Panorama de la semana política
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Los paraguas de Buenos Aires
Julio Freitas miró, apenas, su saco desgarrado y continuó en
la embestida final. Pero la gran puerta del salón La
Argentina, en Rodríguez Peña y Corrientes —a unos pasos del
desaparecido café donde Juan Carlos Cobián esperaba el alba—,
se cerró brutalmente contra su rostro. Freitas no se inmutó
demasiado; restañó unas gotas de sangre que le tiñeron el
labio y se escurrió por fin dentro del local, a través de una
ventana, casi atrapado por una gigantesca corona de flores.
Al rato, se asomaba sobre el ataúd, sobre la cabeza estática. Después, la muchedumbre lo disparó de nuevo hacia la calle, mientras él insistía en llevar a la nariz su raído pañuelo. “Vengo de Rosario —explicaba—. Allá escuché todos sus discos. Quise conocerlo y ya lo conocí.” Y repitió su historia a unos y a otros, con melancólico gozo. Galopaba la madrugada del viernes pasado y Freitas no estaba solo: una crujiente multitud luchó, como él, durante mil setecientos minutos, por conseguir un lugar y un instante cerca del féretro del captor Julio Sosa.
Poco más tarde, cuando los apretujones y el desborde empezaron a crecer, los restos de Sosa rumbearon hacia el Luna Park. No fue la única manera de asimilar ese homenaje popular al que un Buenos Aires más aldeano tributó, en 1936, a Carlos Gardel. El nombre de Gardel iba de boca en boca, como una consigna, una referencia a los juegos del azar, a lo imprevisible. De golpe, Sosa remontaba el agitado curso de la política, los conflictos sociales, el trajín económico: hace tiempo que una sola persona no congregaba tanta pasión en la Argentina.
Bajo el diluvio, la tarde del viernes, la multitud persistió a lo largo de la calle Corrientes, Los paraguas tripulaban el espeso cortejo, destacaban sus manchas negras entre el humo de los gases lacrimógenos que la policía esparció, por momentos. El llanto, propio o provocado, se mezcló con estribillos y risas histéricas. “La vida por Perón , clamaban algunos muchachones. “Pobre Sosa —lloriqueó Susana Antelo—. Me dio suerte. Gané 7 mil pesos.” Muchos más habían capitalizado la muerte del ídolo, confiados en la siniestra cábala del número ocho: el cantor tenía 38 años, al perecer, y terminaba en 8 la patente del auto en que se estrelló; así, antes del mediodía del jueves, “el 8 a la cabeza” inquietó a los desprevenidos quinieleros.
Del Luna Park hasta la Chacarita, adonde llegó después de seis horas, el féretro navegó entre tumultos, caídas, carreras y exclamaciones. Luego, quedó depositado en la galería 14, hasta el sábado a la mañana, en que se le dio sepultura. Dos mujeres vestidas de rojo se hincaron para rezar; un viento de voces se coló por las calles anochecidas del cementerio.
Las exequias de Sosa, un cantor que amasó su. fama apelando al viejo mito americano de la virilidad, se deslizaron entre suspicacias y cálculos, no sólo porque a la salida del Luna Park un coro improvisado entonó la Marcha Peronista, no sólo porque los nombres de Hipólito Yrigoyen, Gardel y Eva Perón restallaron, aquí y allá, como antecedentes. Sucede que esas exequias y su gregario adorno de caras viejas y jóvenes entraban en la actualidad argentina en un momento en que, precisamente, el destino de grandes masas de la población cuelga encima de despachos oficiales, escaños legislativos, comités y oficinas militares.
El gobierno, tan afecto a respaldar héroes populares (de Rita Pavone a Leo Dan, de jugadores de fútbol a atletas olímpicos), no sumergió su mano en el velatorio de Sosa. Quizá porque uno de sus más movedizos agentes de relaciones públicas, Carlos Perette, había partido a México.
La UCRP se inclinó por otro homenaje fúnebre: en su prosa increíble, Ricardo Balbín memoró a John Fitzgerald Kennedy, el “muerto grande”, la víctima de “la bala bárbara". Una prosa distinta, más rutinaria, se utilizó para que el secretario Antulio Pozzio —y Facundo Suárez y Almíbar Mercader —firmara el acuerdo extra-judicial con la empresa petrolera ASTRA, una negociación que meses atrás el mismo Pozzio negó en el Congreso. Simultáneamente, se concretaba la llegada de petróleo crudo desde la Unión Soviética, a cambio de lanas, cueros, jugos cítricos y tejidos.
El petróleo encrespó al Congreso, sumido en sus sesiones extraordinarias.
Pero no solamente en el edificio de la avenida Entre Ríos se discutía: un plenario de la CGT deliberó en La Falda, Córdoba; un cónclave de escritores ardió en Paraná; una asamblea de médicos —la más serena, la más beneficiosa, tal vez— se extendió en Buenos Aires. Médico también, el presidente de la Nación siguió pensando en las elecciones de marzo de 1965 y, contrariando su reciente costumbre, no pronunció discursos.
Lo hizo, en cambio, un hombre que aspiró a ocupar el mismo cargo: Álvaro Alsogaray dijo el jueves, por televisión, que el déficit de 164 mil millones significa una extracción mensual de 2.000 pesos a cada ciudadano productivo o en edad de producir. Anunció, además, que aguardaba la opinión de los argentinos para saber si valía la pena reeditar el Partido Cívico Independiente. “Estoy dispuesto a empezar de nuevo”, reveló.
Ya estaban circulando los nuevos billetes de 500 pesos, que transportan la efigie de José de San Martín, y el ministro de Economía, al margen de una entrevista técnica (página 49), declaraba a PRIMERA PLANA: “Si hubiera que abrir los cuadros del gobierno en forma distinta a lo que hasta ahora hemos hecho, buscaríamos los mecanismos. No cerramos ninguna puerta. Este es un gobierno sin prensa, sin asesores de acción psicológica, sin publicidad ni ‘batallas’.” Horas después, Nélida Baigorria anunciaba: “Antes de las elecciones no habrá novedad sobre traspaso de radios.”
Una similar contradicción —pera un gobierno especializado en las contradicciones y las improvisaciones—floreció el jueves, en Caracas: el canciller Zavala Ortiz ensayó una de sus habituales tiradas anti-imperialistas para exorcizar a los británicos que ocuparon las Malvinas en 1833; pero en Buenos Aires, el ministerio de Relaciones Exteriores pedía a Inglaterra su mediación en el pleito limítrofe con Chile.
