LA LUCHA POR EL PODER
López Rega consolida cada vez más su posición dentro del oficialismo, al asumir Lastiri en el Consejo Superior Justicialista. Pero la CGT también gana posiciones estratégicas, y las Fuerzas Armadas anuncian su participación en el proceso, aun dentro de la legalidad. Mientras tanto, la oposición reclama algunas rectificaciones de importancia y la subversión entra en su etapa más difícil: la lucha en dos frentes, el frontal y el clandestino.
CON precisión cada vez más escalofriante, la violencia asume en la Argentina de 1974 las características de una guerra de cuadros. Si agosto fue el mes en que el ERP buscó, sin éxito, aplicar una estrategia de “territorio liberado” a través de sus ataques a la fábrica militar de Villa María y, especialmente, a la unidad de Catamarca, setiembre puede considerarse el mes en que los cuadros combativos —allegados de una manera u otra al peronismo— pusieron mayor entusiasmo en eliminarse mutuamente. Los asesinatos “firmados”, ya sea por los Montoneros o por el Escuadrón de las letra “A”, califican a sus víctimas siempre de “traidores a la causa del pueblo peronista”. Insertados en esa tétrica competencia aparece también el ERP, con objetivos militares bien calculados pero golpeando en el mismo cuerpo social.
Las muertes de Alfredo Curutchet, Hipólito Atilio López, Julio Troxler, Dante Balcaneras, Alberto Bosch, Jorge O. Grassi, Luis R. Brzic, Silvio Frondizi y Carlos H. Prats —por citar sólo los nombres más destacados por la crónica reciente— fueron tremendos aportes a esa trágica lista de asesinatos que se viene cumpliendo desde el 20 de junio del año pasado.
A los 15 días de morir Perón, el terror volvió a recrudecer cuando Arturo Mor Roig cayera asesinado por la espalda en un restaurante de San Justo. Y en estos dos meses y medio las crónicas policiales han contabilizado casi un centenar de crímenes políticos. Una cifra récord en la Argentina.
Setiembre fue también el mes en que se agudizó la lucha por el poder. El sector sindical —la CGT y las “62”— alcanzó virtualmente la hegemonía del oficialismo, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia de la Nación para reencausar a ese sector en sus “funciones específicas”, como lo intentara el propio Perón antes de morir. Fue también en estos 30 días cuando se fortaleció la figura de Raúl Lastiri —y por ende de José López Rega— dentro del escenario oficial, y en la misma estructura del justicialismo, al ser consagrado vicepresidente 1º del Consejo Superior, en lugar de Duilio Brunello, en tanto volvía a palidecer —no sólo por enfermedad— la imagen de José Ber Gelbard, acosado por los cuatro costados. Simultáneamente, una nueva estrella asomaba en el firmamento oficialista: el flamante ministro de Educación Oscar Ivanissevich. Su decisión más espectacular fue el nombramiento de Alberto E. Ottalagano como interventor en la Universidad de Buenos Aires, en cuyo currículum se procuró destacar su activa militancia en la Alianza Libertadora Nacionalista de hace dos décadas, tal vez para advertir al estudiantado cuál sería la tónica política en los claustros.
La imagen de Ivanissevich, que en los años 20 fuera un temible full-back de Estudiantes de Buenos Aires (jugaba siempre a la derecha), sustituyó en las pantallas de televisión a la actriz Myrtha (textual en la crónica original, con "y") Legrand, luego de un lamentable episodio —ajeno al ministro, desde luego— que afectó las cordiales relaciones entre el oficialismo y la oposición.
