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Millares de paraguas, negros y
humedecidos, se hundieron en la espesa niebla del barrio Norte, el sábado 18, para
acompañar los restos de Pedro Eugenio Aramburu. Esa madrugada, los diarios emergieron con
titulares enormes y extensas crónicas que relegaron a espacios secundarios las
informaciones de otro origen. Craso error una de las noticias diluidas por ese despliegue
consignaba que "los Estados Unidos indagan con la embajada norteamericana en Buenos
Aires sobre detalles del asesinato y hallazgo".
La primicia fue trasmitida por la United Press a La Prensa de Buenos Aires,
confirmando un adelanto que en el mismo sentido explícito SIETE DÍAS en su edición de
la semana pasada. Notoriamente, el hecho parece certificar que no sólo el aramburismo
recela sobre la eficacia de la investigación policial, que seguramente coexisten varias
pesquisas que no confluyen sobre las mismas pistas. ¿Por qué? Es probable que buena
parte de las conjeturas se acrecentaron una vez conocido el extenso informe que difundió
en las últimas horas del lunes 20, la Comisión Coordinadora que investigó el asesinato.
Esa noche, con más de una hora de retraso, alrededor de cien periodistas se apelotonaron
en el Salón Dorado del Departamento de Policía para escuchar una relación pormenorizada
de la pesquisa desplegada a partir del fatídico 29 de mayo. Pero estaban destituidas las
preguntas. Entonces, las zonas oscuras del informe -tal vez no aclaradas por el secreto
sumarial- abrieron margen para un verdadero espectro de interrogantes. Sobre todo, porque
la mayor parte de la exposición policial abundó en detalles conocidos, omitiendo lo que
verdaderamente ansiaba saber la opinión pública. Solo por omisión -por ejemplo- los
disertantes tuvieron que admitir que aún se ignora cómo, dónde y por quién fue
asesinado el general Aramburu. Tampoco se pudieron conocer los nombres y la filiación de
quienes enterraron el cadáver en la tenebrosa chacra La Celma, donde fue hallado el
jueves 16 por un destacamento de vigilantes del lugar. Aunque la Comisión afirmó que las
investigaciones continúan a todo ritmo para detectar a los cómplices e instigadores de
los asesinos, también permanece en la zona de oscuridades cuál fue la pista que condujo
hasta Timote.
Un hermetismo tan celoso no impidió, sin embargo, que la Comisión Coordinadora se
limitara a confirmar datos ya deslizados con anterioridad desde fuentes policiales. Esa
filtración comenzó en el momento mismo en que se encontró la primera pista. El hecho de
que ahora no se filtren nuevos trascendidos puede sugerir que la investigación ha llegado
a un punto muerto. Otra posibilidad: que el tramo actual de la pesquisa abarque delicados
niveles que justificarían, esta vez sí, una estricta reserva.
EL EJE DECISIVO
Tales interrogantes brotan del
silencio policial sobre los instigadores y de la confusión, tampoco aventada por el
informe, sobre la verdadera ideología de los detenidos y prófugos, presuntos autores
materiales del secuestro.
El propio inspector general José P. Barlaro, encargado de la crucial instancia
técnica de la pesquisa, reconoció que "en virtud de las disposiciones que exigen el
secreto del sumario, no se explican en detalle las distintas facetas de los peritajes
realizados hasta el momento, que suman 172"; a renglón seguido, Barlaro acotó que
tales peritajes, mantenidos en secreto, no susceptibles por ahora de ser analizados por la
"opinión pública," constituyen indicios y elementos de prueba concluyentes
para demostrar en forma fehaciente la vinculación de las personas imputadas, con los
hechos".
De todas formas, ni el secreto sumarial impidió que algunos peritajes presentados
como pruebas fueran difundidos. Así, recobró vigencia un documento capital: la
autorización para conducir un Renault 4-L que Esther Norma Arrostito extendió, el mismo
día del secuestro, a Emilio Ángel Maza, uno de los implicados en el copamiento de La
Calera. Tres semanas atrás, sin embargo, voceros policiales deslizaron,
extraoficialmente, que el hilo de la búsqueda había surgido de una autorización que la
Arrostito firmó, no para Maza, sino en beneficio de su cuñado, Carlos Maguid;, cuando la
madre de éste reveló que su hijo no tiene registro, que no sabe manejar y que padece de
una seria afección a la vista que se lo impide, el dato policial perdió fuerza. Pero
ahora la coartada de Maguid se desvanece: la policía afirmó oficialmente que el extinto
Maza fue el destinatario del permiso.