Hacia USA era enviado el contraalmirante Pedro Gnavi, jefe de la Flota de Mar y uno de los pocos pilares azules de la Marina de Guerra. Los observadores retuvieron esta noticia al tope de sus anotaciones: no hay muchos azules en las filas de un arma cuyos mandos fueron, hasta hace poco, colorados. “Todo se arreglará, es cuestión de paciencia”, salmodian los hombres de gobierno. Sigue siendo una plegaria, no un programa; una aspiración, no una ideología; una utopía, no una realidad.
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Parlamento
Un tamiz para las mayorías
Volver la espalda a ideas que se profesaron (o se padecieron) antaño, fue delito calificado en la Edad Media; entonces, pensar y creer eran actitudes similares, y todo examen suponía estar abjurando de la fe profesada. Con ropajes modernos, la Rota de la Santa Inquisición volvió a existir la semana pasada, cuando los diputados de la mayoría parlamentaria se empeñaron en condenar duramente a Arturo Frondizi por no haber utilizado en 1958 sus ideas de 1935. “El libro es bueno, pero su autor es malo”, opinó el cetrino Raúl Torreiro (PDC) mientras se refería a Petróleo y Política y a Frondizi, respectivamente. Como señaló Héctor Sandler (UDELPA), en la materia “se ha perdido un año jugando a la anulación y a la renegociación. Ustedes se han equivocado —agregó, dirigiéndose a la bancada UCRP—; en vez de elegir a la tortuga como símbolo, debieron elegir el cangrejo”. “Como en el caso Dreyfus —acotó Antonio Pereira (MID)— se amontonaron centenares y centenares de expedientes para fundar una falsedad.”
Al término de este singular auto de fe, espera a los miembros del Congreso un texto para el discutido Estatuto de los Partidos Políticos. El proyecto determina, con minucioso criterio reglamentario, las condiciones que deberán aceptar los partidos si desean participar en la vida institucional argentina. Pero, en la realidad, el texto en elaboración tiende a adaptar la presencia peronista en la escena nacional; los partidos preexistentes conservarán su personería jurídico-política siempre que soliciten su inscripción en la justicia electoral dentro de los tres meses de sancionadas las disposiciones. Los 77 artículos que redactaron Guillermo Belgrano Rawson (FNPC), Mario Grau (UCRP) y Alberto Serú García (Neo-peronista) están divididos en nueve secciones; las más importantes:
•Principios. La existencia de un partido exigirá la vinculación permanente de los ciudadanos, el reconocimiento judicial y la exhibición de expresas banderas democráticas. Correspondería a la Justicia Electoral vigilar estas normas.
•Fundación. Los partidos de distrito acreditarán un grupo promotor cuyo caudal no descienda del 4 por mil de los inscriptos en el Registro Electoral. Los núcleos que se extiendan sobre dos o más distritos —esto es, los partidos nacionales— están obligados a revalidar el pedido anterior ante el Juez Electoral del distrito de fundación. El texto redactado permite la confederación o la fusión (permanentes) y las alianzas transitorias de partidos.
•Doctrina. “No cumplen con las condiciones —dice la iniciativa— los partidos que en su doctrina política o por la vía de sus organismos o autoridades auspicien o realicen actos violatorios de los principios democráticos.” Esto implicaría promover: la
concentración del poder, el partido único, “la adhesión o elogio a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados”, el fraude, el desconocimiento del derecho de mayoría y minoría y la implantación de proscripciones e inhabilitaciones.
•Funcionamiento. El padrón será público entre afiliados a un mismo partido, y la Justicia podrá nombrar veedores, a pedido de parte, en los comicios internos, para evitar irregularidades. Se garantiza la libertad de propaganda, el establecimiento de registros, el contralor de recursos (se prohíbe a los sectores aceptar donaciones anónimas o contribuciones de entidades estatales o donaciones de asociaciones sindicales o patronales) y se anotan severas sanciones para los infractores de tales normas. Paralelamente, se promueve la creación de un Fondo Estatal para proveer a los partidos de medios que les permitan afrontar sus necesidades, y se les conceden franquicias en las comunicaciones telefónicas y en los transportes.
•Caducidad. La personalidad de los partidos caducaría —según el texto— si no se realizan comicios internos en el lapso de cuatro años o si el núcleo no compite en tres elecciones consecutivas o al no obtener, en número de votos, el 2 por ciento del padrón electoral del distrito. Se extingue por la voluntad de los afiliados; cuando la actividad del partido fuera atentatoria de los principios establecidos en el Estatuto o por impartir instrucción militar a los afiliados.
De manera concreta, el Estatuto ha sido criticado porque “establece la carrera del comité”. Los juramentos de fe democrática que se exigen a los partidos, fueron sensiblemente mejorados en comparación con el texto que envió el PE en marzo, porque incluyen a los artífices del fraude y las proscripciones. Lo verdadero es que se demoró intencionalmente la consideración hasta límites intolerables para el peronismo ortodoxo que, difícilmente, conseguirá vencer las lentas vallas judiciales argentinas. La sanción más pesada provendrá, sin duda, de la bancada frondicista: sus integrantes piensan que el mantenimiento de la Justicia Electoral, ideada por el colorado Carlos Adrogué en 1963, tiende a establecer “barreras de papel” para “trabar y eventualmente impedir la participación de los partidos «peligrosos»: el MID y el Justicialismo”.
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Reestructuración
El Ejército de la legalidad
Cuando finalizaba la tercera semana de noviembre, una telaraña
de rumores invadió 'la periferia del ejército: comprometían el
prestigio de muchos oficiales superiores en enfrentamientos
que —según se dijo— podrían hasta originar un golpe de Estado.
Según informaciones generalmente fidedignas, la tensión entre
los generales Osiris Guillermo Villegas y Alejandro Lanusse
estaba llegando a extremos intolerables: Villegas habría
pretendido desalojar a Lanusse y trasladar sus tropas de
Caballería (blindadas) desde Campo de Mayo hasta Tandil. Otras
guarniciones antiperonistas habrían de ser llevadas, de sus
objetivos cercanos a los centros poblados, hacia solitarios
parajes. Opiniones ciertamente interesadas señalaron entonces
que Villegas pensaba pactar con Juan D. Perón y permitirle la
entrada en el país; contrariamente, otras fuentes dijeron que
Villegas pensaba capitalizar en su favor la reacción
antiperonista y que, aprovechando la agitación generada por
el retomo, se apoderaría del gobierno. A principios de la
semana que pasó, los rumores se incrementaron sensiblemente:
el lunes se facilitó la integración de un presunto triunvirato
compuesto por dos militares y un gremialista, listos para
ocupar el gobierno luego de la revolución.
Tres redactores de PRIMERA PLANA se dieron entonces a la tarea de compulsar la opinión de los principales caudillos militares: aparentemente, toda aquella agitación era producto de la nerviosidad que domina a la institución en el período actual, cuando la Junta de Calificaciones está decidiendo el destino y las promociones de los militares. La multiplicada acusación a Villegas se explicaría, según algunos, por el deseo de impedirle el acceso a una de las cuatro codiciadas vacantes entre los generales de división; otros pensaban que la personalidad del ex ministro del Interior era impugnada por su participación en los proyectos previos a la anunciada reestructuración del ejército.