El día de los sindicatos
Las relaciones Gobierno-CGT tuvieron dos días claves, el lunes 16 —incidentalmente, el 19º aniversario del levantamiento del general Eduardo Lonardi contra el general Juan Domingo Perón— y el viernes 20. Ese lunes, la Presidencia citó a la cúpula sindical a la Casa de Gobierno. El Poder Ejecutivo tenía una inquietud: la constante oposición de los sectores sindicales, generalmente metalúrgicos, contra gobernadores o figuras del Gobierno nacional, tienden a erosionar la estructura oficialista. El reto fue asimilado, pero los sindicalistas traían también su inquietud: las huelgas de los obreros de SMATA en Córdoba y los de FOTIA en Tucumán conformaban el pico más espectacular del descontento de las bases obreras. Los precios habían desbordado otra vez a los salarios, argumentaron, en consecuencia habría llegado el momento de convocar nuevamente a la Gran Paritaria Nacional.
Este proyecto, que obviamente lleva implícita la idea de nuevos aumentos salariales, disgustó al equipo económico. El hecho fue que un par de días después de aquella reunión, se realizó otra en la Casa Rosada, entre el equipo económico y los ministros de Economía de las provincias, cuyo motivo era presentar un amplio informe de la situación económica. Fue allí donde el equipo económico aprovechó para contraatacar la ofensiva de la CGT, con el argumento de que un nuevo incremento salarial desequilibraría aún más las finanzas del Estado y de las empresas privadas y, finalmente, produciría una vuelta más en el proceso inflacionario. Los sindicalistas prefirieron entonces tender un velo sobre el problema salarial y organizar la promoción publicitaria de la nueva Ley de Contrato de Trabajo —pues algo tenían que mostrar— ante la inminencia de su promulgación. Y como el episodio convenía a ambas partes, tanto en la Casa de Gobierno como en la CGT se consideró que la ocasión era buena para realizar un paro y una concentración en la Plaza de Mayo. El Gobierno aceptó gustoso la idea porque serviría para fortalecer la imagen presidencial; los sindicalistas, a su vez, ofrecerían una demostración de su poderío para movilizar multitudes y mejorar también la imagen cegetista en el interior.
Un problema que debían superar era la falta de elementos motivacionales, pues aunque la ley sin duda era importante, es un texto frío, lleno de recovecos jurídicos y filosóficos, no muy fácil de entusiasmar a las masas. Ello contribuyó a que faltara en el festejo —demasiado breve para justificar el asueto— ese calor que solía verse dos décadas atrás. Sin embargo, y aunque la muchedumbre no fue compacta, se consiguió lo principal: demostrar que pueden movilizar a su gente. La presencia de numerosas delegaciones de trabajadores estatales en la plaza debió haber sido meramente simbólica, pues no era mucho lo que tenían que agradecer al Gobierno: el artículo 2º del nuevo Contrato de Trabajo los excluye drásticamente de sus beneficios, como al servicio doméstico.
Derechas e izquierdas
Esa preponderancia sindicalista se advierte ahora también en otro espacio, en el que la confluencia de circunstancias juega a su favor: la Universidad. Es evidente que el ministro Ivanissevich busca terminar con la influencia de los Montoneros y las Juventudes Peronistas, que encontraron en el ámbito universitario su último bastión; y como parece que no basta con la ayuda de los viejos nacionalistas preconciliares para encarrilar a los universitarios, Ivanissevich decidió apelar a la comunicación masiva mediante la televisión estatal: primero habló él; después habló el ministro Rocamora; finalmente apareció un pajarito que ahora habla todos los días. Pero el resultado más concreto lo obtuvo con la central obrera, mediante un arreglo por el cual los dirigentes sindicales obtienen un viejo objetivo: reconocerle a la CGT sus derechos en la conducción de la Universidad Tecnológica Nacional. De esta suerte, se constituyó un eje CGT-Ministerio de Educación en el cual podrá apoyarse la gestión de Ivanissevich y sus colaboradores. Claro que en esa alianza contra un enemigo común, el mayor beneficiado siempre es el socio mayor, en este caso, la CGT, que de esta manera extiende también su poder hasta el ámbito donde se había refugiado su mayor adversario dentro del peronismo: la Universidad.