También en aquel momento se dijo, sin vacilaciones, que el documento estaba
escrito con la misma máquina y sobre el mismo papel utilizado por los Montoneros en sus
comunicados. Sin duda, una prueba abrumadora, si técnicamente fuera irrefutable. El lunes
20, sin embargo, Barlaro sostuvo que el permiso "presentaba varias características
de la máquina autora" (de las proclamas montoneras) y que ello "hacía
presumir"' que "con muchas posibilidades" se trataría de la misma que
utilizaron los secuestradores en sus comunicados. Es decir, ¿presunciones y posibilidades
-aunque sean muchas- o elementos probatorios concluyentes?
Otra de las pruebas técnicas ofrecidas es menos ambigua: un comunicado recibido
por el diario Córdoba -no se aclaró si referente a La Calera o al caso Aramburu- estaba
escrito con el mismo papel y presidido por el mismo clisé que los distribuidos en la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Estos últimos, con todo, ¿son los del caso
Aramburu o la similitud corresponde a los encontrados en "el establecimiento
industrial" bonaerense (General Motors) que también menciona el informe? Según la
policía, estos volantes presentan una extraordinaria similitud con los encontrados en La
Calera, pero se ignora si tal semejanza también abarca a los comunicados de los captores
de Aramburu. Así y todo, está probado que el comunicado recibido por el vespertino
Córdoba fue redactado con la misma máquina utilizada en varios escritos secuestrados en
una casa del barrio Los Naranjos, un aguantadero de los asaltantes de La Calera. Pero como
el informe no aclara a qué comunicado montonero se refiere, ¿cuál es la vinculación
entre Los Naranjos y el secuestro de Aramburu? Por último, hay otra alternativa: aun
cuando el comunicado del Córdoba sea uno de los correspondientes al caso Aramburu (y no
al asalto a La Calera), ¿desecha la policía la posibilidad de infiltraciones o
interpenetraciones entre las organizaciones subversivas? En esta sórdida guerra
subterránea, cualquiera puede echar comunicados en un buzón: los agresores de La Calera,
al parecer, aceptan su culpabilidad en ese hecho, pero niegan toda vinculación con él
secuestro de Aramburu. Por cualquiera de los dos delitos les puede corresponder la pena de
muerte: ¿por qué, entonces, rechazan una acusación y aceptan la otra?
Es claro que muchos de ellos fueron apresados in fraganti en La Calera y que
ostentaban, además, la misma denominación enarbolada por los raptores de Aramburu. Hubo
otras sectas, ávidas de notoriedad, que también se atribuyeron el secuestro: es una
actitud habitual del exhibicionismo fronterizo que tipifica a los grupos extremistas. El
problema es otro: ¿existen pruebas fehacientes de la participación de Maza e Ignacio
Vélez, dos de los asaltantes de La Calera, en el secuestro de Aramburu?
CONFESIÓN DE PECADORES
Como se vio, tales pruebas
existen, pero en virtud del secreto sumarial, están a salvo de la curiosidad pública. En
todo caso, ni doña Sara Herrera ni otros testigos fueron más allá de encontrar
"cierto parecido" entre el cadáver de Maza y uno de los raptores; para la
justicia, estos testimonios vacilantes carecen de validez. Otro testigo, la verborrágica
y sofisticada doméstica Teresa Lobos, desaparecida y resucitada varias veces, fue
sorpresivamente detenida e incomunicada por Coordinación Federal: no se explicaron las
causas de ese procedimiento que tal vez arroje nueva luz sobre la pesquisa.
Al margen de esto, es posible que los sabuesos hayan recogido excelente
información de las confesiones de los principales detenidos: Maguid y su mujer Norma
Arrostito, el padre Alberto Carbono, Ana Marta Portnoy. Pero el informe policial no lo
aclara, salvo en lo referente a Maza y Vélez: algunos detenidos en Villa Walcalde,
Córdoba (no se dan tos nombres), declararon que las pancartas montoneras "habían
sido vistas" en manos de esos dos terroristas, quienes además habrían certificado
su autenticidad. Por otra parte, parecería que tos detectives tenían pruebas de la
vinculación de los detenidos con Carlos Ramus y Carlos Capuano Martínez: el informe
detalla allanamientos realizados tiempo atrás en fincas que habían sido ocupadas por
esos dos prófugos. ¿Por qué, entonces, se tardó varios días en llegar hasta La Celma?