Aun esto no era cabalmente cierto: los estudios han sido redactados por el joven general Nicolás Cándido Ure —un ex becario de instituciones francesas y estadounidenses—, y varios de ellos ruedan por los cajones de los escritorios de Arturo Illía y Leopoldo Suárez. La reestructuración, que cuenta con el padrinazgo del comandante en Jefe, Juan Carlos Onganía, es fruto de encendidas polémicas doctrinarias entre los oficiales del ejército. Pueden resumirse así los antagonismos salientes:
• Una elemental definición discierne para las fuerzas armadas dos misiones principales: a) la defensa de las fronteras nacionales, y b) el afianzamiento de la paz interior. La reestructuración en marcha prefiere acentuar los dispositivos destinados a defender y hasta trascender los límites de la República. “El peligro mayor está fuera del país y no dentro”, suelen decir los defensores de esta tesis, que se ubican preferentemente entre los epígonos de Juan Carlos Onganía: son ellos quienes aprovechan los vehículos blindados, los aviones y el material de comunicaciones para vitalizar sus unidades y darles mayor capacidad logística, esto es, velocidad para aproximarse a sus objetivos, mayor aprovisionamiento de combustible, municiones y vituallas. De igual manera se muestran partidarios de estacionarlas junto a las fronteras previendo situaciones peligrosas provocadas desde los países vecinos.
• “El único fin político de la reestructuración es el de alejar a todos los cuadros del ejército de los centros políticos del país —habría señalado en alguna oportunidad Juan Carlos Onganía—. Los militares —advirtió luego— deben dedicarse a su función específica.” Los críticos de esta teoría —en general, oficiales fogueados en la lucha antiperonista— recuerdan situaciones recientes, y concluyen predicando acerca de la necesaria vigilancia del segundo supuesto: la paz interior. Opinan que el profesionalismo de Onganía encierra a los militares en un ámbito ajeno a la realidad nacional. “El militar debe mantenerse lejos de la política partidaria —admiten—, pero no debe abdicar de sus derechos a orientar la política general de la Nación.” De la misma manera se muestran celosos custodios de la plenitud democrática.
•Diferentes objeciones que se recogieron entre oficiales en actividad sugieren que la reestructuración costará un precio muy alto al presupuesto nacional, porque se desarrollará con materiales cedidos o arrendados por los Estados Unidos, cuyo mantenimiento (así como el de la misión técnica asesora que ya ocupa medio piso en la secretaría de Guerra) requeriría cifras astronómicas.
•Extraoficialmente se supo que los proyectos en vías de consideración establecen el dominio definitivo del ejército por el comandante en jefe (Onganía), cargo que fue concebido durante el gobierno de Juan D. Perón para un ejército en operaciones. Concretamente se sustrae el mando de la fuerza militar a su jefe constitucional: el presidente de la República, que habitualmente delegaba tales atribuciones en el ministro del ramo. “Así, el poder militar está bien resguardado de los intentos políticos”, exclamó un oficial allegado a Onganía. Puede ser que este motivo haya inducido al presidente Illía a confinar en su gaveta el proyecto de reestructuración desde hace un mes. Pero quizás el argumento más efectivo para retenerla consista en exhibir los problemas sociales que tendrían origen a poco que los cuarteles comenzaran a ser trasladados hacia las fronteras, porque es costumbre en el ejército que los suboficiales comiencen y terminen sus carreras en el lugar de origen; si estos hombres fueran obligados a trasladarse imprevisiblemente, abandonando alquileres viejos y todo el cúmulo de prerrogativas nacidas al calor de una larga residencia en el mismo lugar, con seguridad el rendimiento del personal naufragaría en los problemas individuales.
Entre este ejército administrativo y el ejército de oficio que preconizaba Charles de Gaulle en 1934 se abre un abismo que será colmado sólo en 1973, cuando la reestructuración se complete. Por ahora, los movimientos serán limitados:
• El Comando de la División Blindada de Campo de Mayo (Caballería) será trasladado a Tandil en 1965. Los tanques seguirán en el Gran Buenos Aires.
• El Regimiento 11 de Infantería, acantonado en Rosario, Santa Fe, pasará a Curuzú Cuatiá, Corrientes; y el 12 de Infantería, estacionado en la capital de Santa Fe, pasará a Mercedes, también en Corrientes.
• El Regimiento 5 de Infantería, de Bahía Blanca, será trasladado, posiblemente, a las primeras estribaciones de los Andes, en su misma latitud actual.
• El Comando de la 2ª División de Caballería llevará sus oficinas desde Concordia a Paraná.
• Se confirmaría la exclusiva dependencia del decorativo Regimiento 2 de Infantería: estará a las órdenes del secretario del arma.
Al margen de los pequeños entredichos, y otros por pases, ascensos y destinos (la reestructuración suprime al Servicio de Inteligencia del Ejército y a su jefe, el coronel Levinston, así como al actual subjefe de la Gendarmería, coronel Sánchez de Bustamante), una perceptible zanja divide a los militares. “El ejército argentino —dijo una vez el general Manuel Rodríguez— no debe tener intervención alguna en la solución de los problemas de política interna”; sobre esta frase, los profesionalistas edifican su teórica neutralidad, paño bajo el que se cobijan hasta quienes fueron neutrales en 1955. Pero los políticos que infisionan la fuerza recuerdan luego la prolongación de tales conceptos; los espetó Rodríguez para abrumar a José E. Uriburu el 7 de julio de 1931. “Los partidos —concluyó entonces el militar— participarán sin exclusiones en la lucha que se avecina (...) sin que el ejército sirva de trampolín a los que delinquieron o se preste para alterar el orden en su beneficio.” Hoy, como en 1931, la legalidad sigue siendo un delicado fluido de redomas.
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Los hechos políticos y los económicos
El viernes pasado, a mediodía, el ministro de Economía de ¡a
Nación, Juan Carlos Pugliese (tandilense, 49 años, casado, dos
hijos, ex periodista), dedicó una hora y media a responder
verbalmente un cuestionario que le hizo 'llegar PRIMERA PLANA
en la noche anterior. Las preguntas no atendían a lincamientos
generales de la conducción económica, sino a temas limitados,
precisos y actuales, tanto o más definitorios de la política
oficial. El diálogo fue el que seguidamente se reproduce.
.¿No cree que la inflación de costos internos obligará a devaluar nuevamente el peso en los próximos meses?
