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Córdoba es, nuevamente, el espacio
concreto donde se desarrolla una batalla política tal vez decisiva. No sólo porque desde
la semana pasada se libra allí un choque frontal entre los enemigos más enconados del
Gran Acuerdo y el gobierno; la pugna -precisamente por eso- genera tensiones a todo nivel,
traumatiza a las propias bases de sustentación del poder, precipita definiciones y, en
suma, amenaza con "patear el tablero", o por lo menos con modificar la posición
de ciertos alfiles blindados.
Lo más curioso es que el propio gobierno se sumó a la tormenta. ¿Riesgo calculado?. Es
posible, pero resulta evidente que el momento elegido para avanzar sobre la izquierda
sindical no era del todo propicio: el martes pasado, la cúspide padecía aún los efectos
del misterioso ataque perpetrado contra la policía de la provincia y de una confusa
situación política general. De lo cual se deduce que el paro activo anunciado para el
viernes 29 contribuirá a aclarar el panorama: si se materializa el tenebroso espectro de
un cordobazo número tres, la hondura de la crisis posiblemente segregará soluciones
drásticas; si la jornada trascurre en relativa calma, las tensiones se mantendrán en
estado de latencia hasta que llegue una nueva coyuntura crítica.
El cuadro explosivo terminó de concretarse el martes 26, cuando 150 gendarmes ocuparon
las plantas de Fiat y el gobierno "disolvió" -según los comunicados del III
Cuerpo de Ejército- a los gremios "clasistas" SITRAC-SITRAM, que nuclean a los
7 mil operarios de esa fábrica; además, intervino al Sindicato de Empleados Públicos
local -empeñado en una prolongada huelga- y cesanteó a casi 200 agentes de la
administración.
Con todo, el entuerto había nacido bastante antes. El miércoles 20 la corriente
"clasista" se vio sometida a un violento ataque por parte de los grupos
peronistas de la CGT cordobesa: el episodio terminó a balazos y polarizó fuertemente la
pugna de tendencias: el "sitraquismo" acusó a los dos sectores de las 62
Organizaciones y también a los gremios independientes (afines al Encuentro de los
Argentinos) de estar directa o indirectamente implicados en el Gran Acuerdo; los acusados,
claro, respondieron endilgando el mote de "aventureros" a sus adversarios.
Tal vez el gobierno calculó que ese episodio dejaba aislada a la extrema izquierda, y que
por eso había llegado el momento de dar el golpe. Lo cierto es que en córdoba es
comidilla de todos los días la presunta relación que existiría entre el ala ortodoxa
("blanda") de las 62 -que capitaneó el ataque contra el "clasismo"-
con sectores gubernamentales y militares de la provincia; los versioneros insisten -pero
no pueden probar- en que durante las últimas semanas se intensificaron los contactos
entre ese sector y el oficialismo y que incluso se habría llegado a esbozar una táctica
de acción conjunta.
Otro interrogante: ¿por qué reaparecieron los Montoneros -la falange guerrillera más
enigmática, acusada de vinculaciones extrañas al extremismo- justamente cuando hacían
crisis las contradicciones en el campo gremial? ¿Qué fue lo que los movió a atentar
contra el Jockey Club -un pálido símbolo de la oligarquía- dos días antes de que un
destacamento especializado de la Policía Federal protagonizara el equívoco ataque contra
sus colegas provinciales?
EL RIO REVUELTO
Cualquiera sea la verdad, lo concreto es
que todos estos hechos fueron conformando un clima incandescente. El sábado 23 ya se
maliciaba en Córdoba que "algo gordo" estaba por ocurrir. El gobernador, Helvio
Guozden, tambaleaba a raíz del encontronazo policial, y se pensaba que el mandoble contra
el "clasismo" iba a incluir además de SITRAC, a los gremios de Obras Sanitarias
y petroleros privados.
