronunciado sobre el eventual envío de tropas argentinas a Santo Domingo. La semana anterior, las Fuerzas Armadas fueron consultadas por el ministro de Defensa sobre la necesidad y posibilidad de enviar tropas a aquella isla. Respondieron en forma unánime que consideraban que era necesario, y que además era posible. De inmediato comenzaron los trabajos de preparación y alistamiento en los cuadros superiores de los estados mayores de las tres armas.
En los medios informados, se estima que Argentina está en condiciones de enviar tropas de infantería con armas individuales y automáticas que, incluidos efectivos de Aeronáutica y Marina, podrían llegar a 1.000 ó 1.500 hombres.
Una vez decidida la actitud de las Fuerzas Armadas, se sucedieron frecuentes entrevistas entre altos jefes militares con los ministros Leopoldo Suárez y Zavala Ortiz: el objeto fue obtener la mayor cantidad de información posible, desde el punto de vista militar, sobre los episodios dominicanos. La información así obtenida fue muy escasa, pero se vio complementada con la enviada por el miembro argentino de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, coronel Giró Taper, quien permaneció varios días en Santo Domingo, y por los enviados confidenciales que despacharon las Fuerzas Armadas desde Buenos Aires a la isla.
De todos modos, mientras seguían los preparativos militares para un eventual envío de tropas a Santo Domingo, se complicaban minuto a minuto las conversaciones con el gobierno. Aparentemente, los ministros Zavala Ortiz y Leopoldo Suárez apoyaban una rápida decisión en favor de la creación de una fuerza multilateral, pero encontraron oposición o indecisión en el presidente Illia, quien postergaba una resolución. Más aún: se supo que, a instancias de su partido, el presidente seguiría, en caso de aceptar, la vía del Congreso Nacional, lo que seguramente llevaría a una negativa parlamentaria al mismo tiempo que reabriría un debate que pasaría de los recintos de diputados y senadores a las calles de todas las ciudades argentinas.
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa estimaban, a principios de esta semana, por su parte, que la integración de una fuerza bajo el mando de la OEA en Santo Domingo, no necesitaba inevitablemente la aprobación parlamentaria: las tropas del Ejército que actuaron el año pasado en el Operativo Ayacucho, realizado en el Perú, no contaron con la aprobación del Congreso para salir del país.
Aún otra discusión encrespó los ánimos en el curso de la semana. El Poder Ejecutivo comenzó a estudiar la posibilidad de que la misma OEA sufrague los gastos de traslado y de aprovisionamiento de las tropas argentinas en Santo Domingo. Las secretarías militares estiman que si la Argentina desea participar, y decide intervenir en las operaciones, debe sufragar sus propios gastos: de otro modo se resentiría su prestigio y su autoridad sobre el terreno.
En vista de esta circunstancia, miembros del equipo económico expresaron que los gastos de la fuerza expedicionaria serían cargados a los presupuestos corrientes de las tres armas.
Se espera que en las próximas horas el presidente Illia tome una decisión definitiva al respecto: los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores están dando su última batalla, mientras que las Fuerzas Armadas piensan que podría reproducirse, por decisión del gobierno, un largo debate parlamentario y callejero que deterioraría aún más la situación política del país.
Otro temor de las Fuerzas Armadas es que el gobierno haya preferido alargar el debate público para dejar sentado que se ve obligado a cumplir con la decisión de la OEA por imposición de las secretarías militares. Lo que resultaba más que evidente al cierre de esta edición, es que el gobierno se debatía entre varias posiciones, presionado ostensiblemente por su partido, y que la visita del emperador del Irán ofrecía una magnífica cortina de humo para postergar lo más posible la decisión final del presidente Illia.

