Hace algunos meses, el partido de San Isidro se conmovió
por el caso de un farmacéutico que expulsó de su negocio,
pistola en mano, a los representantes del Colegio de
Farmacéuticos: los colegas habían ido a comunicarle que
debía cerrar la farmacia por no ajustarse a "la ética
profesional". El agresivo farmacéutico fue detenido y
procesado; luego, pagó una solicitada en los diarios para
referir su verdad. Reconoció su error al cometer la
agresión, pero explicó que el motivo era ciertamente
irritante: se lo amenazaba con decretarle la clausura,
luego de reiterados apercibimientos, porque vendía los
medicamentos a precios inferiores que los de sus colegas.
El farmacéutico de San Isidro fue sobreseído por la
justicia, pero sus colegas volvieron a la carga: ahora
tratan de imponerle una multa de diez mil pesos para
castigar su resistencia.
Ahora es posible que si siguen adelante las disposiciones
de un decreto-ley sancionado en las postrimerías de la
presidencia del doctor Guido, por la gestión del fugaz
ministro de Salud Pública, Rodríguez Castells, muchos
farmacéuticos porteños se vean obligados a reaccionar
enérgicamente, aunque su belicosidad no llegue a emular la
del colega de San Isidro. Porque en la Capital Federal
existe ahora una aguda competencia que se traduce en
precios fluctuantes e importantes descuentos para los
específicos medicinales.
En esta materia, la Avenida General Paz es realmente una
frontera. Hacia la provincia, una calma pueblerina invade
sin excepción las farmacias que abren y cierran a las
mismas horas, no atienden a mediodía, cobran iguales
precios para todos y no regatean con los clientes; no hay
competencia y, por lo tanto, no hay rebajas. O al revés.
En cambio, en la Capital Federal desde hace unos años
algunos farmacéuticos descubrieron que el ramo tenía
ganancias con un margen potencial de sacrificio; por otra
parte, el jaque que les impusieron las llamadas "farmacias
sindicales" con descuentos para los afiliados a
determinados gremios, los obligó a marcar el paso.
Actualmente son muchas las farmacias que hacen descuentos
de hasta el 25 por ciento para los productos medicinales,
y sus propietarios confiesan, a veces, que a pesar de eso
les queda una ganancia conveniente.
Esta disparidad motivó una curiosa circunstancia: las
farmacias instaladas en la cabecera de las grandes
avenidas que llegan a la General Paz, en la parte
correspondiente a la Capital aumentaron en gran proporción
sus ventas en los últimos años, al ofrecer descuentos; así
ganaban no sólo al público de ese barrio sino al de los
alrededores de la provincia; las amas de casa descubrían
que convenía a su presupuesto caminar unas cuadras, cruzar
la General Paz y comprar con descuentos. Las farmacias
provinciales más próximas sintieron el impacto, y muchas
de ellas subsisten angustiosamente.
La posibilidad de que uno y otro margen de la avenida de
circunvalación pasen a ofrecer el mismo ritmo de trabajo,
con las farmacias de la Capital asimiladas al amodorrado
régimen de la provincia, parece estrechamente relacionada
con los efectos de un decreto del gobierno anterior, de
inocente apariencia, como que su enunciado principal era
el de reconocer, oficializándolo, al Colegio de
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal.
El decreto-ley en cuestión es el 7595, de fecha 12 de
setiembre de 1963, y oficializa la institución creada
dentro de la Asociación de Farmacéuticos y Bioquímicos
(entidad de primer grado) y la Confederación Farmacéutica
y Bioquímica (de segundo grado) con una nueva denominación
luego de ser investigadas y dictadas prisiones preventivas
para sus directivos por fallo de la Justicia en lo Penal
Económico, en el delito de monopolio.
