El jueves pasado el país asistió a un movimiento de protesta realizado por la CGE.
La rebelión -que busca cambiar la política económica del gobierno- revela que entre los actores del Gran Acuerdo hay un forcejeo cada vez más intenso. "Sin cambiar la línea económica -dice Gelbard-no puede haber salida política"
En los últimos días la vida del país estuvo signada por tembladeral económico. Mientras diversos trascendidos adelantaban que en enero el costo de la vida aumentó un 10 por ciento —cifra apabullante, teniendo en cuenta que corresponde a un solo mes—, desde los Estados Unidos llegaban noticias poco alentadoras: según un cable de la agencia France Press, fechado en Washington y publicado en los diarios del martes, "nada permite asegurar que la Argentina conseguirá los 800 millones de dólares que al parecer necesita".
La noticia se refería a la misión argentina que recorrerá otras capitales del mundo occidental para solicitar ayuda financiera. Pero a ese respecto las versiones son contradictorias. Por un lado, en diversos mentideros de Buenos Aires se afirma que el propósito real de la misión no es conseguir créditos sino, apenas, refinanciar la parte de la deuda externa que el país debería pagar este año a sus acreedores. Según esa especie, el gobierno argentino trataría de esquiva!1 el pago de 450 millones de dólares (cuya emigración dejaría escuálidas las reservas del país) y trataría de oblar solamente los intereses de la deuda, esto es, apenas 100 millones de dólares.
En cambio, otras fuentes aseguran que los misioneros acarician proyectos más ambiciosos. El objetivo de la delegación sería acumular 1.000 millones de dólares, entre diversos créditos que se gestionarán ante instituciones públicas y privadas de EE.UU. y Europa. Esa suma sería muy importante para aliviar las tensiones sociales y en consecuencia viabilizar el plan político, que este año ingresa en zonas incandescentes.
En general, buena parte de los observadores coinciden en asegurar que difícilmente la delegación consiga semejante cifra. Los más optimistas sostienen que el país debería darse por satisfecho si, además de la refinanciación de la deuda, se logra algún otro crédito. Sobre todo teniendo en cuenta que los de más fácil acceso —los llamados "stand-by" del Fondo Monetario Internacional— habrían sido desechados por el gobierno argentino, ya que el FMI supedita su otorgamiento a la adopción de medidas económicas ultrarrigidas: el congelamiento de los salarios, por ejemplo.
Como es obvio, la Casa Rosada no puede endurecer aún más su política económica; si lo hiciera, liquidaría los márgenes de negociación que imprescindiblemente necesita para hacer avanzar su proyecto de solución política.
En ese sentido, el curioso movimiento de protesta realizado el jueves por los empresarios de la Confederación General Económica —CGE— constituye un síntoma revelador. Esa central apoyó y apoya el plan político del lanussismo, pero la grave situación económica la obliga a intensificar su presión sobre la Casa Rosada. Es decir, tanto la actitud de la CGE como en última instancia la del propio Juan Perón prueban que se está desarrollando un intenso forcejeo entre los actores del Gran Acuerdo Nacional. Una lucha que, sin llegar a la ruptura, dibuja oscuros nubarrones sobre el horizonte del GAN, ya que constantemente pone sobre el tapete el talón de Aquiles del oficialismo: la crisis económica.
La semana pasada, la Junta de Comandantes adoptó diversas medidas para abaratar el precio de ciertos artículos. Las decisiones fueron adoptadas hacia el final de un mes en el que, según organismos oficiales y privados, el costo de la vida es un 45 por ciento más caro que en enero de 1971. Otras cifras auguraban que en marzo la carestía ya habrá absorbido por completo el aumento salarial del 15 por ciento otorgado a principios de año.
Sobre este panorama poco alentador SIETE DIAS dialogó con José Gelbard, vicepresidente de la empresa FATE y titular de la CGE. A continuación, un resumen de la charla.
—¿Cuál es la situación económica actual?
—Nos encontramos en un momento de recesión, como consecuencia de la política económica vigente, acentuada con las medidas adoptadas al finalizar 1971 y completadas con las últimas disposiciones del Banco Central con respecto al aumento de las tasas de interés. Pero debe aclararse que esta política no es nueva, sino que es la misma, con variación de matices y con algunos disfraces que tratan de disimularlo, que se instauró en el país en marzo de 1967 y que, desde entonces, tiene plena vigencia para toda la población, con los resultados conocidos: aumento desmedido de la inflación [39,1 por ciento creció el costo de la vida en 1971, con relación a 1970); incremento de los costos mayoristas (48,1 por ciento en igual lapso); aumento del déficit fiscal (440 por ciento más alto el año pasado que en 1970); déficit en la balanza comercial y déficit aún mayor en el balance de pagos; continuidad de la política de mantenimiento del déficit para 1972; incremento desusado en las tarifas de los servicios públicos en las tasas de servicios; creación de gravámenes impositivos sobre los consumos, anulando así los efectos favorables que provocará la elevación de los mínimos no imponibles en réditos de la cuarta categoría; desnacionalización de empresas argentinas; encarecimiento del crédito bancario; disminución de la masa de dinero prestable, por elevación del efectivo mínimo de los bancos; liquidación, prácticamente, de las cooperativas de crédito, único instrumento en el cual podía apoyarse la pequeña y mediana empresa de capital nacional para obtener capital para su evolución; distribución no equitativa de la renta nacional, en perjuicio de los sectores de menores ingresos y en beneficio del sector financiero, casi exclusivamente.
—¿Qué va a hacer la CGE frente a esa situación económica?
