Los esfuerzos por disciplinar al peronismo, poner en orden el país y enfrentar los problemas nacionales, han ido desgastando la imagen del Gobierno antes de lo previsto. El uso del poder oficial trae aparejado un deterioro inevitable, que sólo se advierte al asumir la responsabilidad de gobernar y no cuando se ejerce únicamente la oposición.

CON el reciente anticordobazo protagonizado por la policía provincial —bajo el comando del teniente coronel (RE) Antonio D. Navarro—. los sectores derechistas del oficialismo parecen haber alcanzado la cúspide de su poder. Fue sintomático que otro Gobernador cuestionado, Alberto Martínez Baca, de Mendoza, que se negaba a otorgar un aumento a su policía —"porque rompería el Pacto Social"— se apurara a satisfacer las ansiedades monetarias del cuerpo policial.
En rigor, ninguna medida de gobierno tomada por Ricardo Obregón Cano e Hipólito Atilio López en Córdoba, y Martínez Baca en Mendoza, justifica que se los considere izquierdistas Puede ser —como afirman sus adversarios— que hayan resultado tolerantes con algunos grupos díscolos del peronismo, e incluso débiles frente a sectores subversivos, pero la clave del problema reside en que, en última instancia, no responden a la columna vertebral del peronismo: el sector gremial articulado en las "62 Organizaciones" y que políticamente se expresa a través del Consejo Superior Justicialista.
De todos modos, la acción librada en Córdoba tiende a erosionar peligrosamente al mismo Presidente de la Nación. quien pocas semanas antes había indicado a un grupo de dirigentes sindicales que lo visitaron en su residencia de Olivos, que había que cesar con los ataques a los gobernadores desafectos a la línea sindical. Por eso mismo, el arresto de Obregón Cano, López y otros funcionarios provinciales por parte de la policía levantada contra las autoridades constituidas, representa, de rebote, tanto un desconocimiento de la conducción política como de la investidura presidencial. Aunque el acto fuera realizado para "defender la verticalidad", ante la opinión pública la imagen de Perón quedó cuestionada. No le ayuda mucho el rumor de que todo se habría realizado con su conocimiento.
Una versión señaló que el motivo del pronunciamiento policial —el primero que registra la Historia Argentina— tuvo su origen en la orden que habría impartido Obregón Cano a su entonces jefe de Policía de allanar la sede de la Unión Obrera Molinera, donde deliberaba el plenario de las "62 Organizaciones" local, señalando que allí se encontrarían hombres armados. El teniente coronel Navarro habría replicado que, en ese caso, también correspondería allanar el Sindicato de Papeleros, donde estaba reunido el sector "legalista", solidario con el Vicegobernador López. Según tal versión, esa respuesta habría irritado al ex Gobernador, quien decidió en consecuencia pedirle al jefe de Policía su renuncia. La derivación del episodio ya es conocida. Cierto o no, el rumor subraya la clave ya mencionada: la necesidad del sector sindical "ortodoxo" de estructurar una verticalidad monolítica pero bajo su hegemonía.
La primera reacción del Gobierno nacional dio una clara impresión de debilidad, a pesar de haberse esgrimido como argumento "el absoluto respeto a las formas del federalismo", pues resultaba ingenuo "confiar en el buen sentido de los cordobeses para lograr la solución institucional". Tal solución se ensayó, en forma muy ambigua, mediante la asunción provisional de la Gobernación por parte del presidente de la Cámara de Diputados provinciales, Mario Dante Agodino.
Pero los supuestos intentos del mandatario provisional de lograr una solución transitoria no resistieron la dureza de los acontecimientos. Los grupos que apoyaban a Navarro no aceptaban otra salida que la continuación de éste —y sus comandos civiles— a cargo de la jefatura, a la espera de la intervención federal. Así, Obregón Cano inició su peregrinaje afirmando su derecho a reasumir el mando; Agodino se atribuyó una sorpresiva convocatoria a elecciones; mientras la CGT "ortodoxa" y las "62 Organizaciones" cordobesas anunciaban la huelga general en espera de que el Congreso Nacional sancionara la correspondiente ley de intervención. Fueron tres sectores enfrentados, de los cuales el último resultaba el más fuerte. Los más descolocados fueron, evidentemente, los sectores "combativos" partidarios de Obregón Cano y Atilio López.
Era evidente también que la situación' resultaba incontrolable y así lo entendió Ricardo Balbín cuando logró entrevistar a Perón. Una de sus metas consistía en "salvar la investidura presidencial", según dijo a los periodistas; y es que el veterano jefe radical fue realmente el primer político en señalar la influencia negativa del "caso Córdoba" robre la imagen del Presidente.
Al principio no se sabía bien cual sería el objetivo final de la intervención: si era para devolver el mando a Obregón Cano (posición radical) o para llamar a nuevas elecciones después de "purgar" de posibles izquierdistas a la administración cordobesa. (Esto último podría implicar la intervención a las municipalidades, muchas de las cuales están en manos radicales). De ese modo, el Gobierno nacional aparecía entre dos fuegos: si optaba por la primera variante, los autores del anticordobazo seguramente no depondrían sus armas; si optaba por la segunda el delicado equilibrio de la alianza en la cumbre Perón-Balbín podría romperse si no se hallaba una solución intermedia de común acuerdo.