No fue así. En San Francisco (domingo 24), Lanusse analizó la cuestión con Guozden y el
Jefe del III cuerpo, Alcides López Aufranc,; en Buenos Aires, el ministro de Trabajo,
Rubens San Sebastián, ya tenía preparados los decretos que, jugando precisamente la
carta del aislamiento, sólo afectaban a los gremios de Fiat y al de los empleados
públicos. Más aún: en un gesto que prueba la convergencia de dos líneas de acción en
el acuerdismo oficial -una flexible, otra adusta-, simultáneamente con el
"úkase" se dispuso dejar por un tiempo sin efecto la ley (de prescindibilidad),
cuya derogación reclamaba el sindicato intervenido.
De todas maneras, la estrategia aislacionista no logró sus objetivos. A pesar de la
resistencia del bando "ortodoxo" -resistencia que pudo dilatar hasta la noche
del miércoles, la reunión del plenario cegetista-, la central se solidarizó con los
sancionados: el cónclave debió realizarse en secreto (el lugar elegido fue el local de
los petroleros) y decidió por unanimidad la ejecución de un paro activo de 14 horas para
el viernes; además, en el caso de que el gobierno llegara a declarar feriado (para evitar
la concentración de los obreros en sus lugares de trabajo) se dispuso trasladar el paro
al primer día hábil.
¿Qué había ocurrido? Simplemente, la explosividad de la situación radicalizó las
posturas de todas las corrientes sindicales, en especial las del sector
"legalista" (duro) de las 62 -allí milita el secretario de la CGT, Atilio
López- encabezados por Luz y Fuerza. Incluso en el peronismo político la situación
generó choques: Rodolfo "Rodi" Vittar, dirigente de la Juventud, tuvo que ser
desautorizado por ese organismo a raíz de haber firmado un comunicado de apoyo a los
gremios en conflicto.
Porque aun antes de la declaración del paro ya asomaban signos de que el frente de lucha
se ampliaba. Atilio López estuvo al borde de convocar a una asamblea de su gremio, la
UTA, con lo cual hubiera paralizado el trasporte; la conducción de Luz y Fuerza declaró
paros parciales e impulsó manifestaciones en el centro de la ciudad (el
"clasismo" también, por supuesto), severamente reprimidas por la policía, que
practicó más de 200 detenciones y luego allanó el local del gremio; los empleados
públicos -cuyos dirigentes militan entre los independientes- efectuaron una
multitudinaria asamblea (5 mil personas, el miércoles 27) que decidió proseguir los
paros y propiciar la formación de una comisión intersindical de los sectores en
conflicto; finalmente, la Unión cívica Radical de la provincia divulgó un comunicado de
tono ultraduro, que entre otras cosas decía: "Negamos la pretendida pacificación
del país, ya que se ve falseada en los hechos por las actitudes cotidianas de los
detentadores del poder, como es el caso del comandante del III Cuerpo, Alcides López
Aufranc, quien no duda en sacar sus efectivos a la calle y considerar a Córdoba como su
ciudad sitiada". sugestivamente, la nota eludía toda mención al presidente Lanusse.
con todo, hasta el mediodía del jueves el gobierno controlaba la calle sin mayores
problemas. El estudiantado -víctima de una agria discusión entre las distintas
tendencias- casi no participaba en los disturbios. Hasta el momento del cierre de esta
edición, las agrupaciones obreras de izquierda no habían logrado superar a la
conducción del Sindicato de Mecánicos, que se resistía a convocar al cuerpo de
delegados.
Resultado: los obreros de Ika - Renault permanecían tranquilos.
(nota
aparecida en la primer semana de noviembre de 1971) |
Los obreros del complejo Fiat abandonan la planta en señal de protesta por la sanción a
sus gremios.
Hubo muchos detenidos en disturbios
Antes del paro activo dispuesto hubo corridas en varios lugares del centro
La Gendarmería en acción
Incluso algunos sectores
internos del "clasismo" postulaban la inconveniencia de instrumentar respuestas
masivas, en contra de la opinión de los "insurreccionalistas", que entonaba la
consigna "SITRAC-SITRAM, el acuerdo romperán". El gobierno, a su vez, esperaba
en tensa calma los acontecimientos del jueves por la noche y del viernes, y meditaba, tal
vez, sobre lo que hará con SITRAC-SITRAM luego de que pase la tormenta. ¿Pero, pasará?
