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"Para nosotros, esta semana Tucumán lo es todo". La frase fue dicha el miércoles, en la Secretaría de Guerra, por un general de brigada. Pero Tucumán ya lo era todo desde el 7 de diciembre, cuando un reguero de disturbios —resumido en el asesinato de un líder sindical— sacudió la provincia y el país entero. El acto de la FOTIA, suspendido el lunes 20 y postergado al jueves 23, prolongó su suspenso creado en torno de tan virulento conflicto. Aunque no sólo el Ejército se preocupaba por el caso tucumano: ese revulsivo social estuvo instalado en las esferas de gobierno, en el Parlamento, en la Central Obrera.
Los últimos días de 1966 desataron reveses gremiales contra la Administración Illia y trazaron funestos augurios para el año próximo. Mientras la Casa Rosada pregonaba los alcances des su epopeya antiinflacionaria, 300 policías retirados desafiaron la llovizna en la Plaza de Mayo, el lunes, para quejarse por el atraso en el pago de sus sueldos.
El martes, la Suprema Corte de Justicia producía una acordada —que esa noche giró al Presidente Illia— en la cual solicitaba la
regularización de retroactividades no abonadas y el pago de los haberes de diciembre para una fecha anterior a la prevista: mediados de enero. El miércoles, la CGT desarrolló en toda la República su Día de Protesta; en la capital fue un paro de 10 a 11, ya que el Ministerio del Interior denegó la autorización para una concentración pública.
El miércoles, los trabajadores gráficos cumplieron un paro de 24 horas, decretado por la asamblea general extraordinaria del gremio, el domingo 19. Luz y Fuerza montaba un enérgico plan de acción —que culminaría con el abandono total de los servicios— ante el
insuceso de las negociaciones entabladas con la comisión paritaria.
Hasta parecía naufragar en el desastre la sibilina división del campo sindical que la Administración Illia alentó desde fines de 1963. En efecto, la asamblea de los Gráficos, en su declaración del domingo 19, se compromete a pedir al comité central de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta que se dirija públicamente a todas las organizaciones sindicales del país, sin excepción alguna, para que se condene la política salarial del gobierno y procuren aunar esfuerzos para derrotarla". Era la más clara, concreta invocación de un gremio independiente para hacer causa común con la CGT. Si el Poder Ejecutivo, como tienden a indicarlo algunas afirmaciones formuladas en privado por el Presidente Illia, está resuelto a mantener el tope del 15 por ciento para los aumentos de salarios, se desmoronaría la paciente maniobra de escisión de los sindicatos patrocinada por el Jefe del Estado.
Choques en el Parlamento
El belicoso panorama gremial coincidía con las alarmas que circulaban en las propias esferas del gobierno, donde no dejaron de vislumbrarse los problemas sociales que acarrearían, en 1.966, las dificultades
económicas, por de pronto, las reformas impositivas y el Presupuesto quedaron, para ser tratados en marzo por el Parlamento. Existe, además, la posibilidad de que entonces la UCRP no cuente con quorum propio en el Senado: pesan las deserciones de Santiago Bassi y
Ramón E. Acuña, enemigos desembozados del Presupuesto y el equipo que lo redactó.
El Presidente de la Cámara de Diputados apuntó, inclusive, la posibilidad de que no haya Presupuesto para 1966; el martes, durante un almuerzo que le ofreció la Cámara de Anunciantes, Arturo Mor Roig recordó que la Ley de Contabilidad permite el uso del viejo Presupuesto mientras el nuevo continúa sin aprobación. Estos problemas inquietan a la Casa Rosada por una razón lateral pero enjundiosa: los votos.
según fuentes oficiales, el gobierno se negó a negociar con el peronismo una ley de amnistía para los procesados por la ocupación de fabricas (Plan de Lucha). El peronismo había ofrecido un suculento apoyo parlamentario a las iniciativas del Ejecutivo a cambió de esa ley que sacaría de manos de los jueces a los dirigentes encausados. Como el gobierno considera cerradas esas tratativas, descuenta que el Presupuesto, la reforma impositiva y otros proyectos de vital importancia chocarán con la oposición justicialista y la de los bloques que se le sumen.
No es aventurado suponer que, en ese caso, los proyectos sufrirán gruesas modificaciones y el Poder Ejecutivo se verá obligado a podar sus inversiones en obras públicas y ferrocarriles, deteniendo así el proceso previsto de desarrollo económico. Si el gobierno rechazaba negociaciones con el peronismo en Buenos Aires, las buscaba en Madrid. El Canciller, Miguel Ángel Zavala Ortiz —que regresó a la Argentina el martes pasado—, se entrevistó en la capital española con un emisario de Juan D. Perón; su cometido: lograr que el ex Presidente "apacigüe" al sector sindical. Esta noticia, propalada por círculos de la UCRP, no tiene en cuenta la situación de tirantez que distancia a Perón de los líderes sindicales de su movimiento.
El talón jujeño
Acosado por los pleitos sociales, con un Ejército deliberativo (o "anárquico y por eso más peligroso", como lo definió un alto funcionario del PE) que no le pierde pisada, el gobierno enfrentaba un nuevo obstáculo: las elecciones generales de Jujuy, convocadas para enero 9.
Ricardo Balbín, jefe de la UCRP, y el Ministro del Interior, Juan Palmero, aseguraron la semana pasada que los comicios habrían de realizarse. Los dos, no obstante, agregaron un "pero" a sus declaraciones. El partido oficialista solicitó al Presidente Illia que postergue las elecciones y las haga coincidir con las de 1967 o, al menos, que se efectúen después de las de Mendoza (abril de 1968). El Poder Ejecutivo no halló ningún argumento plausible para apuntalar esa prórroga: las dobles afiliaciones, el empadronamiento de bolivianos, eran pretextos menores.
La semana pasada, por si aparecían motivos más convincentes, Balbín y Palmero esparcieron la sombra de una duda. Y el hermano del Presidente, Ricardo Illia, se trasladó a Jujuy por segunda vez en 15 días, quizá para encontrar el argumento faltante. Un triunfo del peronismo en Jujuy —y ese triunfo se da por seguro— es una perspectiva que no place a los radicales, pues además repercutiría desfavorablemente entre las Fuerzas Armadas, que juzgan a Jujuy, provincia fronteriza y pegada a la borrascosa Bolivia, como un peligroso teatro político.
El año se cerraba con dos anuncios: 1) Los enemigos de la conducción local peronista juraban que una carta de Madrid, de arribo inminente, impondría nuevas autoridades; 2) Luego de una cena a la que concurrieron Arturo Frondizi, Horacio Domingorena, Olegario Becerra y Julio Oyhanarte, entre otros, se conversó sobre la posibilidad de orquestar un frente UCRI-MID para los comicios de 1967, con el fin de restar votos al justicialismo y al partido oficialista. Por su parte, rumoreaban dirigentes de UDELPA que el general Aramburu, deseoso de crear una nueva fuerza, quizá se uniera al pacto UCRI-MID, si esa alianza se consolida. El objetivo es el mismo: derrotar la polarización, introducir entre peronismo y antiperonismo (UCRP) una cuña poderosa.
21 de diciembre de 1965
PRIMERA PLANA
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