El Colegio de Farmacéuticos fue oficializado por el
aludido decreto-ley, como organismo de derecho público y
privado en el que {deberán afiliarse obligatoriamente
todos los farmacéuticos y bioquímicos que ejerzan su
profesión en la Capital; el mismo decreto establecía
algunas facultades de ese Colegio como la de federarse con
otros Colegios, poder adoptar actitudes disciplinarias y
el gobierno de la profesión, así como la fijación de los
aranceles para la prestación de los servicios
profesionales. Las sanciones disciplinarias pueden llegar
hasta la inhabilitación para el ejercicio de la profesión
por violación a los estatutos, Código de Ética y
Aranceles. Los Estatutos y el Código de Ética así como los
Aranceles Profesionales los prepara el Colegio. El
ministerio de Asistencia Social y Salud Pública así como
los otros ministerios deberán recabar de dicho Colegio los
informes técnicos y económico legales relacionados con el
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes
sobre ejercicio de la Farmacia y Bioquímica.
En el artículo 17 de la disposición sé establecía que se
requerirá de las instituciones Colegio de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal y Asociación Bioquímica
Argentina la designación de tres representantes de cada
una para que, constituidos en comisión, efectúen una
matriculación, quedando inscriptos de oficio todos los que
se encuentren ejerciendo. Esa comisión redactará los
proyectos de Estatutos y Reglamentos del Colegio así como
el Código de Ética, todo lo cual deberá ser aprobado por
una asamblea de 40 delegados, designados 20 por cada una
de aquellas entidades, los cuales elegirán las autoridades
provisionales, las que deberán asumir la representación y
el gobierno del Colegio y quienes durarán hasta que se
instalen las que se elijan conforme a los estatutos, para
lo cual no se fija plazo.
Aunque todo este conjunto de disposiciones parece ya
bastante significativo como demostración de una gran
concentración de poderes en una sola institución, el
Colegio de Farmacéuticos, este hecho probablemente no
hubiera sido demasiado objetado por sectores que ahora
aparecen claramente adversos a la medida, de no mediar
algunos antecedentes verdaderamente significativos y que
dan una idea de lo que puede llegar a representar un
articulado como el transcripto. En esferas relacionadas
con la actividad farmacéutica y en círculos forenses, por
ejemplo, se recuerdan las alternativas vividas hasta hace
menos de dos años en torno al problema de la competencia
en el gremio farmacéutico:
•En 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora se vio
obligado a dictar el decreto-ley 15.130/57 fijando los
precios de venta de los medicamentos, por cuanto declaraba
expresamente en los considerandos "la existencia de
minoristas poderosos interesados en mantener el control
del mercado de medicamentos".
•En 1961, la Justicia en lo Penal Económico instruyó un
nuevo proceso por monopolio, en el que se decretó la
prisión preventiva de los autores y en el que aún no ha
recaído sentencia.
Esos dos hechos parecen aislados si no se los analiza a
través del proceso en que se fueron verificando y si no se
los relaciona, incluso, con un antecedente: el primer
proceso por monopolio instruido en 1939 en la venta de
especialidades medicinales, en el que se dictó prisión
preventiva contra la Unión Fabricantes de Especialidades
Medicinales, pero que no llegó a sentencia por haber
prescripto.
El hilo conductor
Una investigación en las fuentes permite descubrir el hilo
conductor de este proceso, especialmente a partir de 1957,
época en la que el decreto 1736/57 estableció un margen
decreciente de ganancias para los farmacéuticos; el margen
se achicaba a medida que aumentaba el precio de venta al
público. En ese mismo decreto se obligaba a los
laboratorios a vender en forma directa los medicamentos, a
los precios de
mayoristas, a las farmacias de entidades mutuales y
sindicales.
Como los precios aumentaban constantemente, los sindicatos
hicieron una gestión ante las farmacias para que se
vendieran medicamentos con descuentos a los afiliados,
pero no obtuvieron éxito; por lo tanto, decidieron hacer
uso de la facultad de poder instalar farmacias propias en
las que lograban vender medicamentos con descuentos de
hasta el 30 y el 35 por ciento. Estas rebajas podían
hacerse porque al comprar a precio de droguería ahorraban
un 13 por ciento que sumaban al margen de ganancia
corriente de las farmacias, que era del 30 por ciento.