La decisión de los Montoneros de declararse en “estado de clandestinidad”, determinó a la JUP, Franja Morada (radicales) y el Movimiento de Orientación Reformista (comunista) a desligarse de los Montoneros y asumir en cambio una actitud más centrista, más negociadora frente al Gobierno. Pero nadie quiso entender bien el problema y finalmente no hubo negociación ni solución centrista. A partir de la declaración de “clandestinidad” comenzó una nueva escalada de violencia; el Escuadrón de la Muerte hizo estragos y el pánico cundió en todos los sectores políticos por las continuas amenazas públicas. El ex rector Rodolfo Puiggrós y su esposa solicitaron asilo en la embajada de México, con el evidente propósito de asestar al Gobierno un serio golpe publicitario a nivel internacional. Poco antes se habían ido del país los ex decanos Mario Kestelboim y Adriana Puiggrós, con sus respectivas familias. Amenazas de las tres “A” llegaron a los diputados Héctor Sandler, Horacio Sueldo y Juan Carlos Domínguez, entre otros. Las bombas —a veces puestas en relación a problemas sindicales, como el de SMATA— comenzaron a hacerse cotidianas. La escalada de secuestros alcanzó su golpe más espectacular con el operativo que atrapó a los hermanos Jorge y Juan C. Born.
Dentro de este cuadro, la posición de los Montoneros es la que más expresa la crisis que vive la llamada “izquierda peronista”. Si la “izquierda verticalizada” es la que más parece perder por el cariz que tomó el manejo universitario, la crisis ideológica del grupo ahora clandestino es la que resulta más irresoluble, pues en nombre de Perón asume la lucha contra el Gobierno peronista; como si se pudiera disociar al Líder o a Cámpora, por ejemplo, del Pacto Social o de la lucha antisubversiva. Es lo que le plantea a ese sector, entre muchas otras cosas, la izquierda tradicional, como lo hace el periódico Avanzada Socialista (del PST que lidera Juan Carlos Coral) cuando le recuerda a los Montoneros que “a la época de Cámpora pertenece también la bochornosa masacre de Ezeiza, que superó largamente los fusilamientos de Trelew y que sólo podría compararse con los fusilamientos de la Patagonia o con la Semana Trágica de 1919”. Claro que cuando escribieron esto, a principios de setiembre, los redactores de ese periódico no imaginaban que antes de terminar el mes asistiríamos a una semana más trágica todavía, con un promedio de tres asesinatos diarios.
Según Ricardo Balbín —y en ello pareció coincidir Perón— el actual proceso de institucionalización tiene como principal reaseguro político la coexistencia pacífica entre peronistas y radicales. Mientras ella funcione, el Gobierno marchará por el centro del camino sin peligro de tocar la banquina y recibir un golpe. Por eso preocupa seriamente la frialdad que preside —más allá de las palabras— la actual relación entre esos dos términos del acuerdo formalizado públicamente con las entrevistas Perón-Balbín.
Entre los puntos que el radicalismo cuestionó seriamente al Gobierno figura el trato poco cortés que Ivanissevich diera a los científicos tildándolos peyorativamente de “inventores” y acusándolos de “gastarse la plata del Estado sin inventar nada”. Esto precipitó el alejamiento del secretario de Ciencias y Tecnología, Julio H. G. Olivera, quien había presentado su renuncia en solidaridad con Jorge Taiana. Olivera dijo que se estaba produciendo “la diáspora del talento” en la Argentina, aludiendo a los científicos que se van del país por falta de posibilidades de trabajo que garanticen su estabilidad.
