Con extraña virulencia se ha desatado una ola de versiones sobre la actitud de las Fuerzas Armadas respecto de los problemas sociales y económicos. Por curioso que parezca, es en el seno del mismo oficialismo donde las versiones alcanzan su mayor nivel y revelan un cierto pánico ante posibles crisis castrenses.
En varias oportunidades, en los últimos días, el gobierno consultó con las Fuerzas Armadas las posibles repercusiones del Plan de Lucha y la eventual participación castrense en la defensa de la estabilidad institucional. Pudo comprobar así que las Fuerzas Armadas no se mostraron entusiastas con la idea de reprimir, y comprobó también por esa vía que existían numerosas criticas a la conducción de los asuntos económicos y sociales del país. En caso de que el gobierno convoque a las Fuerzas Armadas a participar en la represión del movimiento obrero, es casi seguro que las mismas querrán saber al mismo tiempo de qué modo piensan las autoridades nacionales resolver los problemas de fondo, si bien acatarán un requerimiento del presidente de la República en ese sentido. Sin embargo, los asesores de Arturo Illia no veían con mucho entusiasmo la participación militar en la represión obrera, por dos motivos: en primer lugar, recordaban que fue bajo un gobierno radical que se produjo la Semana Trágica, y no desearían repetir la experiencia; en segundo lugar, piensan que dar participación a las Fuerzas Armadas en un problema de gobierno, podría constituir el primer antecedente de las actuales autoridades en esta materia, e iniciar un período de consultas y planteos.
Para hacer conocer claramente su posición, los servicios de acción psicológica de las Fuerzas Armadas hicieron publicar un extenso trascendido en el vespertino La Razón, dejando bien en claro su posición. Quizás los dos puntos principales de esa información fueron los siguientes: 1) el Plan de Lucha es el resultado inevitable de la equivocada conducción de los problemas laborales por parte del ministro de Trabajo; 2) cualquier intervención de las Fuerzas Armadas se operará exclusivamente a pedido del presidente de la República.
Durante toda la semana, el gobierno daba cabalmente la sensación de andar a los tumbos. En su editorial del sábado último, el matutino La Nación definió la situación del siguiente modo: "Entretanto, lo real parece ser que el Poder Ejecutivo no ha adquirido aún cabal conciencia de lo que está ocurriendo y menos aún de lo que todavía es capaz de ocurrir."
Quizás se pudiera comprender con claridad la metodología del actual gobierno analizando la situación del ministro de Trabajo. En todo el curso de la actual crisis, que en su expresión más aguda ya lleva dos semanas, no se notó en el país la presencia del doctor Solá. Todas las operaciones están en manos del ministro Palmero y del vicepresidente Perette. El titular de Interior tratando de tranquilizar a la opinión pública y buscando algún punto de negociación con la CGT, y el doctor Perette insistiendo en maniobras con los gremios independientes para
dividir a la CGT.
Sin embargo, cuando parecía que el Plan de Lucha podría postergarse, hace dos semanas, y abrir una nueva instancia negociadora con la simple dimisión del ministro Solá, el gobierno, a través de voceros oficiosos, respondió que a esa renuncia se oponía Ricardo Balbín. Es así que esa extraña mezcla de gobierno y comité político explica algunos puntos misteriosos del actual régimen.
Una y otra vez, en la pasada semana el gobierno auscultó con diversos intermediarios a las Fuerzas Armadas, buscando de algún modo no sólo apoyo, sino también una interpretación de los acontecimientos que se vivían. Pero las interpretaciones que se le suministraron, como no coincidían con las propias, fueron dejadas a un lado. El gobierno prefirió por un lado acusar difusamente a intereses extranjeros. Ni el ministro de Economía ni el ministro de Interior, consultados sobre estos importantes intereses extranjeros, lograron ofrecer una respuesta coherente o siquiera entendible. El idioma radical seguía así imperando en los momentos más difíciles. Y por el otro lado, prefirió restar importancia a las ocupaciones de las fábricas.
Una definición que tuvo auge en las filas de las Fuerzas Armadas fue la siguiente: "El problema social, el plan de lucha, tiene dos aspectos: causas verdaderas y causas políticas. El gobierno no adopta medidas de fondo en cuanto a las causas verdaderas, ni hace valer su autoridad en cuanto a las políticas." Es decir, que desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, el gobierno ha fracasado ahora en las dos principales instancias.