CUANDO LA REALIDAD SUPERA LA FICCION
El viernes 22, los
belicosos obreros cordobeses se tomaron un respiro: el paro decidido por la regional de la
CGT trascurrió pacíficamente. Pero ese día, como si se hubiera querido torcer la
monotonía, fueron los mismísimos efectivos de la Policía Federal -un organismo
perfeccionado en técnicas represivas- los que protagonizaron un escandalete de
proporciones inéditas en la historia argentina.
Todo comenzó en la tarde del 21 de octubre, cuando el Rastrojero conducido por Eduardo
Romero (25, trabajador radiográfico y estudiante de Historia) fue obligado a detenerse
por un agente policial. Lo que sigue es el relato brindado por Romero a Antonio Marimón,
corresponsal de Siete Dias en Córdoba.
"El policía dio un tremendo golpe en la puerta del coche, me insultó obscenamente.
Se acercaron más vigilantes, pe sacaron documentos, una bolsa de repuestos y me bajaron.
entonces, mientras me llevaba a un carro de asalto, me quemaron un brazo con cigarrillos:
decían que los perdonara, que lo habían hecho a propósito. No se ponían de acuerdo en
la elección del lugar al que me llevarían; algunos propusieron la delegación de la
Policía Federal en Córdoba. Me decían: 'Cordobés pícaro y canchero, ¿no te diste
cuenta que llegaron los federales?'. Yo no hablaba, no lo hice en todo el trayecto, no
había nada que decir. Me empujaban contra las columnas del alumbrado, después contra un
balcón. Y yo comencé a darme cuenta de lo que me tocaría.
Después me metieron en el carro de asalto. Media hora seguida me tuvieron agarrado del
cuello y meta torniquete. Eran cuatro. cuando empecé a sangrar llamaron al médico, pero
creo que el sargento o el cabo primero dijo que no me mostraran. Para que se apaciguaran,
dejé de protegerme, levanté los brazos y les dije que siguieran, que no se hicieran
problemas. Eso los calmó, pero me dieron a optar: 'O te dejamos ir o te iniciamos
prontuario por tenencia de armas'. Yo les contesté que se habían equivocado, que era un
pobre desgraciado que estaba trabajando. Al final me largaron en la plaza España."
Esa misma noche Romero denunció el atropello al matutino La Voz del Interior y a la
Jefatura de la Policía provincial, que giró el sumario a la seccional cuarta, en cuya
jurisdicción se produjeron los hechos. El día siguiente, a las tres y media de la tarde,
60 federales capitaneados por el comisario mayor Alberto villar coparon por asalto la
comisaría cuarta, golpeando a 11 policías provinciales, al abogado Mariano Arbonés y a
varias prostitutas detenidas, y haciendo añicos varios muebles. el procedimiento se
habría realizado para secuestrar el sumario.
Poco después el teniente coronel José Rodolfo Latella Frías, jefe de la policía
cordobesa, ordenó radialmente a sus efectivos que no respondieran al ataque. Pero
"los provincianos" ya habían rodeado la isla Crisol -lugar del parque Sarmiento
donde se acantonan los federales-, amenazando a las huestes de Villar con abrir fuego si
no salían de Córdoba antes de las ocho de la noche. En ese momento aparecieron dos
coroneles del II Cuerpo de Ejército; trasladaron a los federales al comando de la
guarnición.
Al filo de la semana, mientras la justicia civil disputaba con la militar su jurisdicción
sobre el caso, un volante signado por una Junta de Oficiales de la Provincia de Córdoba
amenazaba "hacer justicia por la propia mano contra la banda fascista comandada por
el asesino Villar".
en tanto, Villar continúa detenido y ha sido pasado -con el resto del personal superior-
a disponibilidad. el colegio de Abogados de Córdoba exigió la renuncia del jefe de la
Policía Federal, Jorge Esteban Cáceres Monié, quien no obstante fue confirmado en el
cargo por Lanusse. en Buenos Aires, mientras, se conocía el fallo de la Corte Suprema de
Justicia contra los autores del frustrado secuestro de un diplomático soviético,
ocurrido año y medio atrás. Entre los condenados se incluye a un oficial subinspector de
la Federal: deberá pasar siete años en prisión.
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