"La nuestra es, fundamentalmente, una obra hecha con amor; y los resultados de esa obra tienen la virtud de incitarnos a perseverar." El tema de la educación es, para Aurelio José Porto, una llave que desencadena un torrente de palabras, gestos, ademanes nerviosos, demostrativos del contagioso entusiasmo que lo anima. Porto (30 años, casado, abogado), Rector de la Universidad de Belgrano, reconoce, sin embargo, que fue preciso aportar algo más que entusiasmo para alternar sus pacificas tareas de Secretario en los Tribunales, con la ciclópea misión de montar una Universidad. "Pero nada se hubiera podido hacer sin la colaboración de un grupo de colegas que participan de la misma mística", agrega, antes de enfrascarse en un detenido examen de la situación actual por la que atraviesan las Universidades privadas.
Todo empezó con el Decreto 6.403, del año 1955, cuyo discutido artículo 28 autorizaba a entidades privadas la creación de Universidades que expidieran títulos habilitantes. A su conjuro nació, un año más tarde, la Universidad Católica de Córdoba, sometida poco después a los dictados de la Ley 14.557, sancionada el 30 de setiembre de 1958. A partir de la Ley, el Estado reconoció idoneidad a la iniciativa privada "para crear Universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos", pero se reservó el derecho de otorgar la habilitación requerida para el ejercicio profesional.
Las resistencias que provocaron estas resoluciones conmovieron hasta los cimientos al propio país, y un vasto movimiento de opinión agitó entonces a todos los círculos vinculados con el quehacer educacional. No cabían otras opciones: o se estaba con la enseñanza libre o con la laica, que en general respondían al esquema de enseñanza privada o estatal. Partidarios de una y otra se enfrentaron en todos los terrenos, y el problema fue agitado por manifestantes callejeros en grupos irreconciliables.
Diez años después, las dos posiciones, aunque algo atenuadas, todavía subsisten. Pero en todo el país, medio centenar de Universidades privadas se empeñan en demostrar que su creación es un hecho irreversible.
"No fue nada fácil. Las exigencias del Ministerio son cada vez más severas, y en algunos casos obran como trabas en el desenvolvimiento de la enseñanza", opinó, la semana pasada, Jorge Félix Massuco, Secretario de la Facultad de Derecho en la Universidad de Belgrano. Massuco, que es, además, profesor adjunto de Derecho Penal, considera, no obstante, que las reglamentaciones impuestas por el Estado tienden a evitar improvisaciones. Desde el año de su promulgación, la Ley 14.557 sufrió sucesivos retoques por medio de decretos y cada vez más estrictas reglamentaciones. Por una de ellas se creó la Dirección Nacional de Reglamentaciones de Altos Estudios, que es la encargada de ejercer el poder de policía estatal. En abril de este año se reglamentó el uso de la palabra Universidad, y se fijaron distintos procedimientos a seguir antes de su registro definitivo:
• Un grupo de personas o entidad determinada forma especialmente un ente privado (fundación, asociación civil, etc.), y crea simultáneamente una Universidad.
• Se presenta ante la Inspección General de Justicia, solicitando personería jurídica.
• Dentro de los treinta días posteriores a su creación, debe denunciar su existencia al Servicio de Observación Previsional. Este organismo es el encargado de analizar los planes de estudio, cuerpo de profesores, administración y funcionamiento del instituto que pretende llamarse Universidad.
El Servicio de Observación Previsional, creado en marzo de 1964, se encarga de vigilar la marcha de los institutos con el asesoramiento de comisiones académicas docentes. El registro definitivo se obtiene cuando el primer egresado, de cada Universidad, rinde su examen habilitante ante un tribunal integrado por un miembro del Ministerio de Educación, uno de su Universidad, y uno del colegio profesional respectivo (Centro de Ingenieros, Colegio de Escribanos, etc.).
La Universidad de Belgrano es la única que ha sido reconocida por el Servicio de Observación Previsional.

Un drama latente
A pesar de su supuesta severidad, los cánones vigentes tienen profundas fallas, según la opinión unánime de autoridades y profesores vinculados a la enseñanza privada. "Las intenciones son buenas, pero todo se echa a perder por la inevitable burocracia", se lamenta Omar Lima Quintana, Rector de la Universidad de Morón, una de las afectadas por la lentitud de la maquinaria ministerial. "Aún no fuimos inscriptos a pesar de haber llenado todas las formalidades requeridas. Más de mil alumnos están pendientes de esta resolución."
Como las reglamentaciones no fijan el término durante el cual el Servicio de Observación Previsional debe expedirse, los alumnos de Universidades no reconocidas corren permanente peligro de que los años cursados queden invalidados por un fallo desfavorable. En este caso se encuentran, actualmente, unos ocho mil estudiantes, algo menos de la mitad del total que estudia en Universidades privadas de todo el país. Algunas de ellas, como la de Olivos, cuentan ya con promociones de egresados enfrentados a un dilema crucial: los jueces del Ministerio dirán si pueden ejercer su profesión o deberán comenzar nuevamente su carrera.
Cuando en el mes de setiembre pasado, diez institutos fueron desautorizados para utilizar la palabra Universidad (entre los más importantes figuraban los del Oeste y de Lanús), la zozobra invadió a profesores y alumnos de las otras 25 que siguen con la espada sobre sus cabezas. "Lógicamente, éste no es el mejor estado de ánimo para enseñar y aprender", protesta el doctor Lima Quintana. La Universidad de Morón, fundada en 1960, se ha dirigido reiteradamente al Ministerio de Educación pidiendo su largamente demorada habilitación. La respuesta invariable fue el silencio.

