Bajo un cielo plomizo, expiraba el domingo al mediodía el plazo impuesto por los secuestradores del director de Fiat Argentina, Oberdan Sallustro, para el cumplimiento de siete reclamos que podían impedir el sacrificio del hombre de negocios. A esa hora, la tensión de una violenta semana política llegaba a su clímax.
La ofensiva guerrillera comenzó el viernes 17, cuando una partida de irregulares pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo ametralló a mansalva al comandante principal (retirado) de la Gendarmería, Pedro Ángel Agarotti. Eran las 10 de la mañana y Agarotti cultivaba el jardín de su casa, en Quilmes Oeste, cuando recibió varios disparos; murió instantáneamente. Los subversivos argumentaron, para justificar el crimen, que el militar había practicado apremios ilegales contra detenidos políticos durante su breve paso por la jefatura de policía tucumana, en 1970.
Casi a la misma hora en que el ERP atentaba contra Agarotti, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) secuestraban al bodeguero Domingo Enrique Donati. Al día siguiente —sin alharacas publicitarias— lo devolverían a su familia a cambio de 37 millones de pesos viejos.
La guerrilla peronista, por su lado, también actuaba ese día —como si los operativos hubieran sido concertados—; a las 8 de la mañana dinamitaban el Club Hípico Militar San Jorge. Trataban —así lo afirmó un comunicado del grupo Descamisados— "de destruir el más selecto reducto de la oligarquía militar”, el lugar donde "Onganía jugó al polo con el príncipe Felipe".
El sábado 18 continuaba la escalada: los Montoneros iniciaban una serie de atentados sincrónicos contra locales de la Nueva Fuerza. En Lanús Este y en San Martín, comandos de ese sector que se proclama peronista intentaban incendiar la sede del movimiento de Álvaro Alsogaray. En Olivos, la resistencia de Roberto Mario Uzal —directivo de la NF, en cuyo domicilio funcionaba el local partidario— derivaba en un tiroteo como consecuencia del cual morirían el guerrillero Jorge Gustavo Rossi y el dueño de casa.
El sábado no terminaría sin otra muerte, aunque ésta no sería obra de la acción guerrillera sino de las pujas internas en un gremio, la Unión Ferroviaria: en Junín, víctima de un atentado a balazos, fallecía Raúl Piva, dirigente de las 62 Organizaciones. Lorenzo Pepe, que lo acompañaba, salvó la vida aunque no pudo evitar ser herido en la refriega.
Los sediciosos descansaron el domingo 19, pero volvieron a las andadas el lunes 20. A las 22.30 de ese día un comando del ERP intentaba (y lograba parcialmente) incendiar vehículos policiales en desuso, estacionados en un garaje de Villa Devoto. El martes, finalmente, se consumaba el rapto de Oberdan Sallustro, y el jueves el intento de secuestro del jefe del Estado Mayor General Naval, vicealmirante Eugenio Fuenterrosa. El saldo de ocho días de violencia era: cuatro atentados, cuatro muertos, dos secuestros realizados y uno fallido.
EL SECUESTRO DE SALLUSTRO. El operativo del rapto fue el clásico: dos automóviles interceptaron el paso del Fiat 1600 del hombre de negocios, que conducía su chofer José Fuentes. Las amenazas alcanzaron para que Sallustro accediera a cambiar de coche, aunque no impidieron que Fuentes gritara pidiendo auxilio. Para silenciarlo, los guerrilleros lo balearon a quemarropa. Eran las 11.30 del martes 21 de marzo, en San Isidro.
El primer comunicado del ERP era elocuente acerca de la capacidad bélica actual de la guerrilla: atribuía la acción a sus comandos Segundo Gómez y Luis Pujáls. Este último grupo, justamente, había asumido la responsabilidad por la muerte del comandante Agarotti.
En el segundo parte de guerra de los sediciosos podía leerse una clave de lo que pensaban hacer con Sallustro: “Ejecutaremos —decía— a los asesinos del pueblo: llevaremos a la cárcel a quienes lo explotan y persiguen". Parecía insinuarse allí que los guerrilleros establecían una tabla de valores intangible, de acuerdo a la cual la "pena de muerte” que aplican sus peculiares tribunales estaba reservada para miembros de las fuerzas de seguridad acusados de “asesinos del pueblo”, mientras el "delito” de ejercer el comando de una empresa merecía simplemente la cárcel. Al menos la vida de Sallustro, parecía, ateniéndose a esos kafkianos moldes de un proceso, salvada.
