Satisfecha la expectativa del comicio en Misiones e
iniciado el nuevo período parlamentario, la
congelación de la presidencia del Senado Nacional abre
una nueva perspectiva: la reforma de la ley de
acefalía. Mientras tanto, la oposición endurece su
actitud frente al Gobierno y los dirigentes sindicales
posponen sus afanes de coparticipación para defenderse
en las próximas paritarias.
ABRIL comenzó con un doble y auspicioso signo:
comicios en Misiones y diálogo del Gobierno con las
fuerzas políticas; dos eventos importantes sin duda
para la convivencia democrática, y dos maneras
prácticas de ejercerla a través del voto y el cambio
de ideas. Pero hubo también, lamentablemente, aspectos
negativos: la violencia cobró nuevas víctimas, el
conflicto de Villa Constitución afectó a las
industrias básicas y la situación eco nómica ingresó
en un cauce que las propias autoridades (Gómez
Morales) consideran peligroso.
Otras circunstancias no menos relevantes dieron
especial fisonomía a esos 30 días: los radicales
endurecieron su posición frente al oficialismo; el
poder gremial (62 y CGT) sufrió un serio revés en sus
aspiraciones de mayor espacio político, y en el Senado
de la Nación la mayoría peronista decidió dejar
vacante la presidencia del cuerpo.
El nuevo diálogo
El primer tramo para la reanudación del diálogo con
las diversas
fuerzas políticas (congelado desde octubre de 1974) se
produjo el día 3 a las 10 de la mañana. Dado que
también en política la caridad bien entendida empieza
por casa, en esa oportunidad acudieron al despacho
presidencial los dirigentes del Frejuli. Claro que no
todos. Sólo se invitó a aquellos que representan a
partidos de jurisdicción nacional (Frondizi, De Vedia,
Sánchez Elía, y Lastiri por supuesto) aunque con la
excepción de Fonrouge por su carácter de secretario
general del alineamiento extrapartidario.
Al margen de la crónica, limitada en casi todos los
casos a la información oficial, y eventualmente a
algunas versiones fragmentarias, se supo lo siguiente:
• El jefe del MID, Arturo Frondizi, formuló una dura
crítica de la gestión económica cumplida tanto por el
equipo del anterior ministro (Gelbard) como del actual
(Gómez Morales) y señaló como falla principal la falta
de inversiones extranjeras. Asimismo, subrayó los
riesgos de la escalada terrorista y su efecto negativo
para la imagen del país en el plano internacional.
• El popular cristiano Enrique de Vedia hizo hincapié
en el problema de la autoridad presidencial. A su
juicio ésta debe ser afirmada en hechos que desmientan
toda idea de poder delegado o paralelo. Frente a sus
manifestaciones, la señora de Perón habría sido
categórica al afirmar que "la que gobierna en el país
es la Presidente y los próximos acontecimientos lo
dejarán bien en claro".
• El conservador popular Santiago Sánchez Elía (la
exposición más extensa) expresó diversas reservas con
relación a la marcha del proceso institucional,
insistiendo en la preservación de la imagen
presidencial frente a suspicacias de quienes aducen
interferencias o superposiciones. A este respecto
también habría sido rotunda la respuesta de la señora
de Perón. Se le atribuye esta explicación: "Mi
carácter jamás fue proclive a ninguna influencia
dominante; aun en vida del teniente general Perón supe
siempre mantener mi individualidad en el grado que lo
exige mi idiosincrasia".
La reunión con Balbín
Tras los comicios de Misiones (ver páginas 18-20), se
cumplió el segundo tramo de la nueva política de
diálogo. El 16 de abril Ricardo Balbín habló durante
una hora y media con la Presidente y el ministro del
Interior. Las posteriores declaraciones del líder
radical y algunas indiscreciones — presumiblemente
deliberadas— de sus allegados permiten reconstruir lo
principal del coloquio. Durante su transcurso Balbín,
con sacrificio de su habitual estilo y lejos de toda
metáfora, habría sido concreto, casi tajante. Los
temas planteados se inscribirían en una línea crítica
que incluye el recrudecimiento de la violencia, la
crisis económica, la situación universitaria, la
vigencia de las libertades públicas y la necesidad de
la reforma constitucional.
