Abastecimiento
¿Se pueden frenar los precios con leyes?

Toda la semana pasada se vivió con una febril actividad por parte de los cuerpos directivos de las entidades empresarias, consultadas oficial y extra-oficialmente por comisiones, bancadas y legisladores aislados, a quienes corresponderá la responsabilidad de la sanción de una ley de abastecimientos, sobre la base del conocido proyecto del Poder Ejecutivo. En la madrugada del miércoles ya se descartaba que, luego de algunas reformas, el proyecto podría llegar a recoger el auspicio de la mayor cantidad de partidos que haya logrado cualquier despacho de los sancionados por este Congreso.
Paradójicamente, una unanimidad de signo opuesto se recogía en las esferas empresarias; todas las entidades de marcada representatividad consideraban inconveniente una ley de esta naturaleza; así lo dijeron, clara y reiteradamente, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y la Confederación del Comercio, adherida a la CGE.
La protesta habría llegado incluso al propio presidente de la República: Illia recibió en una oportunidad a la mesa directiva de ACIEL, central a la que están adheridas la mayoría de las organizaciones mencionadas y, en esa oportunidad, respondió a sus inquietudes que "mientras yo sea presidente, esa ley sólo se aplicará excepcionalmente". Los dirigentes acielistas. por su parte, le dijeron que preferían no tener que estar librados a la buena voluntad de un mandatario que, por lo demás, debe ser relevado constitucionalmente al término de seis años, mientras que la ley queda.
En términos generales, la coincidencia de los empresarios señalaba como efectos insalvables del proyecto original y de las reformas posteriores, los siguientes:
• La amplitud de las facultades conferidas y el ámbito en que pueden ser aplicadas, permiten la instauración de una dictadura económica del Estado.
• El sistema de control traerá como consecuencia un incremento de la burocracia estatal y una elevación en los costos de producción de los empresarios, obligados a llevar planillas especiales.
• La posibilidad de dictar normas sobre cualquier actividad económica, reduce la función del empresario a la de gestor de las decisiones estatales y desmembra el derecho de propiedad que garantiza la Constitución.
• La fijación de cuotas de producción de cumplimiento obligatorio implica que las empresas estarán obligadas a trabajar aunque sea a pérdida.
• El establecimiento de precios de sostén o de fomento y el otorgamiento de subsidios tenderá a fomentar actividades económicamente improductivas en desmedro del tesoro de la Nación, que deberá compensar las pérdidas que estos rubros ocasionen.
• La facultad de fijar márgenes de utilidades y la de prohibir transacciones a precios superiores a los determinados por el organismo, significa detener el proceso de ahorro de las empresas y los planes de inversiones de las mismas.
• El articulado crea penas para delitos extralegales, pues las infracciones dependerán de las normas que fije el cuerpo de ejecución de la ley, siendo las mismas inapelables.
• La posibilidad que tienen de utilizar los medios de que dispone el Estado para intervenir en las distintas etapas del ciclo económico, implica establecer un peligroso antecedente de socialización de los factores de producción.
Finalmente estiman que esta ley habrá de constituir una traba para las relaciones comerciales con otros países pues es una prueba fehaciente de la orientación y tendencia económica de la Argentina.
Expertos económicos consultados por PRIMERA PLANA daban, por su parte, otros enfoques sobre el problema: para demostrar que este tipo de reglamentaciones no tiene nada más que efectos momentáneos y que a la larga son perjudiciales, los técnicos entrevistados señalaron que, según los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, en el período en que rigió la anterior ley —o sea desde el año 1946 hasta 1955— el presupuesto básico de la familia argentina se había elevado en más de 4,8 veces, pasando de 297 pesos a 1.443 pesos.
Recordaron asimismo que en un trabajo realizado por el doctor Carlos Moyano Llerena y que fuera actualizado por la revista "Análisis", se llegó a comprobar que un grupo de 22 artículos alimenticios, que estuvieron regidos por los precios máximos, experimentó entre 1939 y fines de 1963, un incremento promedio de 98 veces, en tanto que 17 artículos que no tuvieron precios controlados solo aumentaron 61 veces. Estos incrementos y fluctuaciones no pueden ser evitados en un sistema de control de precios, porque la mecánica de la economía indica que el productor o distribuidor de un articulo con precio máximo fijado, al comenzar a tener dificultades y perder el incentivo de las ganancias, abandona la producción para volcarse a otra actividad no controlada. Esto genera la escasez del producto con precio controlado, y el ciclo se invierte porque la oferta, al ser superada por la demanda origina indefectiblemente nuevos aumentos de precios que el gobierno, a la larga, tiene que permitir.