Los farmacéuticos particulares iniciaron entonces un
movimiento contra los laboratorios pidiendo que les
vendieran en las mismas condiciones que a las farmacias
sindicales y además que se suprimiera el margen
decreciente y quedara otro fijo, para lo cual pedían un 30
por ciento que, como se calcula sobre el precio de la
venta al público, podría aun ser mayor; de esta manera
—decían los farmacéuticos— también ellos harían
descuentos. Los laboratorios acordaron vender directamente
a las farmacias particulares en condiciones parecidas a
las ventas a farmacias sindicales.
Sin embargo, todo este panorama se alteró en 1959 cuando
se produjo la caducidad de toda la legislación sobre agio,
lo que traía como consecuencia —según la interpretación
del ministerio de Salud Pública—, la caducidad del decreto
1736/57. Inmediatamente, los farmacéuticos cambiaron de
frente y en vez de preocuparse por vender con descuentos
para contrarrestar la competencia de las farmacias
sindicales trataron, lisa y llanamente, de eliminarlas.
Comienza el boicot
Así comenzaron las presiones sobre los laboratorios para
que éstos no vendieron más a las farmacias no comerciales,
insistiendo además en la supresión del sistema de márgenes
decrecientes de ganancias. Durante el año 1958 se realiza
todo tipo de presiones y se desatan boicots contra los
laboratorios, los que ante la pasividad de Salud Pública
mantuvieron una esforzada resistencia durante todo 1959;
en ese lapso fueron boicoteados los laboratorios Darck,
Ocefa, Elea, Lepetit, Lederle, Glaxo, Johnson y Johnson,
Lutetia, etc. Finalmente, los laboratorios reaccionaron
contraatacando con la amenaza a los farmacéuticos de sacar
de los envases las etiquetas conteniendo el precio máximo
de venta al público; así se terminaría el problema de
anunciar los descuentos. Los farmacéuticos levantaron
transitoriamente el boicot, pero consiguieron en cambio
dos importantes ventajas: que los laboratorios dejaran sin
efecto el régimen de margen decreciente de beneficios y
que se comprometieran a no vender más a las farmacias
sindicales y mutuales o "falsas farmacias", como ellos las
calificaban.
Si bien los laboratorios dejaron de vender a las farmacias
sindicales —luego de una sostenida y esforzada
resistencia—, diversas droguerías (especie de
intermediario mayorista en el ramo) continuaron
haciéndolo, incorporando también entre sus clientes a un
grupo de farmacias privadas de la Capital que se habían
adherido al sistema de vender los medicamentos con una
rebaja del 25 %. Los farmacéuticos presionaron entonces
nuevamente a los laboratorios, pero esta vez para que no
vendieran medicamentos a las droguerías que abastecían a
las farmacias que hacían descuentos. Nuevamente los
laboratorios oponen resistencia y nuevamente son
boicoteados laboratorios como Pfizer, Gerardo Ramón, Alka
Seltzer, que publican incluso solicitadas para informar
sobre esos hechos a la opinión pública; pero las
autoridades no intervienen.
En ese clima, el 16 de noviembre de 1960, el decano de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica, doctor Zenón Lugones,
cita a una reunión en su despacho de la que participan la
Cámara de Especialidades Medicinales, la Cámara de
Farmacia, la Federación de Droguerías y la Asociación de
Farmacéuticos. La aparente función de componedor del
doctor Lugones queda desvirtuada cuando se anuncia un
arreglo que consiste, lisa y llanamente, en aceptar las
exigencias de los farmacéuticos de no vender más
medicamentos a ninguna droguería que abasteciera a
farmacias mutuales, sindicales o particulares que hicieran
descuentos sobre los precios de venta. Los encargados de
efectuar la discriminación eran los farmacéuticos, quienes
comunicaron a los laboratorios qué droguerías o farmacias
hacían descuentos o violaban el acuerdo, para lo cual
—encubriendo el verdadero motivo— usaban el sistema
eufemístico de calificarlas como "faltas de ética
profesional". El acuerdo celebrado se instrumentó incluso
por acta suscripta por las partes el l9 de diciembre de
1960, cuyo original pudo ser secuestrado por la Justicia
en lo Penal Económico y publicado, incluso, en el "Manual
Farmacéutico".