Por último, el gobierno pudo enterarse también de cuál sería la solución más urgente en opinión de las Fuerzas Armadas: un cambio total del gabinete, desprendiéndose de los hombres que hasta ahora han fracasado ruidosamente en el plano económico y en el plano social. Ese nuevo gabinete abriría una tregua que permitiría discutir algunas medidas importantes a corto plazo para reactivar las fuentes de trabajo paralizadas. Al mismo tiempo, daría la sensación de que el país se pone en marcha, y permitiría a las Fuerzas Armadas ofrecerle al gobierno un apoyo mucho más activo.
Pero todas estas iniciativas, todas las versiones, iban y venían en los diversos círculos oficiales y privados, sin que se notara por parte del gobierno la voluntad de encarar los problemas directamente. Un observador intentó definir esta especie de inasible situación del siguiente modo: "El gobierno da la sensación de esperar que algún milagro resuelva las cosas."
Quedaba así por saber hasta cuándo el país estaba en condiciones de esperar definiciones de fondo y, por encima de todo, hasta cuándo podía esperar que un gobierno coherente y capaz asumiera las responsabilidades que le fijan la Constitución y las leyes.

UCRP
Los riesgos de estar con el gobierno
A casi ocho meses de gobierno, concluyó el período en que la opinión pública, los partidos políticos y los sectores responsables esperaban pacientemente que el aparato del estado comenzara a funcionar, y los radicales del Pueblo empiezan a preguntarse si los peligros del oficialismo y el desgaste de la acción gubernativa compensan en relación con los beneficios que se esperaban para después del 12 de octubre de 1963.
Todo diputado de un partido político oficialista comienza su mandato con la fantasía de que la banca parlamentaria será una especie de llave mágica que abrirá las puertas a la obtención de numerosos beneficios. Confía en poder hacer designar discrecionalmente a amigos en los cargos públicos, de manera de crear compromisos que luego permitan a cada legislador incrementar su peso interno dentro del partido gubernista, con vistas a un ascenso en la carrera política.
Lo cierto es que ningún estado moderno —ni aun con la conducción radical del Pueblo, especialmente sensible a las exigencias del comité— puede dar a los partidos oficialistas y a sus representantes parlamentarios todo lo que éstos quisieran que se les diera. Cada diputado se siente así de alguna manera defraudado, mientras que, simultáneamente, comienza a advertir los riesgos de compartir la suerte de un gobierno. "Lo que se tiene es menos de lo que se esperaba, pero aún hay algo más grave: se puede perder por circunstancias que uno no controla": así resumió un diputado actualmente opositor ese especial estado de ánimo por el que ahora atraviesan los parlamentarios radicales del Pueblo.
Los oficialistas descubren ahora los riesgos que se mantenían latentes durante los primeros meses. Cuando el diputado Luis A. León planteó la semana pasada al presidente de la República, durante la reunión realizada en la residencia de Olivos, la necesidad de publicitar convenientemente la obra de gobierno, expresó más directamente que ningún otro los miedos de su bancada: había llamado, en síntesis, no solamente a realizar acción psicológica en favor del jefe de Estado sino a crear una nueva imagen de la actual administración. Illia se mostró poco permeable a ese llamado de atención y replicó poco después con su conocida , tesis: el país tiene que acostumbrarse a un gobierno que aparezca poco; todos están acostumbrados a una mayor espectacularidad de los actos del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que la reunión de los diputados oficialistas con Illia, realizada el jueves último a pedido de los legisladores, tuvo el propósito de iniciar un contacto orgánico entre ellos y el presidente: más adelante, las conversaciones irían adquiriendo regularidad y comenzarían a participar de ellas tanto el vicepresidente Carlos Perette como los senadores nacionales.
Pero lo que nadie puede decir es cuál será el grado de armonía de esas conferencias. Las divergencias de los diputados entre sí y del presidente con algunos de sus colaboradores, sumadas a las diferencias entre los distintos integrantes del gabinete, pueden llegar a dar un matiz tumultuoso a las reuniones. A fines de la semana pasada, por ejemplo, una versión aseguraba que el presidente de la República habría recomendado a los legisladores que se atuvieran al hecho de que la orientación de los distintos ministerios la fija el jefe de Estado a través de los ministros, como una indicación clara de que no debían seguirse aceptando como oficiales algunas sugerencias hechas llegar al bloque por integrantes del gabinete económico —como Antulio Pozzio o J. J. Alfredo Concepción— cuando ellas estuvieren en contradicción con las indicaciones del titular de la cartera, es decir, del doctor Eugenio Blanco. Se afirmaba también que el mismo Blanco había solicitado el presidente una referencia a ese problema.
