A diez días de la crisis producida en YPF en torno de las contratos petroleros, han participado en la polémica, prácticamente, todas los sectores políticos del país. Los bandos se han establecido de acuerdo con líneas tradicionales, al menos dentro de las formas que la misma polémica revistió en 1958, en ocasión de la negociación y firma de dichos convenios. Por supuesto, la diferente situación de algunas agrupaciones ha introducido cambios. Es así como el movimiento justicialista, que apoyó ideas similares en 1955 cuando intentó formalizar el convenio con la California Argentina, se pronuncia ahora contra los contratos. Por su parte la UCRI, que en 1955 atacó el convenio con la California, pasó a su vez por la experiencia de la dura realidad de gobernar, y en un extenso documento acaba de exponer los motiva que llevaron a la firma de los convenios: la necesidad de autoabastecimiento.
En esta polémica, que seguramente continuará por algún tiempo —si bien es posible que la convocatoria a elecciones y el clima electoral consiguiente lleven a la opinión pública a incursionar por temas más candentes—, se sintió la ausencia de una voz, la del doctor Adolfo Silenzi di Stagni, quien se encuentra en el exterior en una misión encomendada por la FAO, entidad de las Naciones Unidas dedicada a los problemas de la agricultura y de los alimentos.
Por su parte, uno de los hombres que con mayor significación participó en la negociación de los contratos, el doctor Arturo Sábato —desde su cargo de delegado presidencial en YPF—, está por dar a conocer un folleto historiando todos las antecedentes de dichas negociaciones. Resulta curioso señalar, de todos modos, que el aval jurídico para la actuación del doctor Sábato en YPF está dado por un decreto del gobierno de la Revolución Libertadora, que contempla precisamente el cargo de delegado presidencial que ocupó dicho funcionario.
El doctor Sábato señala un punto esencial en su argumentación: el país importó entre el 55 y el 65 por ciento del petróleo que consumía, insumiendo la importación, en el periodo 1950/57, la suma de 1.438 millones de dólares. "Con tal cantidad —expresa el autor del folleto— se hubiera financiado la planta siderúrgica de San Nicolás y se hubieran construido, sin recurrir al aporte extranjero, las plantas hidroeléctricas de Salto Grande y El Chocón."
Es evidente que, como resultado de los cinco contratos juzgados en la actual polémica, la producción de YPF pasó de 5.300.000 metros cúbicos en 1957 a 15.100.000 en 1961, y se supone que en 1962 ha llegado a 17 millones, descendiendo la importación de 64,8 por ciento del consumo en 1958 al 23,3 % en 1961, estimándose que siguió descendiendo en 1962 al 16,5 % del consumo nacional.
Pero uno de los argumentos fundamentales de los opositores a las contratos radica en el precio que se paga a las compañías por el petróleo que producen en el ámbito nacional. En este aspecto, las dificultades son insuperables: es difícil comparar los costos de los contratos de perforación y de explotación con los trabajos de YPF, ya que la entidad estatal aún no ha logrado determinar con claridad sus propios costos.
El problema de los costos fue comentado del siguiente modo por un oficial de Estado Mayor del Ejército: "La cuestión me recuerda las discusiones que tengo con mi mujer. Cuando le digo que gasta mucho por mes, me responde que la verdad es que no la amo más. Cuando insisto en que mi amor es eterno, pero que necesito que se reduzca un poco en los gastos, dadas las dificultades en cobrar los sueldos, vuelve a insistir llorosa en que no la amo. Así, la discusión es imposible. Lo mismo pasa con YPF: cuando opino que la administración debe ser ordenada y saneada, me gritan que odio a YPF".
Con habilidad de polemista, Arturo Sábato recoge una afirmación de un economista que políticamente milita en otro bando: el ingeniero Raúl Ondarts, uno de los propulsores de la candidatura del general Aramburu y alto funcionario en el gobierno de la Revolución Libertadora. En una conferencia pronunciada el 11 de noviembre de 1962, Ondarts calculó que los contratos petroleros han permitido "el ahorro real y efectivo de 250 millones de dólares que no hemos pagado al exterior, sino que ha sido dinero invertido en el país para producir trabajo y bienestar en el mismo".

Perspectiva
El gobierno, a través del secretario de Energía y Combustibles, ha sido categórico: no se anularán los contratos petroleros Por su parte, el subsecretario, señor Torrontegui, que asumió la presidencia interina de YPF, expresó que no tomará medidas de fondo hasta que se constituyan las autoridades definitivas del organismo. De todos modos, en los medios informados circuló con insistencia la versión de que los contratos serán renegociados.
Las derivaciones de esta medida son imprevisibles. Algunas de las empresas internacionales que han firmado esas contratos no han ubicado pozos en sus trabajos, de modo que han realizado solamente inversiones sin recibir nada a cambio. Por otra parte, en términos generales los negocios de esas compañías no han ido muy bien, por lo que es posible que a cambio de una renegociación —que evidentemente se haría por motivos políticos dada la exacerbación creada por la polémica—, las compañías podrían solicitar ser favorecidas en otros aspectos de su permanencia en el país, que podrían llegar a una participación en el mercado de distribución de combustibles. La habilidad de los negociadores argentinos, en este caso, deberá extremarse sustancialmente: la renegociación puede hacer que se gane uno y se pierdan dos.

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