Los recientes alborotos que sacudieron al país pusieron en tela de juicio la operación política intentada por el gobierno hace apenas un mes, cuando se reestructuró el gabinete. Ahora el oficialismo insinúa un contraataque, tendiente a neutralizar la violencia, aislar al frente formado por los partidos tradicionales y evitar que la CGT reincida con nuevos movimientos de fuerza.
Mientras tanto se estudian las pautas del futuro desemboque institucional.

En Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Catamarca, en la Capital Federal y hasta en Olavarría deflagraron durante las dos últimas semanas hechos que no sólo exprimieron la capacidad de respuesta del gobierno: también lo rodearon de una penumbrosa, agorera campaña de rumores. Es que la seguidilla reveló, más allá de sus efectos inmediatos, la existencia de un estado general de desconfianza, que en algunos casos se trasformó en insubordinación violenta y obligó al Ejército a asumir un rol que sus hombres desprecian: el de represores. Nadie hubiera imaginado, un mes atrás, que el respiro buscado con el cambio de ministro de Economía fuera a deparar semejante aluvión, que torna a enrarecer el clima a escasos días de la finalización del año político.
El ejemplo más nítido de ello fue lo ocurrido en Tucumán. Allí, durante cuatro días, campeó un motín estudiantil, luego apoyado por grupos de obreros, que desarticuló prácticamente la línea populista improvisada por el gobernador Carlos Imbaud. De poco sirvió, por lo visto, que en el gabinete provincial figuraran prominentes líderes peronistas, y que Imbaud adornara su staff con jerarcas sindicales, llegando hasta absorber —puesto mediante— al propio secretario general de la CGT lugareña. Furiosos jovenzuelos, protegidos por los vecinos —según lo reconoció el propio Imbaud— trasformaron el centro y algunos suburbios de la capital tucumana en un aquelarre donde abundaron balazos, saqueos y fogatas; hasta la Casa de Gobierno estuvo a punto de ser tomada por los insurgentes, obligando al Jefe del Ejecutivo a arriesgar el todo por el todo: él mismo salió a negociar la paz. Pero al día siguiente (jueves 12) la rebelión fue aún más violenta. Parece insuficiente, entonces, achacar el estallido a la espectacular impericia política de Imbaud, o a la inexplicable intransigencia del rector de la Universidad. Y si es indudable que grupos de activistas influyeron en los hechos, atribuirle sólo a ellos la autoría del motín implica endosarles una representatividad que no tienen.
Los militares saben que en la guerra es mejor conocer los hechos tal como son, especialmente cuando el curso de la batalla es desfavorable. Por eso la caracterización de la huelga cegetista que hizo Arturo Cordón Aguirre, un brigadier, sólo se explica suponiendo que el ministro prefirió recurrir a las armas de la acción psicológica antes que al desmenuzamiento de la realidad. De otra forma no se entiende cómo pudo afirmar que el paro —notoriamente masivo— fue provocado por un "pequeño grupo de dirigentes", cuya representatividad puso en duda. Es cierto, claro, que en la CGT pululan varias corrientes, algunas de las cuales trazan su accionar en consulta con Madrid, esto es, con la "vieja política", según el eufemismo utilizado en las solicitadas gubernamentales. Pero es bien sabido que desde hace añares los popes obreros juegan a varias puntas y que, en cada coyuntura, optan por la que políticamente les parece más sólida: corresponde endilgarle al oficialismo, pues, la responsabilidad de no haber sabido atraer a la central obrera, ofreciéndole una salida decorosa que fortaleciera su imagen ante los afiliados.
Si hasta los jefes de la CGT cordobesa, acaso la sucursal más dura del gremialismo orgánico, fueron desbordados (jueves 12) por una izquierdizada columna de obreros mecánicos y estudiantes semianárquicos, que coparon el, edificio sindical, poniendo en fuga a dirigentes de la talla de Agustín Tosco, Oscar Settembrino y Atilio López. En cuanto a los sucesos de Olavarría (domingo 15), puede deducirse que fueron producto de infantiles rivalidades lugareñas, lo cual es cierto; pero hasta ahora nunca había sido necesario recurrir a un regimiento blindado para dirimir entredichos futbolística pueblerinos. Frente a estos hechos, los expertos recuerdan que el arte de la política consiste en diagnosticar con precisión, a partir de síntomas que, como los señalados, alarman 3 las mayorías moderadas.

