Lentamente, hacia fines de la semana última, se iba
deshaciendo la madeja de las versiones sobre golpismo
y conspiraciones militares, creada en el ánimo de la
opinión pública más que nada por el pánico demostrado
por los sectores del gobierno ante el nivel que la
crisis social y económica alcanzó en los últimos diez
días.
También lentamente se fue deshaciendo la posibilidad
de un inminente cambio de gabinete, aconsejado
oficiosamente por altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El presidente Illia parecía convencido de que su
equipo era homogéneo, coherente, y tenía un aval más
importante que el de la idoneidad para el cargo:
estaba dispuesto a cumplir en todos sus puntos el
programa partidario de la UCR del Pueblo.
Pero si bien la nube golpista se desinflaba, parecía
existir la convicción en las Fuerzas Armadas de que el
gobierno, tarde o temprano, se desintegraría. De este
modo, el golpismo parecía resultar incluso
innecesario.
Después de despedir a su comandante en jefe en Ezeiza,
algunos oficiales del Ejército se reunieron en un
almuerzo íntimo. Comentaron, entre otros temas, el
ímpetu golpista que encontraban en todos los medios
civiles que frecuentaban, resultando así la paradoja
de que los únicos que defendían el orden institucional
eran los lógicos ejecutores de cualquier golpe: los
militares. Relataron así una anécdota: el coronel
López Aufranc. legalista en cualquier circunstancia,
no sólo evitaba cualquier reunión con civiles sino que
hasta le resistía a vestir de civil.
En estos mismos círculos militares se intentó crear
una imagen del gobierno. En la competencia triunfó la
siguiente: el gobierno avanza feliz mar afuera en un
barco veloz; pero el barco es de manteca y ninguno de
sus tripulantes nota la velocidad con que se disuelve
en las cálidas aguas de la crisis argentina.
Al margen de estas observaciones, anécdotas y
versiones, surgía una situación peculiarmente extraña
en la Argentina. El país, como pocas veces en los
últimos años, gozaba de todas sus libertades públicas.
Funcionan dentro de las normas constitucionales sus
tres poderes, con solamente una situación anormal en
la Justicia (ver página 10 de esta edición). El
Ejecutivo se muestra respetuoso del Poder Legislativo
y, en gran parte, del Poder Judicial. Todas las
iniciativas del gobierno se ajustan perfectamente a
las prescripciones de la ley. Sin embargo, el país se
ve envuelto en una inestabilidad que se agudiza semana
a semana. Los sectores empresarios protestan día a día
contra las medidas económicas del gobierno y,
prácticamente, están en estado de alerta. En la misma
situación se muestra la clase trabajadora. La Iglesia
mira con preocupación al futuro y está inquieta por
los roces que ya ha tenido que afrontar con el
radicalismo del Pueblo. Las
Fuerzas Armadas miran con desconfianza al gobierno.
¿Qué queda?
El cardenal Caggiano, en su exhortación del viernes
último, advierte el peligro: "Temo que rápida y
peligrosamente —señaló— nos estamos acercando al punto
crítico en que la tensión social puede estallar,
poniendo en peligro la paz pública, que es el bien
supremo de la Nación."
Es decir que, a pesar de la clara situación
institucional, el caos alienta en la vida argentina. Y
ningún sector cree que el país está en orden. Por
curioso que parezca, para encontrar una situación
similar hay que remontarse a la segunda presidencia de
Yrigoyen, en especial a los años 1929 y 1930, hasta su
derrocamiento.
Daría así la impresión de que el gobierno supone que
las previsiones legales resuelven los problemas
políticos, económicos y sociales. Y la experiencia
demostraría que los problemas políticos se resuelven
con medidas políticas, los económicos con medidas
económicas y los sociales con medidas sociales. Un
funcionario del gobierno que elaboró esta teoría,
estimó que tal perogrullada encierra quizás con mayor
claridad la clave del momento argentino. En síntesis,
estimaba que el gobierno no tenía respuestas para las
cuestiones políticas, económicas y sociales, y se
refugiaba en la Constitución y las leyes no para
gobernar sino para no gobernar.
