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Hora de decisiones para el presidente
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Todos los altos funcionarios del gobierno o dirigentes de la UCRP coincidían en los últimos días en que el plan de lucha de la CGT se ha convertido en el mayor desafío que afronta Illia desde la asunción del mando. En general, tratan de demostrar que la actitud de la CGT responde a un plan subversivo que podría estar conectado con actividades golpistas. Insisten además en afirmar que la renovación de los convenios de trabajo no ha ofrecido dificultades hasta ahora, por lo cual no habría ningún justificativo gremial en apoyo de la actitud anunciada por la CGT.
Por su parte, los dirigentes de la CGT estiman que su plan de lucha responde no a un problema salarial, sino a tres aspectos ante cuya gravedad el gobierno no habría tomado medidas de fondo: desocupación, paralización industrial y costo de la vida.
Según las estimaciones reservadas de la CGT (ver página 9 de esta edición)-, la ocupación de fábricas sería momentánea y pacífica. Pero, evidentemente, ni siquiera la autoridad que pudieran tener los dirigentes de la CGT podría garantizar que no se produjeran hechos irremediables. Una entidad que en el campo económico y social ha coincidido constantemente con la central obrera, la Confederación General Económica, se ha dirigido incluso a la CGT solicitando que sea revisado el plan de lucha para dar paso a negociaciones y al diálogo.
El tema es discutido también en las Fuerzas Armadas, donde ha sido subrayada una declaración del gobierno en la cual se afirma enfáticamente que el mantenimiento del orden será asegurado a toda costa. Hasta el momento, nadie puede predecir qué fuerzas se verá obligado el gobierno a movilizar para el mantenimiento del orden. Pero es probable que en las secretarías militares se intente convencer a Illia de que tome sus precauciones para evitar envolver a las Fuerzas Armadas en un problema represivo.
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han tomado partido, ni siquiera a efectos argumentales, en la polémica sobre la profundidad de la crisis: el gobierno ha declarado que no se siente responsable por el estado de desocupación y el alto costo de la vida. Pero la CGT estima que no se trata de buscar a los culpables de la situación, sino comprobar si el gobierno en cuatro meses ha intentado tomar medidas serias para resolver los problemas, aun cuando hubiesen sido heredados.
Se suma así la CGT a una opinión generalizada en los medios técnicos y económicos de Buenos Aires, según la cual el gobierno no cuenta con equipos capaces de afrontar los problemas más angustiantes que afectan a la Nación. Algunos funcionarios del gobierno, consultados por redactores de PRIMERA PLANA, confirmaron que la acusación de "incapacidad" que se formula al actual elenco oficial es la que más se ha impuesto en la opinión pública. Pero afirman al mismo tiempo que se trata de una campaña orquestada con fines inconfesables. Es de presumir, por lo tanto, que por un tiempo el gobierno se defenderá de algunas críticas alegando la existencia de un plan de acción psicológica, mientras que por otro lado insistirá en subrayar que la CGT no actúa en base a móviles gremiales, sino a inspiraciones golpistas.
Sin embargo, es probable, como señalan muchos observadores, que el presidente Illia reaccione en forma diferente de la de algunos de sus voceros y prefiera producir algunos cambios en su gabinete. Se señala como índice importante el aliento que otorga el jefe de gobierno a algunos funcionarios que tratan de resolver los problemas creados por los llamados "iracundos" del gobierno: los iracundos, siguiendo una línea política rígidamente ortodoxa, crearon algunas situaciones insostenibles en el campo energético y financiero. En estos momentos, el presidente alienta silenciosamente al administrador de Gas del Estado, ingeniero Pérez, en su controversia con el secretario de Energía y Combustibles, doctor Pozzio, sobre el balance de dicha empresa estatal. Al mismo tiempo, sigue de cerca las negociaciones de Facundo Suárez con las compañías petroleras y se prepara para negociar con las autoridades del Banco Mundial que llegarán a Buenos Aires con un espíritu más elástico que el demostrado por las reacciones de su ministro, Pozzio, a los planes de ampliación de obras y suministro de energía de SEGBA.