Vecinos de Timote declararon a los periodistas que Ramus fue visto dos semanas
antes del descubrimiento en el cine del pueblo. Semejante impavidez asombra: en ese
momento, sus companeros de aventura estaban detenidos. La misma incógnita sobrevuela a
Maguid y el resto de sus secuaces: extrañamente, no huyeron al enterarse de la
catástrofe de La Calera. ¿Inexperiencia? Según la policía, el líder del grupo,
Fernando Luis Abal Medina, recibió adiestramiento especial en Cuba. En efecto, este
prófugo largirucho y viboreante viajó a la isla del Caribe junto al extinto Juan García
Elorrio. De acuerdo con lo escuchado en cenáculos católicos de izquierda, no es cierto
que al regresar a Buenos Aires, Abal haya renegado del castrismo; sin embargo, la juventud
de Acción Católica, rechazó enérgicamente la posibilidad de que tanto Abal como Mario
Firmenich fueran marxistas, mientras otro tendal de rumores aseguraba que el primero fue
detenido en Cuba por sospechoso de espía "imperialista": de ahí su
distanciamiento de García Elorrio -agrega la versión-, un hecho que otras usinas no
niegan, pero que atribuyen a una mera "división del trabajo" entre ambos
conspiradores, rechazando categóricamente el rumor sobre su presunta estadía en las
cárceles de Fidel Castro.
Este entuerto no es gratuito: tiene que ver con la ideología de los detenidos y
enlaza directamente con la penumbra que rodea, por ahora, a los instigadores del
secuestro. Si bien el informe policial no abre juicio sobre el tema, el material
extremista exhibido es de tendencia izquierdista. No obstante, se sabe que la mayoría de
los implicados militó alguna vez en la extrema derecha, aunque la policía no informó
sobre el particular. Tampoco barajó otro interrogante: por qué en el caso Aramburu los
secuestradores se negaron a negociar la vida de su víctima, como ha ocurrido en todos los
secuestros habidos hasta ahora en el país y en América latina. Finalmente, el informe
policial recalcó que la denuncia del secuestro fue recibida en el Departamento Central a
las 12.39 del 29 de mayo, lo cual dio a los terroristas una ventaja de más de tres horas
(Aramburu fue hecho prisionero a las 9.30). El capitán de navío (RE) Aldo Luis Molinari
aseguró a SIETE DÍAS que esa denuncia fue realizada "entre las 10.30 y las 11,
directamente al ex jefe de Policía, general Mario Fonseca". Ratificando además en
su totalidad los términos del reportaje publicado en el número 167 de este semanario. El
jueves 23 se supo que la Armada había decidido instruirle un sumario; ese mismo día, el
general jubilado Bernardino Labayru, otro integrante del staff aramburista, desmintió
haberse retractado de sus declaraciones: como Molinari, el ex jefe del Estado Mayor del
Ejército formuló críticas a algunos miembros del gobierno anterior y las ratificó,
considerándolas "no agraviantes", cuando el Comando en Jefe le pidió
explicaciones. |
una parte del material secuestrado a los terroristas
Eugenio Aramburu sale de su entrevista con Levingston
Ricardo Dold difunde la nota de Onganía ante acusaciones
José R. Cáceres Monié precisa aspectos de la salida política
y económica
la policía difunde sus conclusiones
Levingston y Luco con la CGT
LA POLÍTICA COMO UNA DE LAS BELLAS
ARTES
Es que el mismo lunes 20,
mientras la Policía difundía su informe, el ex mandatario Juan Carlos Onganía, un
general retirado, esquivó al comandante en jefe y dirigió directamente a Roberto
Levingston una misiva en la cual reclamaba que el gobierno pusiera coto a las dudas
derramadas sobre altos funcionarios de su gobierno. "V.E. sabrá comprender
-escribió Onganía- que la naturaleza de las acusaciones formuladas rebasa los límites
de la tolerancia"; puntualizando más adelante: "No está en juego mi honor
personal ... Si está en juego la confianza en la conducta de un hombre que rigió como
presidente los destinos dei país y como comandante en jefe los del Ejército
Argentino". La carta contenía otro párrafo significativo: "Acudo a V.E.
reconfortado por las expresiones de reconocimiento que tuviera en ocasión de su primer
mensaje al pueblo, en gesto que lo enaltece y que, personalmente y en nombre de mis
colaboradores, agradezco".
En suma, Onganía reclamaba una definición de Levingston en nombre de la
continuidad de la Revolución Argentina y del prestigio de las Fuerzas Armadas. Mientras
trascendía que el comandante Alejandro Lanusse estudiaba la posibilidad de sancionar al
ex primer mandatario (por haber eludido la vía jerárquica), Levingston respondió a: esa
nota el miércoles 22: aceptaba totalmente los conceptos de su antecesor. El gobierno hizo
y hará todo lo posible -afirmaba la respuesta presidencial -para que la investigación
del asesinato "no se trasforme en inaceptable tribuna política desde la que se ponga
en duda el honor y la conducta de nadie"; además, el jefe de Estado explicó a
Onganía que el gobierno sólo aceptará los datos que se presenten ante la justicia, en
forma "fundada y sólida".