Un intento de acción psicológica del gobierno tampoco
tuvo mayor éxito en su designio de aliviar las
tensiones. Se trató de presentar las conversaciones de
varios partidos políticos (UCRI alendista,
democristianos, demoprogresistas, socialistas
argentinos y justicialistas) -como una posibilidad de
crear un bloque político de apoyo al gobierno. Los
mismos participantes de estas reuniones se ocuparon de
desmentir esa posibilidad. En verdad, la perspectiva
de crear ese bloque tiende a otra cosa: seguramente a
copar el gobierno ante el vacío de poder que existe en
el país. Coparlo a través de la coparticipación. En
caso de no lograr este objetivo, estudiar una conjunta
acción parlamentaria.
Lo primero, difícilmente tenga éxito: la cuña
introducida por Ricardo Balbín mediante el manejo del
aparato partidario y del equipo económico es difícil
de superar. Lo segundo tiene poca vida: dentro de muy
poco tiempo deben comenzar en los partidos las
actividades electorales con vistas a la renovación de
diputados de marzo próximo. La lucha por el triunfo
electoral será más imperiosa que las coincidencias
legislativas.
El gobierno comenzaba así una semana más llena de
graves presagios, impresionada la opinión pública por
el dramático llamado de la Iglesia argentina a la
convivencia, pero ratificada en el gobierno la
decisión de continuar con la aplicación del programa
de la UCR del Pueblo, por más que el programa choque
estruendosamente con la realidad nacional. En todas
sus conversaciones y entrevistas, correspondió al
presidente Illia reiterar este principio rígido, que
despierta gran entusiasmo en las filas del partido
oficial.
* * *
Augusto Vandor
El Plan aparente y el Plan real
Durante los días en que la CGT realizaba la ocupación
de fábricas, en un establecimiento químico los obreros
se negaron a efectuarla. Después de esta decisión,
recibieron un llamado de los obreros metalúrgicos
informándoles que de no acatar la orden de ocupación
dada por los delegados gremiales, irían los mismos
metalúrgicos a tomar la planta y colocar en situación
de rehenes a los directivos de la empresa. Fue
entonces la misma gerencia de la empresa que solicitó
angustiosamente a sus obreros que le ocuparan la
fábrica antes que llegaran los metalúrgicos. La Unión
Obrera Metalúrgica cuenta con unos 250.000 afiliados,
y su secretario general, constantemente reelecto desde
1956, es Augusto Vandor, el Lobo Vandor. Según un
dirigente metalúrgico, el comandante castrista Ernesto
Che Guevara expresó en una oportunidad: "Es el
sindicalista argentino más serio y el único
importante."
Vandor es muchas cosas más, ya que fue el primer
dirigente gremial importante que se opuso a Juan Perón
en muchas de las directivas del ex presidente, y
mantiene esta línea independiente desde 1955. En más
de una oportunidad, y últimamente con gran frecuencia,
sus puntos de vista incluso se han impuesto a Perón,
quien no se siente con fuerzas para luchar contra este
dirigente.
Unos días antes de partir para Estados Unidos, el
ministro de Defensa pidió garantías a oficiales
superiores de las Fuerzas Armadas sobre la estabilidad
del gobierno. Recibió esas garantías el doctor
Leopoldo Suárez, cuyo viaje es fundamental para poder
reequipar en algo, con ayuda del gobierno
norteamericano, a las deficitarias Fuerzas Armadas
argentinas. Pero la pregunta del preocupado ministro
de Defensa estaba bien dirigida: se habían sucedido
entrevistas de Augusto Vandor con altos mandos en los
últimos días, y el gobierno estaba convencido de que
el cerebro político de las 62 organizaciones gremiales
peronistas buscaba algo mas que algunas medidas de
carácter social. El gobierno no se equivocaba. Vandor
buscaba algo más. Pero el gobierno no conocía aún la
respuesta de los militares al Lobo: el Plan de Lucha
podía avanzar todo lo que quisiera hasta lograr la
renuncia de los ministros de Economía y de Trabajo,
pero ni un paso más allá de eso. La estabilidad
institucional del gobierno sería garantizada con toda
la fuerza de las armas.