La necesidad de efectuar o no un reajuste dependerá de la cantidad de divisas que ingresen por las exportaciones y de la forma como logremos controlar los costos internos, hecho éste en el que tiene que jugar también su papel el mejoramiento de la producción. Se han desatado en el país expectativas. inflacionistas y un ambiente proclive a la especulación, que no podemos ni nos corresponde atacar sino con hechos futuros en los aue no se creerá hasta que se produzcan. En nuestro primer áño de gobierno hemos producido más hechos políticos que económicos y no podía ser de otra manera, porque además, así estaba previsto en el programa partidario. Elevamos las remuneraciones no por hacer una concesión demagógica a los favorecidos, sino para restablecer un destruido equilibrio y restaurar el poder adquisitivo de los asalariados. Pero pese a ello, se están produciendo —por ejemplo— más huelgas que nunca y en sectores como la administración pública, donde hemos elevado las remuneraciones desde un 24 por ciento otorgado al sector mejor retribuido, hasta un 106 por ciento concedido al sector de remuneraciones más bajas. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que correspondía. Ahora, toda demanda futura tendrá que basarse en un mejoramiento de la producción, de forma tal que en el futuro distribuyamos los mayores ingresos.
.¿Puede mantenerse el tipo de cambio si se reduce el actual monto de reservas convertibles, estimado en aproximadamente cien millones de dólares? ¿Cuál es el nivel mínimo de reservas convertibles que ¡admite su ministerio?
No creo posible poder determinar desde ahora si el tipo de cambio podrá ser mantenido o no. Depende de las circunstancias económicas futuras a las que ya me referí anteriormente, pero es opinión del gobierno que la cotización del peso está en un nivel aceptable que permite la necesaria capacidad de maniobra. Por otra parte, influyen aquí, como en otros sectores de la economía, defectos de estructura que nosotros no podemos corregir en sólo un año. Y una cosa más: según m¡ información, el monto de divisas convertibles a disposición del Banco Central es superior a la estimación que ustedes mencionan.
.¿Si la cosecha no pudiera colocarse a los actuales niveles, el gobierno vendería a pérdida?
Creemos que a la actual cotización del dólar, la cosecha podrá colocarse sin dificultades y que saldrán fluidamente todas las exportaciones. Pero quiero hacer una reflexión: el gobierno tiene que abarcar a todos los sectores. Si usted eleva en 10 pesos la cotización del dólar, vende 500 millones de dólares y obtiene un ingreso adicional, en pesos, de 5.000 millones, que a su vez pagan los importadores y todo el país en la medida que consume productos elaborados con materias primas importadas. Vale decir que hay una redistribución pero nunca un brillante negocio cuando se mueven los tipos de cambio. Y nosotros, que conocemos el campo, sabemos que aunque se pretenda otra cosa, los productores están actualmente bien remunerados.
.Según nuestras informaciones, el Plan de Desarrollo estará terminado aproximadamente en febrero del año próximo y recién entonces podrá gestionarse en forma efectiva la financiación exterior que requiere. ¿Significa esto que el plan no comenzará a ejecutarse hasta entonces? ¿Qué medidas concretas conoció o conocerá la opinión pública que correspondan a dicho programa?
El plan prevé la realización, en el ejercicio fiscal 1965, de todas las obras públicas previstas en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso, que son casi todas las que están pendientes de terminación desde hace unos años. Parece elemental completar lo que está en ejecución. Pero el plan no son sólo las obras públicas, sino también las privadas. Zapla, la acería Gurmendi y otras obras similares, estatales y privadas, son también el plan. La terminación del proyecto SOMISA; el plan de pasturas en el que se invertirán 3.000 millones de pesos; la continuación e las obras de SEGBA; el plan de obras de Agua y Energía Eléctrica y otras realizaciones similares son también el plan. El hecho de que hayamos abierto la discusión en tomo de él no importa que posterguemos sus realizaciones elementales.
.¿Tiene un tope el deficit presupuestario? ¿Se prevé en un período determinado equilibrar el presupuesto?
Hemos tratado de poner un tope al déficit presupuestario, y en relación hemos logrado reducir sustancialmente su gravitación relativa, pero tenemos una realidad que no podemos eludir, Cuando tomamos el gobierno, existían libramientos impagos en la Tesorería por 100.000 millones de pesos; sueldos y jubilaciones atrasadas; proveedores al borde de la quiebra. Ahí se adoptó la decisión política a que me referí anteriormente. Creemos que esta política no debe continuar, o sea que no debemos expandir el presupuesto indefinidamente, pero tenemos que atenernos más a la significación del gasto en sí que a su monto. De allí que hayamos reclasificado los gastos públicos y aspiremos a reducir sustancialmente el déficit, pero no antes de tres años. No importa tanto lo que se gasta, sino dónde y cuándo se lo gasta. Y en ese sentido le señalo lo siguiente: el país consume más que en octubre de 1963. El país debe menos que en octubre de 1963. Y el ingreso se ha redistribuido con mayor equidad, en beneficio de los menos pudientes. ¿Que no hemos salido de la situación? ¿Quién lo duda? Pero que vamos a salir, tampoco lo dude nadie.
.¿Ha previsto el ministerio de Economía la disponibilidad de fondos para indemnizar a las compañías petroleras si el fallo judicial obligase a ello? ¿Qué fondos se utilizarían?
Yo rechazo el término “indemnización”. Reintegraremos el valor de las inversiones realizadas, en aquellos casos en que pudiera eventualmente corresponder. Pero no son tantas esas inversiones ni tampoco habrá que pagar —repito, si correspondiera— en el acto y al contado. Podremos realizar acuerdos posteriores y efectuar los reembolsos en plazos y condiciones favorables para ambas partes. Nuestra política petrolera no es de agresión: está fundada en razones históricas conocidas. Y una vez resuelto este entredicho, haremos licitaciones que, si ofrecen las mejores condiciones, hasta podrán adjudicarse a las empresas que actualmente están en pleito con el país.
.¿Cuál es el máximo déficit ferroviario que su ministerio está dispuesto a admitir?
Si un déficit se fijara por decreto, le diría que cero pesos. Pero eso no es posible, sobre todo cuando recibimos unos ferrocarriles en' quiebra, que transportaban 15 millones de toneladas de carga anuales y tenían deudas en el exterior por reequipamiento del orden de los 80.000 millones de pesos. Si contamos, como esperamos, con la decidida colaboración del personal, que está más atado que nadie al destino de esta empresa, pensamos reducir el déficit actual a unos 15.000 millones de pesos, que serían un volumen compatible con la eficiencia que puede espetarse de nuestros ferrocarriles, extendidos a lo largo de un país inmenso y por ello con obligada menor densidad de tráfico. Creemos que esa meta puede alcanzarse en cinco años, más o menos, llevando además las cargas a unos 38 millones de toneladas.