Los que también se fueron del país, pero aludiendo a otra clase de garantías, fueron los artistas amenazados por el Escuadrón de las tres “A”. En la tarde del viernes 27 tres de ellos abordaron a la disparada un avión comercial en Ezeiza; no imaginaban que cerca de allí estaba el cuerpo de Silvio Frondizi acribillado a balazos por sus raptores. Simultáneamente, la Asociación Argentina de Actores —paradójicamente la misma sigla: “AAA”— reclamaba protección a los poderes públicos y cumplía un paro de protesta. A esa misma hora —eran las cinco de la tarde— 15 artistas entraban en la residencia presidencial de Olivos, pero no para conversar de este problema, sino para saborear una humeante taza de té con la señora de Perón. Conversaron animadamente y se sacaron una espléndida fotografía. A las cinco de la tarde.
:::recuadro en la crónica:::
LA NUEVA SITUACION
HACIA fines de febrero de 1973, el entonces Presidente electo Héctor J. Cámpora recibió en su departamento de Libertad y Posadas a los tres comandantes en jefe: Lanusse, Rey y Coda. Si bien la información ulterior no fue generosa, se supo entonces que el tema principal de conversación había sido la guerrilla. Cámpora, adhiriendo a un criterio romántico de la Historia —que luego los hechos refutaron—, explicó el fenómeno imputándolo a la falta de gobiernos representativos, como si los partisanos fueran adoradores fetichistas de Roque Sáenz Peña. Dijo, más o menos, que “a partir del 25 de mayo de,. 1973 no habrá guerrilla, puesto que el objetivo central de la lucha —el pueblo al poder— se habrá cumplido”. Más escéptico, Lanusse le advirtió que se trataba de un problema a escala mundial y que aún a partir de la asunción del Gobierno Popular, la subversión adquiriría nuevas y más virulentas proporciones.
Los hechos son obvios
Cámpora enfrentó la agorería con una sonrisa campechana y eludió el análisis de la cuestión. El resto es cosa sabida: la acción guerrillera volvió a sacudir al país a los pocos meses. Sólo la presencia de Perón en el poder (su carisma, más la interpretación bonapartista de cierta izquierda) impidió, en alguna medida, que el problema se generalizara, como indefectiblemente ocurrió poco después de su muerte. Ahora, con un inventario de terror que recorre por igual los ámbitos civiles y militares, toda casuística fracasa. Antes que las resecas interpretaciones, tanto del romanticismo como del realismo político (desde Sorel hasta Guevara, pasando por Ivanissevich), lo que cuenta son los hechos. Y estos revelan lo que, por obvio, hasta hoy no se ha tenido en cuenta, a saber:
• La subversión responde menos a un estado político y económico coyuntural que a una concepción doctrinaria, inficionada de mesianismo, pero dinámicamente alarmante.
•La represión, hasta ahora policial, está a punto de convertirse en una acción planificada y masiva de guerra contrarrevolucionaria a cargo de las Fuerzas Armadas.
•El poder civil podrá, eventualmente, sustraerse al riesgo golpista (objetivo inmediato de la guerrilla) pero ante una probable creación de zonas de emergencia, difícilmente eluda su borrascosa convivencia con el poder militar.
•Los partidos políticos —el oficialismo incluido— tendrán que aprestarse a vivir en una nueva realidad, casi esquizoide, en la que se darán al mismo tiempo la vigencia de las instituciones legales y el estado de excepción, salvo una fórmula mixta que excluya recaudos inconvenientes para una más rápida acción represora.
Y una evidencia final: mientras la propuesta izquierdista (por supuesto, la revolucionaria) se ventilaba a niveles de “izquierda de consumo” a través de canciones de protesta, posters, publicaciones periódicas, cuestionamientos estudiantiles u otros gadgets, el vilipendiado Estado burgués-liberal actuaba sólo en la represión de excesos o contravenciones A partir del momento en que esa izquierda se convierte (es presunción de parte) en infraestructura de un riesgo mayor y en conjeturable apoyo de superficie de la subversión, el Estado aborda el camino desolado, pero inevitable, de la punición mayor. Así son las cosas, al margen de toda ideología. Un viejo y gastado retruécano lo explica: el Estado es un animal extraño; cuando lo atacan se defiende.