En verdad, Vandor, promotor e inspirador del "Plan de
Lucha", buscaba precisamente eso: un cambio en la
política económica y social del gobierno. Y en este
sentido, había obtenido, negociando con habilidad, la
aprobación de militares y empresarios, que están
detrás de los mismos objetivos.
En las esferas gremiales se compara muchas veces a
Vandor con el dirigente boliviano Lechín: un
sindicalista de ideas populares que sabe trabajar con
la derecha y frecuentar la Embajada de Estados Unidos.
Sabe lo que quiere, con nitidez, y está perfectamente
enterado de las tendencias de la política mundial.
Pero quizás, por encima de este calificativo y de
quienes lo consideran un "perro de| caza", Vandor es
el más hábil negociador sindical y simultáneamente el
único con pasta de caudillo. No en vano sus íntimos
llaman a éste ex cabo de la Marina y ex obrero de
varios grandes talleres metalúrgicos, "el tejedor".
Curiosamente, el mismo calificativo era aplicado a
Arturo Illia en sus tiempos de diputado nacional,
cuando manejaba todas las intrigas palaciegas de su
bloque radical.
Difícilmente el Plan de Lucha de la CGT hubiera tenido
principio de aplicación sin el impulso que desde las
62 organizaciones le dio Vandor. Y, difícilmente,
Vandor le hubiera dado ese impulso si no hubiera
contado con información fehaciente sobre los intentos
de división de la CGT, patrocinados por el
vicepresidente Perette con
la colaboración de los dirigentes Riego Ribas y
Armando March, gráfico y mercantil respectivamente.
Pero no es menos cierto que Vandor logró impedir la
división y realizar el Plan de Lucha, logró
complementar la agresividad de las 62 organizaciones
con la estrategia necesariamente más cautelosa que su
amigo José Alonso elaboraba desde el secretariado
general de la CGT. Y, no menos importante, logró
desplazar totalmente a Andrés Framini, a quien lleva
prácticamente de remolque, así como neutralizar los
intentos de intervención en la vida sindical
efectuados por el Consejo Coordinador del Justicialismo
y el mismo Juan Domingo Perón. Para muchos de los
observadores, el ex presidente ha encontrado en Vandor
el caudillo que ayudará a la historia a superar la
influencia del refugiado de Madrid.
Después de varias encuestas realizadas entre
dirigentes gremiales y oficiales de las Fuerzas
Armadas sobre la tendencia impresa a la lucha sindical
por Augusto Vandor, los redactores de PRIMERA PLANA
lograron trazar un esquema que parece ser el que más
se ajusta a sus verdaderas intenciones:
•Augusto Vandor entiende que el actual gobierno caerá
por sí mismo o será derrocado, debido a una evidente
ineptitud para afrontar los problemas nacionales.
•La CGT debe participar activamente de este proceso,
ya que los naturales herederos de este gobierno serán
las Fuerzas Armadas, y en esta actividad se puede
crear una alianza importante entre los dos sectores.
•Mientras tanto, esta acción agresiva por parte de la
CGT significará la obtención de importantes beneficios
sociales para la clase trabajadora. Y estos beneficios
serán la única garantía para que los dirigentes
gremiales independientes no se atrevan a separarse de
la CGT por temor a la reacción de las bases.
Es así como, entre los dos ejes de la lucha sindical y
la búsqueda del poder, la semana pasada la figura de
Augusto Vandor creía una situación totalmente
novedosa en el convulsionado panorama de la actualidad
argentina.