El control de cambios
Por Julio Gottheil

El Banco Central ha dictado dos circulares cuyo objetivo es reunir información acerca de las obligaciones en moneda extranjera del sector privado y acerca de los motivos por los cuales se compran y venden divisas en nuestro mercado libre. En una plaza intimidada por la incertidumbre, estas circulares han bastado para que se diga que el gobierno implantará el control de cambios.
La verdad es que, por ahora, el gobierno ha hecho algo muy sensato, que debió haber sido hecho mucho antes. Los gobiernos anteriores y el actual no han tenido una noción precisa de cuánto debe el país en divisas extranjeras. La balanza de pagos internacionales es de esencial importancia para la vida económica del país. De las divisas que ingresan por exportaciones e inversiones y de las divisas que salen por importaciones y pagos de dividendos (aparte de otros conceptos que dejo a un lado para simplificar) depende precisamente la posibilidad de seguir importando bienes de capital, maquinarias, etc.; depende que nuestra capacidad de exportación sea suficiente o no; depende el nivel de vida de la población y la supervivencia de muchas iniciativas empresarios. En la balanza de pagos influyen los egresos de divisas originados por los pagos que las empresas privadas o los particulares hacen en el exterior en moneda extranjera. Por lo tanto, para tener un panorama completo, hay que contar no sólo con la información de las obligaciones del Estado Nacional, las provincias y las empresas estatales y otros entes, sino también con las obligaciones de los particulares. Y es con ese dato esencial con el que no se ha contado hasta ahora por falta de iniciativa de los gobiernos.
La medida del Banco Central tiene pues un aspecto positivo primordial de información para que el país sepa a qué atenerse y pueda programar de la mejor manera posible.
Pero hay más. Aparte de las operaciones normales de exportación, importación y pagos financieros, el mercado de cambio sirve para que con él se especule. No es el pequeño especulador de la calle San Martín, que se beneficia con los vaivenes provocados por los grandes especuladores, el que realmente cuenta. El señor de la calle San Martín cuenta como fenómeno psico-social de desmoralización, descreimiento y separación de la responsabilidad colectiva; pero influye poco en la cotización de las divisas. Para hacer variar el tipo de cambio hay que mover millones. O hay que demorar la venta de divisas logradas en la exportación. Pues bien, todo este fenómeno de especular con las oscilaciones del mercado de cambios es nocivo porque hace invertir esfuerzos en actividades improductivas, porque provoca inseguridad colectiva dada la repercusión que tiene en muchos precios el cambio de la divisa extranjera, y porque se ha tomado al "dólar" como indicador de la salud o enfermedad de la economía del país. Uno de los medios más eficaces para combatir la especulación es informar acerca de ella. Por el solo hecho de saberse oficialmente los motivos de las compras y ventas de divisas hay que esperar que disminuya la especulación. Además el Estado podrá tomar medidas para impedir aquella especulación que no cese por el solo hecho de la información.
La medida tomada es positiva por muchos lados. Por otra parte, es algo que se hace en la gran mayoría de los países que no han optado por controles de cambio estrictos.
Nuestro país tiene que estar muy enfermo para asustarse tan fácilmente. Quienes temen el control de cambios están en contra del sistema. A mí también me parece mal el establecimiento de controles dentro de una economía libre y con un medio propenso a la corrupción como es el nuestro hoy. Pero creo que nada hay que temer, ya que las autoridades en esto están procediendo con prudencia. Tal vez muchos reaccionen por experiencia y estén escaldados con las improvisaciones que hasta ahora nos han hecho padecer los actuales gobernantes. Pero pienso que también reaccionan condicionados por un hábito de frustraciones reiteradas.
PRIMERA PLANA
28 de enero de 1964