—La CGE ha venido denunciando esta política económica, señalando reiterada y firmemente que la misma nos conduciría a la delicada situación que acabamos de resumir. Nuestras quejas, nuestras postulaciones fueron desoídas. Ahora, agotada la instancia de las declaraciones y documentos, el movimiento confederal decidió, el 10 de enero, realizar actos de protesta en todo el país, para reclamar la terminación de la actual política económica; que se la reemplace por otra de profundo contenido nacional, y que la misma sea ejecutada por personas pertenecientes a sectores identificados con esa filosofía.
—¿Cree que la crisis económica tornará imposible el Gran Acuerdo Nacional?
—Nosotros entendemos, y lo tenemos muy claro, que la gravedad que va adquiriendo la situación económica creará un clima adverso para poder llegar a la salida política. Creemos, además, y lo hemos dicho en varios documentos, que las minorías que detentan desde hace muchos años el poder económico no tienen interés en la salida electoral limpia, que devuelva el poder a las mayorías nacionales. Por ello, están tratando de crear el caos económico para que, justificándose en esa circunstancia, se logre cancelar o postergar sine die la normalización institucional que el país entero está reclamando con urgencia.
—El presidente Lanusse planteó en sus exposiciones que la situación económica es grave, pero no catastrófica. ¿Qué opina usted sobre el tema?
—La situación económica es, para nosotros, grave, pero no tanto como para pensar que no tiene solución; en otras palabras, no es catastrófica. Son funcionarios del equipo económico del presidente Lanusse los que quieren dar esa sensación de desastre total. Tal, por ejemplo, el presidente del Banco Central, quien sorpresivamente anuncia al mundo que la Argentina está al borde de la cesación de pagos. O el presidente anterior del mismo Banco, quien anunció oficiosamente —pero ocupándose que todo el periodismo lo escuchara—, cuál iba a ser el porcentaje de la próxima devaluación y cuál el porcentaje de aumento de salarios que iba a autorizarse. Todo esto tiene un solo objetivo, que ya hemos enunciado: crear el clima necesario para impedir la salida institucional definitiva para la Argentina.
—¿La crisis es de coyuntura?
—La crisis es estructural y, por consecuencia, provoca problemas coyunturales. No habrá solución coyuntural si no hay trasformación profunda de las estructuras económicas.
—¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen?
—Las siguientes: 1º) Redistribuir y disminuir la presión impositiva, desgravando sustancialmente los impuestos directos e indirectos que oprimen a la pequeña y mediana empresa y a los perceptores de bajos y medios ingresos. 2º) Una amplia amnistía impositiva y previsional. 3º) Establecer una política crediticia orientada y dirigida, que estimule la actividad económica nacional, mediante préstamos a largo plazo y bajo interés, y con una apreciación generosa de la garantía patrimonial de los solicitantes. 4º) En materia arancelaria debe reestructurarse toda la política orientándola con un estricto criterio de protección efectiva de la industria nacional, y de promoción de las exportaciones, prohibiendo terminantemente la importación de bienes suntuarios, superfluos y/o competitivos con la industria nacional. 5º) Poner en ejecución, sin dilaciones, los proyectos ya aprobados de instalación de industrias básicas (hierro y acero, petroquímica pesada, celulosa y papel, soda solvay) y, en fin, todo lo que representa insumos de materias primas para la industria. 6º) Autorizar las trasferencias de divisas al exterior en concepto de regalías, honorarios, royalties, dividendos y comisiones únicamente cuando correspondan a inversiones extranjeras auténticas, o sea las efectuadas con aporte de ahorro externo. Y prohibiendo todas las que no se ajusten a esa condición. 7º) Descentralizar la economía, prohibiendo la instalación de nuevas industrias en el Gran Buenos Aires; y facilitar de este modo el crecimiento acelerado y armónico del interior del país. Desde luego que las medidas posibles son muchas; pero éstas constituyen las prioritarias, a nuestro juicio.
—¿A quién beneficia la política económica actual?
—Los beneficiarios de esta política económica son, exclusivamente, los sectores financieros. La producción agropecuaria, la industria, el comercio, los servicios y los sectores asalariados han sufrido y sufren enormes perjuicios y su resultante es el empobrecimiento. En cambio, los grupos financieros vienen aumentando en proporción geométrica sus beneficios, desde 1967, y su participación porcentual en el Producto Bruto Interno.
—¿Qué opina de la misión económica a los Estados Unidos y Europa?
—Pienso que si se adoptara la política económica que nosotros proponemos no seria necesario que saliera ninguna misión argentina al exterior a solicitar créditos en la forma que, según parece, va a hacerlo la que está a punto de emprender viaje.
—¿Cree que en el gabinete se deben producir renuncias para acelerar el proceso de cambio en política económica?
—El movimiento empresario confederal nacional solicitó públicamente la renuncia de todo el equipo económico actual. Mantenemos esa posición por las razones que ya expliqué.
—¿Qué sectores apoyan la decisión de la CGE?
—En esta oportunidad, la CGE ha decidido realizar estos actos de protesta sin recurrir al apoyo de otras instituciones o sectores. Creemos que interpretamos, con nuestra disconformidad hacia la política económica y el equipo que la está conduciendo, el pensamiento de los sectores mayoritarios del país: trabajadores, intelectuales, profesionales, estudiantes. Pero, en esta ocasión, confiamos exclusivamente en nuestra organización y en el millón de empresarios que la integran, miembros de 2.000 cámaras y federaciones económicas regionales.
—¿Cuáles son las perspectivas del país?
—De continuar esta política económica, se darán las condiciones para que no se llegue a la salida institucional. En ese caso, creo que las perspectivas para la Argentina son sombrías. Pero si la política económica cambia, en el sentido nacional que nosotros propugnamos, el país saldrá pronto de su actual atolladero y su futuro será promisorio.
Revista Siete Días Ilustrados
31.01.1972