* * *
Senadores
Una ofensiva contra el vicepresidente
Con una velocidad algo exótica en el campo radical, la
semana última comenzó un evidente deterioro de la
influencia del vicepresidente Perette en el ámbito
oficial. La ofensiva contra el dinámico titular del
Senado fue iniciada por el bloque de senadores de la
UCRP y expuesta extensamente a Arturo Illia en la
entrevista que mantuvieron a comienzos de la semana
pasada. Al concluir esa entrevista, el senador Fassi
expresó públicamente que el presidente Illia "es un
regalo que nos ha hecho la Providencia". Si bien a los
regalos no se los mide por el valor que tienen, en el
caso de quien dirige los destinos del país la
evaluación debe hacerse con más cuidado. Pero el hecho
es que en forma más reservada, el senador Fassi dio a
entender al presidente de la Nación que el
vicepresidente Perette bien podría ser el castigo de
la Providencia.
Los senadores insistieron en que Illia asuma el
liderazgo en la conducción de los problemas
nacionales, y coloque a Perette en el lugar que le ha
asignado la Constitución. En los medios informados se
entendía que esa ofensiva, encabezada por Fassi, es
más bien inspirada por el senador Blanco y, por lo
tanto, responde a una nítida estrategia de Ricardo
Balbín, quien desea más amplitud para su casi
copamiento del gobierno.
El argumento principal ejercido contra Perette por los
atribulados senadores, fue su manifiesta intervención
en el desencadenamiento del Plan de Lucha de la CGT.
Insistieron los senadores en afirmar que la amenaza
formulada por el vicepresidente en un mensaje a
Augusto Vandor, líder de las 62 organizaciones
gremiales, en el sentido de que estaba en condiciones
de maniobrar con los gremios independientes para la
división de la CGT, apresuró en definitiva el
lanzamiento del Plan de Lucha.
Coincidiendo con las versiones sobre inquietud en los
mandos militares, los senadores adjudicaron a las
actividades del doctor Perette las malas relaciones
del Ejercito con el radicalismo del Pueblo. Si bien el
vicepresidente no actúa en este campo en lo que a los
oficiales en actividad se refiere, son seguidas
atentamente por los mandos sus reuniones con militares
en situación de retiro. Se. lo considera inspirador
de las informaciones que aparecen en un matutino de la
Capital tendientes a crear fricciones entre oficiales
del comando en jefe del Ejército y de su Estado Mayor.
Al término de la semana existía la evidencia de que
Perette ha perdido la aparente conducción que ejercía
del bloque de senadores, y que la frase pronunciada
por el senador Blanco de que "para Gómez no estamos",
caló hondo en el espíritu del presidente Illia. Este
respondió que los movimientos del vicepresidente
estaban previstos, y nunca escaparon de su control,
pero la afirmación fue recibida con escepticismo.
* * *
Gobierno
Presiones oficiales sobre la justicia
La semana pasada, distintos observadores comenzaron a
preguntarse si en la Argentina la división de poderes
se mantendría en los hechos. Mientras por un lado
trascendía que el ministerio de Educación y Justicia
comenzaba a considerar proyectos que podrían
significar el avasallamiento de la Corte Suprema de
Justicia, por el otro se seguía demorando la
confirmación de las designaciones de jueces realizadas
durante el gobierno de José María Guido.
Los jueces que no tienen acuerdo del Senado están
automáticamente en comisión. Según la Constitución
Nacional, de no ser confirmados antes de la
finalización del período ordinario de sesiones
posterior a su nombramiento, sus atribuciones caducan
de hecho. Técnicamente, la autoridad de los jueces en
comisión es ahora por lo menos discutible, con el
menoscabo que eso significa para la autoridad de los
magistrados. El hecho, de por sí, afecta la
independencia de los jueces, que no cuentan con la
garantía de la inamovilidad: 25 magistrados nacionales
en la Capital Federal y 7 en el interior están en esa
situación.
El influyente matutino La Prensa había comentado ya
esa circunstancia en su editorial del 9 de mayo
último, donde señaló que "no hay razón para mantener
durante tantos meses una situación que los
constituyentes quisieron expresamente evitar, máxime
si, como lo dijo el Poder Ejecutivo en el mensaje
leído en el Congreso, el estudio de los antecedentes
relativos a los jueces que carecen de acuerdo ya está
finalizado".