Sobre la violencia, Balbín habría expresado su
inquietud por "la actividad de los sectores de ultra
derecha", señalando que en contraste con "los de ultra
izquierda" hasta el presente no se registraba ninguna
comprobación por parte de los organismos de seguridad,
lo que —a su juicio— permitía suponer una suerte de
"impunidad sumamente peligrosa para la salud del
país". Con respecto a la gestión económica estimó
indispensable una urgente "rectificación de medidas y
variación de rumbos" y ofreció, como colaboración, las
iniciativas del sector parlamentario de la UCR.
Pero donde el jefe radical se habría mostrado más duro
sería en el plano de la difusión. "Existe un verdadero
enrarecimiento en el país; sería prudente corregir el
actual monopolio de las ideas", fue —palabra más o
menos— su advertencia a la titular del Poder
Ejecutivo.
Al término de la reunión, Balbín aclaró a los
periodistas: "No fuimos a buscar respuestas. El
diálogo será útil en la medida que se observen
nuestras inquietudes. La utilidad no está dada por el
encuentro, que fue muy cordial, sino por rus
consecuencias".
Pero en la UCR la espera de esas consecuencias fué muy
breve. Un par de semanas más tarde, la Convención
Nacional del partido produjo un documento de desusada
severidad con relación a la política del Gobierno.
Adjetivos no frecuentes abundaron en la declaración:
ineficacia, pasividad, frustración y violencia fueron
los más conspicuos.
¿Qué había ocurrido en el seno del radicalismo para
que se produjera semejante giro?
La explicación viene de lejos. Y se inserta en la
lucha interna de la agrupación. La estrategia de
Balbín (llegar al 77 con el partido unido, en función
del presunto deterioro del peronismo) ha chocado,
definitivamente, con la de Alfonsín (llegar al 77,
pero sin concesiones) y con la del unionismo (hacer
oposición frontal, al margen de metas electorales). De
ello ha surgido la necesidad de conciliar criterios
para evitar: 1) posibles escisiones; 2)
cuestionamiento de la jefatura que haría imposible la
tercera reelección de Balbín.
A través del documento aprobado por la Convención
Nacional se ha logrado, en principio, una alternativa
ecléctica: ratificación del diálogo, pero con
exigencias cuya severidad no reconoce precedentes en
lo actuado desde el 25 de mayo de 1973 hasta hoy.
Repliegue gremial
La demorada audiencia de la cúpula gremial con la
Presidente (2 meses) se realizó finalmente el 22 de
abril. Su resultado, a la luz de las declaraciones
ulteriores está más cerca de la melancolía que de la
euforia. La señora de Perón descartó de plano toda
crítica a los responsables de la conducción económica,
y aunque se interesó por los planes de vivienda para
los trabajadores, no dio curso, según parece, a los
pedidos de "coparticipación" en las decisiones que,
más oblicua que directamente, habrían planteado los
dirigentes.
En escasas semanas la situación se ha revertido en el
ámbito de las 62 y la CGT. En lugar del slogan de
Florencio Carranza, secretario de los mercantiles ("Ha
pasado la etapa de las reivindicaciones salariales;
empieza la de la lucha por el poder político"), la
iniciación de las paritarias remite a los líderes
gremiales a una vieja y modesta actividad, no exenta
de esfuerzos: conseguir aumentos para sus
representados.
El problema de la acefalía
El artículo 10 del reglamento del Senado establece que
"si al 30 de abril no se eligen nuevas autoridades,
continuarán en sus funciones las anteriores hasta que
se elijan otras". La renuncia de José Antonio Allende
a la presidencia provisional del cuerpo obligaba, en
teoría, a la designación de un nuevo titular. El
bloque mayoritario, al cabo de ardua deliberación (que
incluyó una reunión final con Raúl Lastiri), resolvió
dejar vacante el cargo por "motivaciones políticas".
Estas no fueron explicadas en el debate. La oposición,
disconforme, abandonó el recinto.