PRIMERA PLANA
1º de diciembre de 1964
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Los paraguas de Buenos Aires
Julio Freitas miró, apenas, su saco desgarrado y continuó en
la embestida final. Pero la gran puerta del salón La
Argentina, en Rodríguez Peña y Corrientes —a unos pasos del
desaparecido café donde Juan Carlos Cobián esperaba el alba—,
se cerró brutalmente contra su rostro. Freitas no se inmutó
demasiado; restañó unas gotas de sangre que le tiñeron el
labio y se escurrió por fin dentro del local, a través de una
ventana, casi atrapado por una gigantesca corona de flores.Al rato, se asomaba sobre el ataúd, sobre la cabeza estática. Después, la muchedumbre lo disparó de nuevo hacia la calle, mientras él insistía en llevar a la nariz su raído pañuelo. “Vengo de Rosario —explicaba—. Allá escuché todos sus discos. Quise conocerlo y ya lo conocí.” Y repitió su historia a unos y a otros, con melancólico gozo. Galopaba la madrugada del viernes pasado y Freitas no estaba solo: una crujiente multitud luchó, como él, durante mil setecientos minutos, por conseguir un lugar y un instante cerca del féretro del captor Julio Sosa.
Poco más tarde, cuando los apretujones y el desborde empezaron a crecer, los restos de Sosa rumbearon hacia el Luna Park. No fue la única manera de asimilar ese homenaje popular al que un Buenos Aires más aldeano tributó, en 1936, a Carlos Gardel. El nombre de Gardel iba de boca en boca, como una consigna, una referencia a los juegos del azar, a lo imprevisible. De golpe, Sosa remontaba el agitado curso de la política, los conflictos sociales, el trajín económico: hace tiempo que una sola persona no congregaba tanta pasión en la Argentina.
Bajo el diluvio, la tarde del viernes, la multitud persistió a lo largo de la calle Corrientes, Los paraguas tripulaban el espeso cortejo, destacaban sus manchas negras entre el humo de los gases lacrimógenos que la policía esparció, por momentos. El llanto, propio o provocado, se mezcló con estribillos y risas histéricas. “La vida por Perón , clamaban algunos muchachones. “Pobre Sosa —lloriqueó Susana Antelo—. Me dio suerte. Gané 7 mil pesos.” Muchos más habían capitalizado la muerte del ídolo, confiados en la siniestra cábala del número ocho: el cantor tenía 38 años, al perecer, y terminaba en 8 la patente del auto en que se estrelló; así, antes del mediodía del jueves, “el 8 a la cabeza” inquietó a los desprevenidos quinieleros.
Del Luna Park hasta la Chacarita, adonde llegó después de seis horas, el féretro navegó entre tumultos, caídas, carreras y exclamaciones. Luego, quedó depositado en la galería 14, hasta el sábado a la mañana, en que se le dio sepultura. Dos mujeres vestidas de rojo se hincaron para rezar; un viento de voces se coló por las calles anochecidas del cementerio.
Las exequias de Sosa, un cantor que amasó su. fama apelando al viejo mito americano de la virilidad, se deslizaron entre suspicacias y cálculos, no sólo porque a la salida del Luna Park un coro improvisado entonó la Marcha Peronista, no sólo porque los nombres de Hipólito Yrigoyen, Gardel y Eva Perón restallaron, aquí y allá, como antecedentes. Sucede que esas exequias y su gregario adorno de caras viejas y jóvenes entraban en la actualidad argentina en un momento en que, precisamente, el destino de grandes masas de la población cuelga encima de despachos oficiales, escaños legislativos, comités y oficinas militares.
El gobierno, tan afecto a respaldar héroes populares (de Rita Pavone a Leo Dan, de jugadores de fútbol a atletas olímpicos), no sumergió su mano en el velatorio de Sosa. Quizá porque uno de sus más movedizos agentes de relaciones públicas, Carlos Perette, había partido a México.
La UCRP se inclinó por otro homenaje fúnebre: en su prosa increíble, Ricardo Balbín memoró a John Fitzgerald Kennedy, el “muerto grande”, la víctima de “la bala bárbara". Una prosa distinta, más rutinaria, se utilizó para que el secretario Antulio Pozzio —y Facundo Suárez y Almíbar Mercader —firmara el acuerdo extra-judicial con la empresa petrolera ASTRA, una negociación que meses atrás el mismo Pozzio negó en el Congreso. Simultáneamente, se concretaba la llegada de petróleo crudo desde la Unión Soviética, a cambio de lanas, cueros, jugos cítricos y tejidos.
El petróleo encrespó al Congreso, sumido en sus sesiones extraordinarias.
Pero no solamente en el edificio de la avenida Entre Ríos se discutía: un plenario de la CGT deliberó en La Falda, Córdoba; un cónclave de escritores ardió en Paraná; una asamblea de médicos —la más serena, la más beneficiosa, tal vez— se extendió en Buenos Aires. Médico también, el presidente de la Nación siguió pensando en las elecciones de marzo de 1965 y, contrariando su reciente costumbre, no pronunció discursos.
Lo hizo, en cambio, un hombre que aspiró a ocupar el mismo cargo: Álvaro Alsogaray dijo el jueves, por televisión, que el déficit de 164 mil millones significa una extracción mensual de 2.000 pesos a cada ciudadano productivo o en edad de producir. Anunció, además, que aguardaba la opinión de los argentinos para saber si valía la pena reeditar el Partido Cívico Independiente. “Estoy dispuesto a empezar de nuevo”, reveló.
Ya estaban circulando los nuevos billetes de 500 pesos, que transportan la efigie de José de San Martín, y el ministro de Economía, al margen de una entrevista técnica (página 49), declaraba a PRIMERA PLANA: “Si hubiera que abrir los cuadros del gobierno en forma distinta a lo que hasta ahora hemos hecho, buscaríamos los mecanismos. No cerramos ninguna puerta. Este es un gobierno sin prensa, sin asesores de acción psicológica, sin publicidad ni ‘batallas’.” Horas después, Nélida Baigorria anunciaba: “Antes de las elecciones no habrá novedad sobre traspaso de radios.”
Una similar contradicción —pera un gobierno especializado en las contradicciones y las improvisaciones—floreció el jueves, en Caracas: el canciller Zavala Ortiz ensayó una de sus habituales tiradas anti-imperialistas para exorcizar a los británicos que ocuparon las Malvinas en 1833; pero en Buenos Aires, el ministerio de Relaciones Exteriores pedía a Inglaterra su mediación en el pleito limítrofe con Chile.
Hacia USA era enviado el contraalmirante Pedro Gnavi, jefe de la Flota de Mar y uno de los pocos pilares azules de la Marina de Guerra. Los observadores retuvieron esta noticia al tope de sus anotaciones: no hay muchos azules en las filas de un arma cuyos mandos fueron, hasta hace poco, colorados. “Todo se arreglará, es cuestión de paciencia”, salmodian los hombres de gobierno. Sigue siendo una plegaria, no un programa; una aspiración, no una ideología; una utopía, no una realidad.