Maniobra oficial
Lo más grave, sin embargo, es que el ministro de
Educación y Justicia, doctor Carlos Aleonada Aramburú,
elaboró posteriormente un proyecto de ampliación del
número de miembros de la Corte Suprema de Justicia —de
siete a trece— con el eventual objeto de lograr el
control político del alto tribunal. Muchos
funcionarios del gobierno habían anunciado su
preocupación por la posibilidad de que la Corte
pudiera tener criterios distintos de los del gobierno
en la consideración de algunos temas-clave. Inclusive,
se había llegado a afirmar 'que cuatro de los siete
miembros del tribunal no simpatizan con el Poder
Ejecutivo. Aunque precisamente el sentido de la
división de poderes es que los mismos sean
independientes entre sí, el ministro Aleonada Aramburú
habría resuelto optar por conseguir una Corte adicta
mediante la ampliación del número de sus integrantes.
Falsa memoria
Lo curioso es que la tesis del titular de Educación y
Justicia habría sido abonada, en conversaciones más o
menos extraoficiales, con dos antecedentes que son
falsos;
•Se ha generalizado una versión según la cual, en su
lucha por imponer los principios sociales del New
Deal, el presidente norteamericano Franklin Delano
Roosevelt libró una batalla contra una "Corte
reaccionaria" que obstaculizaba sus proyectos, y que,
como parte de ese enfrentamiento, debió ampliar el
número de miembros de ese organismo. El ejemplo fue
recientemente traído a colación por funcionarios del
ministerio de Educación y Justicia.
El episodio no existió nunca, como lo comprueba el
simple hecho de que antes y después del New Deal, la
Suprema Corte de los Estados Unidos siguió estando
compuesta por nueve miembros. Hubo un proyecto para
incrementar el plantel de ese alto tribunal que no
prosperó. Pero la fricción que existió en determinado
momento entre los dos poderes se resolvió por cauces
naturales.
•El otro antecedente erróneo es argentino. Se invoca
el hecho de que el gobierno de Frondizi, en 1960,
hubiera ampliado el número de miembros de la Corte de
cinco a siete para imponer su política.
No ocurrió así. Es exacto que el número de miembros
fue incrementado, pero no por razones políticas, sino
técnicas.
El sentido de la modificación de 1960 queda claramente
establecido porque: a) Frondizi contaba con mayoría de
miembros que habían sido designados durante su
gobierno y por el Senado oficialista (tres sobre
cinco); de los cinco miembros anteriores —que no
tenían acuerdo por haber sido designados durante el
gobierno provisional de Aramburu—, Frondizi solamente
mantuvo a Alejandro Orgaz y a Benjamín Villegas
Basavilbaso. b). El doctor Orgaz, que era y es
decididamente anti-frondizista, coincidió con sus
colegas en reclamar el aumento de los miembros de la
Corte por razones técnicas, aunque luego manifestara
con su renuncia una posición adversa a los jueces
promovidos.
Aparentemente, el único derecho del gobierno es el de
remover al doctor José Bidau, que, nombrado durante el
mandato del doctor Guido, no tiene acuerdo del Senado.
E, inclusive, está dentro de los usos admitidos que en
su reemplazo proponga el Poder Ejecutivo a un amigo
político del gobierno, como sería el caso de Amílcar
Mercader, a quien se menciona en ese sentido.
Con riesgos
En cambio, una elevación política del número de
miembros de la Corte, sin motivos que la justifiquen y
contra la opinión de los actuales miembros del
tribunal, significaría, directamente, la caducidad de
la división de poderes en la Argentina.
A fines de la semana pasada, nadie parecía aventurarse
a predecir qué sucedería en ese caso. Un diputado
nacional, sin embargo, había formulado la siguiente
inquietante pregunta:
—¿Qué pasa si algunos miembros de la Corte,
considerando lesionada la independencia del cuerpo,
renuncian?
Lo cierto es que si el gobierno sigue dispuesto a
sostener su iniciativa, un escándalo político no
resultará impensable.
PRIMERA PLANA
8 de Junio de 1964
