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Universidad: El fin de los bastones largos
En la mañana del 16 de febrero, el ministro de Educación, Gustavo Malek, se apresuró a elevar a la Presidencia de la Nación su propio proyecto de Ley Universitaria. Tal impaciencia desató, entre los círculos allegados a los claustros, una andanada de opiniones fustigantes: los ásperos términos abundaron no sólo en boca de alumnos, profesores y no docentes; él mismo rector de la Universidad de Buenos Aires Bernabé Quartino (ver recuadro), no escatimó palabras para criticar el intento. De todos modos, a nadie tomó de sorpresa la decisión del ministro: desde hace meses se aguardaba alguna novedad, acuñada a la sombra de la ya irresistible presión del estudiantado. La comisión redactora interministerial —para colmo— jamás logró un total acuerdo en las deliberaciones: Educación, Interior y Justicia no coincidieron en sus ideas para elaborar él texto del proyecto solicitado. Luego, el titular de la primera de esas carteras salió a la palestra con su inconsulta novedad; pero los rectores se enteraron del contenido demasiado tarde, sin posibilidades de participar en la elaboración. La angustiosa vigencia de la Ley 17.245, creada por José Mariano Astigueta luego de la intervención de Onganía, recuerda mientras tanto que la salida podría haber estado en una acertada modificación de varios de sus artículos, dejando para más adelante una nueva legislación.
El proyecto, una ley corta que no va más allá de los 40 artículos, tiene un objetivo similar al que alentaban las huestes de Onganía cuando, el 29 de julio de 1966, intervinieron los claustros: detener la agitación universitaria. Sin embargo, los métodos son distintos; los duros bastones se mutaron en concesiones que, no por esperadas, alcanzan a conformar a la mayoría. Por otra parte, el intento estimularía el deseo de recuperar cinco largos años —coronados por la insatisfacción general— que ya están irremisiblemente perdidos.
No pocos pensaron, en virtud de lo dicho, que el proyecto sería un sinónimo de retroceso para el gobierno en lo que respecta a su gestión en el ámbito universitario. Gustavo Malek, sin embargo, lo calificó de revolucionario, pero advirtió que no significaría la solución para los problemas ideológicos que se ventilan en las facultades: "Nada más errado, pues las aulas no son sino un reflejo de la situación del país. No podemos detener la subversión con una ley", recapacitó. En verdad, la intención de su idea, según lo afirmó al propio presidente Lanusse, es apoyar "la firme determinación del gobierno de dictar normas legales que permitan a las instituciones básicas del país ser protagonistas del proceso de cambio histórico”.
Los cambios que propone el texto descansan sobre varios factores: la participación de los estudiantes en el Consejo Superior, la autonomía académica y autarquía administrativa y financiera, el
pluralismo ideológico, el reconocimiento de los Centros de Estudiantes, la posibilidad de constituir un Cuerpo Asesor a nivel del Consejo Superior y el aporte obligatorio anual de los graduados (“y conseguir así un fondo respetable para otorgar becas”, afirmó Malek). De todos modos, no faltaron los suspicaces que endilgaron al proyecto la validez de una cortina de humo, capaz de distraer las iras estudiantiles.
Es cierto que —de ponerse en práctica— el proyecto deberá esperar lógicamente la posterior confección de los estatutos respectivos en cada universidad, lo cual retardaría su efecto casi hasta fines de 1973. Entonces, de cristalizarse el proceso de institucionalización, la futura ley serviría a los fines de un próximo, representativo y democrático gobierno. ¿Quién puede asegurar que la futura legislación responda al espíritu de los dueños del poder? Nadie. Mientras tanto, rige, inapelable, el engendro de Astigueta.
La propuesta autonomía —relativa al límite de combatividad de la universidad y a la radicalización política— será, además, difícil de cumplir en un país donde la crisis ha clavado sus banderas. Por sobre toda frase, una correcta aplicación del respeto por la pluralidad ideológica se verá dificultada, y la posibilidad de intervención —también contemplada en el proyecto— asusta a los estudiantes.

LA PROTESTA ESTUDIANTIL. Para Héctor Vestir (Sociología, 24) y Jorge Luchetti (Ingeniería, 24), dirigentes del Frente Estudiantil Nacional (FEN) —emergente del Movimiento de Bases Peronistas—, "el proyecto de ley intenta dar una imagen de normalización institucional, de retorno a la Universidad anterior a 1966. Por ello se insiste en el pluralismo ideológico, una concepción que hubiera horrorizado a Onganía. Sin embargo, los contenidos de la enseñanza —nudo gordiano de la cuestión universitaria— no han sido alterados”.