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Parlamento
Un tamiz para las mayorías
Volver la espalda a ideas que se profesaron (o se padecieron) antaño, fue delito calificado en la Edad Media; entonces, pensar y creer eran actitudes similares, y todo examen suponía estar abjurando de la fe profesada. Con ropajes modernos, la Rota de la Santa Inquisición volvió a existir la semana pasada, cuando los diputados de la mayoría parlamentaria se empeñaron en condenar duramente a Arturo Frondizi por no haber utilizado en 1958 sus ideas de 1935. “El libro es bueno, pero su autor es malo”, opinó el cetrino Raúl Torreiro (PDC) mientras se refería a Petróleo y Política y a Frondizi, respectivamente. Como señaló Héctor Sandler (UDELPA), en la materia “se ha perdido un año jugando a la anulación y a la renegociación. Ustedes se han equivocado —agregó, dirigiéndose a la bancada UCRP—; en vez de elegir a la tortuga como símbolo, debieron elegir el cangrejo”. “Como en el caso Dreyfus —acotó Antonio Pereira (MID)— se amontonaron centenares y centenares de expedientes para fundar una falsedad.”
Al término de este singular auto de fe, espera a los miembros del Congreso un texto para el discutido Estatuto de los Partidos Políticos. El proyecto determina, con minucioso criterio reglamentario, las condiciones que deberán aceptar los partidos si desean participar en la vida institucional argentina. Pero, en la realidad, el texto en elaboración tiende a adaptar la presencia peronista en la escena nacional; los partidos preexistentes conservarán su personería jurídico-política siempre que soliciten su inscripción en la justicia electoral dentro de los tres meses de sancionadas las disposiciones. Los 77 artículos que redactaron Guillermo Belgrano Rawson (FNPC), Mario Grau (UCRP) y Alberto Serú García (Neo-peronista) están divididos en nueve secciones; las más importantes:
•Principios. La existencia de un partido exigirá la vinculación permanente de los ciudadanos, el reconocimiento judicial y la exhibición de expresas banderas democráticas. Correspondería a la Justicia Electoral vigilar estas normas.
•Fundación. Los partidos de distrito acreditarán un grupo promotor cuyo caudal no descienda del 4 por mil de los inscriptos en el Registro Electoral. Los núcleos que se extiendan sobre dos o más distritos —esto es, los partidos nacionales— están obligados a revalidar el pedido anterior ante el Juez Electoral del distrito de fundación. El texto redactado permite la confederación o la fusión (permanentes) y las alianzas transitorias de partidos.
•Doctrina. “No cumplen con las condiciones —dice la iniciativa— los partidos que en su doctrina política o por la vía de sus organismos o autoridades auspicien o realicen actos violatorios de los principios democráticos.” Esto implicaría promover: la
concentración del poder, el partido único, “la adhesión o elogio a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados”, el fraude, el desconocimiento del derecho de mayoría y minoría y la implantación de proscripciones e inhabilitaciones.
•Funcionamiento. El padrón será público entre afiliados a un mismo partido, y la Justicia podrá nombrar veedores, a pedido de parte, en los comicios internos, para evitar irregularidades. Se garantiza la libertad de propaganda, el establecimiento de registros, el contralor de recursos (se prohíbe a los sectores aceptar donaciones anónimas o contribuciones de entidades estatales o donaciones de asociaciones sindicales o patronales) y se anotan severas sanciones para los infractores de tales normas. Paralelamente, se promueve la creación de un Fondo Estatal para proveer a los partidos de medios que les permitan afrontar sus necesidades, y se les conceden franquicias en las comunicaciones telefónicas y en los transportes.
•Caducidad. La personalidad de los partidos caducaría —según el texto— si no se realizan comicios internos en el lapso de cuatro años o si el núcleo no compite en tres elecciones consecutivas o al no obtener, en número de votos, el 2 por ciento del padrón electoral del distrito. Se extingue por la voluntad de los afiliados; cuando la actividad del partido fuera atentatoria de los principios establecidos en el Estatuto o por impartir instrucción militar a los afiliados.
De manera concreta, el Estatuto ha sido criticado porque “establece la carrera del comité”. Los juramentos de fe democrática que se exigen a los partidos, fueron sensiblemente mejorados en comparación con el texto que envió el PE en marzo, porque incluyen a los artífices del fraude y las proscripciones. Lo verdadero es que se demoró intencionalmente la consideración hasta límites intolerables para el peronismo ortodoxo que, difícilmente, conseguirá vencer las lentas vallas judiciales argentinas. La sanción más pesada provendrá, sin duda, de la bancada frondicista: sus integrantes piensan que el mantenimiento de la Justicia Electoral, ideada por el colorado Carlos Adrogué en 1963, tiende a establecer “barreras de papel” para “trabar y eventualmente impedir la participación de los partidos «peligrosos»: el MID y el Justicialismo”.
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Reestructuración
El Ejército de la legalidad
Cuando finalizaba la tercera semana de noviembre, una telaraña
de rumores invadió 'la periferia del ejército: comprometían el
prestigio de muchos oficiales superiores en enfrentamientos
que —según se dijo— podrían hasta originar un golpe de Estado.
Según informaciones generalmente fidedignas, la tensión entre
los generales Osiris Guillermo Villegas y Alejandro Lanusse
estaba llegando a extremos intolerables: Villegas habría
pretendido desalojar a Lanusse y trasladar sus tropas de
Caballería (blindadas) desde Campo de Mayo hasta Tandil. Otras
guarniciones antiperonistas habrían de ser llevadas, de sus
objetivos cercanos a los centros poblados, hacia solitarios
parajes. Opiniones ciertamente interesadas señalaron entonces
que Villegas pensaba pactar con Juan D. Perón y permitirle la
entrada en el país; contrariamente, otras fuentes dijeron que
Villegas pensaba capitalizar en su favor la reacción
antiperonista y que, aprovechando la agitación generada por
el retomo, se apoderaría del gobierno. A principios de la
semana que pasó, los rumores se incrementaron sensiblemente:
el lunes se facilitó la integración de un presunto triunvirato
compuesto por dos militares y un gremialista, listos para
ocupar el gobierno luego de la revolución.Tres redactores de PRIMERA PLANA se dieron entonces a la tarea de compulsar la opinión de los principales caudillos militares: aparentemente, toda aquella agitación era producto de la nerviosidad que domina a la institución en el período actual, cuando la Junta de Calificaciones está decidiendo el destino y las promociones de los militares. La multiplicada acusación a Villegas se explicaría, según algunos, por el deseo de impedirle el acceso a una de las cuatro codiciadas vacantes entre los generales de división; otros pensaban que la personalidad del ex ministro del Interior era impugnada por su participación en los proyectos previos a la anunciada reestructuración del ejército.