CATAMARCA: MOTIN EN EL PARAMO
De ahí que, sabiamente, el gobierno haya resuelto despedir al gobernador catamarqueño, Guillermo Brizuela, para aventar la violenta crisis desatada en aquella provincia. El motín policial, iniciado el martes 17, puso al país en vilo no sólo por las implicancias específicas del suceso sino porque demostró que también el remoto far west argentino es capaz de traumarse hasta límites insospechables. Cientos de vigilantes provinciales se atrincheraron con armamento completo en la penitenciaría local, para reclamar un aumento de 15 mil nacionales, respeto a la ley de personal, devolución de jerarquías y provisión de elementos modernos para reprimir manifestaciones callejeras violentas. Este último ítem no obstó para que la CGT local y los activistas que durante el paro general habían guerreado con la policía, se coligaran rápidamente con sus enemigos de ayer. Resultado: grupos de manifestantes atacaron la Casa de Gobierno y fueron reprimidos a balazos, muriendo María Dolores Pacheco, una joven de 19 años. "Yo no ordené tirar", declaró después el gobernador Brizuela. Pero en el hospital había cinco heridos, algunos de ellos en grave estado, mientras la ciudad de San José del Valle de Catamarca era presa del terror: un rumor aseveraba que los policías habían amenazado con matar a los presos si sus reclamos no eran satisfechos.
La intervención del Ejército, por último, logró poner coto a los hechos: el cuartel general rebelde fue cercado y los vigilantes debieron acatar un ultimátum del coronel Oscar Eduardo Díaz, quien se hizo cargo del control político de toda la provincia, implantando el toque de queda en la conmovida capital provincial. Pero en medio de este panorama desolador, hubo un hecho que se perfiló como altamente sugestivo: los ánimos recién se calmaron del todo cuando un oficial, desde los balcones del palacio gubernamental, exclamó de viva voz que "el Ejército es parte del pueblo", por lo cual no deseaba un enfrentamiento. Estas palabras fueron ovacionadas por la misma multitud que, momentos antes, había hostigado a las tropas. Moraleja: acaso sea imprescindible fundir a las mayorías con el Ejército para desarmar las bombas de descontento que, como la realidad lo demuestra, explotan en los parajes más insospechados.
Es que, en rigor, la insurrección de la policía catamarqueña fue la chispa que hacía falta para que aflorara a la superficie la profunda oposición que había despertado la dilatada gestión del gobernador Brizuela. Inexplicablemente, este funcionario es uno de los más antiguos de la Revolución Argentina: fue nombrado por Juan Carlos Onganía en los albores del movimiento de1 1966.
De ahí que en las más altas esferas se esté discutiendo ahora un replanteo total de la política de gobernadores y que los nombres de Felipe Sapag (Neuquén), Bernardo Bas (Córdoba) y Francisco Gabrielli (Mendoza) aparezcan como ejemplos de lo que es necesario hacer elegir a hombres representativos, políticos, para que se hagan cargo de las provincias.
La revolución podría, de esa manera, tender un colchón amortiguador en uno de los frentes de tormenta más peligrosos: el interior del país. Ciertos esquemas que se manejan en la Casa Rosada enumeran cinco zonas que es necesario descongestionar: el agro, los empresarios, la CGT, los estudiantes y el interior. Las dos primeras ya fueron casi ganadas por la política del ministro Aldo Ferrer; el oficialismo desespera de encontrar una forma de seducción para los universitarios, pero cuenta a su favor con las virulentas disputas internas que afligen a ese sector, patentizadas recientemente con la división de la FUA en dos centrales paralelas. En cuanto a la CGT, el gobierno estima que hasta marzo próximo, por lo menos, no surgirán desde allí mayores problemas: por eso estudia ahora la formación de una liga de caudillos, para sortear el quinto escollo: las provincias.