Intervención judicial
El acuerdo se puso en ejecución el de enero y motivó
luego, por denuncia del fiscal doctor Novatti, el
procesamiento de todos los intervinientes, a los que se
les decretó la prisión preventiva. La Cámara que agrupa a
los laboratorios reconoció en el proceso que los
farmacéuticos ejercieron reiterados actos de presión y
devastadores boicots sin que las autoridades de Salud
Pública ni las de la secretaría de Comercio escucharan sus
pedidos de protección; y que los farmacéuticos redactaban,
efectivamente, las listas de establecimientos a los cuales
no había que venderles medicamentos porque ellos los daban
al público con rebajas.
La Cámara en lo Penal Económico, en el auto confirmatorio
de la prisión preventiva, declaró que la conducta de los
farmacéuticos demostraba que los hechos se sustentan en la
raíz de todo monopolio: "falta de espíritu de cooperación
y de sensibilidad social, desmedido afán de lucro, egoísta
ambición de hacerse rico en poco tiempo", y que al caso
era aplicable la máxima de que el hombre que pretende
hacerse rico en un año habría que ahorcarlo doce meses
antes.
Ante estos antecedentes, las disposiciones relativas al
reconocimiento oficial del Colegio de Farmacéuticos toman,
evidentemente, otra perspectiva. Y son muchos los
legisladores que, alertados de la situación, observan
atentamente el fenómeno y estudian la posibilidad de
revisar el decreto-ley casi póstumo del ministro Castells
en el próximo período ordinario de sesiones. Porque
piensan que la uniformidad por lo alto, en la fijación de
los precios de los medicamentos, que no se pudo obtener
antes con el acuerdo monopolista, podría quedar sancionada
a través del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la
Capital y de su Consejo de Ética que, como sucede en la
provincia de Buenos Aires y en la de Santa Fe, aun sin
estar constituido, ya ejercen una actividad intimidatoria.
Sería muy simple, utilizando esta vía, que el Colegio
decidiera que el arancel mínimo (en este caso la palabra
arancel sustituiría a ganancia, que es más apropiada)
debiera ser determinado porcentaje y condenara por falta
de ética a los farmacéuticos que siguen haciendo
descuentos; o a los que actualmente hacen aplicaciones de
inyecciones gratis, como método de promoción; o a los que
agregaron a su línea de productos algunos alimenticios
(autorizados en todos los casos por el ministerio de Salud
Pública), etcétera.
Todas estas prácticas podrían ser condenadas si el Colegio
de Farmacéuticos se lo propusiera, porque a su
representación cabe no sólo la redacción del Estatuto y el
Código de Ética, sino también la fijación de aranceles.
Este es el peligro que pesa sobre los hombros del público
consumidor que, dentro de la relatividad de las cosas —los
precios siguen en aumento—, se beneficiaba por la
competencia que se practica en el ramo.
En los círculos consultados llama la atención que una
materia de tanta trascendencia para el bienestar y la
economía del pueblo, donde el consumidor no tiene
posibilidad alguna de elegir o de abstenerse, sea
entregada para su gobierno y manejo a quienes, según sus
antecedentes, demostraron un interés desmedido en lucrar
con dicha actividad, al extremo de provocar la
intervención de la justicia y el procesamiento por
violación de la Ley de Monopolios.
Revista Primera Plana
31.12.1963
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