Precisamente, una de las inquietudes de los legisladores es que, ante el maremágnum de opiniones contradictorias expresadas frecuentemente por funcionarios del gobierno, el bloque ignoraba muchas veces cuál era exactamente el punto de vista del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el bloque tenía otros reclamos que formular al presidente —reclamos sobre los que había coincidencia de opiniones entre los diputados—, aunque muchos de ellos quedaran luego postergados.
La mayoría de los diputados oficialistas suele señalar en privado que el gobierno es injustificadamente lento pata resolver algunos asuntos. Sin embargo, esa crítica generalizada tiene un matiz muy curioso: uno de los reproches de lentitud se refiere a que no se produjeron todavía las suficientes cesantías entre funcionarios de la administración pública, sobre todo al codiciado nivel da los directores generales y de los jefes de sección. Los legisladores tienen a la vez un problema muy específico que resolver en su relación con el gobierno: la vinculación entre el Poder Ejecutivo y los partidos aliados, que aspiran a consolidar para facilitar la política de acuerdos en el Congreso.
De todos modos, para los diputados oficialistas su única posibilidad de influir en el gobierno había pasado a ser la perspectiva de constituir un bloque sólido y homogéneo, capaz de constituirse en un elemento de presión sobre el presidente de la República que contrapesara la labor que en el mismo sentido realizan elementos del gabinete contrapuestos entre sí. La falta de una conducción dinámica en el bloque parece imposibilitar por ahora esa esperanza, sobre todo tratándose de una bancada donde no existen figuras parlamentarias capaces de dinamizar a sus colegas.

Socialistas
Como hacer oposición siendo oficialista
Américo Ghioldi, como estratego del socialismo democrático, está encarando ahora uno de los problemas más complicados de su vida política: cómo ser oficialista sin dejar de diferenciarse al mismo tiempo del gobierno. Ese tema fue definido por uno de los dirigentes de la juventud de una manera más gráfica: conservar al mismo tiempo las ventajas del oficialismo y las ventajas de la oposición.
El Partido Socialista Democrático sabe que sus aspiraciones están limitadas por la realidad y que en las próximas elecciones solamente podrá aspirar a mantener algunas bancas legislativas y comunales sin aumentar su posibilidad de gravitar realmente en el proceso político. Pero confía en que el sistema proporcional llegue a convertirlo con el tiempo en un factor de importancia dentro de una política de alianza y no puede resignarse a perder sus elementos de diferenciación política; esto es, a declinar sus perspectivas de atracción de un electorado específico.
Recientemente, el Consejo Nacional de la agrupación dio a conocer un comunicado —redactado directamente por Américo Ghioldi— donde se intenta concretar esa política de oficialismo-opositor. Hay allí algunas críticas al gobierno, que resumen temas habituales: lentitud para tratar problemas, pasividad ante la presión de diversos sectores, falta de reacción ante hechos graves. También se insiste en la clásica línea partidaria con respecto al gobierno de Frondizi y se exigen más cesantías: "El estar penetrado (el gobierno) de asesores que ayer acompañaron a los causantes del desastre explica, sin justificar, desde luego, la falta de resolución", apunta el documento.
Por lo demás, el texto reitera los puntos de vista que motivaron la interpelación a Zavala Ortiz con respecto al juramento de los obispos e incluye a la Iglesia cordobesa —a propósito del reciente enfrentamiento de ésta con el gobierno local de Justo Páez Molina— dentro de los sectores que "predican la desobediencia y el alzamiento contra la ley". Aparentemente, éste es el punto más auténtico de diferenciación de los socialistas democráticos con respecto al gobierno.
Un dirigente de esa agrupación acotó, comentando la declaración, que el socialismo democrático emitiría cada tres o cuatro meses un documento dejando establecidas actitudes opositoras, "con lo cual no cambiará en absoluto nada: ni el gobierno ni el partido, pero se tranquilizarán algunos afiliados quejosos".
