Desde el martes 13, un nuevo crimen político vino a sumarse a la escala de ininterrumpida violencia cuyo trasfondo sensibiliza a sectores ciudadanos y motiva una oleada de desencuentros que el país y quienes lo rigen en las actuales circunstancias observan con creciente inquietud. El episodio que desde hace 14 días conmocionó por sus reiteradas características y derivaciones, se inició con un doble secuestro, el posterior asesinato de una de las víctimas —el ex estudiante de sociología, Juan Pablo Maestre— y la desaparición de su esposa, Mirta Misetich, cuyo paradero aún se desconoce. Una seguidilla de declaraciones, comunicados, acusaciones veladas o directas y alertamiento de los medios de seguridad, junto a la intervención directa de la justicia para esclarecer los móviles y encontrar a los culpables de tan repudiable suceso, inflamó la crónica diaria y el comentario común. Nuevamente el dedo acusador apuntó a los encargados de actuar contra los grupos y militantes que detentan la acción subversiva y el panorama se ensombreció tras una guerra sorda alentada por la violencia que no cesa.
Si existió la participación de un organismo de seguridad o parapolicial, es un supuesto no comprobado de manera clara y rotunda. No obstante, dos elementos que desconciertan por su evidente irregularidad aún no han sido esclarecidos. Ante el hallazgo del cadáver de Maestre en un zanjón de la localidad de Escobar, éste fue inmediatamente inhumado en el cementerio local tras un impreciso N.N., cuando las normas legales establecen que debe trascurrir, un tiempo prudencial para identificar a las personas muertas violentamente cuyos datos de filiación son desconocidos. Otro detalle tampoco fue aclarado: no se precisó debidamente si algún organismo policial o de seguridad del Estado estaba realmente empeñado en la búsqueda de Maestre. Ante una consulta de ANALISIS, los abogados que desde un principio actúan como querellantes en representación de los familiares de la pareja, sostuvieron las inculpaciones en las que tratan de colocar en difícil trance a los elementos policiales, y que afirman han remitido al juez instructor Néstor Sanz. Parapetados tras el secreto sumarial, evitando "entorpecer la acción de la justicia", decidieron no brindar ningún tipo de información a la prensa.
El gobierno tomó inmediatas cartas en el espinoso asunto, a partir de la presentación del padre de Mirta Misetich, en Olivos, para solicitar la intervención personal del Presidente Lanusse en el caso de los Maestre. La respuesta oficial movilizó su interés por la inmediata investigación. Desde la Casa Rosada se impartieron directivas al ministro de Justicia, con el afán de arrimar la totalidad de elementos disponibles, confesando la prontitud exigida para acelerar las actuaciones en poder del juez que entiende en la causa. La Policía Federal acusó igualmente el golpe de quienes la responsabilizan directa o indirectamente en el asunto Maestre-Misetich. El general Jorge Esteban Cáceres Monié desmintió, enfáticamente, la intervención de la repartición que comanda en la detención del matrimonio. Las características del procedimiento empleado, permitieron a quienes acusan vagamente a los elementos de seguridad, echar a rodar la especie de una incontrolada acción que recordó otras similares ocurridas en los últimos años.
Los abogados Mario Hernández, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde (defensores del matrimonio Maguid e Ignacio Vélez en el caso Aramburu), Roberto Sininaglia, Hadalberto Caviglia y Susana Delgado, tacharon de pasivo, ineficaz y negligente para entender en el caso al ministerio político a cargo de Arturo Mor Roig. En los medios políticos llegó a circular la versión del alejamiento del ministro, supuestamente ofuscado por los acontecimientos. Una posterior visita a Lanusse en Olivos disipó esta duda. El acopio de los "necesarios antecedentes" alertó
la preocupación oficial. Pero el cañoneo de los sectores opositores no apaciguó sus andanadas.

Idas y venidas.
Tampoco la acción subversiva se llamaba a silencio. Aunque no se la proclame abiertamente, la ley del talión continuaba aplicando su inquebrantable filosofía. El jueves 22, un asalto extremista al registro civil de Berazategui culminaba con un nuevo asesinato, el del cabo Juan Ferro, abatido de un tiro en la cabeza por una integrante de las llamadas Fuerzas Argentinas de Liberación. La actividad subversiva continuaba desparramándose por el país. Atentados con artefactos explosivos, robos y un estado latente de amenazas de acciones violentas continuaban preocupando a las autoridades. La versión de que el Poder Ejecutivo podía arribar a determinado acercamiento con elementos duros, capaces de utilizar el lenguaje extremista que procura extirpar, fue desechado categóricamente. Un comunicado distribuido por Prensa y Difusión afirmó que el gobierno no dialoga, negocia, ni escuchará siquiera a "elementos terroristas, subversivos o aquellos que actúan al margen de las normas legales". La repercusión del caso Maestre despertaba toda suerte de declaraciones provenientes de organizaciones políticas, gremiales, profesionales y estudiantiles. En su mayoría reclamaban una más clara explicación oficial y el término Escuadrón de la Muerte (un comando de conocidas correrías como organización parapolicial en Brasil, destinada al exterminio de delincuentes comunes) comenzó a circular con insistencia. En la campaña por esclarecer interrogantes de estos hechos violentos se asoció un grupo de intelectuales en nota dirigida al Presidente Lanusse.
El jueves 22, el titular del Poder Ejecutivo respondía a la ciudadanía, al cabo de una reunión de gabinete, repudiando "todos los crímenes, sin detenernos en la ideología de sus víctimas". Por allí campeó el recuerdo del asesinato del teniente Mario César Asúa, un hecho que a juicio de los hombres de gobierno no provocó en su momento destacables repudios colectivos. "Nunca lucramos y jamás lo haremos con los sentimientos que generan las muertes", manifestó Lanusse. En el contexto sugerido por el nuevo brote que se abatió contra el matrimonio Maestre, el Presidente reiteró reflexiones contra el maniobrar que "los agentes de la subversión y aquellos que proclaman su fe democrática, pero no confían en la expresión soberana de la voluntad popular, han lanzado una campaña para impedir la conciliación, pretendiendo utilizar en su beneficio político e ideológico hechos que condenamos con la energía que merecen"
Militancia. El sepelio de los restos mortales de Juan Pablo Maestre en la Chacarita, en la mañana de ese mismo jueves, culminó con una revelación a cargo del ex mayor Bernardo Alberte. Anunció que en forma anónima había llegado a su poder, horas antes, un comunicado firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Allí resumían el derrotero ideológico que prendió en Maestre desde que su madre recibiera ayuda de Eva Perón. Luego, en plena juventud, Juan Pablo "fue impactado por la acción del Che Guevara, ingresando en la lucha popular. Sirvió de nexo en la unión de organizaciones de combatientes como el FAR y los Montoneros. Intervino en las acciones de Garín, de Pilar y otros hechos. Cayó víctima del escuadrón de la muerte que mandan los generales del Gran Acuerdo Nacional. Pero su ejército, el ejército del pueblo, es capaz de vencer a cualquier otro".

Opción.
En la resolución de casos aún pendientes de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, se conoció el viernes 23 la solicitud del abogado Roberto Quieto, detenido en confuso procedimiento el 7 de julio por efectivos de la Superintendencia de Seguridad, a las autoridades para lograr la opción de asilarse en otro país. La elección recayó en Francia o Perú, por cuanto una norma complementaria de las disposiciones para lograr el trámite de asilo, impide la radicación en países limítrofes a quienes intentan aquella vía legal.
ANALISIS - No. 541 - 27 de julio al 2 de agosto de 1971