"No. Decididamente, intentar acabar con la corrupción en este país es tan utópico como intentar acabar con la delincuencia", dice Conrado Sadi Massué, uruguayo, 67 años, mientras sorbe con fruición una taza de café y observa minuciosamente el cieloraso.
Sin embargo, Sadi Massué —hijo de un arquitecto francés que al bautizarlo quiso rendir homenaje al asesinado presidente Sadi Carnot—, presidente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, tiene la firme determinación de cumplir los fines para que fue creado el organismo. Más aún: habla de su afán de llegar a los últimos extremos en la represión del delito público, como de una obsesión.
"Estamos dispuestos a investigar a cualquier ministro sobre quien recaigan sospechas, inclusive al propio presidente de la República". Claro que reconoce la delicada situación que se crearía en este último caso: "Habría que formular juicio político, pero como el Parlamento no funciona, la anomalía institucional podría prolongarse indefinidamente, hasta que se reabra el Congreso".

Una nueva institución
Precisamente, en el tercer piso del Congreso, en dependencias que pertenecieron a la Cámara de Diputados, trabaja la Fiscalía, una institución totalmente nueva en el país y para la que no sirven anteriores casos de comisiones investigadoras.
La FNIA depende del Poder Judicial; fue creada por el decreto-ley 11.265/62 y su competencia, delimitada por el decreto-ley 14.096/62. La disolución, en setiembre de 1962, de la Comisión Nacional Investigadora, motivó que todas sus actuaciones pasaran a la Secretaría de Informaciones del Estado, creyéndose que este servicio podría continuar la tarea.
Fuentes militares señalan que el ingeniero Álvaro Alsogaray fue el más decidido partidario de que la SIDE continuara las investigaciones. Pero el general Enrique Rauch amenazó con renunciar si se concretaba la iniciativa. Según él, la SIDE carecía de la organización adecuada, aunque sobre todo consideró que labores de ese tipo la desprestigiarían, con el peligro de que fuera políticamente instrumentada.
La solución para el conflicto llegó con la creación de la Fiscalía. He aquí su estructura:
•Investigar la conducta administrativa de los funcionarios, desentrañando todo posible delito o falta. Su actuación tiene valor de prevención sumarial para la Justicia, y constituye la primera etapa de un proceso criminal.
•Facultad de perseguir ante los estrados judiciales la acción pública; la causa queda luego a cargo de los fiscales ordinarios, con quienes el organismo mantendrá permanentes contactos.
•Además de investigar, la FNIA calificará la conducta de los funcionarios: imprudencia, negligencia, impericia.
•Las facultades de juez de instrucción —con autorización ejecutiva para secuestros, allanamientos y detenciones— convierten a la Fiscalía, mejor dicho, a su titular, en algo similar al 'attorney general' de Estados Unidos, o sea en el fiscal general de la República.
•La facultad de detención sólo se hará efectiva, según promesa de Sadi Massué, cuando medie delito o presunción de delito. El encausado pasará de inmediato a la justicia ordinaria.
La pesada tarea de la FNIA recae, por la vía administrativa, en 38 perdonas (secretarios de fiscales, jefes de despacho, oficiales mayores, auxiliares y escribientes), de extracción judicial y larga actuación. Sadi Massué entrevistó a innumerables candidatos para buscar a los más eficientes y de mayor vocación, ya que se trabaja fuera de los horarios normales.
El lema del organismo parece ser este: Sacrificio. Los 38 funcionarios, no reciben sobresueldo por su actividad pero fueron ascendidos al rango superior al ingresar en la Fiscalía.
Las actuaciones de la ex Comisión Investigadora, más de 300 en todo el país, están ahora bajo minucioso estudio; la FNIA, además, ha recibido nuevas denuncias de negociados y peculados que se estarían cometiendo —así lo dicen las denuncias— en cantidad alarmante.
Cuatro hombres del Poder Judicial admiten haberse sentido "tremendamente amargados" al saber la disolución de la Comisión Investigadora. Uno, es Sadi Massué; los otros, sus fiscales adjuntos: Juan Carlos Palacios, Antonio Luis Beruti y Eduardo Alfredo Bunge; los cuatro dedican a menudo los siete días de la semana, durante buena parte de las 24 horas, a combatir el escepticismo argentino sobre las irregularidades públicas.
Palacios, 43 años, casado, estima que la obra de la FNIA "necesita tiempo para juzgarse". Beruti, 41, casado, tataranieto del patricio Luis Beruti, opina que "la corrupción hace fracasar las mejores intenciones de cualquier gobierno". Bunge, 39, casado, 4 hijos, expresa que "por más vigilancia que se ejerza, la delincuencia no terminará" y reclama "una colaboración leal y fidedigna de la prensa y el público".
La comunidad de pensamiento entre los cuatro funcionarios es la primera arma para encarar su moralizadora misión. La SIDE acaba de elaborar un proyecto de decreto-ley sobre delitos económicos, que servirá de instrumento legal adecuado para la labor de la Fiscalía.
Los círculos interesados y la ciudadanía esperan, con lógico interés, la acción de la Fiscalía. Pero se espera, al mismo tiempo, algo quizá más importante: que otro decreto de disolución no destruya al flamante organismo. "Sería como disolver la Corte Suprema", dice, levemente alarmado, el presidente Sadi Massué.

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