Todos los altos funcionarios del gobierno o dirigentes de
la UCRP coincidían en los últimos días en que el plan de
lucha de la CGT se ha convertido en el mayor desafío que
afronta Illia desde la asunción del mando. En general,
tratan de demostrar que la actitud de la CGT responde a un
plan subversivo que podría estar conectado con actividades
golpistas. Insisten además en afirmar que la renovación de
los convenios de trabajo no ha ofrecido dificultades hasta
ahora, por lo cual no habría ningún justificativo gremial
en apoyo de la actitud anunciada por la CGT.
Por su parte, los dirigentes de la CGT estiman que su plan
de lucha responde no a un problema salarial, sino a tres
aspectos ante cuya gravedad el gobierno no habría tomado
medidas de fondo: desocupación, paralización industrial y
costo de la vida.
Según las estimaciones reservadas de la CGT (ver página 9
de esta edición)-, la ocupación de fábricas sería
momentánea y pacífica. Pero, evidentemente, ni siquiera la
autoridad que pudieran tener los dirigentes de la CGT
podría garantizar que no se produjeran hechos
irremediables. Una entidad que en el campo económico y
social ha coincidido constantemente con la central obrera,
la Confederación General Económica, se ha dirigido incluso
a la CGT solicitando que sea revisado el plan de lucha
para dar paso a negociaciones y al diálogo.
El tema es discutido también en las Fuerzas Armadas, donde
ha sido subrayada una declaración del gobierno en la cual
se afirma enfáticamente que el mantenimiento del orden
será asegurado a toda costa. Hasta el momento, nadie puede
predecir qué fuerzas se verá obligado el gobierno a
movilizar para el mantenimiento del orden. Pero es
probable que en las secretarías militares se intente
convencer a Illia de que tome sus precauciones para evitar
envolver a las Fuerzas Armadas en un problema represivo.
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han tomado
partido, ni siquiera a efectos argumentales, en la
polémica sobre la profundidad de la crisis: el gobierno ha
declarado que no se siente responsable por el estado de
desocupación y el alto costo de la vida. Pero la CGT
estima que no se trata de buscar a los culpables de la
situación, sino comprobar si el gobierno en cuatro meses
ha intentado tomar medidas serias para resolver los
problemas, aun cuando hubiesen sido heredados.
Se suma así la CGT a una opinión generalizada en los
medios técnicos y económicos de Buenos Aires, según la
cual el gobierno no cuenta con equipos capaces de afrontar
los problemas más angustiantes que afectan a la Nación.
Algunos funcionarios del gobierno, consultados por
redactores de PRIMERA PLANA, confirmaron que la acusación
de "incapacidad" que se formula al actual elenco oficial
es la que más se ha impuesto en la opinión pública. Pero
afirman al mismo tiempo que se trata de una campaña
orquestada con fines inconfesables. Es de presumir, por lo
tanto, que por un tiempo el gobierno se defenderá de
algunas críticas alegando la existencia de un plan de
acción psicológica, mientras que por otro lado insistirá
en subrayar que la CGT no actúa en base a móviles
gremiales, sino a inspiraciones golpistas.
Sin embargo, es probable, como señalan muchos
observadores, que el presidente Illia reaccione en forma
diferente de la de algunos de sus voceros y prefiera
producir algunos cambios en su gabinete. Se señala como
índice importante el aliento que otorga el jefe de
gobierno a algunos funcionarios que tratan de resolver los
problemas creados por los llamados "iracundos" del
gobierno: los iracundos, siguiendo una línea política
rígidamente ortodoxa, crearon algunas situaciones
insostenibles en el campo energético y financiero. En
estos momentos, el presidente alienta silenciosamente al
administrador de Gas del Estado, ingeniero Pérez, en su
controversia con el secretario de Energía y Combustibles,
doctor Pozzio, sobre el balance de dicha empresa estatal.
Al mismo tiempo, sigue de cerca las negociaciones de
Facundo Suárez con las compañías petroleras y se prepara
para negociar con las autoridades del Banco Mundial que
llegarán a Buenos Aires con un espíritu más elástico que
el demostrado por las reacciones de su ministro, Pozzio, a
los planes de ampliación de obras y suministro de energía
de SEGBA.