Por otra parte, los fenistas estiman "que se quiere provocar un desgaste del movimiento estudiantil, llevándolo a luchas sectoriales y a cuestionar en cada universidad o en cada facultad, la especial aplicación que en cada caso se haga de la misma. Además, dudamos de las reales posibilidades de concreción de las reformas, que sólo serán viables a partir de mediados de 1973. Pero entonces habrá un gobierno medianamente popular o existirá una dictadura más reforzada que la actual; resulta evidente que aquel gobierno tendería a modificar muchas de las disposiciones contenidas en el nuevo proyecto”.
Las propuestas del FEN (que en este año se propone sostener "las banderas justicialistas en la Universidad”, después de haberse volcado durante 1971 a tareas de afiliación partidaria) son apoyadas por sus colegas de da Organización Universitaria Peronista (OUP), un ente dependiente de la Guardia de Hierro, organización de la Juventud Peronista aliada al MBP. A través del dirigente Agustín Tirelli (Ciencias Económicas, 23), señalaron a Panorama que "el equipo militar busca recomponer su imagen intentando la reconstrucción de la isla democrática en la Universidad”.
También el sector universitario que responde a los lineamientos del comunismo ortodoxo, censura lapidariamente al proyecto: "En principio, nos oponemos a la nueva ley universitaria —sostuvo Enrique Dratman, secretario general de la FUA La Plata— porque no han sido consultados los claustros, proscriptos por la actual ley. Básicamente, el proyecto tiende a proscribir y discriminar ideológicamente, y a liquidar la Universidad Nacional, terminando con la gratuidad de la enseñanza. Es esencialmente
departamentalista y estimula el ingreso de subsidios de las grandes empresas vinculadas al imperialismo y los monopolios, que necesitan proveerse de técnicos para sus compañías”.
El representante de la FUA Córdoba, Ernesto Jaimovich, se pronunció de un modo tajante: "Mantenemos la misma posición que antes de la redacción del proyecto, no otorgamos facultades a la dictadura militar para elaborar ley alguna. Además abogamos por la derogación de la 17.245, que niega al pueblo argentino. En cuanto al proyecto en sí, rechazamos la formación del Consejo Superior: debe haber igualdad de representaciones. Insistimos en que con esos lineamientos, la Universidad argentina seguirá dependiendo de los grupos empresarios extranjeros, y nos oponemos fundamentalmente a la no gratuidad de la enseñanza. Sin becas sólo se recibe el que tiene plata. Cuestionamos también la elección de los docentes y denunciamos Jo falso del concepto "pluralidad ideológica”, porque en el plano nacional sigue la represión".
Jorge Makars, miembro de la mesa directiva de AUN (Agrupación Universitaria Nacional), piensa que debe hacerse un frente estudiantil para oponerse sistemáticamente a la ley. "Esto significa una autonomía a condición de no ser autónomos. Es a la Universidad lo que el GAN es al país; pero organizándonos en los centros y federaciones, lograremos la unidad necesaria —exceptuando a liberales y ultra izquierdistas— para oponernos con firmeza.”
Las voces de protesta, quizá menos acalladas que nunca, sintetizan entonces el mal recibimiento a la Ley Malek, como ya algunos denominan al proyecto. La afirmación del creador ("esta será la bandera del estudiantado del futuro”) y la urgente necesidad de un cambio en la política universitaria, son en realidad los únicos paliativos de un recurso cuya puesta en práctica generará —si se produce— un agitado alud de contradicciones. El debate, de todos modos, recién comienza. Un nuevo proceso está abierto en la convulsionada Universidad argentina.

__Recuadros en la crónica__
quartinoBernabé Quartino: ¿Proyecto o disparate?
El geólogo Bernabé Quartino (46), rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y entusiasta censor del ministro de Educación Gustavo Malek, recibió a Panorama en su despacho de Viamonte al 400. Fervoroso practicante del autoritario tic del dictado, obligó al periodista a tomar nota textual del diálogo. Esto es, por supuesto, una síntesis de su prolongada —aunque despaciosa— exposición.
Bernabé Quartino. —Mi actitud ante el proyecto no se refiere exclusivamente al contenido: primero me gustaría analizar si es procedente, en el momento en que vivimos, imaginar que una nueva ley puede solucionar problemas. Creo que lo más acertado hubiera sido hacer modificaciones a la 17245, darle participación a los estudiantes en el gobierno y listo. Además, deberían establecerse recursos impositivos con destino fijo para ayudar a la Universidad y, en el orden académico, establecer ciertas obligaciones, por ejemplo, que cada cátedra produzca un libro luego de un número de años determinado. ¿Qué le parece?
—¿Cómo calificaría el proyecto de Malek?