Adiós a la Tendencia
Este proceso implica, además, la protocolización del ocaso de la llamada Tendencia Revolucionaria del peronismo, encarnada fundamentalmente en la dirección de las regionales de la Juventud Peronista.
La ausencia de sus representantes en los encuentros juveniles con Perón —lo que fue "visto y considerado" como una afrenta al viejo líder— ya había iniciado el proceso de disgregamiento: paulatinamente. sectores de las diversas agrupaciones que componen la JP, incluyendo el sector universitario donde la Tendencia se mostraba últimamente más fuerte, pasaron a aceptar "la verticalidad ortodoxa". En Buenos Aires, los desprendimientos más importantes fueron los de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Económicas y Medicina, que de esta manera se unieron a los ya producidos en facultades del Litoral.
De este modo, el proceso en pos de la estructuración monolítica del Movimiento Justicialista, encuentra ahora el camino despejado. Tal situación se oficializará en la constitución de las nuevas autoridades del Partido Justicialista, a cumplirse en la segunda parte del congreso partidario iniciado a principios de febrero en el Teatro Nacional Cervantes. Ya en su primer sesión se modificaron por aclamación los estatutos, con el propósito de permitir un mayor control sobre los distritos provinciales; por ejemplo, en caso de intervención a los mismos, el congreso nacional del partido está ahora autorizado para implementar alianzas- o decidir sobre la instrumentación de candidaturas.
Por último, con la derogación del Estatuto de los Partidos Políticos —sancionado durante el Gobierno de Lanusse—, se aventaron los impedimentos para que la presidencia y primera vicepresidencia d e 1 Partido Justicialista puedan ser cubiertas por funcionarios del Gobierno. Es decir: Perón e Isabelita. Instaurada definitivamente la "ortodoxia", sólo faltará designar ahora a los representantes de la verticalizada juventud, junto con los delegados de las ramas sindical, política y femenina. Eso completará el organigrama, del más puro estilo castrense, que trazara Perón en su momento.
Sin embargo, la institucionalización del peronismo como partido también demuestra que, pese a todo, el único cemento capaz de mantener la estructura —y hacer cumplir ese organigrama— es el propio Perón. O sea que se soluciona el problema inmediato pero se mantiene el del largo plazo, el del reemplazante del viejo líder.
Una figura que parecía en franco ascenso, la del senador José Humberto Martiarena, secretario general del Consejo Superior Justicialista, se percudió durante el debate senatorial sobre la Ley Universitaria por falta de flexibilidad ante las exigencias del bloque radical. La situación fue salvada por el segundo jefe del bloque oficialista, Ítalo Argentino Luder, quien convino con el radical Carlos Humberto Perette una tregua hasta esta remana para lograr un acuerdo sobre el espinoso tema universitario.

Cambios y superposiciones
Dentro de este juego de equilibrios, que le lleva la mayor parte de su tiempo, Perón debió también descomprimir la caldera del Pacto Social. Lo hizo con el propósito de satisfacer las presiones de las bases obreras que impulsaron a los dirigentes de la CGT a reclamar aumentos salariales.
Como respuesta, el Presidente prometió una convocatoria a lo que denominó "la paritaria nacional", compuesta por representantes de la CGT, la CGE y el Gobierno, y cuyo objetivo es el de estudiar una escala de aumentos que no renueve la espiral inflacionaria. Simultáneamente, el Ministerio de Economía iniciaba una campaña para evitar el contrabando fronterizo que tendía a agudizar el desabastecimiento del mercado interno (fenómeno éste muy frecuente cada vez que se congelan los precios).
La decisión de descongelar los salarios significó, de hecho, una
desautorización a la rígida política del Ministro de Economía; además, el inevitable embarazo que produce siempre esa cartera al cabo de nueve meses de gestión (Gelbard está desde el 25 de mayo de 1973), hicieron rodar versiones sobre un pronto reemplazo, sobre todo después de las declaraciones públicas de López Rega sobre "los inconvenientes que provocara en Libia la ascendencia judía de algunos altos funcionarios".
Paralelamente también se dio como sepultado en su gestión al Secretario General de la Presidencia, cuando apareció una nueva estrella en el firmamento peronista: el coronel Vicente Damasco, nombrado Secretario de Gobierno. Esa visible superposición de cargos comenzaba a eclipsar peligrosamente la figura de Vicente Solano Lima, cuando se precipitaron los episodios de Córdoba. Y como suele ocurrir en estos casos, un problema grave hace olvidar otros problemas menores, e indirectamente Gelbard y Lima lograron salvarse del naufragio justo a tiempo, gracias al anticordobazo.
Lo que nadie puede evitar, en cambio, es el desgaste total que ha venido sufriendo todo el Gobierno peronista en su conjunto —y principalmente la figura de su líder—, en sólo cinco meses de normalización institucional. El famoso despegue aun no se ha concretado y aunque la demora esté justificada en parte por la herencia recibida, por el proceso electoral tan largo que se vivió el año pasado y por los conflictos internos del oficialismo, no es fácil justificar tantos cambios, superposiciones y contramarchas en el orden nacional.
Que Perón sufriría un desgaste de su Gobierno era previsible, pues ningún Presidente está exento de ese riesgo. Pero que ese deterioro fuese tan acelerado no estaba en los cálculos de nadie, ni siquiera de sus adversarios más enconados. Aun aquellos que le concedían un tiempo escaso de tranquilidad administrativa no se atrevieron a suponer que el poder, a veces, puede desgastar tanto y tan rápidamente. Este es un fenómeno que ahora ha empezado a hacer reflexionar a no pocos políticos que ambicionan legítimamente el Gobierno de la Nación. pues parecería que la cosa no se ve tan fácil desde arriba como parece desde abajo.
Revista Redacción
marzo 1974
REDACCION