Aun esto no era cabalmente cierto: los estudios han sido redactados por el joven general Nicolás Cándido Ure —un ex becario de instituciones francesas y estadounidenses—, y varios de ellos ruedan por los cajones de los escritorios de Arturo Illía y Leopoldo Suárez. La reestructuración, que cuenta con el padrinazgo del comandante en Jefe, Juan Carlos Onganía, es fruto de encendidas polémicas doctrinarias entre los oficiales del ejército. Pueden resumirse así los antagonismos salientes:
• Una elemental definición discierne para las fuerzas armadas dos misiones principales: a) la defensa de las fronteras nacionales, y b) el afianzamiento de la paz interior. La reestructuración en marcha prefiere acentuar los dispositivos destinados a defender y hasta trascender los límites de la República. “El peligro mayor está fuera del país y no dentro”, suelen decir los defensores de esta tesis, que se ubican preferentemente entre los epígonos de Juan Carlos Onganía: son ellos quienes aprovechan los vehículos blindados, los aviones y el material de comunicaciones para vitalizar sus unidades y darles mayor capacidad logística, esto es, velocidad para aproximarse a sus objetivos, mayor aprovisionamiento de combustible, municiones y vituallas. De igual manera se muestran partidarios de estacionarlas junto a las fronteras previendo situaciones peligrosas provocadas desde los países vecinos.
• “El único fin político de la reestructuración es el de alejar a todos los cuadros del ejército de los centros políticos del país —habría señalado en alguna oportunidad Juan Carlos Onganía—. Los militares —advirtió luego— deben dedicarse a su función específica.” Los críticos de esta teoría —en general, oficiales fogueados en la lucha antiperonista— recuerdan situaciones recientes, y concluyen predicando acerca de la necesaria vigilancia del segundo supuesto: la paz interior. Opinan que el profesionalismo de Onganía encierra a los militares en un ámbito ajeno a la realidad nacional. “El militar debe mantenerse lejos de la política partidaria —admiten—, pero no debe abdicar de sus derechos a orientar la política general de la Nación.” De la misma manera se muestran celosos custodios de la plenitud democrática.
•Diferentes objeciones que se recogieron entre oficiales en actividad sugieren que la reestructuración costará un precio muy alto al presupuesto nacional, porque se desarrollará con materiales cedidos o arrendados por los Estados Unidos, cuyo mantenimiento (así como el de la misión técnica asesora que ya ocupa medio piso en la secretaría de Guerra) requeriría cifras astronómicas.
•Extraoficialmente se supo que los proyectos en vías de consideración establecen el dominio definitivo del ejército por el comandante en jefe (Onganía), cargo que fue concebido durante el gobierno de Juan D. Perón para un ejército en operaciones. Concretamente se sustrae el mando de la fuerza militar a su jefe constitucional: el presidente de la República, que habitualmente delegaba tales atribuciones en el ministro del ramo. “Así, el poder militar está bien resguardado de los intentos políticos”, exclamó un oficial allegado a Onganía. Puede ser que este motivo haya inducido al presidente Illía a confinar en su gaveta el proyecto de reestructuración desde hace un mes. Pero quizás el argumento más efectivo para retenerla consista en exhibir los problemas sociales que tendrían origen a poco que los cuarteles comenzaran a ser trasladados hacia las fronteras, porque es costumbre en el ejército que los suboficiales comiencen y terminen sus carreras en el lugar de origen; si estos hombres fueran obligados a trasladarse imprevisiblemente, abandonando alquileres viejos y todo el cúmulo de prerrogativas nacidas al calor de una larga residencia en el mismo lugar, con seguridad el rendimiento del personal naufragaría en los problemas individuales.
Entre este ejército administrativo y el ejército de oficio que preconizaba Charles de Gaulle en 1934 se abre un abismo que será colmado sólo en 1973, cuando la reestructuración se complete. Por ahora, los movimientos serán limitados:
• El Comando de la División Blindada de Campo de Mayo (Caballería) será trasladado a Tandil en 1965. Los tanques seguirán en el Gran Buenos Aires.
• El Regimiento 11 de Infantería, acantonado en Rosario, Santa Fe, pasará a Curuzú Cuatiá, Corrientes; y el 12 de Infantería, estacionado en la capital de Santa Fe, pasará a Mercedes, también en Corrientes.
• El Regimiento 5 de Infantería, de Bahía Blanca, será trasladado, posiblemente, a las primeras estribaciones de los Andes, en su misma latitud actual.
• El Comando de la 2ª División de Caballería llevará sus oficinas desde Concordia a Paraná.
• Se confirmaría la exclusiva dependencia del decorativo Regimiento 2 de Infantería: estará a las órdenes del secretario del arma.
Al margen de los pequeños entredichos, y otros por pases, ascensos y destinos (la reestructuración suprime al Servicio de Inteligencia del Ejército y a su jefe, el coronel Levinston, así como al actual subjefe de la Gendarmería, coronel Sánchez de Bustamante), una perceptible zanja divide a los militares. “El ejército argentino —dijo una vez el general Manuel Rodríguez— no debe tener intervención alguna en la solución de los problemas de política interna”; sobre esta frase, los profesionalistas edifican su teórica neutralidad, paño bajo el que se cobijan hasta quienes fueron neutrales en 1955. Pero los políticos que infisionan la fuerza recuerdan luego la prolongación de tales conceptos; los espetó Rodríguez para abrumar a José E. Uriburu el 7 de julio de 1931. “Los partidos —concluyó entonces el militar— participarán sin exclusiones en la lucha que se avecina (...) sin que el ejército sirva de trampolín a los que delinquieron o se preste para alterar el orden en su beneficio.” Hoy, como en 1931, la legalidad sigue siendo un delicado fluido de redomas.
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Los hechos políticos y los económicos
El viernes pasado, a mediodía, el ministro de Economía de ¡a
Nación, Juan Carlos Pugliese (tandilense, 49 años, casado, dos
hijos, ex periodista), dedicó una hora y media a responder
verbalmente un cuestionario que le hizo 'llegar PRIMERA PLANA
en la noche anterior. Las preguntas no atendían a lincamientos
generales de la conducción económica, sino a temas limitados,
precisos y actuales, tanto o más definitorios de la política
oficial. El diálogo fue el que seguidamente se reproduce..¿No cree que la inflación de costos internos obligará a devaluar nuevamente el peso en los próximos meses?