—Es un disparate. Un conjunto de párrafos con errores formales y también de fondo. Fíjese que a los decanos, sin ir más lejos, se les da voz pero no voto. ¡Dónde se ha visto semejante barbaridad! Tampoco establece, vea usted la ligereza y la ridiculez del proyectito este, si los estudiantes tienen o no voto. Esto no es más que un unicato del rector: sólo pueden empatarle en la votación si se trata un problema no docente, porque el representante de esa facción sí tiene un voto.
Además, esa ley no legisla, valga la contradicción, sino que elude cuestiones como el ingreso; la supuesta concesión a cada universidad para determinar por sí misma, no hará sino establecer
el estado de asamblea permanente. Otro disparate olímpico es la creación de centros de docentes y estudiantes. La ley no debe hablar de esas cuestiones que son privativas de ambos claustros.
—¿Y con respecto a la autonomía académica?
—Justamente se refiere a lo creativo dentro del campo educacional, pero no debe remitirse al concepto de cambio social; eso es minimizar y limitar los fines de la Universidad. La gran necesidad de la Argentina de hoy es suprimir la corrupción y poner coto al imperialismo cultural.
—¿A qué atribuye? que no se haya consultado a los sectores interesados para redactar el proyecto?
—Bueno, creo que Malek quiso perpetuarse históricamente con una ley propia. Esto va a traer problemas, porque la Universidad conoció el proyecto después que la opinión pública. ¿No es una aberración? Haber participado en la mesa de trabajo hubiera sido el deseo de todos.
—El ministro calificó al proyecto como revolucionario.
—¡Por favor! Es como volver a antes de la intervención, y nótese que admito que, como todo paso atrás, implica una pérdida de tiempo. Bueno, ya le dije que estoy en contra de la creación de una nueva ley, pero a favor de modificar la actual.
—El estudiantado duda de la puesta en marcha de la ley...
—Y yo no puedo hablar del funcionamiento de una ley que no existe. Porque además el mismo Malek no existe, hay un chiste muy gracioso a raíz de esto que le digo, después se lo cuento; pero volviendo al tema: a mí lo único que me acarrea esto son problemas, pérdidas de tiempo espantosas. Debo restar horas al trabajo de fondo para discutir cuestiones formales sobre autonomía o esas pavadas.
—¿No tiene nada positivo el proyecto?
—Bueno, qué le diré, puede ser que lo del arancel que obligatoriamente se les exige a los egresados sea correcto. Es un ejemplo de contribución para un fin determinado. Pero insisto —porque no es la primera vez que lo digo—: esos dineros deben surgir de las asociaciones profesionales que tienen que destinar un fondo al efecto.
—¿Y la incorporación de la periodicidad de las cátedras?
—No. Eso tampoco es bueno. Todo lo contrario; en la mayoría de los casos es altamente injusto, implica un concepto muy equivocado de lo que es un profesor. Significa volver a la Edad Media, porque impone la oposición en el con curso. Y ojo, ya que estamos le quiero aclarar una cosa: tenga bien en cuenta que yo no lo ataco a Malek como persona, no tengo problema^ particulares con él, todo lo contrario. Son diferencias de procedimiento, nada más. ¿Entiende?
OCT
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malekGustavo Malek: Hacia una Universidad abierta
Creador de un proyecto que desató las más enconadas discusiones, el doctor Gustavo Malek respondió ante Panorama con inusitada desenvoltura. Muy cerca de su despacho, los rumores de una renuncia inminente se agitaban con creciente Virulencia. El ministro ni se inmutó.
—¿Cómo sitúa usted el proyecto de Ley Universitaria dentro de la situación actual de la Universidad argentina?
—El proyecto de ley elevado al Poder Ejecutivo Nacional, ha sido elaborado teniendo más en cuenta la situación a La que deseamos Llevar a nuestras instituciones universitarias que el actuad momento de la Universidad argentina. Ello no quiere decir que se haya dejado de tener en cuenta el estado momentáneo universitario integral, como así también la experiencia histórica, riquísima en todos los matices que hacen a la vida de nuestras casas de altos estudios, sus resultados, y los hombres que en distintos campos de la actividad docente científica han dado brillo a nuestro país.
—¿Cuáles son los aspectos más novedosos de su proyecto?
—Nuestro proyecto de Ley establece —por primera vez y con total claridad— que los claustros docente y estudiantil constituyen los elementos fundamentales de la Universidad, y en torno de esta concepción se han desarrollado los aspectos más salientes de la legislación. Para los docentes, se garantiza la más amplia libertad creadora, la periodicidad en las cátedras y todas las facultades inherentes a su elevada misión; y para los estudiantes —fundamentalmente—, se procura asegurar la igualdad de posibilidades mediante la creación de un fondo especial para becas y subsidios que permitan un ingreso irrestricto, de manera que ningún joven argentino se vea impedido de continuar sus estudios superiores por razones económicas.