Esta situación, absolutamente novedosa en toda la
historia parlamentaria del país, refleja problemas
internos del oficialismo vinculados a la sucesión
presidencial para el caso de acefalía. En este momento
—y en tanto no se elija al presidente del Senado— Raúl
Lastiri es el número uno para la alternativa de
ausencia o enfermedad de la Presidente de la Nación.
Mientras tanto, se abre camino la idea de reformar la
ley de acefalía vigente. Todas las compulsas
efectuadas en el ámbito oficial indican dos
posibilidades, a saber:
a) Derogación lisa y llana de la ley para permitir el
regreso al artículo 75 de la Constitución: "En caso de
destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del
Presidente o Vicepresidente de la Nación, el Congreso
determinará qué funcionario ha de desempeñar la
Presidencia hasta que haya cesado la causa de
inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo";
b) Sanción de una nueva ley de acefalía que permita la
elección por el Congreso con mandato hasta la
terminación del período.
Los motivos del propósito reformista del oficialismo
no son, como a cualquiera le resultará asequible, de
fría legislación. Antes, al contrario, responderían a
necesidades políticas. El cúmulo de tareas y
responsabilidades de la señora de Perón podrían
exigirle, en un momento dado, una temporada de
descanso. Para la eventualidad de ese temporario
alejamiento o también —¿por qué no?— de un viaje al
exterior por razones de alta política internacional,
nada sería más prudente que la titularidad del Poder
Ejecutivo quede a cargo de un funcionario de su
confianza. La reforma de la ley de acefalía
permitiría, por ejemplo, que algún ministro
desempeñara transitoriamente esas funciones.
Frente a esa perspectiva, la oposición —la UCR— se
aferra a la literalidad del texto constitucional y
exige, en ese sentido, el cumplimiento del artículo 50
que impone la designación de un presidente provisional
del Senado.
El criterio seguido en el Senado —congelación del
cargo— y la actitud presidencial frente a los
requerimientos sindicales revelan un hecho decisivo en
la vida del oficialismo: el poder de decisión está
radicado, en todo sentido, en él más alto nivel del
Gobierno. O para decirlo de otro modo: la verticalidad
es hoy una realidad tan vigente y operativa como en
los tiempos de Perón.
Primero de mayo sin Perón
La expectativa era obvia. El Gobierno peronista —sin
Perón— tenía que cumplir dos instancias más que
rituales: una, demostrar su poder de convocatoria;
otra, explicar su política futura a través del mensaje
ante el Congreso. Diversos factores no hacían fácil el
trance. En el ámbito laboral, la persistencia del
conflicto de Villa Constitución generaba incertidumbre sobre las posibilidades de movilización. En el
plano de la seguridad los últimos episodios de
violencia tenían efecto intimidatorio. Los cálculos
sobre concurrencia eran, por lo tanto, dubitativos. No
obstante, media plaza fue colmada por un público que
escuchó con interés la alocución presidencial y luego
se retiró en orden. Por la mañana, la señora de Perón
leyó su mensaje y cada uno de sus ministros expuso lo
relativo a su área de Gobierno.
Dos de los discursos ministeriales despertaron la
atención de todos los sectores. El de Oscar
Ivanissevich, al afirmar que "hemos recibido una
herencia anarquizante" (se refería a la gestión de su
correligionario Jorge Taiana), y el de Alfredo Gómez
Morales, al sostener que el crecimiento de la
economía "no depende de manifestaciones de
voluntarismo, ni de aspiraciones ideológicas". Con lo
que —quiérase o no— enfrió el entusiasmo,
generalmente sano, de todos los que desean que las
cosas cambien y adoptan, para ello, posiciones
doctrinarias. El descarnado realismo del ministro de
Economía amenaza la validez de los slogans y consignas
de todos los movimientos populares, incluso los de su
propio partido.
La voluntad, única verdad para Schopenhauer, es sin
embargo una realidad insuficiente para Gómez Morales,
cuya formación tomista descarta solipsismos.
Pero no todo sería acerbo en la jornada. Desde Córdoba
una noticia renovó viejos fervores: el interventor
Lacabanne afirmó, en su mensaje a la Legislatura, que
"la subversión armada ha desaparecido del escenario
provincial"
Revista Redacción
mayo de 1975