En los hechos, el acuerdo entre los socialistas democráticos y los radicales del Pueblo sigue funcionando en el Congreso. El tono de las críticas no pasa de algún chiste tenuemente opositor. Américo Ghioldi, por ejemplo, gusta decir que el presidente Illia piensa igual que Hipólito Yrigoyen: "El noventa por ciento de los problemas los arregla el tiempo; el otro diez por ciento no los resuelve ni Dios."
Teodoro Bronzini, senador provincial bonaerense, ex intendente de Mar del Plata y otro de los "notables" del partido, expresó recientemente, por su parte, que el socialismo democrático se encuentra bien simbolizado por la actuación de sus parlamentarios. Tampoco él encontró, al parecer, más elementos de diferenciación que la cuestión religiosa, la "depuración" de la administración pública y la lentitud oficial: hace pocos días presidió la reunión del Consejo Nacional de los socialistas democráticos donde se formularon esas críticas.

Democristianos
Por sesenta días, un poco de paz
El vehemente presidente de la Junta Nacional democristiana. Horacio Sueldo, adoptó la semana pasada una nueva estrategia con vistas a su eventual subsistencia en el comando del partido luego de la reunión de la convención de agosto próximo: tratará ahora de contener su extraversión política y dedicarse exclusivamente —al menos por sesenta días— a su frente interno, y, dentro de su frente interno, a quienes son sus colaboradores más inmediatos.
La técnica consistirá en no correr ningún riesgo de nuevas crisis bajo ningún concepto, y de evitar los mínimos rozamientos suprimiendo, a la vez, todos los factores de irritación que se fueron acumulando como consecuencia de las distintas empresas de relaciones públicas que Sueldo emprendió o le atribuyeron, desde el "filo-materismo" hasta la búsqueda de apoyo electoral de punteros frondizistas para sus candidatos en el pleito interno de la Capital Federal. Eso no implicará —explican los sueldistas— una renuncia a todo tipo de contactos, lo que es imposible, sino una tarea de evitar escrupulosamente todo lo que origine resistencias.
Al mismo tiempo, el replanteamiento de Sueldo consistirá en una nueva actitud frente al gobierno, luego de los zigzagueos iniciales, ubicándose en un término medio entre el oficialismo y la oposición. A esa línea la llamará una "actitud constructiva de oposición".
Pero Sueldo tiene dos talones de A quiles especialmente riesgosos en su frente interno: la opositora Junta de la Capital y el bloque parlamentario. Este está presidido por Enrique de Vedía, a quien ahora el titular del partido trata de atraer o, al menos, de neutralizar como eventual adversario: no olvida que es el candidato de relevo para agosto, si no hay reelección. "No hay que interpretar ahora la política del partido en función de enfrentamientos, sino de confusas líneas que a veces se entrecruzan", comentó un diputado nacional.
La conducción democristiana vino también perdiendo algunos puntos en
la Capital Federal, donde los amigos del antisueldista José Ignacio Rivera no pudieron ser desplazados.
Sueldo entiende que lo importante es admitir algunas derrotas sin obstaculizar más a sus adversarios internos, con la esperanza de que no lo molesten a él. En otras palabras, piensa que ha llegado el momento de ofrecer una amplia coparticipación en las tareas de conducción a diversos sectores del interior y de la Capital. Gobernar menos para seguir gobernando, parece ser su lema.
La principal carta de acción psicológica en que Sueldo trata de apoyar su nueva estrategia es el "miedo a la derecha", vigente en todos los que dirigen ahora el partido y fueron causantes del desplazamiento del grupo de Manuel Ordóñez en su momento. Abierta o disimuladamente, los adversarios de Sueldo temen que una derrota de éste demasiado estruendosa abra las compuertas que posibiliten un posterior triunfo de quienes fueron desplazados cuando se adoptó la "política de apertura". Sueldo sabe que difícilmente se presente en la convención de agosto un "candidato de ruptura" para enfrentarlo. Inclusive, todas las perspectivas de Enrique de Vedia como eventual sucesor del actual presidente del partido radican en que se presenta como una síntesis que no interrumpe bruscamente la trayectoria del partido.
El ejemplo de lo ocurrido recientemente en el distrito metropolitano resulta, en ese sentido, significativo para algunos antisueldistas. La distribución de fuerzas dio la presidencia de la Junta de la Capital a un representante de la línea de Lucas Ayarragaray, pese a que esa línea se había manifestado numéricamente como la menos representativa: la división entre los otros sectores hizo que resultara inevitable que Ayarragaray conquistara esa posición.
Revista Primera Plana
02.06.1964