Revista Redacción
10/1974
López Rega consolida cada vez más su posición dentro del oficialismo, al asumir Lastiri en el Consejo Superior Justicialista. Pero la CGT también gana posiciones estratégicas, y las Fuerzas Armadas anuncian su participación en el proceso, aun dentro de la legalidad. Mientras tanto, la oposición reclama algunas rectificaciones de importancia y la subversión entra en su etapa más difícil: la lucha en dos frentes, el frontal y el clandestino.
CON precisión cada vez más escalofriante, la violencia asume en la Argentina de 1974 las características de una guerra de cuadros. Si agosto fue el mes en que el ERP buscó, sin éxito, aplicar una estrategia de “territorio liberado” a través de sus ataques a la fábrica militar de Villa María y, especialmente, a la unidad de Catamarca, setiembre puede considerarse el mes en que los cuadros combativos —allegados de una manera u otra al peronismo— pusieron mayor entusiasmo en eliminarse mutuamente. Los asesinatos “firmados”, ya sea por los Montoneros o por el Escuadrón de las letra “A”, califican a sus víctimas siempre de “traidores a la causa del pueblo peronista”. Insertados en esa tétrica competencia aparece también el ERP, con objetivos militares bien calculados pero golpeando en el mismo cuerpo social.
Las muertes de Alfredo Curutchet, Hipólito Atilio López, Julio Troxler, Dante Balcaneras, Alberto Bosch, Jorge O. Grassi, Luis R. Brzic, Silvio Frondizi y Carlos H. Prats —por citar sólo los nombres más destacados por la crónica reciente— fueron tremendos aportes a esa trágica lista de asesinatos que se viene cumpliendo desde el 20 de junio del año pasado.
A los 15 días de morir Perón, el terror volvió a recrudecer cuando Arturo Mor Roig cayera asesinado por la espalda en un restaurante de San Justo. Y en estos dos meses y medio las crónicas policiales han contabilizado casi un centenar de crímenes políticos. Una cifra récord en la Argentina.
Setiembre fue también el mes en que se agudizó la lucha por el poder. El sector sindical —la CGT y las “62”— alcanzó virtualmente la hegemonía del oficialismo, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia de la Nación para reencausar a ese sector en sus “funciones específicas”, como lo intentara el propio Perón antes de morir. Fue también en estos 30 días cuando se fortaleció la figura de Raúl Lastiri —y por ende de José López Rega— dentro del escenario oficial, y en la misma estructura del justicialismo, al ser consagrado vicepresidente 1º del Consejo Superior, en lugar de Duilio Brunello, en tanto volvía a palidecer —no sólo por enfermedad— la imagen de José Ber Gelbard, acosado por los cuatro costados. Simultáneamente, una nueva estrella asomaba en el firmamento oficialista: el flamante ministro de Educación Oscar Ivanissevich. Su decisión más espectacular fue el nombramiento de Alberto E. Ottalagano como interventor en la Universidad de Buenos Aires, en cuyo currículum se procuró destacar su activa militancia en la Alianza Libertadora Nacionalista de hace dos décadas, tal vez para advertir al estudiantado cuál sería la tónica política en los claustros.
La imagen de Ivanissevich, que en los años 20 fuera un temible full-back de Estudiantes de Buenos Aires (jugaba siempre a la derecha), sustituyó en las pantallas de televisión a la actriz Myrtha (textual en la crónica original, con "y") Legrand, luego de un lamentable episodio —ajeno al ministro, desde luego— que afectó las cordiales relaciones entre el oficialismo y la oposición.
