Revista Gente y la Actualidad
22.05.1969
Chica de la tapa: Cristina
LAS REVISTAS CASTIGADAS
Es conciencia en altas esferas del Gobierno —por lo menos en el ámbito de Economía— Que existe en el país una sola Industria Argentina aue carece de todo beneficio y protección frente a la producción extranjera: la Industria Editorial.
Cuando en marzo de 1967 se desvalorizó nuestra moneda, el ministro de Economía y Trabajo, doctor Krieger Vasena, manifestó: "Debe terminarse con la «aberración» que significan los recargos a las materias primas para productos que terminados entran libres de derechos; esto es incomprensible, pues equivale a una protección a la producción extranjera".
La Industria Editorial soporta esta "aberración", y pese a lo contundente de la afirmación del señor ministro, a más de dos años no sólo no se corrigió la situación sino que en tan amplio período el doctor Krieger Vasena nunca dispuso de un mínimo de tiempo para conceder una audiencia a la Asociación Argentina de Editores de Revistas a fin de tratar sobre el tema, pese a reiteradas peticiones.
A lo largo del tiempo, el conocimiento de esta especial situación de la actividad editorial (que soporta la competencia de publicaciones foráneas que entran libres de recargos con el agravante de pagar recargos de importación sobre parte de su materia prima) ha llevado a todos los gobiernos a la convicción de promulgar una ley de Fomento Editorial.
Durante el gobierno de la Revolución Argentina se comenzó el estudio en el ámbito de la Secretaría de Prensa, luego pasó a Economía, para volver posteriormente a la Secretaría de Difusión y Turismo. Aquí se creó un grupo de trabajo formado por representantes de la actividad, que sesionaron con la presencia del doctor Federico Frischknecht, y que al cabo de un tiempo articuló un proyecto, que tampoco pasó de esto, pese a la expresa manifestación del señor Presidente de que el mismo debería estar terminado en octubre de 1968.
Ultimamente se consideró el proyecto en el ámbito de Economía, concretamente en la Secretaría del doctor Peyceré, donde se estima se ha dado término a su confección. Los beneficios de esta ley serían muy reducidos en comparación con los que proyectaban los intentos anteriores.
Empero, no es esto lo que hoy nos preocupa. Sumándose a esta frustración crónica de los editores; en materia de recargos, nos inquieta ahora que se afirme que se dispondrá un nuevo recargo que gravará la importación de papel diario, fundamental materia prima de la actividad y que no se produce en el país.
Los motivos serian la necesidad de instalar en la Argentina una fábrica de papel diario.
El plan en gestación contiene una novedad.
A través de este recargo el Estado se capitalizaría a fin de intervenir en la fábrica de papel con el 49 % de su capital.
No se niega la necesidad de contar con una industria para disponer en la Argentina de tan fundamental producto sin depender enteramente de los mercados extranjeros. Los Editores de Revistas siempre han compartido tan ponderable propósito, colaborando en todas las oportunidades. Pero lo que no es razonable es que los capitales que se formen a través de los nuevos gravámenes queden en manos del Estado.
El capital aportado por consumidores debería ser capitalizado por ellos y no por el Gobierno.
En tal sentido, editores de revistas han expresado su deseo de que, de establecerse un recargo a la importación, se disponga automáticamente la posibilidad de obtener su total reintegro en acciones de la nueva fábrica a construir.
En esta forma no cabrían dudas: se generaría la formación del capital necesario; la instalación de la fábrica sería una realidad en manos de los propios consumidores interesados; no se aumentarían los costos de las publicaciones argentinas, aumentos que indefectiblemente repercutirían sensiblemente en los precios, lo que a su vez las pondría en mayor desventaja frente a las revistas extranjeras, que día a día ven facilitada su penetración en el mercado nacional gracias a la "aberración" puntualizada anteriormente.
Si el Estado quiere realmente que se instale una industria básica fundamental, es aceptable que facilite su concreción y aun que la fuerce; pero resulta inadmisible que pretenda capitalizarse en perjuicio de la única Industria Nacional que no goza de beneficio o protección alguna.
Es de esperar que las más altas autoridades del Gobierno reflexionen y reconsideren su posición, facilitando el diálogo con los interesados y afectados, que hasta ahora se efectuó, pero de manera insuficiente.