Una callada marcha atrás en las medidas espectaculares promovidas por este gobierno para cumplir con algunos compromisos contraídos durante su campaña electoral —incluso su actitud de rechazar las reincorporaciones militares—, inclina así a todos los observadores a sospechar que aún no se conoce el verdadero rostro que tendrá el gobierno de Illia. Y al mismo tiempo hace suponer que de algún modo habrá una negociación con la CGT no sobre cuestiones salariales, como desearían algunos burócratas del gobierno, sino sobre los graves problemas que afectan a toda la estructura nacional: desocupación, paralización industrial, costo de vida.
Revista Primera Pla
11.02.1964
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Página 9 de la revista
CGT
¿Hacia donde va el plan de lucha?

Durante la semana pasada, todas las tensiones político-sociales parecían depender del plan de lucha anunciado por la Confederación General del Trabajo. Por primera vez en muchos años, la central obrera había resuelto pasar a la ofensiva, y tanto el gobierno como los sectores empresarios y los jefes de las Fuerzas Armadas se planteaban a la vez el grado de realidad de los anuncios, los posibles fines encubiertos de las medidas de fuerza y las perspectivas de que las mismas crearan una situación que significara una seria alteración del orden público.
La primera reacción advertible en los distintos círculos —inclusive gremiales— fue de escepticismo: casi todos coincidían en que la CGT había colocado un nuevo elemento de negociación no tanto para obtener conquistas, sino para obligar al gobierno a una mayor cautela con respecto a las organizaciones gremiales. Los dirigentes de la CGT venían acusando a las autoridades del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de interferir en la vida sindical y señalaban, como caso concreto, una eventual parcialidad oficial en los comicios realizados recientemente en la Asociación Obrera Textil. Por otra parte, los gremialistas temen que la desocupación existente y la retracción industrial determinen un retroceso en materia de legislación social si esos hechos no son contrarrestados con una política de iniciativa.
En privado, los dirigentes gremiales admiten que el plan de lucha, que incluye la transformación del estado de alerta en "estado de resistencia de los trabajadores" y la ocupación de fábricas (parcialmente a partir del 1º de marzo y en forma total desde el 25), es difícilmente practicable. Algunos de ellos admitieron que la escasa concurrencia registrada durante el acto que la CGT organizó en diciembre pasado frente al Congreso Nacional demuestra las limitaciones de un momento caracterizado por la "poca combatividad de las masas".
Simultáneamente, en el justicialismo distaba de haber unanimidad real en el apoyo al plan de lucha. No faltaban quienes vincularan a algunos dirigentes con sectores políticos "ajenos al peronismo" y con disimulados juegos tendientes a favorecer, inclusive, a sectores desplazados de las Fuerzas Armadas.
Aparentemente, la Confederación General del Trabajo aparecía la semana pasada como dispuesta a llevar el plan de lucha hasta sus últimos efectos —la ocupación de las fábricas—, pero uno de sus dirigentes más representativos señalaba a PRIMERA PLANA que "el gobierno negociará antes que se llegue a esa situación". Durante el mes de febrero, se realizarán acciones que permitirán presionar al gobierno para una negociación y, a la vez, hacer un recuento de las propias fuerzas para saber hasta dónde la central obrera puede llegar: habrá mítines, manifestaciones, actos relámpago y ocupaciones simbólicas de fábricas por lapsos de quince minutos.
Para los observadores, resultaba evidente que la presión de los dirigentes de segunda línea, que acusan a la dirección cegetista de debilidad, había contribuido a precipitar los acontecimientos, obligando al secretariado a tomar la iniciativa. Pero lo que decidió a la Confederación General del Trabajo a preparar el plan de lucha es el fracaso y la inoperancia demostrados por los simples paros generales, que no asustan ya a nadie y que, como dice Juan José Taccone, secretario general del poderoso Sindicato de Luz y Fuerza, "vienen a ser, simplemente, días no-laborables, sin otra repercusión". Además, dicen los gremialistas, el anuncio de un paro general "ya ni siquiera provoca expectativa; para todos parece ser una contingencia rutinaria". Pero, por otra parte, los obreros son reacios a los paros por el deseo de no perder jornadas de trabajo y no arriesgar los puestos en momentos en que los establecimientos no trabajan a plena ocupación.