Sin embargo, el viernes al mediodía, la aparición del cuarto comunicado del ERP cambiaba todos los cálculos. Es que, merced a esa declaración, los argentinos se enteraban de que un “tribunal popular” había considerado a Sallustro culpable de “maniobras monopolistas, culpable e instigador de la represión efectuada por la Gendarmería en Córdoba en octubre de 1971, autor responsable de la miseria y desocupación de 500 obreros de Fiat despedidos desde aquella fecha y responsable de la muerte de cinco guerrilleros pertenecientes a las Organizaciones Armadas Peronistas”. De acuerdo al Código guerrillero correspondía la pena de muerte. Pero ese Código no era tan intangible; existía la posibilidad de vender la absolución, algo que no sucede por cierto en los tribunales burgueses. Los propios guerrilleros se ocupaban de trasgredir esa parodia de justicia.
Siete reclamos eran el pago que el ERP exigía para dejar sin efecto la pena. Tres de ellos dependían de una decisión oficial: la libertad de activistas sindicales detenidos en ocasión del conflicto gremial en la fábrica Fiat; el retiro, de la policía de las plantas cordobesas de esa empresa y el traslado a Argelia de cincuenta guerrilleros. Aurelio Peccél —el presidente de Fiat Concord— llegado especialmente de Italia, aseguraba que la firma cumpliría con lo que se le exigía: la reincorporación de cesantes, la distribución de guardapolvos, zapatos y útiles escolares por valor de mil millones de pesos y una indemnización al ERP. El gobierno, en cambio, se negó "a toda tratativa con delincuentes”.
En tales condiciones se llegó al. mediodía del domingo 26. Peccel, a esa hora, distribuyó entre los periodistas concentrados en las oficinas de Fiat, en Viamonte y Cerrito, una declaración. Si alguien esperaba una noticia cierta habrá quedado decepcionado: “Liberen a Sallustro cuanto antes —suplicaba el escrito—. Así esta nueva prueba nos dará a todos nueva fuerza moral y mayor comprensión humana”. Pocas horas después se conoció el quinto comunicado del ERP: concedía un nuevo plazo —36 horas— y ratificaba todas las exigencias.
El objetivo del ERP —al margen del botín— parecía ser estrecho: mostrarse ante los sectores radicalizados del peronismo (especialmente los grupos armados), como el único canal capaz de vehicular los ataques contra el Gran Acuerdo Nacional, sin transigencias. Al fin de ese camino, el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores —que conduce al ERP—, espera nuclear a todos los grupos armados que operan en el país y capitalizar a los peronistas descontentos. ¿Serán capaces los guerrilleros de abonar esa unidad con sangre?
(Informes de un equipo de redactores de Panorama)
CASO SALLUSTRO (II)
Ningún plazo expira al mediodía
Los
pronósticos resultaron válidos: al comenzar el otoño reverdeció la
violencia en la Argentina. El secuestro de Oberdan Sallustro,
director general de Fiat Concord, y los homicidios de Pedro Abel
Agarotti y Roberto Mario Uzal, perpetrados por grupos guerrilleros
en el lapso de una semana, tornan a revelar que por debajo de las
probables coincidencias entre los líderes políticos tradicionales
se agita un torrente de enconos que sacude las piernas de la
mayoría silenciosa.Esa mayoría, acosada por la crisis, quizá no se pregunte si le conviene o no votar, si Juan Perón se quedará en Madrid o volverá a Buenos Aires, si Alejandro Lanusse será candidato o anunciará el “patriótico renunciamiento”; sólo se pregunta —como tácito repudio a la violencia— cuándo se podrá vivir en paz, sin la amenaza de la miseria. Desde luego, no puede esperarse que en esa posición mayoritaria coincidan los mentores de la dictadura derechista y los agitadores de la ultraizquierda, quienes una vez más parecen orientar operaciones paralelas sobre un mismo objetivo. Pero es razonable esperar que el gobierno —o el poder militar, en última instancia— defina en el más breve tiempo posible el verdadero plan político, la esencia del acuerdismo en trámite y las condiciones que se le impondrán al eventual gobierno de “transición".