Una callada marcha atrás en las medidas espectaculares
promovidas por este gobierno para cumplir con algunos
compromisos contraídos durante su campaña electoral
—incluso su actitud de rechazar las reincorporaciones
militares—, inclina así a todos los observadores a
sospechar que aún no se conoce el verdadero rostro que
tendrá el gobierno de Illia. Y al mismo tiempo hace
suponer que de algún modo habrá una negociación con la CGT
no sobre cuestiones salariales, como desearían algunos
burócratas del gobierno, sino sobre los graves problemas
que afectan a toda la estructura nacional: desocupación,
paralización industrial, costo de vida.
Revista Primera Pla
11.02.1964
_______________
Página 9 de la revista
CGT
¿Hacia donde va el plan de lucha?
Durante la semana pasada, todas las tensiones
político-sociales parecían depender del plan de lucha
anunciado por la Confederación General del Trabajo. Por
primera vez en muchos años, la central obrera había
resuelto pasar a la ofensiva, y tanto el gobierno como los
sectores empresarios y los jefes de las Fuerzas Armadas se
planteaban a la vez el grado de realidad de los anuncios,
los posibles fines encubiertos de las medidas de fuerza y
las perspectivas de que las mismas crearan una situación
que significara una seria alteración del orden público.
La primera reacción advertible en los distintos círculos
—inclusive gremiales— fue de escepticismo: casi todos
coincidían en que la CGT había colocado un nuevo elemento
de negociación no tanto para obtener conquistas, sino para
obligar al gobierno a una mayor cautela con respecto a las
organizaciones gremiales. Los dirigentes de la CGT venían
acusando a las autoridades del ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de interferir en la vida sindical y
señalaban, como caso concreto, una eventual parcialidad
oficial en los comicios realizados recientemente en la
Asociación Obrera Textil. Por otra parte, los gremialistas
temen que la desocupación existente y la retracción
industrial determinen un retroceso en materia de
legislación social si esos hechos no son contrarrestados
con una política de iniciativa.
En privado, los dirigentes gremiales admiten que el plan
de lucha, que incluye la transformación del estado de
alerta en "estado de resistencia de los trabajadores" y la
ocupación de fábricas (parcialmente a partir del 1º de
marzo y en forma total desde el 25), es difícilmente
practicable. Algunos de ellos admitieron que la escasa
concurrencia registrada durante el acto que la CGT
organizó en diciembre pasado frente al Congreso Nacional
demuestra las limitaciones de un momento caracterizado por
la "poca combatividad de las masas".
Simultáneamente, en el justicialismo distaba de haber
unanimidad real en el apoyo al plan de lucha. No faltaban
quienes vincularan a algunos dirigentes con sectores
políticos "ajenos al peronismo" y con disimulados juegos
tendientes a favorecer, inclusive, a sectores desplazados
de las Fuerzas Armadas.
Aparentemente, la Confederación General del Trabajo
aparecía la semana pasada como dispuesta a llevar el plan
de lucha hasta sus últimos efectos —la ocupación de las
fábricas—, pero uno de sus dirigentes más representativos
señalaba a PRIMERA PLANA que "el gobierno negociará antes
que se llegue a esa situación". Durante el mes de febrero,
se realizarán acciones que permitirán presionar al
gobierno para una negociación y, a la vez, hacer un
recuento de las propias fuerzas para saber hasta dónde la
central obrera puede llegar: habrá mítines,
manifestaciones, actos relámpago y ocupaciones simbólicas
de fábricas por lapsos de quince minutos.
Para los observadores, resultaba evidente que la presión
de los dirigentes de segunda línea, que acusan a la
dirección cegetista de debilidad, había contribuido a
precipitar los acontecimientos, obligando al secretariado
a tomar la iniciativa. Pero lo que decidió a la
Confederación General del Trabajo a preparar el plan de
lucha es el fracaso y la inoperancia demostrados por los
simples paros generales, que no asustan ya a nadie y que,
como dice Juan José Taccone, secretario general del
poderoso Sindicato de Luz y Fuerza, "vienen a ser,
simplemente, días no-laborables, sin otra repercusión".