Al término de esa jornada, Levingston recibió el agradecimiento del doctor
Eugenio Aramburu por las honras fúnebres que el Estado dispuso en homenaje a su padre. En
la audiencia no se habló de la tormenta política desatada por la investigación, como
muchos adictos al aramburismo quisieron suponer. Eso no fue óbice para que el elenco
liberal, que siguió paso a paso todo el proceso, dejara de abocarse al estudio de un
proyecto espectacular: querellar ante la justicia, por negligencia u otras acusaciones, a
Francisco Imaz, Eduardo Señorans, Mario Fonseca y otros miembros responsables de los
servicios de seguridad durante la administración Onganía. Sobre el fin de semana, el
staff realizaba una fuerte presión sobre Sara Herrera para que la viuda del ex presidente
firmara la presentación.
El contraataque a este despliegue no provino sólo de Onganía: el coronel Luis
Máximo Premoli, mencionado por el capitán Molinari en sus declaraciones a SIETE DÍAS,
exigió la formación de un tribunal de honor, que el jueves 23 se integró con un
general, un contraalmirante y un brigadier, para juzgar las manifestaciones del marino y,
tal vez, decidir si hay lugar a duelo.
Mientras tanto, las derivaciones del suceso, además de conmover a las Fuerzas
Armadas, movilizaron al Episcopado Nacional, que se abroqueló en pleno, el martes 21, en
su edificio de la calle Paraguay, en Buenos Aires, para analizar la situación creada por
la detención del sacerdote Alberto Carbono y su presunta complicidad en el secuestro.
Algunos voceros deslizaron entonces que el episodio podría culminar .en una tajante
decisión de la jerarquía eclesiástica: prohibir la actividad de los curas del Tercer
Mundo, movimiento que cuenta a Carbone entre sus líderes. Las versiones señalaban,
inclusive, que desde el ámbito oficial se habría sugerido a monseñor Antonio Caggiano
ese castigo y que éste seria partidario de aplicarlo. "Ondas del Extremo Oriente
-clamó el cardenal el miércoles 22, ante la Asociación Nacional de Propaganda- influyen
en los jóvenes y hasta en los sacerdotes."
El tercermundismo se había expresado, veinticuatro horas antes, negando que
Carbone pudiera tener vinculación alguna con el secuestro; el movimiento aludió también
a la "ingenuidad" del sacerdote y al hecho de que pudiera haber sido engañado.
El vicario Domingo Brezzi, consultado por SIETE DIAS, se negó a formular juicios sobre
los grupos católicos de derecha: "No podemos acusar a nadie", dijo; por su
parte, el teólogo Carlos Sacheri y Raúl Di Carlio, secretario general del grupo Verbo,
se negaron, ante un cronista de este semanario, a comentar las versiones que ronronean en
tomo de ese grupo y sus vinculaciones con la derecha.
Es que en muchos sectores se advertía el trasfondo político del alboroto
aramburista-liberal: acusar a Onganía implica en gran medida lanzar una ofensiva
propagandística contra los sectores nacional-desarrollistas del actual gobierno. Estos
sectores, no obstante, parecen ir cobrando fuerza y audacia. El miércoles de la semana
pasada, al ungir al nuevo gobernador mendocino, ingeniero Francisco Gabrielli, el ministro
de Defensa e interino de Interior, José Rafael Cáceres Monié, lanzó la primera
convocatoria oficial para la formación del "partido de la Revolución".
Excepcionalmente activo durante sus interinatos, Cáceres Monié expresó: "Este
rechazar las estructuras políticas agotadas no significa prescindir de aquellos hombres
que se sientan animados del patriótico propósito de crear las condiciones que permitan
un futuro agrupamiento popular". El jueves 23 aclaró en la Casa Rosada, en una nueva
conferencia de prensa, que no se había referido a "un partido de la
Revolución" sino a "partidos para la Revolución". Y agregó que no es
posible dar plazos, porque los objetivos de trasformación no están limitados a las
estructuras políticas.
Es decir: es necesario arramblar con el esquema económico seguido hasta el momento
y, simultáneamente, "librar a los argentinos de sus reflejos condicionados".
Este propósito no puede lograrse con, acuerdos oportunistas de corto plazo que dejen
intactas las anacronias económicas, restauren los viejos partidos y legitimen la
principal de sus mañas: la proscripción del peronismo. Lo sugestivo fue que el titular
de la cartera política, Eduardo McLoughlin, reporteado en Londres por el corresponsal de
La Nación sobre idéntico tema, no aportó ninguna definición, ninguna idea similar a
las vertidas por su reemplazante. Roberto Marcelo Levingston, en tanto, mantenía el
jueves 23 su segunda plática con una de las piezas claves del proyecto diseñado por
Cáceres Monié: la CGT integracionista. |