COMO PASAR EL VERANO
Tal fue, en esencia, el sentido de la alocución de Roberto Marcelo Levingston del domingo 15, cuando, en lenguaje paternal, instó a la ciudadanía a tener confianza en el pro ceso revolucionario. Repechada la cuesta de noviembre, el gobierno espera contar con un respiro de 100
días. Lo que no ha decidido aún es cómo aprovechar esa tregua para desfondar las alternativas políticas opositoras que pretenden montarse en la ola de descontento. A este respecto, el presidente fue muy preciso en el discurso que pronunció ante 2.000 oficiales el pasado lunes 16: o el gobierno genera hechos creadores de nuevas polarizaciones políticas, capaces de ahogar por sí solos a los viejos partidos, o procede verticalmente, proscribiendo por decreto a los dirigentes que actuaron en los últimos quince años. Es que, ahora sí, la Casa Rosada parece haber constatado la dura realidad: la pregonada renovación de los cuadros políticos —que fue uno de los objetivos mayores de la Revolución— no sólo no se haya logrado, sino que, después de cuatro arios, lo único que se consiguió es que los nucleamientos mayoritarios se arracimaran en un frente único opositor. El conservador popular Vicente Solano Lima, a quien no se le pueden achacar inclinaciones liberales, fue muy explícito el miércoles 11, al justificar su adhesión al pacto celebrado ese día por los partidos: "Ya que la pretendida revolución no hizo la revolución —apostrofó—, es hora de abrir el paso a las urnas"; a su lado asentían nada menos que Jorge Daniel Paladino y Ricardo Balbín, los dos hombres que, de realizarse elecciones en un plazo "mínimo", como se reclama en el documento difundido ese miércoles, acapararían sin duda la voluntad de la mayoría de los sufragantes.
Nadie se asombró, entonces, por la catilinaria que Levingston descargó sobre esos partidos en su discurso del Colegio Militar. La concepción presidencial al respecto es tan tajante que incluso arremetió
contra Juan Perón, afirmando que "ese señor debe desaparecer de la política argentina"; además, adelantó que se dictarán, medidas para impedir los viajes a Madrid. Lo sorprendente de ese cónclave —que congregó a toda la oficialidad, desde el grado de teniente primero— fue su realización misma: eventos similares no se celebraban, justamente, desde los tiempos de Perón. Maliciosos observadores creyeron entonces que el presidente buscaba solidificar su imagen ante los cuadros intermedios, para contrapesar así la supuesta animosidad de los oficiales de alto rango. Pero ocurre que Levingston censuró agriamente al general Juan Enrique Guglialmelli, de quien afirmó que nunca le hizo conocer sus ideas hasta el instante en que abandonó, con detonante renuncia, la secretaría del CONADE. El comandante en jefe, Alejandro Lanusse, puntualizó el miércoles 18, en Neuquén, que la reunión en el Colegio Militar se había hecho para permitir que los oficiales subordinados tuvieran oportunidad de conocer directamente a Levingston; además, fue muy explícito en una cuestión decisiva: no se modificará el gabinete, dijo.
Estos juicios hicieron bajar las acciones de las usinas golpistas: el gobierno intentará atravesar el verano con los mismos hombres. En el terreno político, en tanto, la Casa Rosada se propone contrarrestar el despliegue opositor de los últimos quince días mediante la fijación de pautas de desemboque institucional, que acaso se difundan oficialmente antes de fin de año. La semana pasada se hablaba de un calendario político, estrictamente ceñido, en cuanto a los plazos, a las ideas ya explicitadas por Levingston y Lanusse: las FF. AA. sólo abandonarán el poder dentro de cuatro o cinco años.
Este esquema no obsta para que, ínterin, no haya actividad política. Más bien al contrarío: hasta es posible que se convoque a un plebiscito para reformar la Constitución. En algunas esferas se confía en tomar iniciativas que dejen girando en el vacío a los viejos partidos (por la vía del "entretenimiento") mientras se trata de promover a la generación intermedia y de precipitar las ansiadas nuevas polarizaciones.
Pero en lo inmediato, el gobierno debe evitar que nuevas huelgas generen un clima propicio para la violencia. Hasta el paro docente (miércoles 18) deparó corridas e incidentes frente al Congreso. De ahí que el oficialismo haya resuelto presionar a los gremios más levantiscos (Luz y Fuerza, Telefónicos) mediante sorpresivas inspecciones contables, y que tienda los hilos para reanudar el diálogo con la CGT. La se mana pasada se efectuaron reuniones en el gremio de Molineros, en las que se estableció que no habrá nuevos paros si el gobierno concede uno solo de los siguientes tres puntos: extensión del salario mínimo a todas las actividades, aumento de emergencia de 10 mil pesos y convocatoria a las paritarias para diciembre. Los sectores duros postulan que si ninguna de estas reclamaciones es satisfecha, se debe realizar un paro activo de 14 horas, o uno pasivo de tres días (esta última es la tesis de Luz y Fuerza). Pero los moderados son mayoría y cuentan, ahora, con el concurso de José Rucci, quien parece dispuesto a sumarse a los trajines en favor de una tregua veraniega. Para cuando llegue marzo, el gobierno se guarda una carta: entonces estarán deliberando algunas paritarias y, de esa manera, se crearán nuevos focos de expectativas.
Revista Siete Días Ilustrados
23.11.1970