Privadas y confesionales
Antes de la Ley que institucionalizó la enseñanza superior privada, existían numerosos institutos que impartían instrucción de nivel universitario, pero cuyos diplomas de habilitación eran solamente académicos. La mayor parte de estos establecimientos tenían carácter confesional y eran sostenidos por la Iglesia Católica (entre las excepciones, la Universidad del Museo Social Argentino y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires). Luego de la Revolución de 1955, la Iglesia, que estaba enrolada entre los vencedores, logró de las autoridades nacionales un reconocimiento oficial para sus institutos de enseñanza. De tal modo, se explica que de las once Universidades reconocidas antes de aplicarse la reglamentación actual, ocho sean de origen netamente católico. Una de las más importantes (cuenta con 3.411 alumnos) es la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María
de los Buenos Aires. Hace pocos días, su Rector, monseñor Octavio N. Derisi, explicó la misión asignada a la Universidad, señalando que "a la formación superior estrictamente humana —y cristiana en nuestro caso— de los estudiantes, se une la formación específica propia de cada facultad o escuela". Monseñor Derisi es decidido partidario de la autonomía de las Universidades privadas, pero entiende que esta autonomía no sólo debe alcanzar al plana académico sino también al económico, y que el Estado debe contribuir con su aporte. Para el Rector de la Universidad Católica, el mayor orgullo de la institución que dirige es la importancia de su claustro de profesares (578 en total), que permite tener un catedrático por cada seis estudiantes, con las consiguientes ventajas para unos y otros.

Educación y negocio
Descartado por ley el apoyo oficial, las Universidades privadas deben procurarse medios propios para su sostenimiento. La mayor fuente de recursos son las cuotas abonadas por los estudiantes, que van desde el pago de una matrícula (entre 1.000 y 3.000 pesos) y el derecho del curso que oscila entre 20.000 y 25.000 pesos anuales. "Algunos creen que nosotros hacemos un gran negocio, pero la verdad es muy otra", aclara el Rector de la Universidad de Belgrano antes de confesar que los profesores apenas alcanzan a percibir 5.000 pesos mensuales. No obstante, la voluntad puesta de manifiesto por profesores y alumnos determinó que esa Universidad arrojara un superávit del 44 por ciento al cerrar el ejercicio financiero de este año. "Todo fue invertido en obras para la Universidad."
El caso no es frecuente. Lo común es que los institutos privados arrastren un déficit crónico, y deban multiplicar sus esfuerzos para acrecentar los recursos. "El peligro de esta política es aceptar un fuerte apoyo de entidades o personas que representen a sectores definidos o grupos de presión, que inevitablemente conduce a la pérdida de la necesaria ecuanimidad", advierte el doctor Lima Quintana.
Ninguno de los profesores consultados considera la labor universitaria desde un punto de vista lucrativo. Más bien, aprenden a considerar a la institución como cosa propia, y ponen en juego su mejor voluntad para llevarla adelante. El doctor Porto —a quien los alumnos gustan llamar El General, por su sentido de la disciplina— no puede ocultar su orgullo toda vez que debe referirse a su Universidad. "Las relaciones entre profesores y alumnos son muy cordiales, pero nunca se olvidan aquí las jerarquías. En la Universidad de Belgrano, las autoridades mandan, los profesores enseñan y los alumnos estudian." Porto no descarta la posibilidad de que esta jerarquización sea un resabio de la educación castrense recibida por él en las aulas del Colegio Militar, "pero, de todos modos, nos da excelentes resultados". La opinión es compartida por el profesor Massuco. Enrolado en la corriente humanista durante sus años de estudiante, confiesa que el gobierno tripartito propugnado por los reformistas vale solamente como experiencia, "pero que en la realidad no ha demostrado poseer las bondades que ellos aseguran".
"La enseñanza superior no tiene por qué ser exclusivamente estatal o ineludiblemente laica." En esta frase pudo condensar Primera Plana las respuestas a su pregunta sobre la necesidad de la enseñanza privada en el país, formulada a medio centenar de profesores y alumnos vinculados a esta actividad. La mayor parte argumentó que los ejemplos de Europa y Estados Unidos eran suficientemente significativos como para insistir en su defensa.
Al doctor Lima Quintana le bastó con decir: "Fíjese que Jonas Salk y su vacuna son productos de una Universidad privada".
Revista Primera Plana
04.01.1966