El día de los sindicatos
Las relaciones Gobierno-CGT tuvieron dos días claves, el lunes 16 —incidentalmente, el 19º aniversario del levantamiento del general Eduardo Lonardi contra el general Juan Domingo Perón— y el viernes 20. Ese lunes, la Presidencia citó a la cúpula sindical a la Casa de Gobierno. El Poder Ejecutivo tenía una inquietud: la constante oposición de los sectores sindicales, generalmente metalúrgicos, contra gobernadores o figuras del Gobierno nacional, tienden a erosionar la estructura oficialista. El reto fue asimilado, pero los sindicalistas traían también su inquietud: las huelgas de los obreros de SMATA en Córdoba y los de FOTIA en Tucumán conformaban el pico más espectacular del descontento de las bases obreras. Los precios habían desbordado otra vez a los salarios, argumentaron, en consecuencia habría llegado el momento de convocar nuevamente a la Gran Paritaria Nacional.
Este proyecto, que obviamente lleva implícita la idea de nuevos aumentos salariales, disgustó al equipo económico. El hecho fue que un par de días después de aquella reunión, se realizó otra en la Casa Rosada, entre el equipo económico y los ministros de Economía de las provincias, cuyo motivo era presentar un amplio informe de la situación económica. Fue allí donde el equipo económico aprovechó para contraatacar la ofensiva de la CGT, con el argumento de que un nuevo incremento salarial desequilibraría aún más las finanzas del Estado y de las empresas privadas y, finalmente, produciría una vuelta más en el proceso inflacionario. Los sindicalistas prefirieron entonces tender un velo sobre el problema salarial y organizar la promoción publicitaria de la nueva Ley de Contrato de Trabajo —pues algo tenían que mostrar— ante la inminencia de su promulgación. Y como el episodio convenía a ambas partes, tanto en la Casa de Gobierno como en la CGT se consideró que la ocasión era buena para realizar un paro y una concentración en la Plaza de Mayo. El Gobierno aceptó gustoso la idea porque serviría para fortalecer la imagen presidencial; los sindicalistas, a su vez, ofrecerían una demostración de su poderío para movilizar multitudes y mejorar también la imagen cegetista en el interior.
Un problema que debían superar era la falta de elementos motivacionales, pues aunque la ley sin duda era importante, es un texto frío, lleno de recovecos jurídicos y filosóficos, no muy fácil de entusiasmar a las masas. Ello contribuyó a que faltara en el festejo —demasiado breve para justificar el asueto— ese calor que solía verse dos décadas atrás. Sin embargo, y aunque la muchedumbre no fue compacta, se consiguió lo principal: demostrar que pueden movilizar a su gente. La presencia de numerosas delegaciones de trabajadores estatales en la plaza debió haber sido meramente simbólica, pues no era mucho lo que tenían que agradecer al Gobierno: el artículo 2º del nuevo Contrato de Trabajo los excluye drásticamente de sus beneficios, como al servicio doméstico.
Derechas e izquierdas
Esa preponderancia sindicalista se advierte ahora también en otro espacio, en el que la confluencia de circunstancias juega a su favor: la Universidad. Es evidente que el ministro Ivanissevich busca terminar con la influencia de los Montoneros y las Juventudes Peronistas, que encontraron en el ámbito universitario su último bastión; y como parece que no basta con la ayuda de los viejos nacionalistas preconciliares para encarrilar a los universitarios, Ivanissevich decidió apelar a la comunicación masiva mediante la televisión estatal: primero habló él; después habló el ministro Rocamora; finalmente apareció un pajarito que ahora habla todos los días. Pero el resultado más concreto lo obtuvo con la central obrera, mediante un arreglo por el cual los dirigentes sindicales obtienen un viejo objetivo: reconocerle a la CGT sus derechos en la conducción de la Universidad Tecnológica Nacional. De esta suerte, se constituyó un eje CGT-Ministerio de Educación en el cual podrá apoyarse la gestión de Ivanissevich y sus colaboradores. Claro que en esa alianza contra un enemigo común, el mayor beneficiado siempre es el socio mayor, en este caso, la CGT, que de esta manera extiende también su poder hasta el ámbito donde se había refugiado su mayor adversario dentro del peronismo: la Universidad.