En otras palabras: el poder militar debería puntualizar el carácter provisorio del último ciclo gubernativo y modificar la fecha de las elecciones. Se impone que lo haga por dos motivos fundamentales. El primero: para que no se abra la posibilidad del relevo de Lanusse y la de una nueva instancia autoritaria, o sea el preludio de graves enfrentamientos. El segundo: al insistirse en el plan económico liberal resultará duro trepar la cuesta hacia los comicios en medio de la turbulencia guerrillera; por eso sería prudente acortar el plazo fijado o, de lo contrario, variar el rumbo de la conducción económica.
En riesgo calculado, Perón se pronunció contra las huelgas y la violencia, pero hay que pensar que el margen de maniobra del caudillo populista no puede seguir estrechándose a límites peligrosos. Perón podría olvidarse de los montoneros y de otros grupos paramilitares, pero es infantil conjeturar que dejará quebrar al movimiento obrero por cuestiones básicamente formales, sobre todo cuando la izquierda marxista le disputa al peronismo el liderazgo de las luchas (ver páginas 18 a 21).
LA GUERRILLA. La agresión a Uzal y la condena a muerte que el ERP le impuso a Sallustro demuestran, desde la perspectiva política, que los grupos guerrilleros desprecian todo tipo de concordancia que haga posible la salida institucional De esa evidencia puede extraerse una conclusión: la guerrilla acepta el desafío de las Fuerzas Armadas, esto es la lucha tal cual la conciben los estados mayores contra la insurrección. A El enfoque de ambas partes, sólo aceptado por minorías, es endeble. Los guerrilleros dicen luchar por el pueblo, pero como en todo país civilizado la gente espera que la justicia emane de las instituciones; en esencia, el pueblo no sabe quiénes son los guerrilleros y qué se proponen, porque las actividades violentas inducen a la opción blanco-negro por encima de las reflexiones políticas o ideológicas.
Se puede argumentar, por ejemplo, que la guerrilla no ganará adeptos por matar a Uzal —un hombre desconocido por la mayoría de sus compatriotas— ni tampoco por asaltar el Banco de Desarrollo o condenar a muerte a Sallustro. Podrá, en el mejor de los casos, demostrar que sus integrantes son audaces, disciplinados y competentes, en tanto la contraparte —con todo el poder— no puede aplastarla.
Claro que tampoco la gente cree en las arengas solemnes contra los pérfidos enemigos de la sociedad "'occidental y cristiana", sencillamente porque así como no ve y desconoce a los guerrilleros, no está dispuesta a luchar contra fantasmas o enemigos invisibles; en concreto, la gente repudia a los funcionarios deshonestos e incompetentes, deplora el alza del costo de la vida, la creciente Inflación, el desorden y el engaño político. La ecuación guerrilleros-represores permite descifrar una sola incógnita: el pueblo se mantendrá neutral porque desprecia la violencia y no comprende ese tipo de enfrentamiento.
Hasta el viernes pasado, día en que se conoció el parte del ERP que impuso las condiciones para liberar a Sallustro, el gobierno no parecía dispuesto a dar mayor trascendencia al episodio. A juicio de los asesores militares y políticos de Lanusse, el brote de violencia no podía ser comparado al que había sacudido el ciclo de Juan Carlos Onganía; es decir, que los atentados contra Uzal y Sallustro no tenían —desde una perspectiva política y operacional— la magnitud del copamiento de Garín o del secuestro y ejecución de Aramburu.
El hecho de que la policía bonaerense hubiese capturado a los matadores de Uzal en el lapso de pocas horas, lo que le permitió "tirar el hilo” y descubrir refugios guerrilleros, avalaba el aserto oficial de que "la insurrección paramilitar no había progresado técnicamente”, o sea que no había perfeccionado su organización para golpear con más eficacia y sin correr el riesgo de ser desbaratada. Tampoco inquietaba al gobierno la repercusión de los incidentes en el ámbito internacional y en los sectores ultraderechistas que reprueban la salida política concertada. Se explica: para los altos mandos, la seguridad interna no es tema de debate fuera de las fronteras argentinas; desde el punto de vista político-militar, los voceros oficiales entienden que ningún inconformista de la derecha podrá capitalizar la acción guerrillero, llámese Isaac Rojas, Álvaro Alsogaray o Emilio Hardoy.