El ejército de reemplazo para Santo Domingo
Escribe
Teniente Coronel (RE) Alberto M. Garasino

De acuerdo con el giro que han tomado los acontecimientos en la República Dominicana, es muy probable que los gobiernos latinoamericanos tengan que pronunciarse en breve sobre su participación en la integración de un continente militar multinacional.
Si la resolución de algunos Estados fuera afirmativa, y la fuerza multilateral llega a constituirse, América latina y sus Fuerzas Armadas se encontrarán ante una experiencia inédita.
La historia de estas operaciones es muy breve. Se inicia con la guerra de Corea (1950) y se extiende hasta Chipre (1964). Tienen la característica fundamental de ser decididas por organismos internacionales de composición colectiva y como propósito la búsqueda de la pacificación, o el reencauce de la vida interna de una nación que, por su especial situación geográfica y la coyuntura histórica del momento, ha hecho de su propio conflicto una amenaza para la paz regional y mundial.
El primer y grave inconveniente con que se tropieza para la conducción de la fuerza militar proviene de las permanentes dificultades de los organismos internacionales para fijar un claro objetivo político. Esa falla repercute inmediatamente en la poca precisión que generalmente acompaña a la misión que se le asigna al cuerpo militar, que desde el principio comienza a girar en el vacío, cargando con el peso de las responsabilidades —especialmente en los desastres— y viendo su acción trabada por consultas dilatorias en los momentos de emergencia. Esta ha sido y es la nunca desmentida experiencia de los comandantes militares de las Naciones Unidas en Corea, el Congo y Chipre.
La raíz básica del problema, según los especialistas, se encuentra en que los objetivos tienen que ser deducidos de resoluciones de compromiso, que a su vez han sido el resultado de votaciones plagadas de abstenciones y votos negativos. Por eso, la ambigüedad y la vaguedad son la norma.
El caso Santo Domingo, si se materializa, probablemente tampoco escapará de esa regla, sobre todo si se tiene en cuenta que es manejado bajo la presión de los acontecimientos por diplomáticos y políticos de poca experiencia. Existe cierta tendencia a confundir estas operaciones con el arbitraje común, cuando la diferencia capital radica en que en el caso del arbitraje se cuenta por anticipado con el libre consentimiento o el pedido expreso de las partes. Ni siquiera la solicitud oficial de intervención que el Primer Ministro Patricio Lumumba hiciera ante el Consejo de Seguridad, en 1960, ahorró a su pueblo y al contingente militar de las Naciones Unidas más de tres años de violencia y sangre.
La falta de una adecuada imaginación para entender la situación determina generalmente errores básicos en la conducción política, que complicarán luego, hasta el infinito, la tarea específicamente militar. Normalmente, en el proceso previo de discusión pública de estas operaciones, los hombres de Estado tienden a minimizar el volumen y la gravedad futura que eventualmente pueden adquirir estos conflictos, provocando la falsa y tranquilizadora idea de que sólo es necesaria una mera acción de presencia para volver las cosas a su cauce. La consecuencia inevitable es que el contingente inicial resulta escaso en número y pobre en elementos materiales. Un proceso similar ha sido probablemente la causa indirecta de la muerte del ex Secretario General de la ONU. Hammarskjöld pereció en un accidente de aviación que se produjo durante un vuelo que forzosamente debió ser realizado de noche, porque, a casi trece meses de iniciadas las operaciones, las Naciones Unidas no tenían la aviación de combate que pudiera haber protegido el vuelo diurno.
Durante el debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados argentina, en la madrugada del 7 de mayo, se registró un ejemplo de esa mentalidad política proclive a subestimar desde el principio la capacidad de generar complicaciones e incidentes que tienen conflictos como el dominicano. Al responder a una pregunta, el Canciller argentino puntualizó: "Además, señores diputados, estas fuerzas argentinas no irán en tren de guerra, es decir, no van a luchar. Van a ser una fuerza de policía, de asistencia, de cooperación". Este concepto fue reiterado y ampliado por Zavala Ortiz en su alocución radial del domingo 9, cuando ya se conocían las enérgicas declaraciones del Coronel Caamaño Deno —uno de los jefes de los sectores en pugna en Santo Domingo— sobre su oposición a fuerzas interventoras de cualquier clase en suelo dominicano.
Tampoco los hechos que actualmente se registran en esa guerra civil —la cifra de las bajas es ya superior a las que experimentaron los rebeldes cubanos en la invasión de la Bahía de Cochinos, en 1961—, o la historia nacional dominicana, que constituye una de las más trágicas cadenas de matanzas y odios que conoce América latina, sirven de base para apreciaciones tan optimistas como las formuladas por el Canciller argentino.
Además, el que se tenga que operar a menos de 250 kilómetros de la Cuba de Castro, subraya esta conclusión: la debilidad de las fuerzas de seguridad sólo consigue aumentar el desorden en la isla y la pérdida inútil de vidas, tanto de civiles como de militares.

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