Al poner en marcha su nueva táctica, la CGT consiguió comprometer también el apoyo de los partidos políticos, con la finalidad de evitar las acusaciones de insurreccionalismo que se formulan contra el paro. Al edificio de la Central Obrera fueron invitados representantes de distintos sectores, cuyas finalidades políticas se neutralizarían recíprocamente. Pero, significativamente, se impidió hasta la entrada de las agrupaciones consideradas como partidarias de promover la toma violenta del poder (o "guajiristas", en la jerga actual que se utiliza en los medios políticos). Simbólicamente, se excluyó de las reuniones a los socialistas argentinos de vanguardia, pero participaron los comunistas, que rechazan, por ahora, la violencia.
Hasta fines de la semana pasada, los gremios no habían elaborado a fondo los detalles técnicos que servirían a la estrategia elaborada. Pero ya habían acordado que los lugares a ocupar serán determinados secretamente, en aquellos sitios donde una mayor homogeneidad combativa dificulte las filtraciones. La orden de ocupación, por lo demás, se dará a conocer, en todo caso, sorpresivamente, a fin de evitar represalias. Pero, por ahora, nadie piensa sino en ocupar fábricas por pocas horas, con el único propósito de rodear de espectacularidad a las acciones, y sin la finalidad de resistir demasiado los intentos de desalojo que se supone realizará la policía.
Los miembros del secretariado de la Confederación General del Trabajo —cuya conducción ejerce el gremialista José Alonso— calculan que la ejecución del actual plan de lucha demandará, solamente en difusión y propaganda, dos millones de pesos de erogación, sin determinarse aún si deberán computarse, además, gastos por otros rubros. La última reunión confederal había autorizado al secretariado un presupuesto de noventa millones de pesos para desenvolverse durante el año, sobre 160 millones que habían sido pedidos por las autoridades sindicales.
De acuerdo con esas cifras, los gastos que demandarían las medidas de fuerza anunciadas serían relativamente exiguos. Pero los problemas reales pueden ser mayores que los que surgen de la relación entre las dos cantidades: la principal recaudación de la CGT se percibe actualmente como consecuencia de un descuento de $ 50 que se realiza de los salarios del 1º de mayo y, aunque el último censo de trabajadores practicado durante la intervención del capitán Patrón Laplacette arrojó la cifra de 2.500.000 adheridos, en general la cifra considerada como real es de unos dos millones. Aun así, la CGT recaudó el último año solamente 30 millones de pesos en ese concepto, sobre cien millones teóricos. Por lo demás, las cuotas sindicales que recaudan los gremios sólo en mínima parte son destinadas a la central obrera: un peso mensual por trabajador adherido. Por supuesto, también aquí la CGT recibe nada más que una parte de esos dos millones teóricos y, además, con demora.
Quizá, todas las causales que motivan el plan de lucha, desde las expuestas públicamente por la CGT hasta las atribuidas por sus adversarios, sean reales en cierto porcentaje. Lo cierto, más allá de los juegos de intenciones, es que uno de los miembros del secretariado reflejó, al señalar las causas de la confección del plan de lucha, el principal motivo de inquietud de los dirigentes gremiales: la necesidad, dijo, "de volver a la plena producción industrial para poner fin a la desocupación". Los dirigentes piensan, además, que la pasividad demostrada por el gobierno hasta ahora lo obligará, finalmente, a negociar, y esa negociación puede precipitar una crisis de gabinete con cambios en las carteras de Economía y de Trabajo.
Página 9 • PRIMERA PLANA
11 de febrero de 1964

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