LA DUREZA DE LANUSSE. Conocida la posición del ERP, y tras la gestión de Giuseppe de Rege Thessauro di Donato y Aurelio Peccel —embajador de Italia y titular de la Fiat Concord— ante Arturo Mor Roig y el jefe del Estado, quedó en evidencia que el gobierno no negociaría con la guerrilla aun en tratativas informales. La "negociación no negociada”, alternativa probable para la Fiat y para algunos militares quedó desechada; es que para el poder militar, posición que ratificó el CONASE en la tarde del viernes último, 'los guerrilleros siguen siendo “delincuentes comunes”.
Ciertos observadores, no obstante, arriesgaban el sábado que tanto el gobierno italiano como el Vaticano tratarían de insistir sobre Lanusse para lograr la liberación de los 50 guerrilleros, exigencia del punto quinto del parte guerrillero. Esos observadores recordaban que existía el precedente brasileño, esto es, que tiempo atrás las autoridades de Brasilia habían transado con los guerrilleros la evacuación de los presos a Argelia. Pero esas especulaciones no tenían asidero: en Brasil, hasta ahora, la oposición al régimen es frágil y por eso los militares que sostienen a Emilio Garnastazú Medici pueden hacer concesiones políticas sin poner en peligro 'la estabilidad del sistema. Por el contrario, la estructura política argentina que reposa sobre el equilibrio de los grupos de presión y sobre la clase obrera organizada— no soporta un impacto semejante. De allí que si los guerrilleros no pueden tomar el poder —en el presente o en el futuro—, todos sus actos caen como provocaciones que sólo puede usufructuar la ultraderecha que, por cierto, sí tiene posibilidades de gobernar.
Entre
el sábado y la media tarde del domingo, la familia de Sallustro y
los directivos de la Fiat Concord sobrellevaron las gestiones para
"salvar la vida del prisionero del ERP mediante comunicados y
diálogos con el periodismo. Nunca como hasta en ese opaco domingo
de otoño Lanusse había soportado una situación tan crítica, la
cual —según los opositores al gobierno— podría desmerecer las
relaciones económico-financieras del país con las potencias que
integran el Mercado Común Europeo. No sólo eso: los adversarios
del presidente vislumbraban una formidable tormenta en el cielo
acuerdista, muriese o no Sallustro, al sostenerse que Perón
mantiene relaciones secretas con las organizaciones paramilitares.Es cierto que Francisco Julián Licastro, al regresar de Madrid, no condenó a la guerrilla y que, por el contrario, la justificó con el argumento de que la violencia la fecunda el régimen. También es cierto que Jorge Gianola, secretario general del Partido Justicialista, no fue demasiado categórico cuando respondió a la pregunta de si el extinto montonero Jorge Guillermo Rossi pertenecía al movimiento peronista. Pero no es menos cierto que Héctor Cámpora, luego de la última entrevista con Mor Roig, reprobó la violencia y que el mismo Perón, tarde o temprano, tendrá que definirse explícitamente.
Para consolidar el acuerdo, el gobierno dará próximamente pasos decisivos. “Siempre se camina hacia ese objetivo”, dijo a Panorama un consejero del presidente el viernes pasado. Pero agregó: “Eso no quiere decir que Lanusse le va a rogar a Perón que regrese al país”. La cuestión, entonces, está en saber si el caudillo desterrado quiere o rechaza las elecciones; si desea que su movimiento colabore en el futuro gobierno o si optará por mantenerlo en la oposición. La guerrilla no-peronista, que tiene dificultades para cubrir sus cuadros combatientes, procura la alianza con los Montoneros y las FAP. El objetivo es claro: quitarle combatividad al peronismo y capitalizar la rebeldía juvenil. El ERP disparó un proyectil de grueso calibre contra el dispositivo acuerdista y Perón recibió algunas esquirlas. Lanusse resolvió la situación con dureza, porque no tiene alternativas conciliadoras con sus enemigos. Habrá que esperar cómo la resuelve perón.
En la media tarde del domingo, cuando ya había vencido con exceso el plazo acordado por el ERP, el comando guerrillero anunció que mantenía las exigencias del comunicado número 4 y que ampliaba el término del mismo en 36 horas más. Existía un principio de acuerdo entre los guerrilleros y la Fiat, pero aun así la vida de Oberdan Sallustro pendía de un hilo muy débil. Como nunca, la conciliación en la Argentina parece depender de las minorías, lo que no parece justo.
Jorge Lozano
Revista Panorama
28/03/1972