La necesidad de efectuar o no un reajuste dependerá de la cantidad de divisas que ingresen por las exportaciones y de la forma como logremos controlar los costos internos, hecho éste en el que tiene que jugar también su papel el mejoramiento de la producción. Se han desatado en el país expectativas. inflacionistas y un ambiente proclive a la especulación, que no podemos ni nos corresponde atacar sino con hechos futuros en los aue no se creerá hasta que se produzcan. En nuestro primer áño de gobierno hemos producido más hechos políticos que económicos y no podía ser de otra manera, porque además, así estaba previsto en el programa partidario. Elevamos las remuneraciones no por hacer una concesión demagógica a los favorecidos, sino para restablecer un destruido equilibrio y restaurar el poder adquisitivo de los asalariados. Pero pese a ello, se están produciendo —por ejemplo— más huelgas que nunca y en sectores como la administración pública, donde hemos elevado las remuneraciones desde un 24 por ciento otorgado al sector mejor retribuido, hasta un 106 por ciento concedido al sector de remuneraciones más bajas. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que correspondía. Ahora, toda demanda futura tendrá que basarse en un mejoramiento de la producción, de forma tal que en el futuro distribuyamos los mayores ingresos.
.¿Puede mantenerse el tipo de cambio si se reduce el actual monto de reservas convertibles, estimado en aproximadamente cien millones de dólares? ¿Cuál es el nivel mínimo de reservas convertibles que ¡admite su ministerio?
No creo posible poder determinar desde ahora si el tipo de cambio podrá ser mantenido o no. Depende de las circunstancias económicas futuras a las que ya me referí anteriormente, pero es opinión del gobierno que la cotización del peso está en un nivel aceptable que permite la necesaria capacidad de maniobra. Por otra parte, influyen aquí, como en otros sectores de la economía, defectos de estructura que nosotros no podemos corregir en sólo un año. Y una cosa más: según m¡ información, el monto de divisas convertibles a disposición del Banco Central es superior a la estimación que ustedes mencionan.
.¿Si la cosecha no pudiera colocarse a los actuales niveles, el gobierno vendería a pérdida?
Creemos que a la actual cotización del dólar, la cosecha podrá colocarse sin dificultades y que saldrán fluidamente todas las exportaciones. Pero quiero hacer una reflexión: el gobierno tiene que abarcar a todos los sectores. Si usted eleva en 10 pesos la cotización del dólar, vende 500 millones de dólares y obtiene un ingreso adicional, en pesos, de 5.000 millones, que a su vez pagan los importadores y todo el país en la medida que consume productos elaborados con materias primas importadas. Vale decir que hay una redistribución pero nunca un brillante negocio cuando se mueven los tipos de cambio. Y nosotros, que conocemos el campo, sabemos que aunque se pretenda otra cosa, los productores están actualmente bien remunerados.
.Según nuestras informaciones, el Plan de Desarrollo estará terminado aproximadamente en febrero del año próximo y recién entonces podrá gestionarse en forma efectiva la financiación exterior que requiere. ¿Significa esto que el plan no comenzará a ejecutarse hasta entonces? ¿Qué medidas concretas conoció o conocerá la opinión pública que correspondan a dicho programa?
El plan prevé la realización, en el ejercicio fiscal 1965, de todas las obras públicas previstas en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso, que son casi todas las que están pendientes de terminación desde hace unos años. Parece elemental completar lo que está en ejecución. Pero el plan no son sólo las obras públicas, sino también las privadas. Zapla, la acería Gurmendi y otras obras similares, estatales y privadas, son también el plan. La terminación del proyecto SOMISA; el plan de pasturas en el que se invertirán 3.000 millones de pesos; la continuación e las obras de SEGBA; el plan de obras de Agua y Energía Eléctrica y otras realizaciones similares son también el plan. El hecho de que hayamos abierto la discusión en tomo de él no importa que posterguemos sus realizaciones elementales.
.¿Tiene un tope el deficit presupuestario? ¿Se prevé en un período determinado equilibrar el presupuesto?
Hemos tratado de poner un tope al déficit presupuestario, y en relación hemos logrado reducir sustancialmente su gravitación relativa, pero tenemos una realidad que no podemos eludir, Cuando tomamos el gobierno, existían libramientos impagos en la Tesorería por 100.000 millones de pesos; sueldos y jubilaciones atrasadas; proveedores al borde de la quiebra. Ahí se adoptó la decisión política a que me referí anteriormente. Creemos que esta política no debe continuar, o sea que no debemos expandir el presupuesto indefinidamente, pero tenemos que atenernos más a la significación del gasto en sí que a su monto. De allí que hayamos reclasificado los gastos públicos y aspiremos a reducir sustancialmente el déficit, pero no antes de tres años. No importa tanto lo que se gasta, sino dónde y cuándo se lo gasta. Y en ese sentido le señalo lo siguiente: el país consume más que en octubre de 1963. El país debe menos que en octubre de 1963. Y el ingreso se ha redistribuido con mayor equidad, en beneficio de los menos pudientes. ¿Que no hemos salido de la situación? ¿Quién lo duda? Pero que vamos a salir, tampoco lo dude nadie.
.¿Ha previsto el ministerio de Economía la disponibilidad de fondos para indemnizar a las compañías petroleras si el fallo judicial obligase a ello? ¿Qué fondos se utilizarían?
Yo rechazo el término “indemnización”. Reintegraremos el valor de las inversiones realizadas, en aquellos casos en que pudiera eventualmente corresponder. Pero no son tantas esas inversiones ni tampoco habrá que pagar —repito, si correspondiera— en el acto y al contado. Podremos realizar acuerdos posteriores y efectuar los reembolsos en plazos y condiciones favorables para ambas partes. Nuestra política petrolera no es de agresión: está fundada en razones históricas conocidas. Y una vez resuelto este entredicho, haremos licitaciones que, si ofrecen las mejores condiciones, hasta podrán adjudicarse a las empresas que actualmente están en pleito con el país.
.¿Cuál es el máximo déficit ferroviario que su ministerio está dispuesto a admitir?
Si un déficit se fijara por decreto, le diría que cero pesos. Pero eso no es posible, sobre todo cuando recibimos unos ferrocarriles en' quiebra, que transportaban 15 millones de toneladas de carga anuales y tenían deudas en el exterior por reequipamiento del orden de los 80.000 millones de pesos. Si contamos, como esperamos, con la decidida colaboración del personal, que está más atado que nadie al destino de esta empresa, pensamos reducir el déficit actual a unos 15.000 millones de pesos, que serían un volumen compatible con la eficiencia que puede espetarse de nuestros ferrocarriles, extendidos a lo largo de un país inmenso y por ello con obligada menor densidad de tráfico. Creemos que esa meta puede alcanzarse en cinco años, más o menos, llevando además las cargas a unos 38 millones de toneladas.
PRIMERA PLANA
1º de diciembre de 1964