Además, dicen los gremialistas, el anuncio de un paro
general "ya ni siquiera provoca expectativa; para todos
parece ser una contingencia rutinaria". Pero, por otra
parte, los obreros son reacios a los paros por el deseo de
no perder jornadas de trabajo y no arriesgar los puestos
en momentos en que los establecimientos no trabajan a
plena ocupación.
Al poner en marcha su nueva táctica, la CGT consiguió
comprometer también el apoyo de los partidos políticos,
con la finalidad de evitar las acusaciones de
insurreccionalismo que se formulan contra el paro. Al
edificio de la Central Obrera fueron invitados
representantes de distintos sectores, cuyas finalidades
políticas se neutralizarían recíprocamente. Pero,
significativamente, se impidió hasta la entrada de las
agrupaciones consideradas como partidarias de promover la
toma violenta del poder (o "guajiristas", en la jerga
actual que se utiliza en los medios políticos).
Simbólicamente, se excluyó de las reuniones a los
socialistas argentinos de vanguardia, pero participaron
los comunistas, que rechazan, por ahora, la violencia.
Hasta fines de la semana pasada, los gremios no habían
elaborado a fondo los detalles técnicos que servirían a la
estrategia elaborada. Pero ya habían acordado que los
lugares a ocupar serán determinados secretamente, en
aquellos sitios donde una mayor homogeneidad combativa
dificulte las filtraciones. La orden de ocupación, por lo
demás, se dará a conocer, en todo caso, sorpresivamente, a
fin de evitar represalias. Pero, por ahora, nadie piensa
sino en ocupar fábricas por pocas horas, con el único
propósito de rodear de espectacularidad a las acciones, y
sin la finalidad de resistir demasiado los intentos de
desalojo que se supone realizará la policía.
Los miembros del secretariado de la Confederación General
del Trabajo —cuya conducción ejerce el gremialista José
Alonso— calculan que la ejecución del actual plan de lucha
demandará, solamente en difusión y propaganda, dos
millones de pesos de erogación, sin determinarse aún si
deberán computarse, además, gastos por otros rubros. La
última reunión confederal había autorizado al secretariado
un presupuesto de noventa millones de pesos para
desenvolverse durante el año, sobre 160 millones que
habían sido pedidos por las autoridades sindicales.
De acuerdo con esas cifras, los gastos que demandarían las
medidas de fuerza anunciadas serían relativamente exiguos.
Pero los problemas reales pueden ser mayores que los que
surgen de la relación entre las dos cantidades: la
principal recaudación de la CGT se percibe actualmente
como consecuencia de un descuento de $ 50 que se realiza
de los salarios del 1º de mayo y, aunque el último censo
de trabajadores practicado durante la intervención del
capitán Patrón Laplacette arrojó la cifra de 2.500.000
adheridos, en general la cifra considerada como real es de
unos dos millones. Aun así, la CGT recaudó el último año
solamente 30 millones de pesos en ese concepto, sobre cien
millones teóricos. Por lo demás, las cuotas sindicales que
recaudan los gremios sólo en mínima parte son destinadas a
la central obrera: un peso mensual por trabajador
adherido. Por supuesto, también aquí la CGT recibe nada
más que una parte de esos dos millones teóricos y, además,
con demora.
Quizá, todas las causales que motivan el plan de lucha,
desde las expuestas públicamente por la CGT hasta las
atribuidas por sus adversarios, sean reales en cierto
porcentaje. Lo cierto, más allá de los juegos de
intenciones, es que uno de los miembros del secretariado
reflejó, al señalar las causas de la confección del plan
de lucha, el principal motivo de inquietud de los
dirigentes gremiales: la necesidad, dijo, "de volver a la
plena producción industrial para poner fin a la
desocupación". Los dirigentes piensan, además, que la
pasividad demostrada por el gobierno hasta ahora lo
obligará, finalmente, a negociar, y esa negociación puede
precipitar una crisis de gabinete con cambios en las
carteras de Economía y de Trabajo.
Página 9 • PRIMERA PLANA
11 de febrero de 1964
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