La decisión de los Montoneros de declararse en “estado de clandestinidad”, determinó a la JUP, Franja Morada (radicales) y el Movimiento de Orientación Reformista (comunista) a desligarse de los Montoneros y asumir en cambio una actitud más centrista, más negociadora frente al Gobierno. Pero nadie quiso entender bien el problema y finalmente no hubo negociación ni solución centrista. A partir de la declaración de “clandestinidad” comenzó una nueva escalada de violencia; el Escuadrón de la Muerte hizo estragos y el pánico cundió en todos los sectores políticos por las continuas amenazas públicas. El ex rector Rodolfo Puiggrós y su esposa solicitaron asilo en la embajada de México, con el evidente propósito de asestar al Gobierno un serio golpe publicitario a nivel internacional. Poco antes se habían ido del país los ex decanos Mario Kestelboim y Adriana Puiggrós, con sus respectivas familias. Amenazas de las tres “A” llegaron a los diputados Héctor Sandler, Horacio Sueldo y Juan Carlos Domínguez, entre otros. Las bombas —a veces puestas en relación a problemas sindicales, como el de SMATA— comenzaron a hacerse cotidianas. La escalada de secuestros alcanzó su golpe más espectacular con el operativo que atrapó a los hermanos Jorge y Juan C. Born.
Dentro de este cuadro, la posición de los Montoneros es la que más expresa la crisis que vive la llamada “izquierda peronista”. Si la “izquierda verticalizada” es la que más parece perder por el cariz que tomó el manejo universitario, la crisis ideológica del grupo ahora clandestino es la que resulta más irresoluble, pues en nombre de Perón asume la lucha contra el Gobierno peronista; como si se pudiera disociar al Líder o a Cámpora, por ejemplo, del Pacto Social o de la lucha antisubversiva. Es lo que le plantea a ese sector, entre muchas otras cosas, la izquierda tradicional, como lo hace el periódico Avanzada Socialista (del PST que lidera Juan Carlos Coral) cuando le recuerda a los Montoneros que “a la época de Cámpora pertenece también la bochornosa masacre de Ezeiza, que superó largamente los fusilamientos de Trelew y que sólo podría compararse con los fusilamientos de la Patagonia o con la Semana Trágica de 1919”. Claro que cuando escribieron esto, a principios de setiembre, los redactores de ese periódico no imaginaban que antes de terminar el mes asistiríamos a una semana más trágica todavía, con un promedio de tres asesinatos diarios.
Según Ricardo Balbín —y en ello pareció coincidir Perón— el actual proceso de institucionalización tiene como principal reaseguro político la coexistencia pacífica entre peronistas y radicales. Mientras ella funcione, el Gobierno marchará por el centro del camino sin peligro de tocar la banquina y recibir un golpe. Por eso preocupa seriamente la frialdad que preside —más allá de las palabras— la actual relación entre esos dos términos del acuerdo formalizado públicamente con las entrevistas Perón-Balbín.
Entre los puntos que el radicalismo cuestionó seriamente al Gobierno figura el trato poco cortés que Ivanissevich diera a los científicos tildándolos peyorativamente de “inventores” y acusándolos de “gastarse la plata del Estado sin inventar nada”. Esto precipitó el alejamiento del secretario de Ciencias y Tecnología, Julio H. G. Olivera, quien había presentado su renuncia en solidaridad con Jorge Taiana. Olivera dijo que se estaba produciendo “la diáspora del talento” en la Argentina, aludiendo a los científicos que se van del país por falta de posibilidades de trabajo que garanticen su estabilidad.