—¿No se vuelve entonces a la estructura de la vieja universidad, anterior a la Intervención?
—Un proyecto de ley, o una ley, por sí solos, no llevan más atrás o más adelante a una institución. Volver a la vieja Universidad, o alcanzar la Universidad abierta, dinámica, autónoma y autárquica a que aspiramos, dependerá más del grado de conciencia que tengamos sobre la misión y función de la Universidad en nuestro país y en nuestros días, que de La ley en sí; ésta sólo debe reglar sobre los aspectos básicos de nuestras Universidades, fijando las reglas de juego en las cuales desarrollará su acción, teniendo como objetivo superior la elevación del nivel cultural de todo el pueblo mediante la trasmisión y extensión del conocimiento, y el estudio de los problemas del país a la luz de los avances científicos y tecnológicos de nuestros días.
—¿Por qué en su proyecto no se hace referencia al problema del ingreso, dejándolo al arbitrio de cada Universidad?
—Hemos entendido que el problema del ingreso debe ser encarado por cada una de las Universidades en función de sus planes de desarrollo, modelo de crecimiento, su dimensión y esquema regional, requerimientos de la juventud, demanda zonal y nacional, etcétera. Entendemos que establecer reglas fijas, iguales para todas las Universidades, atenta contra la autonomía universitaria y limita las posibilidades de desarrollo.
—¿Por qué se eliminan los egresados de los Organos Directivos de las Universidades?
—No se eliminan los egresados de los órganos de gobierno, ya que los auxiliares de docencia, en la mayoría de los casos, son egresados recientes de las distintas facultades o unidades académicas. Por otra parte, en el proyecto de ley se ha previsto un cuerpo asesor a nivel del Consejo Superior, en el cual pueden participar los egresados junto con otros sectores fundamentales de la comunidad donde cada Universidad desarrolla su acción.
—Todos los sectores estudiantiles han repudiado el proyecto públicamente. ¡¿No es éste un motivo suficiente como para creer que su puesta en práctica creará aún más problemas?
—Estimo que de ninguna manera las posiciones fijadas públicamente hasta el momento se pueden computar como representativas de todo el estudiantado universitario. Por otra parte, esto no es ninguna sorpresa para nosotros, ya que entendemos, como lo expresáramos reiteradamente, que la actual ley 17.245 ha producido —lamentablemente— retracción y hasta indiferencia en mayorías
estudiantiles, por lo que las expresiones que se conocen, sin entrar a analizarlas, responden a esquemas ideológicos de sectores muy definidos.
—Las agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, sostienen que este proyecto niega la autonomía universitaria...
—Entrar a discutir sobre los alcances y filosofía de la autonomía, es caer en una interminable discusión dialéctica. Entendemos, en cambio, que el desarrollo de nuestra capacidad creativa sin restricciones es la verdadera esencia de la autonomía, ya que más que una facultad que nos otorga la ley, debe ser una cualidad intrínseca del propio ser universitario. Quiero ser totalmente claro: tanto la autonomía cuanto la autarquía no son fines en sí mismos, sino los medios para desarrdllar en toda su magnitud la institución universitaria.
—El gobierno tiende a la institucionalización, pero el proyecto no es apoyado por ninguno de los sectores políticos tradicionales. ¿Cómo reacciona usted ante esta actitud negativa?
—Me llama la atención esta reiteración periodística, ya que hace unos pocos días he leído bajo un titular significativo, que englobaba a todos los partidos políticos, un artículo en el cual se trascribían pautas que debía contener La ley, dadas por un solo partido político; y lo más notable es que muchas de ellas presentaban grandes puntos de coincidencia con nuestro proyecto.
—Sus censores señalan que esta nueva ley será una maniobra distorsionista para mantener vigente la actual y dejarla como herencia política al futuro gobierno...
—Esa valoración corre por cuenta de quienes la hacen. Nosotros, en función de gobierno, y tal como lo he manifestado reiteradamente —inclusive en mi posición de Rector—, sostenemos la necesidad de cambiar la legislación vigente, y a tal fin hemos estudiado y elevado un proyecto de ley. Sin desconocer la posibilidad de que un nuevo gobierno constitucional puede reveer o dictar una nueva ley, entendemos que el país debe darse en cualquier, momento de su vida, a través de los órganos respectivos, la legislación que entienda más conveniente para ese momento histórico.
—Una última pregunta. Según versiones, ésta podría resultar su postrera entrevista como ministro. ¿Qué puede decir al respecto?
—No sé, no sé, carezco de versiones. Si se confirman, volvería finalmente a lo mío y me ahorraría un montón de problemas.
PANORAMA, MARZO 7, 1972
 

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