Los que también se fueron del país, pero aludiendo a otra clase de garantías, fueron los artistas amenazados por el Escuadrón de las tres “A”. En la tarde del viernes 27 tres de ellos abordaron a la disparada un avión comercial en Ezeiza; no imaginaban que cerca de allí estaba el cuerpo de Silvio Frondizi acribillado a balazos por sus raptores. Simultáneamente, la Asociación Argentina de Actores —paradójicamente la misma sigla: “AAA”— reclamaba protección a los poderes públicos y cumplía un paro de protesta. A esa misma hora —eran las cinco de la tarde— 15 artistas entraban en la residencia presidencial de Olivos, pero no para conversar de este problema, sino para saborear una humeante taza de té con la señora de Perón. Conversaron animadamente y se sacaron una espléndida fotografía. A las cinco de la tarde.
:::recuadro en la crónica:::
LA NUEVA SITUACION
HACIA fines de febrero de 1973, el entonces Presidente electo Héctor J. Cámpora recibió en su departamento de Libertad y Posadas a los tres comandantes en jefe: Lanusse, Rey y Coda. Si bien la información ulterior no fue generosa, se supo entonces que el tema principal de conversación había sido la guerrilla. Cámpora, adhiriendo a un criterio romántico de la Historia —que luego los hechos refutaron—, explicó el fenómeno imputándolo a la falta de gobiernos representativos, como si los partisanos fueran adoradores fetichistas de Roque Sáenz Peña. Dijo, más o menos, que “a partir del 25 de mayo de,. 1973 no habrá guerrilla, puesto que el objetivo central de la lucha —el pueblo al poder— se habrá cumplido”. Más escéptico, Lanusse le advirtió que se trataba de un problema a escala mundial y que aún a partir de la asunción del Gobierno Popular, la subversión adquiriría nuevas y más virulentas proporciones.
Los hechos son obvios
Cámpora enfrentó la agorería con una sonrisa campechana y eludió el análisis de la cuestión. El resto es cosa sabida: la acción guerrillera volvió a sacudir al país a los pocos meses. Sólo la presencia de Perón en el poder (su carisma, más la interpretación bonapartista de cierta izquierda) impidió, en alguna medida, que el problema se generalizara, como indefectiblemente ocurrió poco después de su muerte. Ahora, con un inventario de terror que recorre por igual los ámbitos civiles y militares, toda casuística fracasa. Antes que las resecas interpretaciones, tanto del romanticismo como del realismo político (desde Sorel hasta Guevara, pasando por Ivanissevich), lo que cuenta son los hechos. Y estos revelan lo que, por obvio, hasta hoy no se ha tenido en cuenta, a saber:
• La subversión responde menos a un estado político y económico coyuntural que a una concepción doctrinaria, inficionada de mesianismo, pero dinámicamente alarmante.
•La represión, hasta ahora policial, está a punto de convertirse en una acción planificada y masiva de guerra contrarrevolucionaria a cargo de las Fuerzas Armadas.
•El poder civil podrá, eventualmente, sustraerse al riesgo golpista (objetivo inmediato de la guerrilla) pero ante una probable creación de zonas de emergencia, difícilmente eluda su borrascosa convivencia con el poder militar.
•Los partidos políticos —el oficialismo incluido— tendrán que aprestarse a vivir en una nueva realidad, casi esquizoide, en la que se darán al mismo tiempo la vigencia de las instituciones legales y el estado de excepción, salvo una fórmula mixta que excluya recaudos inconvenientes para una más rápida acción represora.
Y una evidencia final: mientras la propuesta izquierdista (por supuesto, la revolucionaria) se ventilaba a niveles de “izquierda de consumo” a través de canciones de protesta, posters, publicaciones periódicas, cuestionamientos estudiantiles u otros gadgets, el vilipendiado Estado burgués-liberal actuaba sólo en la represión de excesos o contravenciones A partir del momento en que esa izquierda se convierte (es presunción de parte) en infraestructura de un riesgo mayor y en conjeturable apoyo de superficie de la subversión, el Estado aborda el camino desolado, pero inevitable, de la punición mayor. Así son las cosas, al margen de toda ideología. Un viejo y gastado retruécano lo explica: el Estado es un animal extraño; cuando lo atacan se defiende.
Revista Redacción
10/1974